En septiembre de 2010 se encendían todas las luces de alarma para 12.000 trabajadores que trabajan para el ayuntamiento de Madrid. Las empresas concesionarias del servicio de limpieza viaria, recogida de basura y jardinería, amenazaban con no pagar las nóminas de los trabajadores al no cobrar del ayuntamiento desde enero de 2010.
Aunque de momento han llegado a un acuerdo y los trabajadores están cobrando su salario, este episodio es una muestra bastante gráfica de la gravedad de la situación financiera del ayuntamiento. La deuda del consistorio madrileño alcanza los 7.144 millones de euros, lo que supone el 157% sobre el presupuesto total que para 2011 será de 4.542,48 millones de euros. Sólo la deuda de este ayuntamiento supone el 25% del total de la deuda de los ayuntamientos españoles. El alcalde Gallardón y su equipo de gobierno culpan de la situación límite en la que se encuentran las finanzas municipales al gobierno central, al haber prohibido éste que los ayuntamientos refinancien su deuda, es decir, que puedan hacer frente a los gastos, pagos pendientes, etc., pidiendo nuevos créditos, lo que ha puesto a la tesorería del ayuntamiento al borde del abismo; al finalizar 2010 tenía un retraso de pagos a los proveedores superior a 900 millones de euros. Para conseguir un respiro ante esta desastrosa situación, el ayuntamiento ha recurrido a malabarismos contables. Ha vendido el 51% de las acciones que poseía de Mercamadrid a la empresa pública, también municipal, Madrid Espacios y Congresos, por 200 millones de euros. Este dinero servirá para poner en marcha un plan extraordinario de pagos a proveedores, que dará unos meses de margen, pero que no solucionará nada.
Por su parte, el gobierno central acusa al ayuntamiento de Madrid de derrochar los recursos públicos y de gestionar pésimamente las finanzas municipales. Esta "polémica" superficial, tan abundante en la política oficial, no debe impedirnos a los trabajadores reconocer las causas de fondo que han provocado este caos.
En primer lugar, una de las características de las políticas de derechas es utilizar los organismos públicos para traspasar ingentes cantidades de dinero de todos a las manos de los capitalistas. El PP es el mayor exponente de esta política y el ayuntamiento de Madrid, con Gallardón a la cabeza, la ha aplicado generosamente durante todos estos años. Los datos son contundentes. Si en 2002 la externalización de servicios dejaba en manos privadas la gestión de 450 millones de euros de dinero público, hoy esa cantidad alcanza los 1.500 millones. Por su parte, el soterramiento de la M-30, la obra emblemática del gobierno municipal de Gallardón, ha supuesto un coste de 4.300 millones de euros, entre inversiones directas y las derivadas de las obras de infraestructuras vinculadas a este proyecto. Estos miles de millones han sido gestionados por empresas privadas que han obtenido ingentes beneficios.

Recortes sociales: la receta del PP en Madrid

Para intentar sanear las maltrechas cuentas del ayuntamiento, Gallardón está recurriendo en primer lugar a drásticos recortes, centrados en la reducción hasta el límite de los servicios sociales, disminución de la plantilla municipal, subida de impuestos y privatizaciones. El presupuesto para 2011 ha sufrido un tijeretazo del 8,27%, en él se contempla la amortización (eliminación en realidad) de 3.000 puestos de trabajo y la práctica congelación de la oferta pública de empleo. Además está la inminente reforma de las categorías laborales de la plantilla municipal que probablemente supondrá nuevos recortes.
En mayo de 2010, el gasto social sufrió un recorte del 15%, suponiendo un duro golpe, en primer lugar para los trabajadores del ayuntamiento que vieron como su salario disminuía un 5%, pero también para servicios tan sensibles como las becas de comedor escolar, la financiación de las escuelas infantiles, la atención a mujeres maltratadas, a discapacitados, indigentes, etc., Además, hay que sumar recortes en la recogida de basura y limpieza, con la eliminación de las suplencias en los meses de verano, no contratación de personal para los fines de semana, cancelación de la campaña de la recogida de las hojas en otoño, con el consiguiente peligro de atascos en el alcantarillado y la canalización.
Por otro lado el consistorio madrileño está recurriendo de forma sistemática a la subida de impuestos, eso sí, aumentan los que afectan a la mayoría de la población, porque los que afectan a los empresarios se reducen continuamente. En 2009 resucitaron la tasa para la recogida de basura, el IBI subirá en 2011 un 6%, desde 2003 ha subido un 200%. Estos son sólo unos botones de muestra. También está recurriendo de forma sistemática a las privatizaciones como la de los polideportivos municipales, etc.
Esta política de recortes no ha impedido que desde el ayuntamiento se sigan abordando obras faraónicas como la remodelación del Palacio de Comunicaciones en Cibeles o que para el pago de los intereses de la deuda se vayan a dedicar durante este año 3,6 euros de cada 100 del presupuesto municipal, tres décimas más que en 2010. Mientras se da esta situación, las demandas históricas de los barrios, como bibliotecas municipales, centros culturales, piscinas y viviendas, etc., siguen sin cubrirse, por no hablar de la lamentable situación en la que se encuentra el asfaltado de numerosas calles de la capital, sobre todo las de los barrios periféricos.

Los trabajadores se movilizan: es necesario la unificación de las luchas

Los trabajadores municipales están intentando revertir esta situación y están protagonizando continuas movilizaciones. Los bomberos municipales llevan muchos meses denunciando la precaria situación en la que desarrollan su trabajo (ver entrevista que aparece en este mismo número), lo mismo sucede con los controladores de los parquímetros. El ayuntamiento ha reducido en casi 300 el número de trabajadores y en su afán recaudador les exige prácticamente los mismos objetivos de multas que en 2010. En el caso de los trabajadores de los polideportivos están luchando contra la privatización.
La estrategia que los dirigentes de CCOO y UGT están aplicando es que cada sector haga la "guerra" por su cuenta, eso está permitiendo al ayuntamiento apagar con facilidad los fuegos aislados que van surgiendo. La situación entre los trabajadores de Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento es explosiva. Unificar y generalizar los conflictos con una plataforma reivindicativa común, con la reivindicación central: no a los recortes sociales y aumento drástico de los recursos destinados a cubrir las necesidades básicas de la población, daría un impulso irresistible a la fuerza de la lucha de los trabajadores. Sería un duro golpe para los planes de la derecha, podría ser el principio del fin del dominio del PP en Madrid e indudablemente sería visto como el camino a seguir por los trabajadores de todo el Estado en la lucha contra los planes de recortes que están aplicando tanto los gobiernos autonómicos como el central.