¡Hay que continuar la movilización por la nacionalización!

A finales de octubre, el Tribunal Supremo declaró nulo el despido colectivo que Alcoa pretendía ejecutar en la planta de aluminio primario de San Cibrao (Lugo), desestimando así el recurso de casación presentado por la multinacional contra la sentencia de diciembre del año pasado del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

Esta sentencia es el resultado de la gran lucha de los trabajadores durante este último año y medio desde que Alcoa anunció su intención de cerrar la planta. Sin duda es una magnífica noticia que dificulta los planes de la multinacional para cerrar y desmantelar las instalaciones, lo que afectaría a unos 2.000 trabajadores entre directos e indirectos.

El mensaje para todos los trabajadores que vemos cómo el proceso de desindustrialización masivo amenaza nuestros empleos es muy claro: la lucha es el único camino para defendernos. Y más en este contexto en que cualquier pretexto sirve a las empresas para cerrar fábricas, despedir a trabajadores y aumentar la explotación laboral hundiendo los salarios y las condiciones laborales.

La crisis energética como excusa para la deslocalización y el recorte de salarios y derechos

Por ejemplo, la subida del precio de la luz está siendo la excusa perfecta para que el sector electrointensivo, del que forma parte Alcoa, y que está conformado por una industria básica (metalúrgicas, siderúrgicas, químicas, etc.) que es gran consumidora de energía eléctrica (hasta un 50% de los costes de producción), esté anunciando medidas drásticas en este sentido.

Sidenor, Fertiberia, Ferroatlántica o Arcelor Mittal son algunas de las empresas que ya anunciaron la realización de parones en su producción de aquí a final de año, reduciendo así su producción, o el traslado de su actividad durante las horas centrales del día a la madrugada, presionando a las plantillas para que acepten trabajar en dichos turnos.

Está claro que esto es un primer paso en su chantaje, después vendrán los anuncios de deslocalización mediante los que buscarán que el Gobierno asuma la diferencia con los países cuya energía es más barata y, ya de paso, intentarán que los trabajadores asuman rebajarse los salarios y reducir sus derechos.

La campaña en este sentido ya ha comenzado. La Asociación de Empresas Grandes Consumidoras de Energía (AEGE) denuncia que el encarecimiento de la energía está “poniendo en jaque su supervivencia” y exige al Gobierno que adopte medidas en el corto plazo para mejorar la competitividad de la industria electrointensiva. Y la patronal siderúrgica madrileña (AECIM) solicita que “en ningún caso las medidas sean intervencionistas”, sino “ayudas directas para compensar esta situación”.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el argumento fundamental para justificar la subida del precio de la luz es la crisis energética, y esta se relaciona con el consumo de combustibles fósiles, parecería lógico esperar que la industria relacionada con las energías verdes se desarrollase, contribuyendo por un lado a resolver el problema derivado de los combustibles fósiles y por otro a crear miles de puestos de trabajo. Pues no, como siempre bajo el capitalismo, la única lógica que funciona es la de la búsqueda permanente del capital por maximizar sus beneficios, a costa de lo que sea. Y en esta lógica es como se entiende que empresas como Vestas o Siemens Gamesa (fabricantes de aerogeneradores) cierren sus plantas para trasladarlas a países con mano de obra más barata.

La alternativa para Alcoa no es la venta a otra empresa, sino la nacionalización.

Es la misma lógica que ha provocado que Alcoa, que a finales de los años 90 compró las 10 factorías de la empresa pública Inespal, hoy solo mantenga la factoría de Lugo y quiera cerrar la mitad de esta. Si finalmente consiguiese cerrar la planta de aluminio primario, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que intentase cerrar también la planta de alúmina de San Cibrao?

La venta en 2019 de las factorías de Avilés y A Coruña (ahora llamadas Alu Ibérica) al grupo Partner Capital Group, que posteriormente revendió al Grupo Industrial Riesgo —que ahora están siendo investigados por la UDEF acusados del vaciamiento de la empresa— pone de manifiesto el carácter parasitario y especulativo de los capitalistas que operan en este sector.

Tampoco el grupo británico GFG Alliance es una alternativa, ya que, como explicamos en otros artículos, su objetivo es parasitar las ayudas del sector electrointensivo y de las energías renovables, haciendo lo mismo que está haciendo Alcoa, pero a un nivel superior. A lo largo de estos meses hemos visto cómo también se ponía en entredicho su viabilidad económica.

La alternativa no puede ser el seguir probando a ver si aparece una empresa que se comporte como nos gustaría a los trabajadores, porque eso no va a suceder. Tenemos que exigir al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos la expropiación inmediata y sin indemnización de Alcoa, así como la exigencia de que devuelvan las subvenciones multimillonarias recibidas durante los últimos 20 años. Este dinero contribuiría a la inversión que es necesario acometer para modernizar las instalaciones.

Una vez expropiada la empresa, debe ser nacionalizada, pero no de manera temporal, sino permanente, y puesta bajo control de los trabajadores y trabajadoras, para garantizar su viabilidad y que se produzca una adaptación real hacia un modelo de fábrica medioambientalmente sostenible.

Esto mismo debe extenderse al conjunto de los sectores estratégicos de la economía. Desde la extracción de materias primas, pasando por su transformación y por el transporte de mercancías, hasta la producción de bienes fundamentales. Solo de esta forma podremos garantizar una planificación ordenada y real de la transición ecológica, así como la defensa y creación de nuevos puestos de trabajo en la industria asociados a este modelo de transición.

Obviamente, nada de esto se podrá alcanzar mediante pactos con la patronal. Pero tampoco con la lucha aislada de los trabajadores de Alcoa. Es fundamental dirigir las movilizaciones hacia la unificación de todas las luchas que los trabajadores de la industria estamos realizando, empezando por lo más inmediato: unificar ya mismo la lucha de Alcoa con la de Alu Ibérica y también con la de Vestas.

La huelga general en la comarca de A Mariña del próximo 17 de noviembre podría ser un primer paso, siempre y cuando esta lucha no se convierta en un frente localista con la patronal, sino en un primer paso hacia una huelga estatal de la industria en el que el punto central sea la exigencia al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de asumir y desarrollar un plan de nacionalizaciones que vaya en este sentido.


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