El último Consejo de Ministros del mes de enero aprobó un decreto urgente de regularización extraordinaria de inmigrantes, de acuerdo con lo pactado entre el PSOE y Podemos en fechas previas.
Un número estimado en más de 500.000 personas podrán beneficiarse de esta medida y regularizar su residencia en el Estado español, acceder sin barreras al sistema público de salud o conseguir un contrato de trabajo, evitando las situaciones de explotación extrema tan habituales en actividades agrarias o del sector de la construcción. Aunque la regularización no concede derechos ciudadanos plenos es un primer paso para conseguir la nacionalidad española y normalizar definitivamente la situación legal de todos los que viven y trabajan en este país.
Este decreto ha sido recibido con gran alegría por la población migrante, y no es para menos. Tanto la amplitud de las fechas de llegada a territorio español como la simplicidad de los trámites, al menos sobre el papel, harán más accesible y facilitarán el proceso para decenas de miles de personas. Además, la presentación de la solicitud de regularización dejará sin efecto las posibles órdenes administrativas de expulsión, de modo que se empezará a acabar el terror de numerosas personas a ser detenidas en alguna redada policial, internadas en un CIE o directamente expulsadas del país.
La lucha de las personas y colectivos migrantes lo ha hecho posible
Esta regularización responde a las reiteradas movilizaciones de las plataformas y organizaciones de personas migrantes, como Regularización ya, que encontraron un amplísimo eco entre la juventud y la clase trabajadora. Prueba de ello es que, hace ya un año y medio, una Iniciativa Legislativa Popular que reclamaba esta regularización consiguió reunir y presentar ante el Congreso de los Diputados más de 600.000 firmas. A pesar de este inmenso apoyo social, la ILP quedó paralizada en los vericuetos de los pactos y componendas de las fuerzas políticas presentes en el Congreso, pero finalmente la presión desde abajo ha conseguido imponerse.
Se trata sin duda alguna de una gran victoria para toda la clase trabajadora del Estado español, ya que con esta medida se reduce la capacidad de los empresarios para utilizar a la mano de obra inmigrante como palanca para rebajar aún más los salarios y las condiciones laborales de todas y todos los asalariados.
Por eso no es de extrañar el rechazo de la CEOE a esta medida. A pesar de que algunas organizaciones patronales aisladas reclaman más facilidades para la llegada de inmigrantes, a los capitalistas les duele en el alma y, sobre todo, en el bolsillo verse limitados a la hora de explotar sin piedad —a veces en condiciones que entran de lleno en el ámbito de la esclavitud— a trabajadoras y trabajadores que por su nacionalidad carecen de derechos legales.
Tampoco tienen motivos de alegría los caseros rentistas que se forran hacinando a familias inmigrantes en cuchitriles, garajes, trasteros o naves industriales en desuso, en condiciones de máxima insalubridad e inhabitabilidad, y cobrando alquileres astronómicos. Sin duda, tendremos que seguir luchando por el derecho a la vivienda, pero esta lucha será más fuerte con nuestras hermanas y hermanos migrantes en una situación regularizada.
La extrema derecha vomita su odio racista
Reaccionando con presteza a la indignación del núcleo duro de su base social, Vox lanzó una andanada salvaje de repugnantes declaraciones racistas y xenófobas. Utilizando el delirante argumentario de la derecha fascista más extrema, Vox, por boca de su portavoz en Andalucía, hizo suya la tesis del gran reemplazo: “Sánchez quiere sustituir a los españoles por inmigrantes ilegales”. A través de las redes sociales, Santiago Abascal no se quedó atrás: “El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión”.
