Como hemos visto en otros periodos de crisis económica y de gran polarización social, la derecha trata de azuzar los prejuicios para dividir a la clase obrera en líneas nacionales, de género o de raza. En los últimos meses, al calor de las campañas electorales, la derecha y ultraderecha en el Estado español han recrudecido su ofensiva hacia los y las trabajadoras inmigrantes. Igual que está ocurriendo en el resto de Europa, utilizan el discurso del odio y del miedo para tratar de dividirnos entre nativos y extranjeros, y de paso sacar mayor beneficio de la explotación de estos últimos y tirar a la baja las condiciones laborales de todos.

Uno de los argumentos más utilizados por la reacción es que “los que vienen de fuera nos roban el trabajo”. De forma cínica y muy consciente hacen recaer la culpa del alto nivel de paro y de la precariedad del empleo en la inmigración. Así, echan arena a los ojos de los trabajadores tratando de ocultar al verdadero responsable: su propio sistema. Los grandes empresarios y capitalistas se aprovechan del alto nivel de desempleo para empeorar las condiciones laborales y los salarios del conjunto de los trabajadores, para seguir extrayéndoles mayor plusvalía. Son estos mismos empresarios y los grandes terratenientes los que prefieren contratar a trabajadores extranjeros aprovechándose de la desesperación y la falta de derechos, especialmente de los que no tienen papeles, para así ofrecerles empleos con peores condiciones y salarios.

Condiciones laborales miserables en el campo

El campo es uno de los sectores donde esto se ve de forma clara y en el que se utiliza más mano de obra extranjera. Los inmigrantes hacen el trabajo que los locales no quieren hacer porque las condiciones son absolutamente inhumanas. En Murcia, por ejemplo, hay un 14% de población extranjera, ya que cuenta con una agricultura que da trabajo casi los doce meses del año. Las jornadas laborales suelen ser de entre 13 y 15 horas diarias, además se trabaja mayoritariamente a destajo, es decir, se paga por el número de piezas recogidas y no por horas.

En Huelva las condiciones son aún peor. Aquí la temporalidad y los bajos salarios hacen que más de 2.000 inmigrantes malvivan en chabolas en torno a los municipios dedicados a la fresa. En lo que va de año se han producido siete incendios en estos asentamientos, el último el pasado 23 de mayo, donde unas 300 personas tuvieron que ser desalojadas al calcinarse los 150 barracones donde vivían. Han perdido lo poco que tenían para malvivir y las administraciones siguen sin ofrecer ninguna solución.

En el caso de las mujeres inmigrantes la realidad es más cruda aún. A la explotación laboral, las jornadas interminables y los bajos salarios, se unen también el acoso, los abusos sexuales y las violaciones por parte de patrones y empresarios.

Casos tristemente conocidos como el de las temporeras de Huelva no son un hecho aislado, sino la tónica en un sector donde las trabajadoras, la mayoría inmigrantes, se ven completamente desprotegidas y no hablan por miedo a perder el empleo. Incluso cuando se atreven a denunciar, la justicia mira para otro lado. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de La Palma del Condado (Huelva) archivó en diciembre la denuncia de estas temporeras sin haberlas llamado a declarar siquiera ante el juez; ahora, tras el recurso presentado, la Audiencia Provincial de Huelva ha ordenado reabrir el proceso y que el instructor tome declaración a las afectadas. Pero ya hemos visto en muchas ocasiones cómo actúa la justicia burguesa y patriarcal con las mujeres que denuncian abusos o agresiones sexuales, más si estas son inmigrantes. No podemos confiar en esta justicia y tendremos que continuar denunciando estas situaciones con movilizaciones en las calles.

Miles de vidas siguen ahogándose en el mar

Muchos ni siquiera consiguen llegar a Europa porque la política de rescate hacia los inmigrantes es absolutamente criminal. Durante 2018 más de 1.000 personas perdieron la vida intentando llegar a las costas españolas, y en 2019 no parece que la cifra se vaya a reducir.

Salvamento Marítimo ha decidido que cuando “lo estimen oportuno” no rescatarán a las pateras sino que las custodiarán hasta que se hagan cargo de ellas los guardacostas marroquíes, que suelen tardar más de cinco horas en llegar tras la llamada de auxilio. Esta es la receta por la que apuesta el Gobierno de Pedro Sánchez: mientras se llena la boca de vacías palabras sobre los derechos humanos, los devolverá al Gobierno marroquí, un régimen represor donde la vida de estas personas vale nada y donde sufren palizas a diario.

Con estas directrices, los buques de salvamento, como el Clara Campoamor atracado en el puerto de Málaga, en lugar de salir a salvar vidas servirán de plataforma flotante para que los inmigrantes rescatados no lleguen a tierra y mantenerlos hacinados en ellos hasta su devolución.

Por unas condiciones de vida dignas para todos

No sólo la derecha azuza el racismo, también esta política criminal del Gobierno PSOE y de los reformistas en materia de inmigración lo alimenta. En lugar de dar una batalla contra los prejuicios racistas y ofrecer una vida digna a todas las personas, en lugar de explicar que ni los controles de fronteras, ni los muros y concertinas, ni las “devoluciones en caliente”, ni las leyes de extranjería, ni el endurecimiento de las políticas de asilo..., van a terminar con las políticas de austeridad, con los recortes sociales ni los ataques a los derechos democráticos que estamos sufriendo, la socialdemocracia se hace eco en esencia del discurso de la derecha. Así, termina haciendo lo que el PP: tratarlos como presos y hacinarlos por miles en CIEs o en barcos, cuando no criminalizarlos.

Estas condiciones propician que con la desesperación y el miedo a ser devueltos se produzcan motines, y esto lo utiliza después la reacción para tratar de ensanchar sus filas, planteando que los inmigrantes son violentos y que su entrada sin control amenaza “nuestra forma de vida”.

Por eso es también sangrante que incluso representantes de los ayuntamiento del cambio, como Manuela Carmena en Madrid, más allá de pancartas con el lema de Refugees welcome, no hayan tomado ninguna medida decisiva para defender sus derechos. Aún peor, en el caso de Carmena mantuvo la política de sus antecesores del PP en la alcaldía, perseguir a los manteros. Un ejemplo de ello fue el respaldo dado a las continuas redadas policiales contra este colectivo, que en mayo de 2018 tuvo como consecuencia la muerte de Mame Mbaye.

Las y los trabajadores y jóvenes que luchamos contra el paro, la explotación laboral, los recortes en educación, sanidad, servicios sociales, por no retroceder en nuestros derechos democráticos..., sabemos muy bien que los inmigrantes no son los responsables de la privatización de los servicios públicos, del empleo basura, de los rescates a la banca, mucho menos de las guerras imperialistas que provocan el éxodo de millones de personas en el mundo.

Necesitamos pelear conjuntamente con nuestros hermanos de clase para asegurar los derechos democráticos de todas las personas, para acabar con la Ley de Extranjería y las leyes que los criminalizan. Necesitamos levantar un programa socialista que combata los ataques, los recortes y la precariedad, un programa que expropie a los grandes capitalistas para poner bajo el control de los trabajadores, nativos y extranjeros, toda la riqueza y que asegure una vida digna para todos y todas.


Teoria Marxista

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