La sexta ola provocada por la variante Ómicron está teniendo efectos devastadores en Catalunya. Cerca de 3.000 ingresados en los hospitales públicos y más de 500 en estado crítico en las UCI, habiéndose llegado al 40% de ocupación de las mismas; centros de salud públicos totalmente colapsados con un personal sanitario desbordado y sufriendo una presión insoportable.

Son más de 100.000 las y los alumnos confinados sin que padres y madres reciban permisos laborales retribuidos para hacerse cargo de los más pequeños y evitar la extensión del virus. La teoría de la “gripalización”, usada interesadamente para justificar la falta de recursos y asegurar que seguimos produciendo para que los capitalistas se sigan enriqueciendo, pretende esconder la escalofriante realidad: decenas de personas siguen muriendo cada día por Covid19.

Ante este horror, la Generalitat no está tomando ninguna medida decisiva para proteger a las familias trabajadoras y fortalecer la sanidad pública. Al contrario, mantiene los recortes y las políticas procapitalistas que perpetúan este sufrimiento en nuestro día a día, a pesar de su retórica vacía sobre la necesidad de luchar contra las desigualdades sociales.

Por otro lado, en el terreno de la lucha contra el régimen del 78 y por la República catalana, la supuesta mesa de diálogo sigue completamente paralizada, y asistimos a una nueva y grave ofensiva por parte de los tribunales franquistas contra el catalán, limitándose la oposición del Govern a interponer recursos judiciales, ya perdidos, y a mantener una palabrería hueca que no cuestiona en los hechos este nuevo golpe contra nuestros derechos lingüísticos. Esta estrategia lejos de acercarnos a la república, no aleja de ella.

El Govern de la Generalitat favorece a los capitalistas a costa de nuestras vidas

La llegada de Pere Aragonès a la presidencia no ha traído consigo el giro a la izquierda que prometió después de los resultados electorales. Los intercambios de carteras en varias Conselleries no han modificado la esencia de las medidas derechistas del anterior Govern de Junts presidido por Quim Torra.
 
Aragonès no solo ha mantenido su rechazo a intervenir la sanidad privada para ponerla al servicio de las necesidades de la población, sino que muestra su disposición a seguir garantizando fabuloso negocios a las grandes multinacionales farmacéuticas, biotecnológicas y sanitarias. El pasado 18 de enero la Generalitat y el Gobierno central presentaron ante representantes de las principales empresas del sector en Catalunya uno de los “proyectos estratégicos” incluidos en los Fondos Next Generation de la UE, “Salud de Vanguardia”, que regará con cientos de millones de euros públicos a estas multinacionales en nombre de la “colaboración público privada”, es decir, de la privatización, que en Catalunya ya suponía en 2018 el 26% del gasto sanitario, ¡el doble que en Madrid!

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La llegada de Pere Aragonès a la presidencia no ha traído el giro a la izquierda que prometió y no ha modificado la esencia de las medidas derechistas del anterior Govern de Junts.


El colapso de la atención primaria está desembocando en una saturación salvaje de las urgencias. Catalunya es la comunidad de todo el Estado con más pacientes en listas de espera: 141.000, con una media de 152 días, en este aspecto también, ¡el doble que en el Madrid de Díaz Ayuso!  

Un reciente estudio señala que la mitad del personal sanitario tiene alto riesgo de padecer una enfermedad mental y que las tendencias suicidas en los mismos triplican la media. Mientras esto ocurre, el Govern profundiza la infrafinanciación y privatización de la sanidad pública, e incrementa la explotación de las y los sanitarios.

La Generalitat mantiene la misma postura negligente con la educación pública. A la falta de profesoras y los elevados ratios, se suma que no se están cubriendo dos tercios de las sustituciones, disparadas fruto de los contagios del personal docente; tampoco se está entregando el material sanitario necesario, ni se realizan los test de antígenos y PCR requeridos para a romper las cadenas de contagio. El cambio de protocolos de la Conselleria de Educación ha sido caótico y constante. La actual relajación del confinamiento está pensada para asegurar que los empresarios dispongan de la fuerza de trabajo de padres y madres para seguir enriqueciéndose.

En un momento en que la pobreza infantil está disparada, un 32% en Catalunya y un 34% en Barcelona frente al 30% de la media estatal, y la cantidad y cuantía de becas comedor son totalmente insuficientes, la Generalitat está negando becas comedor a cientos de jóvenes y niños migrantes o hijos e hijas de personas migradas simplemente porque los progenitores no disponen de DNI o NIE.

