Avala el despido por baja médica laboral justificada, apoyándose en la reforma laboral del PSOE de 2010

El pasado martes 29 de octubre, el Tribunal Constitucional (TC) daba luz verde a la aplicación del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, introducido tras la reforma laboral de 2010, promovida e impuesta por el PSOE y profundizada posteriormente en 2012 por el PP.

El citado artículo permite a las empresas despedir a los trabajadores que acumulen bajas de forma intermitente (hasta un 20% en dos meses), aunque sean justificadas por un médico. Esta práctica se consideraba despido nulo, mientras que con las reformas laborales de PP-PSOE y ahora con el aval del TC, ha pasado a estar considerada como despido procedente.

El TC, con esta resolución, prueba una vez más que la justicia, en las cuestiones importantes, está al servicio de los capitalistas.

Esta «institución» refuerza con su fallo la estrategia infame de la patronal de presentar la baja por enfermedad, un derecho de los trabajadores conquistado tras años de lucha, como un privilegio injustificado de los obreros.

Ya antes de esta sentencia, en situaciones en que la baja no es intermitente sino de larga duración, los empresarios han tenido en sus manos los instrumentos necesarios para despedir a los trabajadores, pudiendo recurrir para justificarlos a considerarlos como despidos disciplinarios, basándose en la tan manida mentira de la baja productividad en el trabajo.

Es cierto que la mayor parte de la jurisprudencia social considera estos despidos como improcedentes pero como en este tipo de despidos es la empresa la que decide si readmite al trabajador o lo indemniza, el trabajador pierde su puesto de trabajo a cambio de, en la mayoría de los casos, una ridícula indemnización avalada por las reformas laborales de PSOE y PP.

Una sentencia contra un derecho básico de los trabajadores conquistado por la lucha obrera

El derecho a no ser despedido al sufrir una enfermedad es un derecho básico y el TC avala este paso de gigante para su eliminación. Esta decisión se encuentra en total sintonía con la política de destrucción de los derechos laborales adquiridos defendida por las patronales, el FMI, el resto de las instituciones capitalistas y los Gobiernos a su servicio. 

Mientras los beneficios empresariales no pueden tocarse con los tribunales como uno de sus más resueltos defensores, para los trabajadores se refuerza la espada de Damocles que ya pesaba sobre nuestras cabezas, la de la posibilidad de ser despedidos en cuanto contraigamos una enfermedad que nos obligue a darnos de baja.

La imagen, de hecho, ya habitual sobre todo entre los más precarizados, del trabajador enfermo que por miedo a ser despedido o sancionado renuncia a ir al médico y acude a su puesto de trabajo se hará todavía más cotidiana.

Por su parte la patronal está explotando la sentencia para insistir en su ofensiva contra los derechos laborales y prácticamente equiparar las bajas por enfermedad con el recurrente «fraude en el absentismo laboral» al que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi se refiere como a «una "enfermedad económica" que sube cuando las cosas van bien y baja cuando van mal». El cinismo, el desprecio hacia la salud de los trabajadores y la voracidad de los empresarios no tienen límites, solo la lucha contundente de la clase obrera podrá pararlos.

Así mismo Pedro Sánchez, que ya en campaña electoral ha vuelto a sacar del baúl los ropajes del socialdemócrata reformador, ha vuelto a demostrar una vez más que su cinismo y su hipocresía no tienen límite. Ahora insiste en que el PSOE va a derogar de forma inmediata el artículo en cuestión, cuando fueron ellos mismos los que lo aprobaron en 2010.

¿Dónde están CCOO y UGT?

Frente a este nuevo y brutal ataque a nuestras condiciones laborales, los dirigentes de los principales sindicatos se han limitado a quejarse amarga y lastimeramente en la prensa.

«Hasta ahora, las empresas no han utilizado este artículo porque es antisocial, pero esta sentencia puede generar un efecto llamada y tenemos que evitarlo», declaró Francisco Gualda, responsable del Gabinete de Estudios Jurídicos de CC OO. (20 minutos, 30-10-19).

Tanto CCOO como UGT en sus valoraciones instan al Gobierno a que derogue la reforma laboral.

Ni una palabra sobre la necesidad de organizar la lucha para revertir esta nueva vuelta de tuerca contra nuestros derechos laborales. Según la estrategia «sindical» defendida por los dirigentes de CCOO y UGT, son los gabinetes jurídicos los que deben tener el protagonismo, mientras, intentan camuflar su bancarrota sindical con vacías e inocuas apelaciones dirigidas al próximo Gobierno al que «advierten» que «encontrará enfrente a los sindicatos si no deroga las reformas laborales». 

Los trabajadores necesitamos erradicar la estrategia sindical fracasada de pacto social y concesiones a la patronal. Esta política ha allanado el camino a la agresiva ofensiva patronal y ha sido clave para que los empresarios hayan acumulado grandes beneficios a costa del descenso brutal de los salarios, la pérdida de derechos y la precarización orgánica del empleo.

El movimiento obrero necesita una reorientación radical, un giro para recuperar un sindicalismo combativo, de clase y democrático que desde Sindicalistas de Izquierda estamos impulsando con todas nuestras fuerzas.

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