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Tras el éxito de la huelga general del pasado 19 de enero contra la reforma de las pensiones, el martes 31 tuvo lugar una segunda convocatoria que, pese a las mentiras y ridículas cifras de seguimiento dadas por el Gobierno, resultó aún más contundente: 2,8 millones de trabajadores y jóvenes se movilizaron en las calles según la CGT.

En todo el país las manifestaciones fueron multitudinarias: 500.000 en París, 200.000 en Marsella, 80.000 en Toulouse o 70.000 en Nantes, Burdeos o Lille... En el transporte público la huelga volvió a ser masiva: el 65% de los ferrocarriles, el 75% de los trenes regionales y el 92% de los interurbanos no funcionaron. En la región parisina hubo líneas con un 90% de cancelación de trenes. El seguimiento también ha sido total en refinerías, enseñanza o entre los estudiantes.

La desesperación de Macron por presentar al movimiento en retroceso o como algo minoritario contrasta con la fuerza desbordante de las masas en la calle, la amplitud creciente del movimiento y el respaldo social al mismo: 7 de cada 10 franceses rechazan la contrarreforma. Una fuerza que ya ha obligado a los sindicatos a convocar de inmediato dos nuevas jornadas de huelga y manifestaciones los días 7 y 11 de febrero, coincidiendo con el inicio de la discusión parlamentaria.

La movilización está poniendo al Ejecutivo de la primera ministra Élisabeth Borne y al propio Macron contra las cuerdas.

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En el transporte público la huelga volvió a ser masiva: el 65% de los ferrocarriles, el 75% de los trenes regionales y el 92% de los interurbanos no funcionaron. 


La contrarreforma de las pensiones: una vieja aspiración de la burguesía francesa

La destrucción del sistema de Seguridad Social, construido fruto de la lucha revolucionaria de la clase obrera tras las Segunda Guerra Mundial y sobre todo tras el Mayo del 68, ha sido uno de los objetivos centrales de la clase dominante francesa en las últimas décadas. El primer intento serio se dio en 1995, el plan Juppé, y se saldó con una derrota histórica para la derecha fruto de la rebelión social que provocó.

Desde entonces, tanto los Gobiernos de la derecha de Chirac y Sarkozy como del Partido Socialista con Hollande han atacado las pensiones públicas, encareciendo los requisitos para el cobro de las mismas y eliminado regímenes especiales con condiciones más favorables para algunos sectores de trabajadores.

Pero ha sido bajo la presidencia de Macron cuando los ataques se han intensificado. La retirada en 2019 y 2020 de planes similares al actual, incluso tras haber sido aprobados por el Parlamento, fue resultado de meses de huelgas muy duras que afectaron prácticamente a todos los sectores de la producción, y no de la pandemia, como intentaron hacer creer. Una victoria que demuestra que incluso con una correlación de fuerzas desfavorable en el Parlamento, al final lo decisivo es la huelga, la lucha y la movilización en las calles.

Ahora, de nuevo, Macron pretende asestar un hachazo a la financiación de la Seguridad Social, incluyendo una reducción del 5% del gasto en pensiones. Sin embargo, para lo que sí ha encontrado dinero es para ampliar un 30% el presupuesto militar, que llegará a los 413.000 millones en el periodo 2024-2030. Una cantidad sin precedentes desde la guerra de Argelia entre 1954 y 1962. La penetración del capital ruso y los acuerdos militares con Moscú en las antiguas colonias galas de África, como Senegal, Burkina Faso o Malí (donde está habiendo movilizaciones contra la presencia militar y las bases francesas) preocupa y mucho a una burguesía en decadencia, y es lo que explica este aumento desmesurado del gasto militar.

Todo en un escenario nada halagüeño para la economía francesa, que podría entrar en recesión en el segundo semestre de 2023. La crisis industrial en Alemania ya está golpeando a la industria francesa, especialmente a las acería del norte del país, habiéndose producido una caída de la producción industrial en diciembre del 2,9%.

Al mismo tiempo, la situación social para las familias trabajadoras es cada vez más desesperada. El 14,6% de los franceses viven bajo el umbral de la pobreza (un 21% en el caso de los menores de 18 años) y en 2022 había más de 400.000 pensionistas trabajando para compensar sus pensiones de miseria. Una situación que no deja de empeorar con una inflación del 5,6%, que en el caso de los alimentos se elevó hasta el 12,2%, y que ha llevado a que un 60% de la población se esté viendo afectada por cortes de luz y racionamientos energéticos. Al mismo tiempo, las grandes empresas que cotizan en el CAC40 destinaron en 2022 la cifra récord de 80.200 millones de euros a pagar dividendos y otras remuneraciones a sus accionistas.