Eso sí, para la escuela privada-concertada siempre hay dinero. Todos los conciertos educativos se encuentran ahora en pleno proceso de renovación, incluyendo los de los colegios del Opus que segregan por sexo, ya que la justicia franquista así lo ha impuesto siendo aceptado de momento por el Govern. Mientras existe un déficit estructural de plazas en la educación pública, especialmente en el caso de la Formación Profesional, el curso pasado sobraron más de 16.000 plazas privadas-concertadas, es decir, ¡plazas que no fueron cubiertas a pesar de ser financiadas con dinero público!

ERC, o cómo no predicar con el ejemplo


Esta práctica nefasta de ERC al frente del Govern contrasta descaradamente con lo que esta formación defiende de palabra en el Congreso de los Diputados.
Gabriel Rufián ha señalado correctamente que la reforma laboral de Yolanda Díaz "no es ni siquiera una reforma, sino un maquillaje de la ley del PP" y ha defendido medidas favorables a los trabajadores y trabajadoras catalanas como la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal, reestablecer la autorización de los ERE por parte de la Administración, la mejora de la indemnización por despido y el aumento de las inspecciones de trabajo.

Sobre la ley Mordaza, Rufián incide en “no normalizar las actuaciones policiales en la que se produzcan abusos”, endureciendo las sanciones contra los policías que “se extralimiten”, y prohibiendo las pelotas de goma, poniendo además como ejemplo los casos de personas que han perdido ojos fruto de estas prácticas en Catalunya.

Dicen que del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero de lo que hablamos aquí es de una contradicción tan abrumadora que las palabras del portavoz de ERC en el Congreso resuenan con una enorme hipocresía. ¡Las políticas que está llevando a cabo el Govern dirigido por ERC lo ponen en evidencia!

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Los ingeniosos discursos de Rufián, no pueden ocultar que la política que ERC practica en el Govern y en los Ayuntamientos no beneficia a las familias trabajadoras. 


¿Qué ha hecho Roger Torrent, consejero de Trabajo de ERC, para mantener los puestos de trabajo destruidos por Nissan más allá de pedir a la empresa "responsabilidad", a pesar de las ingentes subvenciones públicas que recibió durante años de la Generalitat? ¿Cómo ha actuado respecto al reciente cierre de Mahle en Vilanova y la Geltrú, que ha dejado sin trabajo a 343 trabajadores y trabajadoras, más allá de afirmar que “si tuviésemos en nuestras manos la autorización administrativa de los ERE, hubiéramos podido actuar de una forma más contundente”? 

Y sobre todo, allí donde sí tienen competencias, como en la Generalitat o los Ayuntamientos donde gobiernan, ¿por qué no acaban con una temporalidad crónica que afecta a más de 120.000 trabajadoras y trabajadores, siendo la tasa de interinos en sectores como Justicia o Salud superior al 50%? ¿Por qué no han escuchado las reivindicaciones de los miles de interinos que han ido a la huelga contra el Govern exigiendo estabilidad y empleos dignos? Las justificaciones sobre la “falta de competencias” son meras excusas vacías.
  
Otro ejemplo es la reciente actuación del alcalde de Salt de ERC, Jordi Viñas, durante la huelga indefinida de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza de la ciudad (FCC). En vez de ponerse junto a la plantilla, apoyar las legítimas reivindicaciones de los y las trabajadoras, y municipalizar el servicio para garantizar unas condiciones laborales dignas, el alcalde de ERC les dio la espalda y colaboró con la empresa de cara a presionar a los y las trabajadoras, vulnerando y esquiroleando su derecho a huelga mediante la contratación de otra empresa, y amenazando con que otros ocuparían sus puestos de trabajo. Esta es la política laboral concreta, del día a día, que desarrolla ERC, más allá de los ingeniosos discursos de Rufian en el Congreso de los Diputados.
 
¿Qué ha hecho Joan Ignasi Elena, consejero de Interior designado por ERC, para acabar con la violencia policial salvaje de los Mossos d'Esquadra? Absolutamente nada, ¡más allá de señalar que hay que debatir sobre los proyectiles Foam “sin partidismos” o que publicará “íntegramente” los protocolos de los Mossos! Mientras tanto, estos siguen sacando ojos con las escopetas de Foam y reprimiendo con violencia a activistas en defensa del derecho a la vivienda o a trabajadores que ejercen su derecho a huelga como ahora ha ocurrido con las y los trabajadores del Puerto de Barcelona. La Generalitat incluso se mantiene como acusación particular contra activistas independentistas encausados por ejercer su derecho democrático de manifestación y luchar por la república y la independencia.

