El 18 de mayo, el gobierno del PP conseguía aprobar con el apoyo de Ciudadanos y el PNV, y la abstención del PDeCat, el Real Decreto Ley de Reforma y Liberalización de la Estiba, que supone la desregulación y precarización de las condiciones laborales en el sector. Con el argumento de que “Europa obliga” se intenta degradar uno de los sectores del movimiento obrero que aún mantienen unos salarios y condiciones laborales dignas, y que conservaban una alta capacidad de organización sindical.

Con algunas modificaciones respecto al que se rechazó en el mes de marzo, el Decreto está hecho a la medida de entidades como la PIPE (Plataforma de Inversores en Puertos Españoles) que agrupa a fondos de inversión y grandes empresas, manteniendo, como no podía ser de otra manera, los aspectos más lesivos para los trabajadores. El Decreto no garantiza la subrogación de los estibadores y en el mismo tampoco se detallan las condiciones y requisitos de las empresas que podrán formar parte de los Centros Portuarios de Empleo, que sustituirían a las actuales SAGEP (las entidades que actualmente gestionan la contratación de los trabajadores de forma única), cuestión también vital para mantener la profesionalidad y estabilidad en el empleo. Además, se abre la puerta a la contratación de trabajadores a través de ETTs u organismos similares con condiciones salariales muy inferiores y jornadas más amplias que las actuales.

Si ante la inminencia del ataque a los estibadores, en los últimos meses arreciaban las calumnias y las críticas hacia ellos en los grandes medios de comunicación (privilegiados, insolidarios, etc…) no es menos cierto que su actitud de resistir el embate del gobierno desató inmediatamente la simpatía y la solidaridad de una mayoría de trabajadores en todo el Estado.

Los dirigentes sindicales abandonan el terreno de la lucha y ceden en las negociaciones

Aunque el colectivo de los estibadores agrupe a unos pocos miles, su capacidad para influir en la marcha de la economía es enorme. Si tenemos en cuenta que el 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones se dan a través del tráfico marítimo, la puesta en práctica del calendario de huelgas anunciado para el mes de mayo y de junio hubiera supuesto en la práctica la paralización de buena parte de la actividad comercial, pero también industrial, debido a la falta de materias primas y componentes. Una presión colosal sobre el gobierno de la derecha y pérdidas millonarias para la patronal del sector.

Los estibadores contaban con muchos puntos a su favor si sus dirigentes y organizaciones, empezando por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, hubieran pasado de las palabras a los hechos con un plan enérgico de huelgas y movilizaciones. No sólo se habrían convertido en la vanguardia del movimiento obrero en el Estado español conquistado un apoyo masivo entre la población, justo en un momento en el que el PP está anegado por la corrupción, la moción de censura de Podemos sacude el tablero político y Pedro Sánchez arrasa en las primarias. También habrían cosechado una amplia solidaridad internacional, vertebrada a través de la central sindical IDC (International Dockworkers Council) que agrupa a más de 115.000 estibadores en todo el mundo, quien ya había dado la consigna de no descargar mercancía con destino a España en ningún puerto alternativo, tales como Portugal, Francia, Italia o Marruecos.

Sin embargo, y pese a las iniciales declaraciones, la dirección mayoritaria de los estibadores —la Coordinadora— junto con el resto de organizaciones sindicales representadas en la mesa de negociación, han llegado a un rápido acuerdo con la patronal ANESCO para desconvocar los paros previstos en los meses de mayo y junio, declarando que el pacto “garantiza todos los puestos de trabajo” y da respuesta a las principales reivindicaciones del sector.

Lamentablemente, la realidad es bien distinta. Lejos de garantizar el empleo, el acuerdo alcanzado supone una destrucción de puestos de trabajo, vía jubilaciones forzosas, prejubilaciones y bajas incentivadas, aún sin cuantificar, que queda al albur de las empresas que operan en cada puerto y que podría rondar los 1.500 trabajadores (casi la cuarta parte de la plantilla!). (1)  Además incluye la reducción en un 10% de los salarios que excedan los 2.200 euros brutos mensuales (una rebaja de más de 200 euros) e introduce la doble escala salarial, permitiendo que una parte de la plantilla cobre menos por el mismo trabajo, creando las condiciones para enfrentar y dividir a los trabajadores, debilitándoles de cara a los próximos ataques, que lamentablemente llegarán más tarde o más temprano. También permite a las empresas aplicar una mayor flexibilidad y movilidad laboral a los estibadores, para mejorar su “productividad”, es decir, para aumentar los beneficios a costa de incrementar el volumen y los ritmos de trabajo, con el consiguiente aumento inevitable de la siniestralidad.

Combinando los cambios que introduce el decreto del gobierno y los retrocesos aceptados en el acuerdo con la patronal, el saldo para los estibadores resulta claramente negativo, y la firma del mismo no supone, por tanto, ninguna victoria, sino una derrota en todo regla. ¿Cómo es posible entonces que dicho acuerdo haya obtenido el respaldo masivo, prácticamente unánime, de los estibadores? En nuestra opinión por la combinación de dos factores, uno de tipo económico y otro, aún más determinante de carácter político. El factor económico es sin duda el recurso a las prejubilaciones y las bajas incentivadas para comprar la paz social del colectivo, a costa de empeorar las condiciones laborales de los futuros trabajadores.

Pero, en última instancia, el desenlace de este conflicto que ha sorprendido incluso al propio ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, (que ha declarado que “no esperaba tanta rapidez para que llegaran a un pacto”) hay que buscarlo, una vez más, en la actitud de las direcciones sindicales ante los grandes choques y enfrentamientos decisivos con la patronal o los gobiernos de turno.

Al igual que en otros momentos de la historia reciente del movimiento obrero, estos dirigentes han demostrado una gran falta de confianza en la capacidad de lucha de nuestra clase y no tienen ninguna alternativa a las políticas capitalistas. Como hemos visto en numerosas ocasiones hacer a la cúpula burocrática de CCOO y UGT, los compañeros que están al frente de la Coordinadora han aceptado la política del mal menor aunque en la práctica se haya demostrado una y mil veces que ese “mal menor” es sólo el primer escalón para alcanzar, paso a paso, el “mal mayor”.

En este caso, los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, pese a contar con la total confianza y respaldo de los trabajadores, han renunciado a entablar una movilización seria y hasta las últimas consecuenicas para quebrar la estrategia del gobierno y la patronal, dilapidando el formidable potencial de lucha de los estibadores y la enorme corriente de solidaridad que habían suscitado.

Somos conscientes de las dificultades y la dureza de un enfrentamiento de este tipo, y en nuestro ánimo no está dar lecciones ni desautorizar las decisiones mayoritarias de la asamblea de trabajadores. Pero estamos convencidos de que si la huelga se hubiera llevado a cabo, con toda la contundencia y radicalidad que requería la situación, el desenlace hubiera sido infinitamente más favorable para los estibadores, y un ejemplo a seguir para otros muchos colectivos en lucha.

 

(1) La cifra es una estimación basada en los datos facilitados en la web de Infoestiba. En ella se cuantifican las prejubilaciones en 700 trabajadores, teniendo en cuenta la edad de los mismos, lo que es insuficiente para lograr la reducción del 30% de la masa salarial que demanda la patronal incluso con la reducción acordada del 10% del salario para los restantes.

 


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