La mayoría de los analistas de la burguesía reconocen esta realidad: la economía española está entrando en una fase de estancamiento que podría terminar en otra profunda crisis. El auge del nacionalismo económico, su materialización en las guerras comerciales y las luchas arancelarias entre China y EEUU, el Brexit y la agudización de la crisis política y económica en la Unión Europea, muestran el callejón de difícil salida del sistema capitalista, acentuando las debilidades de la economía española.

En 2018 el crecimiento del PIB español fue del 2,6%, el doble de la media europea pero inferior al 3,1% conseguido en 2017. Esta desaceleración se consolida si tenemos en cuenta la previsión del Banco de España para 2020 y 2021, del 1,9% y 1,7% respectivamente. Esta ralentización está relacionada con los frágiles cimientos del capitalismo español. Por una parte, el excesivo peso que tienen las exportaciones que, sujetas a la volátil situación del comercio internacional, ya han caído un 1,3% interanual en enero.

Deuda en cotas históricas y productividad en caída libre

Por otro lado, la deuda pública ha alcanzado su récord histórico en cifras absolutas: 1,2 billones de euros, el 98,7% del PIB, según el Banco de España. Apenas dos puntos menos que en 2016 (100,7%); de nada han servido los numerosos recortes llevados a cabo por la burguesía y que supuestamente servirían para “equilibrar” y “sanear” las cuentas públicas.

Otro dato que ilustra la debilidad de la economía española es la caída de la tasa de productividad: la mayor en 20 años, con cuatro trimestres consecutivos a la baja. Es más, los últimos cuatro años su crecimiento ha sido nulo. En el período 2007/13 la productividad creció en 12,4 puntos. No por su fortaleza, al contrario, en gran parte se debió a los despidos masivos y los recortes salariales tras el estallido de la crisis. Ya en 2013/14 solo aumentó en 0,3 puntos, en 2016 un escaso 0,1 y desde entonces un 0%.

En ello influye —además de la escasa inversión en modernizar los medios de producción— el cada vez menor peso de la industria en la economía. Si en el año 2000 esta suponía el 17,8% del PIB, en 2008 pasaba al 14,5% y en la actualidad al 12,6%. En once de los principales sectores industriales se han destruido 12.000 empleos sólo en el último año. En mayo los sectores automovilístico y textil dejaron en la calle a 3.914 y 3.000 trabajadores, respectivamente.

En este contexto, el sector automovilístico, uno de los pilares de la industria española —representa el 10% de PIB y es el segundo mayor fabricante de vehículos de Europa— ha entrado en crisis. Lo afirma Mario Armero, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones: “la venta de coches está en recesión”. La caída respecto a 2018 ha sido del 11% y acumula nueve meses de descensos.

Otro sector que ya está llevando a cabo ajustes importantes, a pesar de amasar ingentes beneficios, es la banca. Desde 2008 suma 112.150 despidos, más del 41% de la plantilla con que contaba al inicio de la crisis. Sin embargo, la reconversión continúa: el Santander —con un beneficio neto en 2018 de 7.800 millones de euros, un 18% más que en 2017— ha anunciado un ERE que afectará a 3.223 empleados, el 10% de la plantilla.

Dramática situación social y más recortes a la vista

Aquí se ve cuál es la receta que tiene la burguesía española para afrontar esta situación y qué camino pretende recorrer. La misma que tantos beneficios les produjo en 2008: hacer recaer los costes de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora.

De hecho, es significativo la consolidación de los EREs “productivos”. Las empresas (apoyándose en las contrarreformas laborales) no tienen que alegar solo “pérdidas” para justificarlos, sino que les sirve con argumentar cambios en la producción, modernización de la empresa o reorganización interna. Así, los EREs de este tipo superaron en 2018 a los puramente económicos, 39.526 frente a 18.934. Una tendencia que continúa este año.

A la vez, aspectos esenciales como las pensiones, que han tenido una ridícula subida por parte del gobierno de Pedro Sánchez (1,6% las generales y un 3% las mínimas), se encuentran en el punto de mira de la burguesía. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado que es urgente aplicar una nueva reforma en las pensiones que incluya, entre otras cosas, alargar la edad de jubilación.

Y mientras, la tasa de paro oficial, aunque en mínimos en términos absolutos en la última década, es del 14%, el doble que en los mejores tiempos del gobierno Zapatero. La Encuesta de Población Activa nos muestra un dato demoledor: en el primer trimestre de 2019 el número de ocupados es de 19,4 millones frente a los 20,6 millones de 2008. Es decir, aún no se ha recuperado el nivel de empleo previo a la crisis. Si a esto añadimos que el 60% de los asalariados cobra menos de la mitad del SMI, que hay 1,5 millones de desempleados de larga duración y que 1.053.400 hogares tienen a todos sus miembros en paro, de los cuales 593.000 no perciben ningún ingreso, la realidad es bastante más dramática de lo que refleja la tasa de desempleo. Los devastadores datos sobre pobreza así lo demuestran.

Según el VII Informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, hay 12,4 millones de personas que viven en riesgo de pobreza (el 26% de la población) y en riesgo de pobreza crónica el 13,5%. El 33,2% de la población vive en un grado de integración social precario y el 18,4% sufre exclusión social moderada o severa. Más del 30% de los trabajadores es considerado pobre; la tasa de pobreza y exclusión social entre los jóvenes de entre 19 y 26 años es del 34,8%; uno de cada tres niños menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión social (31% del total) y el 10,8% vive ya en situación de pobreza severa. ¡Mientras tanto las empresas del Ibex 35 en 2019 han ganado un 37% más que el año anterior!

La burguesía clama ahora por un “gobierno estable”, es lo que necesitan no para “el bien del país” sino para aplicar nuevos ajustes y contrarreformas. Probablemente Pedro Sánchez y ministros con dilatada experiencia en la defensa de los intereses del capital como Nadia Calviño, una de las favoritas del Ibex y de la CEOE, serán los encargados de llevar a cabo estos planes. En esta ecuación la política de paz social llevada a cabo por las cúpulas sindicales de CCOO y UGT es una pieza clave. Sin embargo, esta actitud sumisa con los poderosos y de renuncia a movilizar tiene cada vez más límites.

Pese a los esfuerzos de la burocracia sindical y de la izquierda reformista por evitarlo, se avecinan años turbulentos. El gran descontento acumulado y alimentado por el incremento insultante de la desigualdad y la miseria, de la sobreexplotación de la clase trabajadora producirá un nuevo gran estallido social que pondrá contra las cuerdas al capitalismo español.

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