Por su interés reproducimos este artículo publicado por Teresa Gómez Limón en su blog. Pincha aquí para acceder al original

Cuando lo político y lo judicial van unidos

Hoy, 23 de enero de 2026, 12 años y 6 meses después de que se produjera el accidente del Alvia en Angrois, tenemos la Sentencia definitiva.

En aquel accidente, de las 224 personas que viajaban en el tren, 80 fallecieron y 144 resultamos con lesiones de diversa consideración, es decir fue afectada la totalidad del pasaje. Conocer la Sentencia debería constituir una liberación para los afectados, pero ha sido todo lo contrario: una vuelta de tuerca al sufrimiento de las víctimas y una provocación a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Fue una larguísima instrucción, primero en manos del juez Luis Álaez, que investigó el descarrilamiento, exigió documentación técnica al Ministerio de Fomento, Renfe y Adif e imputó a 11 directivos de Adif. Un año después de estas imputaciones, le concedieron inmediatamente el traslado a otra plaza que tenía solicitada anteriormente. Casualidades de la vida.

La Audiencia Provincial exculpó a todos los directivos de Adif, dejando imputado solo al maquinista.

Llegó al Juzgado el juez Lago Louro, que instruyó la causa cerrándola en 2015 con un solo imputado: el maquinista.

Mientras tanto, las víctimas nos organizamos y acudimos a la Agencia Ferroviaria Europea, que elaboró un informe demoledor contra Adif, la CIAF y el Ministerio de Fomento, por lo que la Audiencia no tuvo más remedio que reabrir la causa en 2016.

Después de esto, el juez Lago Louro, además de al maquinista, imputó a varios cargos técnicos y de seguridad de Adif, que posteriormente la Audiencia exculpó, dejando al final de la instrucción solo dos imputados: el maquinista, Francisco Garzón, y el director general de la Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Costabitarte.

Entre octubre de 2022 y julio de 2023 transcurrió el juicio. En julio de 2024 se publicó la Sentencia, dictada por la jueza Elena Fernández Currás    en la que se hizo responsables a los dos imputados, Francisco Garzón y Andrés Cortabitarte, condenando a cada uno a dos años y medio de prisión.

Dicha Sentencia, muy bien argumentada y recogiendo tanto la documentación como el testimonio de más de 500 testigos y peritos, satisfizo a las víctimas, que finalmente vimos cómo se recogía en la Sentencia todas las anomalías por parte de Adif en la persona de su director general, el responsable de la seguridad.

Después de las apelaciones correspondientes, la Audiencia Provincial de La Coruña, en una Sentencia definitiva, puesto que no admite recurso, publicada el 21 de enero de 2026, para asombro de todos, el director general de Seguridad de Adif, Andrés Cotabitarte, ha sido absuelto de todos su cargos, condenando solo al maquinista. Aquí cabe hacer un apunte: la Sala estaba compuesta por tres magistradas: Ana Belén Sánchez González (ponente), Ana Belén López Otero y Marta Canales Gante. Esta última, Marta Canales ha emitido un voto particular en contra de que se exculpe a Andrés Cortabitarte, de 64 páginas y perfectamente documentando que, entre otras cosas, dice: En modo alguno puedo compartir las afirmaciones efectuadas acerca de que la juzgadora de instancia haya incurrido en un juicio de irracionalidad y/o parcialidad en su valoración de la prueba, ello atendida la rotundidad y grado de detalle de los hechos probados y cuando, además, pese a la absolución por la que se opta, no han sido modificados en la sentencia de apelación los referidos hechos probados.

Estos son los hechos.

Pero ¿quién es y cuál es la trayectoria de Andrés Cortabitarte López?

Andrés Cortabitarte fue director general de Seguridad en la Circulación de ADIF desde 2005 hasta junio de 2013. Es un alto cargo de libre disposición (a dedo). Fue nombrado por primera ver siendo ministra María Antonia Trujillo (PSOE) y se mantuvo en el cargo con los ministros Carme Chacón (PSOE), Magdalena Álvarez (PSOE), José Blanco (PSOE), Beatriz Corredor (PSOE) y Ana Pastor (PP). Pero las dos intervenciones más nefastas que tuvo esta persona con relación al accidente del Alvia fueron: un cambio de proyecto en el tramo Orense-Santiago, después de 12 años de planificación y solo 8 meses antes de la inauguración de la línea, pasando de un proyecto seguro a otro inseguro y sin que éste, director general de la Seguridad en la Circulación de Adif, hiciera ninguna evaluación de los riesgos que conllevaba ese cambio. En este caso el ministro era José Blanco (PSOE) y dijo que había sido para abaratar costes. La segunda decisión nefasta fue firmar, de un día para otro, sin evaluación de riesgos, la desconexión del sistema de seguridad que había instalado en el tren. En este caso, la ministra del ramo era Ana Pastor (PP).

