La atronadora cacerolada con al que fue recibido el discurso televisivo del rey Felipe VI el pasado 18 de marzo expresa muy bien la indignación y el rechazo que provoca la institución monárquica, sentimientos que se reavivaron tras conocerse que la fiscalía suiza investiga al ex rey Juan Carlos I por sus cuentas bancarias secretas y por el cobro de 100 millones de euros en comisiones ilegales.
La furia popular contra las actividades corruptas del rey “emerito”, que son de general conocimiento desde hace algunos años, se ha acrecentado al desvelarse el papel de Felipe VI y sus dos hermanas en las fundaciones Zagatka y Lucum, radicadas en paraísos fiscales y que servían para ocultar la fortuna de los Borbones.
La crisis de la monarquía vuelve al primer plano
En los últimos días, millones de trabajadores del Estado español han asistido conmocionados, y en muchos casos como afectados directos, al colapso generalizado de las infraestructuras sanitarias, servicios e instituciones públicas ante la crisis del coronavirus. Millones estamos comprobando en carne propia que nuestra salud y nuestras vidas valen muy poco cuando están en juego los beneficios de los grandes grupos empresariales.
La falta de medios para proteger a la población contra el virus y contra las consecuencias económicas y sociales de su propagación contrasta sangrantemente con la placidez y suntuosidad en la que disfruta su retiro el ex Rey, entre fiestas, cacerías y francachelas, gracias a las actividades delictivas realizadas al amparo de su función como Jefe del Estado. Todos los intentos realizados hasta ahora para blanquear a la familia Borbón y restablecer el prestigio de la monarquía se han venido abajo estrepitosamente.
De nada sirvió que una mayoría de la Mesa del Congreso de los Diputados, constituida por PSOE, PP y Vox, vetase el 10 de marzo la creación de una comisión de investigación sobre la fortuna de Juan Carlos de Borbón. La miserable pretensión de que el paso del tiempo hiciese olvidar este nuevo escándalo ha fracasado.
También fue inútil, e incluso echó más leña al fuego, el comunicado de prensa de la Casa Real intentando explicar los hechos. Esa nota dejó patente que Felipe VI conocía, como no podía ser de otra forma, que su padre compartía con él una parte del botín obtenido en años de fechorías. Y la embrollada explicación de su fingida renuncia a esa fortuna, ante un notario anónimo y comunicándolo a unas supuestas “autoridades competentes”, cuando esa renuncia no tiene más que un valor simbólico ya que solo sería legal si se hace tras el fallecimiento de Juan Carlos, añadió la sensación de que la Casa Real intenta burlarse de los ciudadanos.
Tampoco la decisión de retirar la cuantiosa asignación anual de 194.000 euros al ex Rey ayudó a calmar los ánimos, ya que, al admitir abiertamente la Casa Real el carácter delictivo de las actividades de Juan Carlos I, no solo reconoce el origen criminal de la fortuna de la familia Borbón, sino que pone de manifiesto la completa impunidad con la que ha operado, y sigue operando, este grupo de “presuntos” delincuentes.
La monarquía se tambalea porque el régimen del 78 se tambalea
La abdicación de Juan Carlos I, en junio de 2014, fue promovida por la clase dominante en un intento de atajar la grave crisis del régimen del 78 en el momento más álgido de la rebelión social abierta como consecuencia del hundimiento de la economía mundial. Treinta y siete años de estabilidad y grandes beneficios para la élite económico-financiera se veían desafiados por una marea de protestas: la movilización explosiva del 15M, las huelgas generales, las mareas ciudadanas, las marchas de la dignidad o la lucha del pueblo catalán... fueron un obús contra la línea de flotación del bipartidismo y el orden capitalista español.
La legitimidad del régimen del 78 se cuestionaba peligrosamente, y los escándalos del cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarín, y del propio Juan Carlos avivaban el incendio. Las condenas a prisión de Urdangarín y sus cómplices, junto con la renuncia de Juan Carlos I, fueron maniobras calculadas en un intento de limpiar la imagen y apuntalar la legitimidad de Felipe VI.
Hoy, debemos volver a subrayar que la Constitución de 1978, pactada entre las fuerzas políticas de la derecha franquista y su aparato represivo, y las direcciones del PSOE, del PCE y de los grandes sindicatos, buscaba solo un obejtivo: poner fin al período revolucionario abierto tras la muerte del dictador Franco, mantener intacto los poderes fácticos heredados de la dictadura amnistiando a todos los responsables de sus crímenes, y garantizar que el poder seguiría firmemente en manos de la burguesía.
Los derechos democráticos que esa Constitución sancionó ya habían sido arrancados en la calle con la movilización de masas y los cientos de muertos de la clase obrera a manos de la policía y la Guardia Civil en aquellos años. Pero esa Constitución, además, reservaba a un Rey, designado por Franco, un papel crucial y unos amplios poderes, casi dictatoriales, para los períodos de crisis, en los que el funcionamiento normal del juego parlamentario se ve obstaculizado por la magnitud de la protesta popular. Por eso, para desempeñar con efectividad su papel político, es preciso que la monarquía cuente con una cierta aceptación, o al menos que no despierte un rechazo generalizado.
