Unidas Podemos debe dejar de avalar este fraude

El Gobierno de coalición continúa riéndose de la gente joven. Después de una pandemia que ha puesto al descubierto la precaria situación que vivimos, tras meses de criminalización y de habernos abandonado a nuestra suerte, Pedro Sánchez ha anunciado la nueva medida estrella del Ejecutivo en políticas de vivienda: el bono joven al alquiler.

“Estamos hablando de una recuperación económica justa. Completaremos una legislatura sin precedentes a favor de las políticas de vivienda”, nos dice el presidente. Un discurso muy altisonante que si trasladamos al terreno de la realidad se convierte en una gran mentira.

El bono joven al alquiler: una broma de mal gusto

No hace falta ser un experto inmobiliario para comprender el fraude que se esconde tras esta nueva medida. Aprobado hace escasos días por el Consejo de Ministros y con un presupuesto de 200 millones de euros, el bono joven al alquiler pretende ser una ayuda de 250 euros mensuales por un plazo de dos años para los menores de 35 años que ingresen menos de 24.000 euros al año.

El Gobierno ha anunciado este bono como la solución al problema del acceso a la vivienda para los jóvenes para, acto y seguido, estimar que unas 70.000 personas se podrán beneficiar de él. ¡70.000! ¡Pero si en el Estado español hay más de 2,8 millones de personas cuya edad se encuentra entre los 16 y 34 años! Según datos del Consejo de la Juventud de España el bono solo alcanzará a un 1,7% de los jóvenes ya emancipados. Pero si contemplamos a las personas que continúan viviendo con sus familias, únicamente llegaría a un pírrico 0,7% de la población joven. Es de risa.

Pero la auténtica carcajada llega cuando vemos la segunda condición para solicitar la “ayuda”. El documento establece que el importe de alquiler máximo para poder recibir el bono joven debe ser de 600 euros por piso o 300 euros por habitación –ampliable a 900 y 450 euros dependiendo de cada CCAA–. Encontrar un piso digno por ese precio es una quimera. No es una exageración dramática, es algo totalmente imposible, especialmente en las grandes ciudades. De hecho, el portal inmobiliario Fotocasa informa de que la oferta por debajo de 600€ a nivel estatal es del 2,6% del total; desplomándose hasta el 1,4% en Madrid o el 0,8% en Barcelona, donde el precio medio de alquiler es de 979 y 1.161 euros respectivamente, los más altos de todo el Estado tras seis años, en el caso Barcelona, con Ada Cola al frente del Ajuntament.

Toda la maquinaria propagandística del Gobierno no puede ocultar esta realidad. Además de no solucionar el problema real de la vivienda entre la juventud, este bono joven contribuirá a inflar todavía más los precios de los alquileres. Como ya están denunciando el Sindicato de Inquilinos y la PAH, la ayuda terminará en los bolsillos de los arrendadores. ¡Es una subvención directa para los caseros, no un descuento para los afectados por los precios abusivos!

La estafa de la Sareb y la nueva Ley de Vivienda. Más de lo mismo

Al mismo tiempo que el bono joven era publicitado conocíamos otra noticia. El Gobierno central, a través del FROB, ha tomado el control de la Sareb y asumirá su deuda de 35.000 millones de euros como déficit público. Esta auténtica bancarrota supone tener que devolver a la UE 27.721 millones de euros entre 2022 y 2027, equivalente al 39,9% de los fondos europeos. Una gestión por la que nadie responde, ya que entre otras cosas su ideólogo fue el actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, pero que sí nos pasará factura a las familias trabajadoras cuando se plantee la necesidad de realizar nuevos recortes para ajustar este impagable déficit.(1)

Es decir, el "Ejecutivo más progresista de la historia" asume las pérdidas del "Banco Malo" mientras este sigue funcionando como una entidad privada: siguen a cargo de la gestión de su patrimonio, con sus correspondientes comisiones, los fondos buitres y las inmobiliarias de las grandes entidades financieras, manteniéndose vigente un régimen fiscal privilegiado para los mismos a través de las socimi(2).

