Basta de montajes policiales y represión franquista.

El 26 de octubre las calles de Iruñea volverán a llenarse para denunciar la represión y el montaje policial contra los jóvenes de Altsasu en la Marcha de la Dignidad que concluirá en una gran movilización en la plaza Antoniutti a las 16:30. La sentencia de este montaje tiene la misma razón de ser que la sentencia contra el referéndum del 1-O en Catalunya. Son los exponentes más claros de la estrategia de criminalización del aparato del Estado español. Incluso el propio proceso de judicialización tiene puntos en común muy evidentes: llevar el caso a los tribunales de Madrid, poner en marcha la campaña mediática de criminalización, la amenaza de las penas de cárcel por parte de la fiscalía, prisión preventiva inmediata, juicio farsa y por último imposición de una sentencia decidida de antemano y basada en decisiones políticas.

El 9 de octubre el Tribunal Supremo decidió dar un paso más en el montaje policial y judicial contra los ocho jóvenes de Altsasu. La ligera rebaja de las penas de cárcel no puede esconder el verdadero propósito de este proceso judicial, que sigue consistiendo en criminalizar a la juventud de Euskal Herria, auspiciando el discurso de la derecha y la estrategia represiva de este aparato de Estado franquista. Como decían los padres y madres: “Si han intentado maquillarla, no lo han conseguido: esto es una barbaridad y un despropósito”. “No se nos escapa que esta sentencia se enroca en mantener y poner en valor los oscuros objetivos de este montaje, con implicaciones políticas, mediáticas y judiciales”.

Una vez más, el carácter franquista del aparato Estatal salía nítidamente a la luz. El principal argumento que ha usado la fiscalía en el juicio es la “importancia de la Guardia Civil, fiel a España, al Rey y a la Constitución”. El fallo recoge en 449 páginas únicamente la versión de la acusación.

Efectivamente, esta nueva sentencia es otra prueba de “estos oscuros objetivos” con los que primero dictan sentencia y luego apañan los hechos y los tecnicismos judiciales. El Supremo no ve razón para aplicar los agravantes de “discriminación” ni “abuso de superioridad”. Además, se ha eximido a Aratz y a Iñaki de dos y un delito de lesiones por falta de pruebas. Aunque esto de por sí es una constatación completa de arbitrariedad jurídica, el aparato judicial no cede y las penas de cárcel siguen siendo criminales: 9 años y medio para Ohian, 8 años y medio para Adur y Jokin, 7 y medio para Jon Ander y Julen, 4 años para Aratz, 3 años y medio para Iñaki y 1 año y medio para Ainara.

Las movilizaciones y la solidaridad continuarán hasta liberar a los jóvenes

Tras conocer la sentencia del Supremo el 10 de octubre miles salieron a la calle a las concentraciones en los pueblos y ciudades de Euskal Herria. La plataforma de Altsasuko gurasoak y Altsasukoak aske llamaba para el próximo 26 de octubre a una marcha a Iruñea que terminará con una gran concentración frente al palacio de justicia.

Los familiares continuarán con todos los resquicios que les permitan dar la batalla en los juzgados, hasta llegar a Estrasburgo. Pero sin duda, lo fundamental es retomar las movilizaciones que inundaron las calles, y ganaron la simpatía de millones de trabajadores y jóvenes.

Esta lucha ha conseguido traspasar las fronteras de Euskal Herria. Desde Izquierda Revolucionaria hemos desarrollado una campaña de solidaridad a nivel internacional, y continuaremos con todas nuestras fuerzas luchando contra este montaje. Esta sentencia, como la sentencia del 1-O en Catalunya, demuestra que para acabar con la represión franquista, debemos luchar  por acabar con este sistema que nos oprime, que nos niega nuestros derechos democráticos y que nos reprime y criminaliza por defenderlos: es necesario acabar con el régimen del 78 y transformar la sociedad.

¡Todos a Iruñea el sábado 26!

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