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En 2019 y 2020 Macron ya tuvo que retirar planes similares al actual, incluso tras haber sido aprobados por el Parlamento, como resultado de meses de huelgas muy duras. 


Mientras esta rebelión obrera y el enfrentamiento en las calles se agudizan a lo largo y ancho del país, es significativo que la extrema derecha no está siendo capaz de jugar ningún papel relevante. Por un lado, el ultrarreaccionario Zemmour ha apoyado la contrarreforma de pensiones, mostrando los intereses de clase que defiende. Por su parte, el discurso de Le Pen, apelando de forma demagógica a la convocatoria de un referéndum y rechazando las huelgas —que también la retrata— muestran su impotencia e insignificancia cuando la clase obrera y la juventud combativa se ponen en marcha mediante la huelga general y la lucha en las calles. 

Una valiosa lección para todos aquellos que durante años han defendido y teorizado sobre el giro hacia el fascismo de la clase trabajadora francesa. Sesudos análisis que, ante los primeros síntomas de un estallido obrero, se dan de bruces contra la realidad.

El papel de las direcciones sindicales y de la Francia Insumisa

Esta oleada de movilizaciones está trastocando los planes de la burguesía. Incluso la dirección de la CFDT, el sindicato más conservador, se ha visto obligada a aceptar la unidad sindical ante la extensión y la presión del movimiento. De hecho, la federación de petroquímica de la CGT ha adoptado un calendario de lucha ascendente: los pasados 26 y 27 de enero realizaron una huelga de 48 horas y volverán a la carga con una convocatoria de 72 horas a partir del 6 de febrero, momento en el cual plantearán convocar una huelga indefinida y un parón completo de las refinerías.

El papel de la Francia Insumisa y de Jean-Luc Mélenchon —enfrentados a los sectores más derechistas de su coalición electoral (NUPES) encabezados por el PS y Los Verdes— apoyando y alentando las protestas, convocando movilizaciones masivas (como la del 21 de enero en París con 150.000 jóvenes) que dio cauce a que los sectores de la juventud precaria se incorporasen a la lucha… es también reflejo de la enorme presión desde abajo.

Mélenchon ha señalado que batallar contra estos ataques únicamente desde las posiciones parlamentarias es completamente insuficiente e inútil. Cierto, hay que dar un paso más, empezando por desarrollar una campaña militante, junto a los sectores y comités más combativos y radicalizados en el seno de la CGT para defender una estrategia de lucha ascendente, siguiendo el ejemplo de los trabajadores petroquímicos, con un objetivo claro: una huelga general de 72 horas de todos los sectores y con la perspectiva de generalizar paros indefinidos.

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Francia Insumisa debe pasar de la oposición a Macron a la formulación de un programa anticapitalista que reivindique la expropiación y nacionalización bajo control obrero de las grandes empresas y de la banca. 


Es fundamental que las decisiones sobre la continuidad de la lucha sean debatidas y votadas por los trabajadores y trabajadoras. La convocatoria de asambleas por todo el país debe formar parte de ese plan de lucha. La creación de cajas de resistencia, de formación de comités de acción en todos los centros de trabajo y de estudio, pero también de comités de barrio y piquetes masivos serviría para amplificar aún más el movimiento multiplicando su fuerza.

Esta batalla no es solo sindical. Los activistas de la izquierda combativa y revolucionaria deben exigir a Mélenchon y a la Francia Insumisa coherencia: pasar de la oposición a Macron a la formulación de un programa político nítidamente anticapitalista que reivindique sin complejos la expropiación y nacionalización bajo control obrero de las grandes empresas y de la banca. De esta manera se podrán poner todos los recursos existentes a disposición de las necesidades sociales y el bienestar de la inmensa mayoría. Así, entre otras cosas, no solo no habría que ampliar la edad de jubilación, sino que jubilarse a los 60 años, como defiende la Francia Insumisa, podría ser una realidad.

La clase obrera francesa está demostrando que tiene fuerza de sobra no solo para derrotar la contrarreforma de las pensiones y tumbar a Macron, sino para poner en cuestión el capitalismo francés, contagiar a la clase obrera europea y levantar la bandera de la revolución socialista.


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