Las crecientes tensiones geopolíticas, enmarcadas en el enfrentamiento interimperialista entre Estados Unidos y China, han impulsado nuevas barreras arancelarias que lastran el comercio mundial. Las sanciones contra Rusia han dañado mucho más a los países de la Unión Europea, sobre todo a Alemania, que a la propia Rusia. Las fuertes subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales de las principales economías – entre 4 y 5 puntos porcentuales en el último año – han encarecido el crédito al sector privado y a las familias, acelerado la contracción de la actividad económica, y puesto en serios apuros financieros a los Estados más endeudados, que, acostumbrados a tipos cero o incluso negativos en los años de la pandemia, ven ahora como el coste de su deuda pública se dispara.
Pero, a pesar de las drásticas medidas de restricción monetaria, el objetivo de bajar la inflación está lejos de conseguirse. En su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales del pasado julio, el FMI estima que la inflación seguirá por encima del 5% al cierre de 2024, algo esperable, ya que su principal causa, como el propio FMI ha reconocido, es la estrategia capitalista de incrementar los beneficios a través de la subida generalizada de los precios.
No todo lo que reluce es oro
La economía española no se mantiene al margen de estas tendencias, pero una serie de factores muy concretos, como la constante depreciación de los salarios, la extensión de la precariedad (incontestable a pesar de la “reforma laboral”), las ventajas geográficas para las industrias que se vuelcan en las exportaciones, contar con un sector turístico pujante y la fuerte especulación inmobiliaria de estos últimos años… han contribuido a que los desequilibrios y contradicciones estructurales se hayan mitigado parcialmente. Pero ojo, el Estado español sigue siendo un eslabón débil de la cadena imperialista occidental, y eso significa que cualquier cambio brusco en la situación económica mundial tendrá graves consecuencias.
En 2021, 2022 y el primer semestre del presente año, el crecimiento fue claramente superior a la media de la UE y la previsión de la inmensa mayoría de los analistas y organismos económicos es que esa ventaja se mantendrá a corto plazo. ¿Qué ha ocurrido?
Las razones de este crecimiento hay que buscarlas, principalmente, en la notable expansión de las exportaciones agrarias y la fortaleza del sector turístico, y como clave de bóveda de esta expansión, los salarios de miseria que se están pagando en ambos sectores y que generan enormes plusvalías y ventajas de competitividad.
Tras un incremento récord de las exportaciones agroalimentarias en 2022, un 13,11% más respecto a 2021, en el primer semestre de 2023 las cifras han mejorado hasta llegar a un crecimiento interanual del 13,3%. Esto está detrás, por ejemplo, del encarecimiento el precio del aceite de oliva virgen, que se ha quedado como un producto exclusivo para la exportación mientras el mercado interno queda desabastecido.
Favorecido por factores como la guerra de Ucrania o las olas de frio en Europa central y del norte, el sector agroalimentario exporta con fuerza, beneficiándose de la subida generalizada del precio de los alimentos. El carácter monopolista y parasitario de la distribución agroalimentaria ha permitido al sector mantener cifras récord de beneficios en el mercado interior, como se comprueba al constatar que una botella de aceite de oliva español es bastante más barata en Alemania o Suiza que en un supermercado de Jaén o Córdoba.
La enorme expansión de las exportaciones agrarias está atrayendo capital internacional. Un artículo publicado recientemente en Cinco Días sobre las inversiones del fondo de capital riesgo Beka Finance en el cultivo intensivo del olivo, con una previsión de rentabilidad cercana al 20%, es un indicador de los profundos cambios que se avecinan en el sector.
La otra gran pata del crecimiento económico interno es el auge turístico. En el primer semestre de 2023 el país recibió casi 37,5 millones de turistas internacionales, un 23,7% más que el mismo periodo de 2022, y, lo que es mucho más relevante, los visitantes extranjeros gastaron 46.011 millones de euros, un 28,3% más.
Tras este verano turístico de récord absoluto, el sector se prepara para batir también récords de turismo de invierno. El envejecimiento de la población del centro y norte de Europa, el temor a las olas de frío y el impacto de la subida del precio de la calefacción animan a un número cada vez mayor de jubilados europeos a trasladarse a las costas españolas en los meses más fríos del año. Unido a ello, las circunstancias adversas que afectan a los competidores más directos, incendios en Grecia, inestabilidad política y cercanía a la guerra de Ucrania en Turquía y, ahora, el terremoto en Marruecos, favorecen este boom.
