Desde el pasado 3 de febrero, 30 trabajadores de todos los centros mineros de la provincia de Huelva están llevando a cabo un encierro-protesta en la catedral de la capital onubense, encierro promovido por UGT y que no cuenta con el respaldo de la diPero como suele suceder, y los ejemplos de Asturias nos lo demuestra, “del dicho al hecho hay un trecho” y desde que se firmó el acuerdo la Administración no ha cumplido nada de lo prometido (parece ser que no hay dinero para estos trabajadores, pero sí para otras cuestiones como el gasto en armamento para masacrar al pueblo iraquí). Esta es la causa por la que los mineros se encuentran en lucha.

Crisis minera

El origen del problema de la minería onubense se remonta a 1998. Este año se produjo la caída en picado del precio de los metales en la Bolsa de Londres, lo que provocó el cierre de las empresas que se dedicaban a la explotación minera de la provincia, que trabajaban en la extracción del cobre, plomo y zinc. La causa del cierre es la poca competitividad de dichas empresas. Son varios los motivos que han dado lugar a este proceso, aunque el principal es que actualmente la ley (porcentaje) de estos minerales es baja, debido a la sobreexplotación durante siglos de los yacimientos. A esto se le suma la falta de inversión en investigación minera del terreno (recordemos que la franja pirítica, que va desde Portugal hasta Sevilla, es muy extensa y no está investigada en su totalidad). Además, según los mineros, la tecnología utilizada en el proceso de extracción es inferior a la de otros países europeos. Todo ello acarrea que los productos onubenses no sean competitivos en el mercado, ya que tienen que competir con empresas situadas en yacimientos con una ley más alta y en países subdesarrollados cuya mano de obra es exponencialmente más barata. Por este motivo, las empresas mineras han cerrado y se han trasladado a estos lugares. Cabe señalar que la mayoría de empresas que invertían en el sector eran privadas y de capital extranjero; las empresas mineras públicas que existían, como por ejemplo la de Riotinto, fueron privatizadas por el Partido Popular en el año 1997, hasta llegar al punto de que sólo una empresa se ha librado de este proceso.

Los mineros opinan que “es la mayor crisis en el sector desde hace más de treinta años y no hay centro minero que aguante la crisis por lo que los centros mineros han ido cayendo uno tras otro”.

Con el cierre de las minas empezaron las negociaciones para dar solución a la lamentable situación en la que han quedado los 1.200 mineros de la provincia, que pasa por el mantenimiento de la actividad minera en aquellas minas donde la explotación sea posible (como hemos señalado más arriba, aún hay zonas por investigar), y la diversificación de las comarcas mineras ya que en ésta sólo existe el monocultivo de la mina; sin embargo, los dos acuerdos a los que se ha llegado con las administraciones son las prejubilaciones de 800 mineros y las recolocación de los otros 400.

Represión policial

La situación de estos mineros es desesperada; según cuentan, la mayoría de ellos han agotado el seguro de desempleo y subsisten con una “ayuda” de 50.000 pesetas. Piden una política activa de empleo, recolocaciones en empresas de obras públicas, planes de formación, etc., pero no se cumplen y esa misma desesperación es la que les ha llevado a la lucha, con el encierro como base pero con otros frentes. Uno de ellos es el de la manifestación. En la realizada el 21 de febrero, los mineros protestaron frente a la subdelegación del Gobierno, protesta que fue brutalmente reprimida por las “fuerzas del orden público”, produciéndose disturbios entre los mineros y la Policía Nacional, que abatieron mediante disparos de pelotas de goma a éstos, lo que causó más de veinte heridos (entre ellos, familiares de los mineros) y dos detenciones.

Asistimos en estos momentos a la muerte del sector minero en este país, que pasa por la desaparición de muchas empresas públicas mineras y la privatización (con posterior traslado) de otras; además, vemos cómo crece en las cuencas toda una nueva generación de jóvenes trabajadores sin futuro, quienes sólo conocen jornadas laborales extenuantes, bajos salarios, falta de libertades sindicales y temporalidad. Los sindicatos deben reivindicar el mantenimiento de la actividad minera, insistiendo en el caso de Huelva en la investigación de nuevos yacimientos, y en el perfeccionamiento de la tecnología para la extracción, además de exigir inversiones industriales públicas en las comarcas mineras para que los pueblos no dependan exclusivamente de esta actividad.

Sólo con un sindicalismo combativo se puede conseguir que el gobierno ceda a las peticiones de los mineros onubenses. Asimismo, la posibilidad de una huelga general del sector, hombro a hombro con los mineros asturianos, sería imprescindible para que llegaran a buen puerto, no sólo el cumplimiento de los acuerdos, sino la consecución de reivindicaciones que garanticen un futuro estable para todos, como la nacionalización de las empresas aún rentables y la creación de industrias estatales en dichas zonas para no depender exclusivamente de la minería. Los trabajadores no somos responsables de la crisis y por lo tanto no tenemos por qué pagar con sus consecuencias. En esa lucha hay algo a lo que no podemos renunciar: empleo digno para todos o subsidio de desempleo indefinido, con el salario íntegro, hasta encontrarlo. La crisis del capitalismo que la paguen los capitalistas.

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