¿Qué programa necesitamos para vencer?
Este 7 de junio se celebra la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de Perú. Los candidatos serán Keiko Fujimori, hija del dictador que dominó con puño de hierro el país de 1990 a 2000, líder del partido burgués de derecha extrema Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de la coalición de izquierda y centroizquierda Juntos por Perú (JP).
Con una participación del 73,8% del total del electorado, Fujimori ganó la primera vuelta con 2.877.621 sufragios, 17,18%. Pero Sánchez -que partía sexto en las encuestas- dio la gran sorpresa, quedando segundo con 2.015.060 votos (12,03%), siendo el más votado en las regiones de renta más baja y mayores porcentajes de población indígena del centro y sur del país.
El apoyo de campesinos y mineros de los pueblos originarios a este ministro del Gobierno de Pedro Castillo (derrocado por un golpe de Estado organizado por la oligarquía y la embajada estadounidense en diciembre de 2022) rompió todas las previsiones que daban como segura una segunda vuelta entre dos candidatos de la oligarquía: Fujimori y el alcalde ultraderechista de Lima, Rafael López-Aliaga, del partido Renovación Popular, aliado de Vox.
Aliaga fue tercero con 11,90%, 1.993.821 papeletas, 21.000 menos que Sánchez. Otro dato significativo fue que los candidatos cuarto, quinto y sexto, de las formaciones Partido del Buen Gobierno, centro izquierda, Partido Obras y Ahora Nación, de la izquierda capitalina, sumaron cerca del 30%. Estas opciones son vistas por quienes les votaron como progresistas y críticas con el desprestigiado Parlamento dominado por Fujimori y Aliaga, cuyo rechazo supera el 90%.
Fracasan las maniobras contra Sánchez, pero la derecha sigue conspirando
El órgano electoral no hizo oficiales los resultados de la primera vuelta, celebrada el 12 de abril, hasta el 17 de mayo. La razón fueron las irregularidades operativas y las presiones y amenazas del ultraderechista López-Aliaga al quedar fuera del balotaje de segunda vuelta.
El Trump peruano intentó movilizar en las calles a su base social recurriendo a argumentos conspirativos delirantes, denunciando un supuesto fraude organizado por “operadores venezolanos y cubanos”, presuntamente enviados por el “régimen chavista y la dictadura cubana” para sabotear el proceso en el país andino.
Esta falsa narrativa, desplegada junto a operadores jurídicos y políticos en el interior del país, buscaba torcer la voluntad de los dos millones que votaron por Sánchez y otros muchos más dispuestos a acabar con la corrupta casta política que domina el país y que ven su candidatura con esperanza.
Pero las maniobras continúan. Como ocurrió con Pedro Castillo, los medios de la clase dominante han desatado una brutal campaña mediática planteando que una victoria de Sánchez supondrá el colapso económico.
Sectores de la judicatura, totalmente dominada por los partidos de la oligarquía, presentaron una acusación, intentando abrir una causa judicial contra Sánchez y Juntos por Perú por supuesto financiamiento irregular. Algo que, además de carecer pruebas, es pura hipocresía en un país donde el financiamiento ilegal y los escándalos de corrupción son moneda común en todos los partidos del status quo, empezando por Fuerza Popular, instrumento de la familia Fujimori para enriquecerse y mantener su influyente posición en el Parlamento durante décadas.
Para Keiko Fujimori este balotaje representa su cuarto intento por alcanzar la presidencia después de tres fracasos consecutivos en 2011, 2016 y 2021. La trayectoria del fujimorismo, fiel a su matriz autoritaria y antidemocrática, demuestra que desde 2016 —cuando obtuvo una mayoría de 73 congresistas— han normalizado la corrupción y la matonería política.
En 2021, al no contar con esa misma fuerza parlamentaria, articuló una coalición conservadora que la prensa alternativa denominó «el pacto mafioso», capturando organismos clave como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia con el propósito de blindar su posición de poder y archivar las denuncias contra la propia Fujimori y sus aliados, promoviendo leyes de impunidad que, de forma colateral, también han terminado favoreciendo a la delincuencia organizada y común, consolidando la criminalidad en todo el territorio nacional.
Este comportamiento evidencia que el germen autoritario del fujimorismo permanece intacto; su inserción en la democracia es pura fachada posdictadura. Sigue operando como el instrumento predilecto de la oligarquía y el gran capital para capturar el Ejecutivo, con el fin de convertir al Estado en un botín para el saqueo de recursos estratégicos y la privatización de la vida.
Una segunda vuelta muy polarizada
Los resultados oficiales de la primera vuelta publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmaron una profunda polarización y enfrentamiento político que el país arrastra desde hace años.