Tui, el gran turoperador alemán ya ha anunciado un notable refuerzo de su actividad en el Estado español. El grupo británico Jet2, que es a la vez aerolínea y turoperador, ha incrementado su oferta en más de un 25% respecto al periodo anterior a la pandemia. Y Ryanair, la aerolínea que más pasajeros trae al Estado español, ha aumentado sus plazas para los próximos meses en un 18%, hasta los 20 millones.
Como consecuencia de todo esto, la situación de la balanza comercial y de la deuda exterior ha mejorado. Hasta junio de este año la balanza por cuenta corriente arrojó un superávit de 19.000 millones de euros, frente a un ligero déficit durante el mismo periodo del año pasado, y la deuda externa se ha reducido hasta un 60% del PIB ¡nada menos que 40 puntos porcentuales inferior a la de 2013!
Aumento del rentismo inmobiliario: sus consecuencias sociales y políticas
El aumento del número de turistas está teniendo unas consecuencias de gran alcance en el mercado inmobiliario, especialmente en el alquiler de viviendas.
Tras el final de la pandemia el número de viviendas turísticas se disparó. A 31 de marzo de 2023 había en el Estado español 320.000 viviendas turísticas legalmente registradas, un 23% más que hace un año. A ellas hay que sumarles un número indeterminado de viviendas turísticas en situación ilegal, algo que plataformas como Airbnb facilitan al máximo.
Este trasvase de viviendas desde el alquiler residencial al alquiler turístico ha provocado un encarecimiento meteórico de los alquileres ordinarios, sobre todo en las grandes ciudades y en las poblaciones costeras, causando situaciones angustiosas a cientos de miles de familias trabajadoras y de jóvenes. Incluso en las ciudades con vivienda más barata, como Lugo o Jaén, un alquiler medio supera ya el 50% del SMI mensual. En grandes ciudades como Barcelona y Madrid, e incluso en ciudades más pequeñas pero cercanas a las grandes metrópolis, el alquiler mensual medio supera en más de un 150% al SMI.
Y no solo se encarece el alquiler. La subida de los tipos de interés ha disparado el coste de la hipoteca mensual de quienes optaron en su momento por comprar piso, de modo que la hipoteca media ha subido desde 2020 en casi 3.000 euros al año. No es de extrañar que el número de ejecuciones hipotecarias (el paso previo al lanzamiento o desahucio) haya crecido en un 6,1% en el 2º trimestre de 2023, según informaba hace pocos días el diario El País.
La otra cara de este auge turístico-inmobiliario es que han elevado el número de pequeños propietarios de segundas viviendas que se han visto regados con un maná caído del cielo. Sectores cada vez más numerosos de la burguesía media y la pequeña burguesía han puesto sus ojos en la compra de viviendas para dedicarlas al alquiler turístico o para aprovechar la desmesurada subida del alquiler residencial, y contemplan como una opción cada vez más atractiva vivir de unas rentas del alquiler que parecería que no van a dejar nunca de incrementarse.
Es entre este sector rentista dónde encontramos uno de los principales puntos de apoyo de Vox. La oposición radical a cualquier límite a las subidas de los alquileres, las campañas histéricas contra las supuestas okupaciones y el aprovechamiento de las generosas ayudas públicas a la rehabilitación de edificios están fortaleciendo a estos parásitos sociales y sus abusos.
El otro gran punto de apoyo de Vox está en el mundo agrario. Pequeños y medianos productores, regados durante años y años con fondos públicos europeos, cubiertos por los seguros agrarios y las subvenciones gubernamentales han encontrado un filón en el actual auge exportador y en la subida de precios, un auge que refuerzan con la explotación inmisericorde de la mano de obra inmigrante. Los abusos denunciados en los invernaderos de Almería o en el cultivo de la fresa de Huelva, que incluían palizas y violaciones, siguen impunes, y los explotadores cierran filas en torno a Vox para defender a sangre y fuego sus privilegios.
Crece el empleo, pero qué tipo de empleo. ¿Y los salarios?
