La Comunidad Autónoma Vasca y en particular Vitoria-Gasteiz ha sido uno de los más importantes focos de extensión del coronavirus. A pesar de los tremendos esfuerzos de los profesionales de la sanidad pública, la política del PNV al frente del Gobierno Vasco frente al Covid19 ha sido un desastre monumental. Los profundos recortes, externalización de servicios y disminución de camas durante los últimos años junto a unas plantillas mermadas, sin los medios materiales necesarios, ni planes de prevención adecuados, con contratos en precario y un índice de temporalidad del 40% han disparado la escalada de contagios, hospitalizados y muertos.

Alerta sanitaria al servicio de la patronal

La hoja de ruta del PNV ha sido la de garantizar ante todo los beneficios empresariales por encima de las vidas de la clase trabajadora: la misma que lamentablemente sigue también el Gobierno de Madrid de PSOE-UP. A tan solo dos semanas de anunciar la alerta sanitaria han muerto en Euskadi más de 200 personas, entre ellas una enfermera de 52 años. Sus críticas al Gobierno estatal, alegando que sus medidas son demasiado centralistas y por eso menos eficaces y tardías, son pura demagogia, así como las quejas de Urkullu respecto al despliegue del ejército español; son un burdo intento de desviar el foco de la indignación de la clase trabajadora y la juventud hacia sus políticas clasistas y policiales, en las que son verdaderos expertos. Ellos son tan responsables como el Gobierno de Madrid de la situación actual.

El PNV ha dirigido su discurso durante años a pedir más trasferencias autonómicas. Con un discurso de aparente enfrentamiento con Madrid, la derecha vasca ha pedido más competencias en servicios públicos, para luego aplicar recortes, privatizarlos y ponerlos al servicio de los empresarios. Así lo hace con sanidad, educación, residencias y todos los servicios que puedan ser objeto de convertir en jugosos negocios.

En plena crisis del coronavirus, la diputación de Bizkaia –con el PNV a la cabeza, y con ayuda de los votos del PSE y del PP– ha aprobado una reducción de impuestos dirigida a los “fondos buitre”, de manera que estos solo tendrán que tributar la mitad de sus ganancias, eliminando el tope de ganancias para disfrutar de esta ventaja. Se trata de años y numerosas leyes desreguladoras, aprobadas por este trío en Euskadi, con el objetivo convertirse en un paraíso fiscal para los grandes empresarios, a base de recortes en los servicios más esenciales.

Tanto Urkullu como la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, han remarcado que, ante todo, la actividad económica no puede parar: “las empresas deben seguir funcionando para evitar el coma económico”. Su cántico repetitivo de “responsabilidad y colaboración ciudadana” ha contrastado enormemente con la realidad de las y los trabajadores que acuden a sus puestos de trabajo exponiéndose al peligro de contagiarse ellos mismos y a sus familiares para garantizar los beneficios empresariales. Por si no esto no era suficiente a Urkullu y a la patronal vasca les ha faltado tiempo para poner el grito en el cielo ante el anuncio del Gobierno de limitar las actividades no esenciales, tachando esta decisión de “inaceptable” y de una gestión “nefasta”.

La Ertzaintza, dirigida por el PNV, alardea de poner 866 multas en un día para disciplinar a la población y respetar las medidas. También han anunciado contratar 900 ertzainas más. Pero no mandan a la Ertzaintza a aplicar mano dura a los centros de trabajo donde todas estas medidas no se respetan: hay un desprecio completo hacia la salud de los trabajadores y el propio funcionamiento de las empresas supone un peligro mucho mayor para la extensión de la pandemia. Ponen multas por viajar más de una persona en un coche, mientras permiten que los trabajadores vayan a trabajar en un transporte público con decenas y centenares de personas, sin tomar ninguna medida especial de seguridad.