Sin llegar tan lejos en su retórica racista, la derecha extrema del PP también intenta encabezar la oposición a la regularización. Su estrategia pasa por recurrir a la Unión Europea para que paralice la medida por supuestas contradicciones con la política migratoria común, por cierto, una política racista que Pedro Sánchez, no olvidemos, ha defendido y defiende a capa y espada y que su ministro del Interior, Grande-Marlaska, puso en práctica con especial dureza en la matanza en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. Una política represiva por parte del Gobierno central que se concreta cotidianamente en redadas policiales racistas o en la connivencia de las fuerzas represivas del Estado con las acciones violentas de los fascistas de Desokupa o en cacerías contra nuestros hermanos inmigrantes, como vimos este verano en Torre-Pacheco, sin que nadie pague por ello.
Es evidente que la medida de Sánchez va a contracorriente del ambiente general que predomina en la política mundial. Numerosos gobiernos tanto de derechas como socialdemócratas en todo el mundo, con Trump a la cabeza, han convertido en una de sus principales banderas la persecución implacable a los inmigrantes y su deportación en condiciones inhumanas La extrema derecha mundial jalea con entusiasmo la brutalidad del ICE en EEUU y está lanzando una campaña furiosa contra la población inmigrante similar a la que los nazis y la extrema derecha europea lanzó contra los judíos en los años 30. El objetivo es el mismo: dividir a la clase trabajadora y presentarle un chivo expiatorio al que culpar por los males generados por un sistema capitalista en crisis.
Hay que reforzar la lucha por los servicios públicos y los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora
Evidentemente, a nadie se le escapa que tras este decreto hay un componente oportunista por parte del PSOE. Sánchez, agobiado por la ofensiva del PP, Vox, la judicatura y la prensa conservadora, sin mayoría parlamentaria suficiente para asegurar la aprobación de los Presupuestos y otras leyes de similar importancia, desacreditado por los reiterados casos de corrupción y machismo que surgen como setas en las filas socialistas y, como guinda del amargo pastel que le está tocando degustar, obligado a dar incómodas explicaciones de la deficiente gestión de la red ferroviaria y del terrible accidente de Adamuz, ha buscado dar un golpe de efecto para recuperar un mínimo prestigio intentando situarse una vez más como el muro de contención contra la ola reaccionaria global ante un electorado de izquierda frustrado e indignado por la falta de resultados de este Gobierno en prácticamente todos los ámbitos de la vida social, empezando por el acuciante problema de la vivienda y continuando por los recortes y las políticas privatizadoras que degradan y ponen en peligro los servicios públicos vitales como la sanidad, la dependencia o la educación.
Si Sánchez ha elegido la regularización de inmigrantes no ha sido por capricho. Como ya hemos explicado, ha sido el resultado de años y años de continuada movilización social contra los CIEs, contra la Ley de Extranjería y contra las redadas racistas de la policía.
El Gobierno del PSOE-Sumar sigue otorgando la máxima prioridad a las exigencias de los grandes capitalistas y los poderes financieros, que baten récords de beneficios trimestre tras trimestre, y no se atreve a enfrentarse a los caseros rentistas se hacen de oro saqueando los salarios de sus inquilinos. Pero a pesar de ello, como acaba de demostrarse, no es inmune a la presión de la calle.
La aprobación de esta regularización es un paso adelante. Pero hay que seguir presionando desde abajo, organizándonos y saliendo a las calles para arrancar plenos derechos políticos y sindicales a los trabajadores inmigrantes, el fin de las redadas racistas, el cierre de los CIEs y la derogación de la Ley de Extranjería. También para exigir salarios y condiciones laborales dignas, inversión en sanidad y educación públicas, y el fin de los recortes y las privatizaciones.
Esta medida ha coincidido en el tiempo con un estallido de la lucha de clases en EEUU. Un clamor por una huelga general para derrotar a Trump y acabar con el ICE se extiende por todo el país. Las manifestaciones y las huelgas de estudiantes se multiplican a pesar de las amenazas y la represión de las autoridades, y demuestran que nativa o extranjera somos la misma clase obrera.
De nuevo, vuelve a quedar patente que la lucha sirve y es el único camino para avanzar en la recuperación y ampliación de nuestros derechos. La conquista de esta regularización tiene que servir de estímulo para reforzar en las calles la movilización antifascista y por los derechos sociales básicos.