A pesar de la documentación aportada, a pesar de las declaraciones de técnicos y peritos, a pesar del informe y la declaración del jefe se seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, a pesar de la Sentencia en primera instancia de la jueza Elena Fernández Curras, a la que la Sentencia de la Audiencia la acusa de “irracionalidad” y “parcialidad”, Andrés Cotabitarte ha sido absuelto.

Y no podemos dejar de preguntarnos, ¿por qué? ¿qué tiene este hombre para estar tan protegido? Hasta el punto de que el fiscal del juicio, Mario Piñeiro Vázquez, pasó de solicitar para él la pena máxima a solicitar su absolución, siendo este mismo fiscal nombrado un año después, el 16 de septiembre de 2024, fiscal del Tribunal Supremo. Probablemente con ese nombramiento se le pasó la vergüenza notoria que pasó cuando defendió la inocencia de Andrés Cortabitarte.

Sin duda alguna este personaje, ahora absuelto, debe tener un exhaustivo conocimiento del Ministerio de Fomento, de lo que aparece publicado y mucho más de lo que no aparece. 8 años dan para mucha información del Ministerio.

Pero existe otro factor no menos importante: LOS NEGOCIOS. Ese tema ha sido referido por muchos abiertamente, sin tapujos. Así, Rafael Catalá, cuando todavía estaban calientes los cuerpos de los fallecidos, negó que el accidente fuera de alta velocidad (si trasladamos esta idea estamos haciendo un gravísimo perjuicio a la industria ferroviaria española, invalidaría alguna oferta de empresas en el futuro). Asimismo, Iñaki Barrón de Angoiti, actual presidente de la CIAF, criticó el que los medios se hicieran eco del accidente (el gigantesco daño que están haciendo al ferrocarril español, a la alta velocidad, a la industria española).

Y este hecho no se produjo porque se hubiera dado entrada a otras operadoras, como Iryo u Ouigo. Cuando ocurrió el accidente de Angrois no estaban estas operadoras. Además el problema fue de Adif, que gestiona las infraestructuras y que es totalmente estatal. Pero Adif y el Ministerio de Fomento (llamado actualmente de Transportes) es, de todos, el ministerio que más inversiones hace con grandes empresas privadas de todo tipo: ferroviarias, constructoras, de mantenimiento, proveedores de tecnología, telecomunicaciones, logística… muchas de ellas pertenecientes al Ibex 35. Y reparte miles de millones cada año. Y son negocios de carácter nacional e internacional. Un accidente echa por tierra algunos de estos negocios, como sucedió con Brasil a raíz del caso Alvia.

Pero esas inversiones no redundan en la mejoría de los servicios para los ciudadanos. Al contrario. La ambición desmedida del capital y la colaboración del Ministerio y de Adif, propician o permiten que los proyectos se abaraten, que los materiales cada vez sean peores, que las inspecciones desaparezcan, que la evaluación de riesgos no exista, al margen del dinero que se filtra por los agujeros de la corrupción.

Por eso hay que salvar a Adif por encima de todo, sea como sea. Inculpar a uno de sus más altos directivos, obediente siempre con el partido que está en el poder (su currículo lo demuestra) es esencial, tanto por la importante información que posee como por dejar a salvo a la empresa que otorga miles de millones a los poderosos.

Con esta Sentencia definitiva, favorable para Cortabitarte, para Adif y para el Ministerio de Transportes, las víctimas quedamos definitivamente apartadas, ignoradas, afrentadas. Y los trabajadores del Ministerio, como el maquinista, han de tener conciencia que ellos van a ser, siempre que sea posible, los principales culpables. Porque, como diría Eduardo Galeano, unos y otros, víctimas y trabajadores, somos “los nadies, los ningunos, los ninguneados, que no tienen nombre sino número”.