Por poner algunos ejemplos, las empresas que dirigen los polideportivos de Bilbao, que están cerrados, han obligado a ir a sus trabajadores a los centros, en algunos casos teniendo que desplazarse entre varios polideportivos y con casos de bajas por contagios de los que no informan. Los trabajadores de Sidenor de Basauri fueron obligados a acudir a sus puestos de trabajo el 19 de marzo por la resolución de “la Autoridad Laboral”, al estimar que no se cumplían los requisitos planteados por el comité para paralizar la actividad laboral. El 22 de marzo un trabajador resultaba herido por quedar atrapado el brazo en una máquina, en una situación de colapso de los hospitales. Ahora, es una fábrica más con un ERTE.

La única clase que está tomando en serio parar la pandemia y adoptar las medidas de seguridad es la clase trabajadora, organizándose para luchar frente a la amenaza de los empresarios y las instituciones a su servicio. Tanto el Gobierno Vasco, como el del Estado español, están amparando la ofensiva empresarial imponiendo que los beneficios económicos están antes que la vida de los trabajadores. En cuestión de días se han aplicado solo en Euskal Herria cerca de 10.000 ERTEs que afectan a 100.000 trabajadores. Se puede estimar que el número de despidos será igual o mayor. Mientras tanto, la Administración de Urkullu ha puesto encima de la mesa 840 millones de euros, complementando los 1.025 millones del Gobierno central: 564 irán para pymes y autónomos, 200 millones al sistema sanitario y 55 millones a las familias más desfavorecidas. La mayor partida son 500 millones de euros en formas de avales a coste cero para las empresas vascas. En cuanto los 200 millones del sistema sanitario se habla de la adquisición de medicamentos y material sanitario y de habilitar nuevos espacios para atender a personas contagiadas. Es decir, en primer lugar, dinero público para garantizar los beneficios de los empresarios, y en segundo lugar nada de tocar los intereses de la sanidad privada. Los hospitales privados seguirán vacíos, a no ser que se paguen bien los servicios desde las instituciones. Ya en último lugar, migajas para los pobres, para darle un barniz social a este auténtico atraco.

Basta de recortes y de hacer negocio con nuestra salud.
Es necesaria una única red sanitaria pública, universal y de calidad

Según Medicus Mundi, uno de cada cuatro euros de dinero público que se gasta en Euskadi en sanidad va al sector privado. Entre 2007 y 2017 en Hego Euskal Herria se han recortado 900 camas, un 10,54% de recorte que contrasta con la media estatal: 5,23%.

Esto ha provocado una situación dramática. Sin llegar ni por asomo al pico de la epidemia, los hospitales públicos están desbordados, las UCIs completas, habilitando quirófanos, sin respiradores suficientes, y aplazando sine die cualquier operación que no sea estrictamente urgente. El personal trabaja con miedo, incertidumbre, impotencia e indignación, y los turnos son agotadores, trabajando con una escasez terrible de los Equipos de Protección Individual (EPIS) y mascarillas. Mientras, a la dirección de Mercedes-Benz Vitoria se le han proporcionado 4.000 mascarillas para mantener la producción.

El Hospital de Txagorritxu en Vitoria, en principal hospital de referencia ante la epidemia, ha resultado ser el foco del contagio en la comarca de Álava y uno de los primeros en todo el Estado. La falta de protocolos y ensayos, una alta eventualidad, sobrecarga de trabajo y la tardía prueba a una médica internista afectada, provocó que una profesional estuviese atendiendo a pacientes durante diez días, hasta que al final dio positivo. No es un caso aislado. Personal como auxiliares, celadores, personal de limpieza y mantenimiento, con sospechas y síntomas, han solicitado la prueba –a veces hasta en tres ocasiones– a Salud Laboral y no se ha hecho hasta llegar a extremos tan graves, en algunos casos, como la hospitalización en UCI.

El PNV ha sido pionero en la privatización de la sanidad. Ya en 1991, Iñaki Azkuna, entonces consejero de Sanidad, convirtió los hospitales públicos en Fundaciones, como avanzadilla de la gestión privada. El propio PNV introdujo en la sanidad pública las entidades de “gestión privada” como Osatek (radio-diagnóstico). La continua política de concertación con el sector privado, con la excusa de disminuir las listas de espera, ha representado la constante descapitalización de la sanidad pública y una disminución en plantillas, sueldos congelados y aumento de las cargas de trabajo, y una gestión salpicada de irregularidades.