En la época de los Pactos de la Transición, la figura de Juan Carlos I fue fundamental para conseguir los acuerdos que facilitaron el nuevo orden constitucional y que aseguraron la total impunidad a los responsables de 40 años de represión salvaje. Juan Carlos I no solo contó con el obvio apoyo de los franquistas, que se agarraron a él como tabla de salvación, sino que su figura fue magnificada por los dos grandes partidos de izquierda de aquel momento, PCE y PSOE, y por las direcciones de las centrales sindicales mayoritarias. Hasta tal punto llegó el ensalzamiento de las fuerzas de la izquierda reformista al rey Juan Carlos I que su retrato, además de encontrarse en los edificios oficiales, era muy visible en los locales del PCE dónde, por instrucción directa de su secretario general, Santiago Carrillo, ocupaba un lugar de honor.
En los momentos actuales, cuando la quiebra del orden capitalista se extiende por los cinco continentes y cuando las grietas del régimen del 78 son cada vez más profundas, la burguesía ha intentado preservar la figura de Felipe VI como solución política de emergencia en caso de que el descontento social pusiese en riesgo la continuidad de su sistema de dominación.
No es solo la corrupción de un monarca, es la corrupción de un sistema
La rabia contra el rey se expresa con tanta fuerza porque millones de trabajadoras y trabajadores, millones de jóvenes, se han hecho conscientes de que no estamos ante el caso aislado de la corrupción personal de un monarca, sino que nos enfrentamos a un sistema construido sobre una corrupción estructural y generalizada.
Como explicamos en un artículo publicado en octubre de 2017 (https://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/estado-espanol/general/10829-los-borbones-una-larga-historia-de-corrupcion-y-represion) la corrupción es inherente al parasitario y atrasado capitalismo español, que ha sabido conectar perfectamente con el mundo de las altas finanzas internacionales, con el que comparten el deseo ilimitado de enriquecimiento y la completa ausencia de escrúpulos para conseguirlo.
Aprovechando el relevante papel que le otorgó el dictador Franco, y la burguesía española y mundial, Juan Carlos I se puso, desde el primer día de su reinado, manos a la obra para obtener un botín lo más grande posible. En 1977, el rey Juan Carlos I recibió del todavía príncipe saudí, Fahd bin Abdulaziz, la fabulosa cantidad de 100 millones de dólares, con el supuesto objetivo de “fortalecer la democracia” en España. No hay noticias de que la democracia se fortaleciera en lo más mínimo, pero las finanzas personales de Juan Carlos I sí que se vieron apreciablemente reforzadas.
Gracias a su buena relación con la monarquía saudí, consiguió cobrar una comisión por cada barril de petróleo importado desde ese país y, a partir de ahí, no hubo gran operación especulativa del capitalismo español dónde la mano de Juan Carlos no interviniera. La trama Gürtel; el caso Malaya; la especulación urbanística en República Dominicana; la venta del Banco Zaragozano, propiedad de los renombrados financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer, al Barclays Bank en 2003; la construcción del AVE a la Meca llevada a cabo por un consorcio de empresas españolas encabezadas por OHL… y un interminable etc. Todo le sirvió a Juan Carlos I y su familia para acumular una fortuna que, según el periódico New York Times, se acerca a los 2.000 millones de euros.
¡Es la hora de luchar por la república socialista!
Cuando el 3 de octubre de 2017, Felipe VI lanzó en un discurso televisivo una auténtica declaración de guerra contra los intentos del pueblo catalán de ejercer democráticamente su derecho a la autodeterminación, ejercía el papel que la clase dominante tiene reservado a la institución monárquica. Es muy dudoso que, si la lucha del pueblo catalán se reactivase en un próximo futuro, el efecto de un nuevo discurso agresivo de Felipe VI se acercase, ni de lejos, al que tuvo en su momento. La confianza en la monarquía se ha quebrado entre sectores de la población cada vez más amplios.
La crisis del régimen monárquico es el reflejo de la descomposición del sistema económico y social sobre el que se asienta. La crisis del coronavirus está demostrando que una sociedad organizada en torno al beneficio de una ínfima minoría, dónde casi nada funciona si no hay por medio una empresa que obtenga un beneficio privado, es una sociedad que condena a la inmensa mayoría a la pobreza y al sufrimiento.
El responsable último de las desgracias que millones de personas estamos sufriendo no es el coronavirus. El verdadero responsable es un sistema capitalista en crisis, y las políticas de austeridad que ha impuesto para mantener los beneficios de un puñado de explotadores sin importar el coste social que eso provocase.
Esta es la realidad que millones de trabajadoras y trabajadores están constatando en estos últimos días. Por eso su rabia se ha dirigido a la máxima cabeza política del régimen que garantiza la continuidad del sistema capitalista y la dictadura del capital financiero. No hay tiempo que perder. ¡Es la hora de organizarnos y luchar para abolir la monarquía y conquistar la república socialista!
