Ni la huida de Juan Carlos a Abu Dabi, ni los esfuerzos de la clase dominante y el Gobierno por echar tierra sobre los escándalos que rodean a la Casa Real han conseguido parar el proceso de descomposición que corroe a la institución monárquica.
La reciente decisión de Juan Carlos de Borbón de presentar ante la Agencia Tributaria una declaración complementaria por importe de 678.300 euros es, por el momento, el último intento de frenar una deriva que no solo pone en riesgo a la Corona, sino que amenaza, usando las palabras del editorial del diario El País del 13 de diciembre, con “reventar el pacto constitucional que tanto progreso ha permitido a España”.
Al impacto que la crisis de 2008 y las subsiguientes políticas de austeridad y recortes han tenido sobre la clase trabajadora, se han unido las consecuencias de la crisis de la Covid y una acelerada agudización de la desigualdad y la pobreza sin precedentes en muchas décadas. En un ambiente de polarización social que se acentúa día tras día, la constatación de la corrupción orgánica de la Casa Real se convierte en un acelerador de la crisis del régimen del 78.
Todos los intentos de salvaguardar la figura de Felipe VI, separando su supuesta “trayectoria ejemplar” de las correrías y escándalos de su padre, se vienen abajo cuando se descubre que no solo Juan Carlos disfrutaba de su dinero negro, sino que su botín era generosamente distribuido a los miembros del clan, incluyendo a los notorios parásitos Froilán y Victoria Federica de Marichalar.
No es solo un rey corrupto, es un sistema en descomposición
La clase dominante intenta impedir a toda costa que el asco y la rabia generalizadas que despiertan los desmanes de la Casa Real se extiendan al conjunto del sistema capitalista. Harían cualquier cosa, incluyendo permitir el hundimiento personal de Juan Carlos de Borbón, para salvar la estabilidad de su sistema. Ya lo hicieron con su abuelo, Alfonso XIII, y lo volverían a hacer.
Pero, para su desgracia, las noticias sobre las operaciones delictivas del ex Rey dejan cada vez más claro que no estamos ante las correrías individuales de un golfo coronado, sino ante los desmanes de un sistema basado en la explotación sin límites de la fuerza de trabajo, para asegurar los máximos beneficios a una ínfima minoría de capitalistas y sin importar el coste social o ambiental que ello implique.
Es sobradamente conocido que el origen de la fortuna oculta del Rey estaba ligado a grandes operaciones de la oligarquía financiera y empresarial del Estado español. Pero las averiguaciones sobre el origen de la fortuna que el ex Rey ha intentado blanquear con su regularización ante Hacienda, descubren nuevas relaciones del Borbón con la élite del capitalismo mundial, que le agradece con sus comisiones y “donaciones” el papel central que jugó en estabilizar el capitalismo en los difíciles años del final de la dictadura franquista.
Es precisamente ese papel desempeñado por la monarquía, y que fue clave en el edificio institucional levantado en la Transición sobre el aparato de Estado franquista, lo que la burguesía internacional quiere salvar a toda costa. Son conscientes de que un desplome de la monarquía desencadenaría, en las actuales circunstancias, un movimiento social de alcance imprevisible y de características revolucionarias. Pero cada paso que dan para intentar conjurar el hundimiento de la monarquía los pone en aprietos cada vez mayores.
La cantidad pagada a Hacienda por el Rey emérito corresponde a la regularización de donativos pagados por el millonario británico de origen mexicano Allen Sanginés-Krause, que durante muchos años fue el representante en Europa de Goldman Sachs, el 5º banco más importante de los Estados Unidos, y que ahora es presidente ejecutivo de la banca de inversiones RLH, presidente ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones Millicom International Cellular, miembro del consejo de administración de la compañía sueca AB Investment Kinnevik y presidente del consejo de administración de RLD, el principal fondo de inversión de la empresa de capital riesgo BK Partners.