El exconsejero de Sanidad que dimitió por el fraude de las oposiciones médicas, Jon Darpón, ya ha fichado por una aseguradora privada internacional, el grupo Keralty (Sanitas Internacional), liderado por un millonario del PNV, Joseba Grajales, y donde trabaja otro exconsejero vasco, Jon Azua. Esta entidad ha prestado “asesoramiento técnico” a Osakidetza y realiza trabajos para el Servicio Vasco de Salud.

En estos años de privatizaciones en cambio ha sido la clase trabajadora quien ha denunciado sin descanso esta situación, y quien ahora paga las consecuencias. Sin ir más lejos, las trabajadoras de atención primaria protagonizaron huelgas en abril, mayo y junio del año pasado denunciando falta de personal y las condiciones precarias a causa de los recortes y la privatización. Es la misma Marea Blanca que no se ha detenido en denunciar esta situación durante estos últimos diez años.

Socialismo o barbarie. Los trabajadores y la juventud no pagaremos su crisis

La clase trabajadora es la que ha demostrado una vez más hacer frente consecuentemente a la expansión del coronavirus. Los trabajadores de Mercedes-Benz, la CAF, Aernova, Michelin y otras muchas empresas han exigido la parálisis de la producción y la protección de las plantillas. Más de mil trabajadores han exigido al Gobierno Vasco que tome medidas para el confinamiento total. Pero esta medida, que también ha sido defendida por EH Bildu, debe ir acompañada con un plan de acción contundente en beneficio de las familias trabajadoras. Está más claro que nunca que esto es imposible sin confrontar directamente con los intereses de grandes empresarios y banqueros. Por eso, tanto la izquierda abertzale como la mayoría sindical vasca deben organizar a las plantillas y defender una alternativa contra la privatización, los recortes y la ofensiva patronal.

La economía capitalista se desploma a nivel mundial, y la clase dominante se prepara para enfrentar una nueva crisis, probablemente más violenta que la del 2008, atacando aún más las condiciones de vida y los derechos de la clase trabajadora y la juventud. Las administraciones de Gasteiz e Iruñea, así como de Madrid, no son una excepción.

Esta misma clase ha presumido de ganancias multimillonarias durante la última década a costa de precarizar nuestras condiciones de vida. Ahora no solo no se les toca ni un céntimo de sus patrimonios, sino que son los mismos que imponen a través de los gobiernos mano dura contra la clase trabajadora. Sí hay dinero, y mucho, pero en manos de muy poca gente. En la empresa CAF, tan solo la rebaja del 5% de los salarios de 21 ejecutivos ha supuesto 400.000 euros. Mientras tanto, miles de trabajadores en ERTE ven reducidos sus salarios mileuristas a más del 50%.

La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de planificar los recursos que generamos los trabajadores para el beneficio de la sociedad y no de un puñado de grandes empresarios –que han mostrado su total incapacidad, al igual que su sistema–. Es necesario defender un programa revolucionario que defienda abiertamente la expropiación de las principales palancas económicas y las grandes fortunas, su nacionalización bajo control de los trabajadores, al igual que con la banca. Un capitalismo más justo o más humano se revela ante la realidad que padecemos hoy como una utopía reaccionaria.

La huelga general del 30 de enero fue un auténtico éxito y en febrero tuvimos la masiva indignación y movilizaciones por el desastre de Zaldibar. El tremendo auge de la lucha sindical y las masivas movilizaciones que han llenado las calles de Euskal Herria, demuestran el tremendo avance de la conciencia de las masas y que tenemos la fuerza para cambiar nuestra realidad. La tarea fundamental es construir una izquierda combativa que defienda una alternativa revolucionaria, que luche por el socialismo. No hay otra manera de liberarnos del desastre al que nos condenan los capitalistas. Hoy más que nunca: socialismo o barbarie.

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Teoria Marxista

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