Desde la constitución del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en enero de 2020 hasta el segundo trimestre de 2023 el número de afiliados a la Seguridad Social creció en 1.900.000 personas. Esta creación de puestos de trabajo se aceleró en el segundo trimestre de este año, con un aumento de 603.900 trabajadores,
La mayor parte de ese empleo es precario y con bajos salarios. Si en 2022 el salario medio perdió en el Estado español un 4% de poder adquisitivo, según la Encuesta de Costes Laborales del INE, en 2023 todo indica que esa pérdida se mantendrá, sin que las supuestas medidas contra la carestía de la vida del Gobierno – como la tan cacareada supresión del IVA en supermercados – hayan servido para compensarla de un modo significativo.
Pese a todo, es innegable que el deterioro del poder adquisitivo a causa de la elevada inflación se ha visto en cierto modo compensado por la incorporación al mercado de trabajo de miembros de la unidad familiar que hasta el momento no trabajaban o por la ampliación de jornada de aquellos que trabajaban a tiempo parcial. Pero señalar esto no puede ocultar la fragilidad de este avance, que puede ser eliminado de un plumazo en cuanto la situación de estancamiento de la economía mundial se transforme en recesión.
La subida de las pensiones en un 8,5% y las sucesivas subidas del SMI, aunque claramente por debajo del IPC, han supuesto también un respiro para numerosas familias y han tenido como resultado político un reforzamiento del apoyo a Pedro Sánchez. No hay duda de que el recuerdo de las políticas del PP respecto al SMI y su práctica congelación de las pensiones, han actuado, junto con el miedo a Vox, como un factor que ha contribuido a atemperar las críticas al Gobierno de coalición y que explica el resultado electoral de julio.
Es innegable que la presente coyuntura económica ofrece una base material objetiva para que la continuidad de la paz social sea un eje de la acción gubernamental. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con el apoyo de unos dirigentes de CCOO y UGT que han mantenido sujetas las riendas del movimiento obrero en términos generales, salvo en Euskal Herria, se preparan para sacar todo el partido posible a esta situación. Y la clase dominante valora mucho su actuación a la vista de lo sucedido en países vecinos como Francia, Reino Unido o Grecia.
No obstante, la presión está siendo muy fuerte, y la contención salarial en un periodo de tantos beneficios, unido a la precariedad y las condiciones de explotación vigentes, son material combustible de primer orden. El reguero de conflictos vividos en estos años, que aunque sin ser masivos sí han desbordado a las burocracias sindicales, puede reproducirse y extenderse.
Beneficios récords
Los beneficios empresariales en todos los sectores siguen al alza, superando ampliamente a la media europea gracias a la caída de salarios reales que ha sufrido la clase trabajadora del Estado español, la mayor de los países de la OCDE.
Naturalmente, el capital financiero internacional se ve atraído por esta expectativa de grandes beneficios y está reforzando sus inversiones en el Estado español. En el primer semestre de 2023 se ha registrado una entrada de capital de más de 15.000 millones de euros, y eso sin contar la ofensiva de capital saudí en Telefónica. Se trata en su inmensa mayoría de inversión financiera, cuando no directamente especulativa, que intenta aprovechar las ventajas coyunturales que la economía española presenta frente a otros países capitalistas desarrollados.
Pero no todo son buenas noticias. El sector industrial está retrocediendo, como lo indican la caída del volumen de pedidos y el índice PMI de actividad del sector manufacturero, que lleva meses reculando hasta los 46,5 puntos en agosto (cifras por debajo de 50 indican una contracción de la actividad), la reducción mensual más fuerte desde 2019.
Detrás de estos datos se encuentra una caída sostenida de la inversión en los últimos tres años. La formación bruta de capital fijo, medida en porcentaje del valor añadido bruto de las empresas no financieras, se sitúa ahora casi 2 puntos por debajo de la media anterior a la pandemia y no hay perspectivas de un cambio de tendencia.
A pesar del triunfalismo del Gobierno, si continúan con este modelo económico la única manera de mantener los espectaculares beneficios empresariales pasa por seguir machacando los salarios y, antes o después, una reducción importante del gasto público. Es decir, más austeridad, más recortes sociales, más empobrecimiento colectivo de la clase trabajadora. Una política que tiene muy poco de izquierdas y que, más temprano que tarde, será contestada con una lucha social de envergadura.
