La presentación por parte de la izquierda abertzale de los estatutos para la legalización del partido político Sortu (Amanecer) ha dejado muy claro, más claro aún de lo que muchos podían esperar, su determinación y apuesta por las vías exclusivamente políticas. En sus estatutos se niega hasta siete veces el apoyo a ETA. A pesar de ello el gobierno Zapatero y la derecha se han lanzado a una campaña feroz elevando hasta el absurdo el listón para su legalización. En el capítulo preliminar de los estatutos del nuevo partido se señala: “El nuevo proyecto político y organizativo de la Izquierda Abertzale supone la ruptura con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado y, por tanto, con los vínculos de dependencia a que aquellos daban lugar. Se trata con ello de impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia, o por partidos políticos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella”. En el mismo apartado aceptan “como guía y pauta de actuación los principios del senador Mitchell, considerándolos como ineludibles e indispensables para avanzar hacia una realidad de paz y soluciones democráticas”. Hay que recordar que estos principios se refieren al desarme y verificación de las organizaciones armadas como paso previo a la resolución de un conflicto.

Los estatutos

Por si esto fuera poco, se dice en el preámbulo: “Mostramos nuestra voluntad y deseo de contribuir con el resto de agentes políticos, sociales y sindicales:
“· A la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular, la de la organización ETA.
“· A la suspensión de las consecuencias de toda violencia y terrorismo, en pro de la paz, justicia y reconciliación de la sociedad vasca.
“· Al reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas”.
Se señala, en definitiva, su compromiso exclusivo por las vías políticas y democráticas no sujeto a variables tácticas o factores coyunturales.
Por si no fuese suficientemente claro, en el artículo 3 referido a la democracia interna y actividad externa, Sortu señala que en su estrategia independentista y socialista “no hay cabida para forma alguna de actuación violenta ni para conductas que le sirvan de complemento y apoyo político”. Y dice aún más: “Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que abiertamente y sin ambages incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”, y afirma que sus cargos mostrarán su “rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo y de sus autores”, “rechazo de las diferentes formas de manifestación de la violencia y el terrorismo”, “rechazo a quienes fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo oponiéndose de manera clara y expresa, a cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos (…) Rechazo de cualquier clase de connivencia política y organizativa con la violencia con las formaciones y los instrumentos políticos que han sido ilegalizados por razón de esa connivencia, así como con cualquier manifestación del fenómeno terrorista”.
Y por si alguien tuviera aún la más mínima duda de la profundidad del giro, el artículo 11, relativo al régimen disciplinario dice que: “se considerará como falta muy grave y será sancionada con la expulsión del partido la realización de alguna de las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley de Partidos”.

Movilizaciones masivas

Esto no son sólo frases y palabras. Para apoyar la legalización de Sortu y responder a la ofensiva reaccionaria de la derecha —y lamentablemente del gobierno PSOE— en sentido contrario, decenas de miles de ciudadanos vascos salieron a las calles de Bilbao a manifestarse en una de las marchas más multitudinarias de los últimos años, en un acto que acabó pidiendo a ETA un alto el fuego definitivo.
Esta apuesta decidida por la lucha política tiene un motor de fondo: la participación masiva y creciente de las masas por los derechos democráticos y sociales en América Latina que demuestra que el camino de la revolución sí sirve; Europa, con huelgas generales masivas en Grecia, Francia, Irlanda, Portugal, Estado español y en Euskal Herria en particular; y ahora el movimiento extraordinario e inspirador de la revolución en  el Norte de África que se extiende como un reguero de pólvora. Todos estos procesos ponen en evidencia que los grandes cambios sociales se producen como consecuencia de la acción directa de las masas cuando toman en sus manos el destino de sus propias vidas, y no en los métodos contraproducentes del terrorismo individual.
Como advertimos desde El Militante al inicio de este proceso, los obstáculos más grandes vendrían de las filas de la reacción. De los sectores que obtienen grandes beneficios políticos, e incluso materiales, de la existencia del terrorismo individual y del aparato del Estado, que ha aprovechado la existencia de ETA para sacar adelante una cadena de leyes regresivas y recortes de los derechos democráticos que nos afectan al conjunto del movimiento obrero.

La actitud de los dirigentes
del PSOE

El gobierno del PSOE, al ceder a estos sectores está desperdiciando una ocasión histórica y eso crea fisuras y divisiones en sus filas. El PP no quiere que el PSOE pueda apuntarse el fin de ETA ahora que tienen la oportunidad en la mano. Algunos dirigentes como Eguiguren presionan a Patxi López para que no la deje escapar, pero la fusión con la derecha por parte de los dirigentes socialistas en relación a la cuestión nacional vasca ha llegado tan lejos que sus puestos y prebendas, el propio cargo de lehendakari y muchos puestos en diputaciones y ayuntamientos, dependen de que, a pesar de los cambios en la izquierda abertzale, ésta no se pueda presentar a las próximas elecciones municipales y a Juntas de mayo. Hay divisiones igualmente en el aparato estatal sobre qué hacer. Javier Pérez Royo escribió en El País (19/02/11) un artículo crítico con la ilegalización de Sortu, señalando además que el Estado se ha dotado de suficientes “instrumentos para controlar jurídicamente la actividad del partido una vez legalizado”.
Los mismos que ahora reclaman democracia para Egipto, Túnez, Libia, etc., regímenes con los que colaboraron y ocultaron sus atrocidades, niegan los derechos democráticos para Euskal Herria de una forma sangrante. Rubalcaba ha sido tajante en relación a impedir de cualquier manera posible que la izquierda abertzale pueda presentarse. Los argumentos aducidos por la policía resultan pueriles y ridículos: “Son una continuación de la izquierda abertzale”, algo que afirman los propios promotores. ¿Querrán hacerles pasar por la cuarentena democrática que propugnaba Basagoiti? La incoherencia llega al punto de que Patxi López señala que si Sortu “cumple las reglas” se la debería legalizar, pero lo dice con la boca pequeña. Cuantos más obstáculos pone el Estado, el Gobierno y la derecha a la izquierda abertzale para impedir su legalización, más simpatías genera Sortu entre las masas y la juventud vasca. El nivel de preocupación se extiende en la dirección del PNV, del PSE-PSOE vasco, de Aralar, etc.

Por una alternativa revolucionaria

Exigir la legalización de Sortu y la derogación de la Ley de Partidos es una aspiración democrática fundamental. Sin embargo, su dirección corre el riesgo de caer en el cretinismo parlamentario, mirando casi en exclusiva al frente electoral, buscando alianzas con sectores de la derecha como Eusko Alkartasuna (EA) a costa de rebajar su programa. Esta táctica, de no corregirse, les podría llevar a donde ha llegado el Sinn Féin en Irlanda del Norte: abandonar la lucha que emprendieron en su día por transformar la sociedad y verse implicados en una política procapitalista, dictada desde Londres y nefasta para las masas irlandesas. La izquierda abertzale puede jugar un importante papel si se orienta decididamente a la clase trabajadora con un programa de independencia de clase, ninguna confianza en ninguna organización burguesa como EA o el PNV, y auténticamente socialista apoyándose en la mayoría sindical vasca para continuar la lucha emprendida en las huelgas generales del 21 de mayo de 2009, 29 de junio en 2010 y del 27 de enero en 2011 contra los recortes sociales. La historia de la lucha por el derecho de autodeterminación de Euskal Herria y la conquista de sus derechos democráticos es clara: sólo podrán alcanzarse si se vinculan al combate con el conjunto de los trabajadores del Estado español y francés por la transformación socialista de la sociedad.


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