El Estado asume la factura pero los pisos que esta entidad posee continúan sin ser puestos al servicio de las personas que carecen de una vivienda, rigiéndose por criterios de mercado y siendo una fuente de beneficios capitalistas y especulación. Sí que hay recuperación, sí: ¡para la banca, la patronal y los fondos buitres, y con riesgo cero!(3)

Aunque UP intenta distanciarse del PSOE, señalando que no permitirán nuevas modificaciones que rebajen aún más la nueva Ley de Vivienda, al calor de la nueva ofensiva de la derecha y el poder judicial para descafeinarla del todo, el problema es que esta ley ya nacía tocada. El mero hecho de que la declaración de “zona tensionada” para intentar controlar un poco los precios del alquiler dependa de los Ayuntamientos, imposibilita aplicar esta Ley en ciudades como Málaga o Madrid, donde el PP y la derecha ya ha dicho que no la aplicarán. Además, este complejo procedimiento tardará en implementarse, calculándose que no entrará en vigor hasta el año 2024.

“Ni lo consideramos política de vivienda”, decía tajantemente un portavoz del Sindicato de Inquilinos. Y es verdad. El PSOE, pero sobretodo Unidas Podemos, han dado la espalda a la ley promovida por las organizaciones sociales y han cocinado un fraude que protege a los grandes especuladores. Mientras nos decían “hemos prohibido los desahucios”, en 2021 más de 21.000 familias fueron expulsadas de sus casas. La vivienda social, cuando verdaderamente lo es, sigue sin llegar al 2% del total del parque inmobiliario –452.000 casas, un porcentaje seis puntos por debajo de la media de la UE– mientras hay más de 3,5 millones de pisos vacíos en manos de los bancos, y los pisos turísticos se extienden como una plaga representando ya el 1,5% del total de viviendas. Y, por supuesto, los jóvenes vamos a tener que destinar el 94% de nuestro sueldo si queremos vivir solos.

Sin casa, sin curro… sin miedo

El Gobierno lo está incumpliendo todo. Nos ofrece muchas medidas cosméticas, pero pocas soluciones reales para atajar la raíz del problema. El debate del bono joven también ha coincidido con el nuevo informe de Cáritas sobre las cotas de desigualdad y pobreza que hemos alcanzado.

Una situación definida como “un shock sin precedentes” porque 1,45 millones de jóvenes en este país sufren exclusión social grave, un millón más que antes de la llegada de la Covid. El 28,5% de las personas de entre 16 y 35 años se encuentra en situación de exclusión moderada y en el caso de los menores de 16 la estadística se dispara al 33,5%. “Ser joven es un factor de exclusión en sí mismo”, sentencian.

A finales del año pasado, el periódico El País publicaba una encuesta que señalaba que el 80% de los jóvenes asegura que las instituciones públicas no prestan atención adecuada a sus necesidades. ¿A quién le sorprende? Precariedad laboral, sueldos de miseria, una hecatombe en la salud mental de jóvenes y adolescentes, la educación pública destruida, privados de una vivienda, criminalizados día sí día también… Con estas políticas lo único que está haciendo el Gobierno es colocar una alfombra roja a la extrema derecha para que esparza su demagogia reaccionaria y regrese triunfante a la Moncloa.

Este sistema nos está robando la salud y el futuro. Pero la solución no pasa por tirar la toalla. Al contrario. Dependemos de nosotras y nosotros mismos, de la movilización de la juventud combativa codo a codo con la clase obrera por unas condiciones de vida dignas. Todo el cabreo, el descontento y la rabia que sentimos la tenemos que transformar en organización diaria y en lucha colectiva, para señalar a los responsables de todo el sufrimiento que hoy sentimos: el capitalismo, su lógica y sus defensores.

Notas:

1 Sareb: herencia ruinosa

2 Introducidas en los años 2009 por Zapatero y potenciadas en 2012 por Rajoy, son sociedades para gestionar patrimonio inmobiliario exento del Impuesto de Sociedades, requiriéndose para constituirlas un patrimonio inmobiliario por valor de 5 millones de euros.

3 Desmontando a Sareb / Manuel Gabarre: “Dentro de poco la Sareb quebrará y España pagará millones de euros por el préstamo que le dio la UE”


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