El rápido empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, las subidas estratosféricas de los precios y el deterioro acelerado de los servicios públicos, que en comunidades como Madrid alcanza niveles tercermundistas, golpea duramente a las y los pensionistas.

Las contrarreformas de 2011, bajo un Gobierno PSOE, y de 2013, bajo un Gobierno PP, iniciaron un camino de recortes salvajes de las pensiones que el actual Ejecutivo de coalición PSOE-UP ha mantenido a pesar de sus promesas electorales. La firma en junio del pasado año de un acuerdo con la CEOE, CCOO y UGT, que analizamos en su momento[1], confirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se disponía a aplicar las medidas de recorte del gasto en pensiones impuestas por la Unión Europea como contrapartida al desembolso de los fondos europeos que ya se han empezado a recibir.

En respuesta a este acuerdo, el 16 de octubre de 2021 decenas de miles de personas llegadas desde todos los territorios del Estado nos manifestamos en Madrid al grito de “¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden!”. Pero el Gobierno del PSOE y UP ha hecho oídos sordos a las demandas del movimiento pensionista y continúa con sus políticas de ataque y promoviendo una nueva agenda privatizadora. La manifestación prevista para el próximo 15 de octubre va a ser, de nuevo, la respuesta masiva del movimiento pensionista y de toda la clase trabajadora a estas políticas que chocan abiertamente con las expectativas que la victoria electoral del PSOE y UP habían despertado.

Los pensionistas y los trabajadores siempre pagamos los platos rotos

El efecto conjunto de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 provocó, ­según datos del Banco de España, una caída del importe de las nuevas pensiones de ­algo más del 5%. Para los capitalistas españoles ese recorte todavía es poco. Por eso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha diseñado nuevas medidas, cuya implantación progresiva ya está en marcha y que, según cálculos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, recortarían las futuras pensiones entre un 5,5% y un 12% adicional.

Este ataque implacable a las y los pen­sionistas no se hace por capricho. Recortar las pensiones permitirá reducir aún más las cotizaciones a las empresas, contribuyendo así a inflar los beneficios empresariales, que no dejan de crecer trimes­tre tras trimestre.

La Unión Europea, férrea defensora de los intereses del capital, condiciona la continuación de la entrega de los 144.000 millones de préstamos y ayudas que recibirá el Estado español, que en su inmensa mayoría irán a parar al bolsillo de la banca y las grandes empresas, a la rápida aprobación de nuevos recortes. La escalada armamentística por la guerra de Ucrania y la subida de los precios de la energía quieren descargarlos sobre los hombros de la clase trabajadora, y consideran que el ataque a las pensiones es una vía fácil para conseguirlo.

La penalización de la jubilación anticipada, con descuentos que en el caso de trabajadores despedidos a pocos años de la jubilación ordinaria llega hasta el 30%, fue la primera de las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición.

Le siguió la aprobación de los Planes de Pensiones de Empleo (PPE), un nombre rimbombante bajo el que se oculta la privatización parcial del sistema de previsión social. De acuerdo con el objetivo del Ministerio de Seguridad Social, la aprobación de los PPE permitirá que en pocos años más de 13 millones de trabajadores, el 80% de la población activa, tengan una parte de su pensión privatizada. ¡Un extraordinario regalo que hace el Gobierno PSOE-UP a la oligarquía financiera nacional e internacional!

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La bandera que levanta el movimiento pensionista es la de toda la clase trabajadora. Nuestro futuro está en juego y solo la movilización nos permitirá recuperar nuestros derechos arrebatados con la excusa de la crisis.

Más amenazas en el horizonte

Tres nuevas amenazas se ciernen ahora mismo sobre las futuras y futuros pensionistas.

La primera es la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones hasta los 35 años de cotización. Los torpes intentos del ministro Escrivá para convencernos de que esta medida es beneficiosa para los futuros pensionistas han sido desmentidos tajantemente por el Banco de España, que en un informe publicado el pasado 14 de septiembre calcula que la ampliación del periodo del cómputo del cálculo de las pensiones desde los 25 años actuales a los 35 supondría un recorte generalizado de la cuantía de las nuevas pensiones de un 8,2%.