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A pesar de las enormes necesidades sociales existentes, el Gobierno se centra en intentar convencernos de las bondades de los JJOO Invierno 2030.


¡Hay que levantar una oposición de izquierdas al Govern con la lucha en las calles!


El sistema especial de las licencias de edad, con el que el Parlament otorga 1,7 millones de euros cada año a 21 exaltos funcionarios sin trabajar, se puso en marcha bajo la presidencia de Ernest Benach (ERC). El enorme escándalo provocado por estas retribuciones ha obligado a Laura Borràs a poner fin a estos retiros dorados, pero la Mesa no ha anunciado su retroactividad ni clarificado si se cancelarán las 12 licencias concedidas el año pasado. A estas alturas, el Parlament sigue sin informar sobre cuánto dinero se han llevado los 50 exaltos cargos que se han visto beneficiados. Otro ejemplo de la putrefacción de la política parlamentaria burguesa.

Los privilegios de los altos funcionarios, diputados y cargos del Govern, las puertas giratorias y los récords de ganancias de las grandes empresas contrastan amargamente con la desigualdad social que de forma acuciante sufre Catalunya. Los datos de pobreza son los peores en diez años. La renta per cápita en el distrito barcelonés de Sarrià – Sant Gervasi o en la localidad de Sant Cugat es cinco veces superior a la de barrios obreros como la Font de la Pólvora en Girona y Sant Roc en Badalona. En la ciudad de Barcelona, un vecino de Torre Baró o Vallbona vive 9 años menos de media que un vecino de Pedralbes.

A pesar de las enormes necesidades sociales existentes, del colapso de la sanidad y la educación públicas, del drama de los desahucios o del incremento exponencial de la pobreza, las desigualdades y la precariedad laboral, el Govern de la Generalitat centra todos sus esfuerzos en convencernos sobre los parabienes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2030, igual que hacía, hace unos meses con la ampliación del aeropuerto de El Prat. Proyectos especulativos y lesivos para el medio ambiente que, como los tan esperados fondos europeos, solo tienen un objetivo, llenar aún más los bolsillos de las grandes empresas catalanas y españolas a costa, en el mejor de los casos, de crear empleo temporal, precario, y por salarios de miseria.
  
Frente a esta política parlamentaria e institucional que se demuestra impotente de cara a resolver los problemas de la juventud y la clase trabajadora, es el momento de recuperar la iniciativa y volver a las calles de forma contundente. A pesar de las enormes dificultades que hemos enfrentado en estos dos años de pandemia, tanto en Catalunya, como en el Estado español y en el mundo, hemos asistido a movilizaciones, luchas, estallidos e incluso insurrecciones. La reciente huelga del metal Cádiz es un buen ejemplo de ello y de la disposición a luchar de la clase obrera cuando se presenta la oportunidad. Desgraciadamente, los dirigentes reformistas de la izquierda parlamentaria, en vez de impulsar estas batallas, actúan, ya sea UP en el Gobierno central o ERC en Catalunya, como apagafuegos de la movilización y como garantes de la paz social.

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Debemos levantar una alternativa anticapitalista y la oposición de izquierdas al Gobierno en las calles, uniendo las luchas con la defensa de la república catalana socialista. 


Por eso mismo, desde la izquierda revolucionaria tenemos que levantar una alternativa revolucionaria y anticapitalista en las calles. Este es el papel que tiene que jugar la CUP, y hay condiciones para hacerlo. En la última Asamblea Nacional Organizativa de la CUP una abrumadora mayoría de la militancia se expresó en contra de entrar en el Govern. Esto, junto con la acertada negativa a apoyar los presupuestos de la Generalitat, demuestra la disposición a la lucha y debe servir a la CUP para romper definitivamente con cualquier supeditación a un Govern que recorta, reprime y rechaza la república.

La CUP tiene una gran oportunidad para articular la lucha contra las políticas del Govern pero hay que hacerlo desde las calles, organizando el movimiento obrero en torno al sindicalismo de clase y combativo, cada vez más representativo en Catalunya, y utilizando sus importantes recursos institucionales y mediáticos para impulsar un plan de movilizaciones contundente frente a las políticas de la Generalitat. 

Necesitamos levantar una fuerte oposición de izquierdas en las calles, que unifique las luchas y las cohesione con un programa de transformación social y en defensa de la república catalana socialista. ¡Ni un paso atrás!

¡Es el momento de la lucha y la organización!


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