En suma, uno de los máximos exponentes de la élite dorada del capitalismo financiero, uno de los auténticos amos de este planeta, ha entregado durante años cantidades enormes de dinero al Borbón y su familia. Pero no se trataba de un regalo a fondo perdido, sino de la retribución a Juan Carlos I por los beneficios generados por el sistema que él ayudaba a sostener desde su posición como jefe del Estado. Los que durante décadas se han beneficiado de los bajos salarios, de los recortes de los servicios sociales y las pensiones, y de la permisividad de las administraciones públicas ante las atrocidades urbanísticas que han destruido la mayor parte del litoral mediterráneo, esa ínfima minoría de potentados que han construido sus fabulosas fortunas sobre la explotación de los trabajadores y la ruina del medio ambiente, recompensan a Juan Carlos I por los servicios prestados.
Un aparato de Estado que protege y da cobertura a la corrupción
Las informaciones periodísticas sobre la fortuna de Juan Carlos han levantado una indignación tan generalizada que han empujado al poder judicial a abrir diligencias sobre los tres casos más graves de corrupción que afectan al ex monarca, la primera por el cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca, la segunda por el entramado de sociedades en paraísos fiscales destapado a raíz de su ruptura con Corinna, y la tercera, por los donativos efectuados por Sanginés-Krause.
Aunque es obvio que se trata simplemente de cubrir el expediente y de intentar aparentar que, pese a lo proclamado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, “todos somos iguales ante la Ley”, las diligencias judiciales no han podido evitar poner de manifiesto que la corrupción de Juan Carlos de Borbón hubiera sido imposible sin la activa colaboración y complicidad de las instituciones, los partidos y los medios de comunicación del régimen del 78, una colaboración que continua abiertamente hoy en día.
En el marco de las diligencias del conocido como “caso Villarejo”, que investiga las actividades delictivas de una red de mandos policiales, el juez requirió a la Agencia Tributaria información sobre las cuentas bancarias de Juan Carlos I en el extranjero, una información sobradamente conocida y publicitada en todos los medios de comunicación. En menos de 24 horas la Agencia Tributaria declaró al juez que “no hay constancia de que S. M. el Rey Emérito posea cuentas corrientes en el extranjero”.
Por supuesto, la Agencia Tributaria tampoco se molestó en realizar una inspección fiscal al rey emérito, ni la Fiscalía se dignó durante meses a actuar ante los abrumadores indicios de delito fiscal por parte del ex monarca.
Solo cuando la ola de indignación era imparable y el poco prestigio de Felipe VI estaba en juego, la Fiscalía se vio obligada a actuar, pero no sin antes avisar informalmente al ex Rey para que, mediante una regularización fiscal, evitase posibles consecuencias penales por sus delitos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no deja de resaltar, cada vez que se le pregunta sobre el tema, que hay que respetar “la presunción de inocencia del rey Juan Carlos” y que “se juzgan personas, no instituciones, por lo que no podemos mezclar una cosa con la otra”. Ni siquiera el abierto malestar de su base social y electoral consigue que la dirección del PSOE corte los lazos que le atan a la clase dominante desde los tiempos de la Transición. Muy al contrario, y contando con el discreto apoyo del Ibex-35, el Gobierno se prepara para defender la monarquía a toda costa, incluso buscando la ayuda del PP y Vox.
Ahora es el momento adecuado para que Podemos vaya más allá de solicitar la enésima comisión de investigación parlamentaria sobre los escándalos del Rey o de confeccionar vídeos humorísticos sobre el monarca y su entorno, y se plantee de verdad los pasos necesarios para acabar con esta institución reaccionaria. La pregunta que Pablo Iglesias se planteaba hace dos años desde las páginas de El País “¿Sigue siendo útil la monarquía para nuestra democracia?” ya tiene repuesta rotunda: No. La monarquía solo es útil para esa ínfima minoría que, con democracia o sin ella, quieren mantener a cualquier precio este infame sistema capitalista. Para todos los demás, para los trabajadores y jóvenes que constituimos la inmensa mayoría de la sociedad, solo tiene utilidad luchar, aquí y ahora, por la república socialista.