La segunda amenaza afecta no solo a las personas que se jubilarán en el futuro, sino a las y los actuales pensionistas. Al aprobar la última reforma de las pensiones, el PSOE y UP presentaron como un gran logro la desaparición del factor de sostenibilidad implantado por el PP en 2013 y que no había llegado a entrar en vigor.

Ese factor condicionaba las futuras actualizaciones anuales de las pensiones a unos cálculos que tenían en cuenta la situación financiera de la Seguridad Social —muy debilitada gracias a la avalancha de desgravaciones que solo benefician a los empresarios— y la evolución de la esperanza de vida. Se trataba, en suma, de un mecanismo que garantizaba la progresiva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y el consiguiente empobrecimiento de las y los pensionistas.

El triunfalismo del PSOE, y sobre todo de UP, hubiera tenido alguna justificación si no fuera porque el “factor de sostenibilidad” fue sustituido por el “factor de equidad intergeneracional”, que podría cumplir exactamente la misma función a partir de 2027.

Ese “factor de equidad intergeneracional” aún no está definido totalmente. Según los compromisos con la UE, se concretará en este mismo año. Por eso es necesario reforzar la movilización para obligar al Gobierno a renunciar a la implantación de un mecanismo que recorte en el futuro el importe de las pensiones.

La última de las amenazas proviene de lo que el Ejecutivo presentó como uno de sus mayores éxitos: la revalorización de las pensiones según el IPC.

Esta medida, que sería muy positiva si de verdad supusiera la actualización de las pensiones al aumento del coste de la vida, se aprobó en un momento en que la inflación era muy baja y, aprovechando esa circunstancia, el Gobierno la utilizó para tapar los aspectos más regresivos y lesivos de su reforma.

Hoy las circunstancias económicas han cambiado y el gobierno se resiste a hacer realidad su compromiso. Aunque el IPC está ya en un 9,3% interanual, y a pesar de que la alimentación, la luz y el gas, que son una parte fundamental de los gastos de las y los pensionistas han subido muy por encima de esa cifra, el gobierno ha avanzado a los medios de comunicación que espera subir las pensiones entre un 8,5%, es decir, poco más de la mitad de lo que han subido los alimentos en lo que va de año y muy lejos de recuperar los cuatro puntos de poder adquisitivo perdidos en 2021.

¿Cómo lo harán para incumplir su propia ley? En vez de aplicar el IPC acumulado al final de año, que es el único que mide realmente la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno quiere aplicar una media de las variaciones mensuales del IPC interanual. ¡Vulgares trucos estadísticos para intentar camuflar un recorte puro y duro del importe de las pensiones!

La actualización de las pensiones según el IPC real acumulado es una demanda irrenunciable del movimiento pensionista, como también lo tiene que ser la demanda de un mecanismo de actualización automático que aplique a la cuantía de las pensiones las subidas mensuales del IPC. ¡Si los empresarios quieren seguir subiendo los precios para inflar aún más sus ganancias, que no sea a costa de las y los pensionistas!

El 15 de octubre el movimiento pensionista vuelve con más fuerza

Diluidas ya las expectativas de que la formación de un Gobierno de coalición con UP podría significar un cambio de rumbo en la política social, y con CCOO y UGT dispuestos a apoyar un “pacto de rentas” que imponga topes a la subida de las pensiones, ante el movimiento pensionista solo se abre un camino: el de promover la más amplia movilización social.

Muy correctamente, el llamamiento a la movilización del 15 de octubre, que desde Izquierda Revolucionaria apoyamos activamente, vincula la defensa de las pensiones con la actualización de los salarios también según el IPC acumulado real y con la defensa de los servicios públicos.

La bandera que levanta el movimiento pensionista es la de toda la clase traba­jadora. Están presentes todas las condiciones para que esta movilización sea el inicio de una amplia respuesta social a más de una década de ataques salvajes a nuestras condiciones de vida. Nuestro futuro está en juego y solo una movilización enérgica en las calles nos permitirá entrar en la senda de recuperación de nuestros derechos arrebatados con la excusa de la crisis.

 

[1] El Gobierno de coalición, con el apoyo de CCOO, UGT y la CEOE, da un paso más hacia el recorte de las pensiones (izquierdarevolucionaria.net)


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