El esquema neoliberal de informalidad y exportación de materias primas representado por Keiko Fujimori, que se apoya también en redes clientelares construidas desde la dictadura de su padre, responde a los intereses estratégicos del imperialismo estadounidense y la oligarquía. El fascistoide Aliaga defiende este mismo modelo con un discurso anticomunista, racista, machista y homófobo y acciones cada vez más violentas y agresivas, imitando a sus aliados Milei, Bolsonaro, Abascal o Trump.
Frente a ambos, Sánchez basó su campaña en primera vuelta en prometer combatir la pobreza e ideas como la “soberanía energética y alimentaria”, la “diversificación de la economía” y cuestionar la sesgada tecnocracia protectora del status quo y el centralismo de la racista oligarquía limeña, que margina sistemáticamente a las regiones indígenas.
Estas posiciones sintonizaron con millones de jóvenes, trabajadores y campesinos que comprenden que el retorno de Fujimori al poder remite a las páginas fatídicas de una dictadura caracterizada por la opresión de clase y violación sistemática de los derechos humanos.
Esta posición de la ciudadanía más consciente se vio reflejada en las multitudinarias manifestaciones del 30 de mayo con el lema “Keiko No Va”. Participaron familiares de víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori y del levantamiento contra Dina Boluarte, estudiantes universitarios, sindicatos y colectivos sociales, quienes tomaron las calles de Lima, Arequipa, Trujillo, Cuzco y otras ciudades para mostrar su rechazo al retorno de la hija del dictador patrocinada de la elite económica.
Las consignas se centraron en demostrar que el fujimorismo aplicó el terrorismo de Estado y la criminalización de la protesta como política predilecta contra jóvenes, mujeres, sindicalistas y campesinos durante la dictadura. Keiko replica esta herencia, utilizando al Congreso para archivar las denuncias políticas contra Dina Boluarte, librándola de la responsabilidad de los asesinatos de militares contra 56 manifestantes, entre campesinos y trabajadores, durante las protestas contra el derrocamiento de Castillo.
Moderar el programa solo sirve a la oligarquía
En el último debate presidencial, Sánchez planteó los cuestionamientos sobre las leyes pro crimen, la dictadura, los crímenes de lesa humanidad y el despilfarro económico del Congreso que controla el fujimorismo. Keiko utilizó cínicamente la experiencia del Gobierno fallido y maniatado de Castillo para amenazar con un escenario de caos económico y político.
Este punto es clave. Castillo ganó en 2021 gracias a un apoyo electoral masivo y al entusiasmo y movilización en las calles, que derrotó todos los intentos de fraude del fujimorismo.
Siendo presidente, asambleas campesinas y obreras masivas, especialmente en las regiones indígenas, mostraban el respaldo de la población y pedían nacionalizar los sectores estratégicos, acometer transformaciones decisivas y acabar con el sabotaje y el mercantilismo económico de los empresarios y el bloqueo político del Parlamento.
La renuncia a hacerlo, confiando en acuerdos parlamentarios con sectores de la derecha y en figuras de la casta política tradicional como la vicepresidenta Boluarte para estabilizar su Gobierno, le alejaron de sus promesas defraudando a sectores importantes de su base social. Esto permitió a la derecha utilizar a Boluarte para sus objetivos, quien fue pieza clave en el golpe para derrocarle.
Sánchez, repitiendo el mismo error, ha moderado sus propuestas económicas —que le llevaron a la segunda vuelta— con el fin de supuestamente atraer así a votantes del centro y aminorar los cuestionamientos de tecnócratas patrocinados por la burguesía. Durante las últimas semanas ha incorporado a figuras identificadas con la socialdemocracia que ya desempeñaron un papel de freno a cambios económicos profundos en el Gobierno de Castillo e insisten en mantener a funcionarios de la oligarquía en puestos claves de la gestión financiera y económica y del aparato del Estado.
Esta moderación en sus propuestas y discurso, respondiendo a las presiones de los sectores más socialdemócratas y derechistas de su candidatura, ha empezado a notarse en las encuestas. De un empate, justo tras ser proclamado candidato para la segunda vuelta, los últimos sondeos muestran una ventaja de 2,8 a 3 puntos para Fujimori.
En la macro región del sur, históricamente de izquierda, sigue primero pero no saca una ventaja tan contundente como Castillo en 2021. Esta tendencia es aún reversible, pero será mucho más difícil sin un discurso y programa que no rompan claramente con el sistema.
Debate en la izquierda ¡Derrotar a Fujimori y levantar un movimiento de masas con un programa revolucionario!
Dentro de la izquierda peruana hay un intenso debate sobre qué posición mantener en esta segunda vuelta. El candidato de centroizquierda Jorge Nieto, cuarto en la primera vuelta con más de 1,8 millones de votos se ha negado a apoyar a Sánchez.
Desde posiciones anticapitalistas, grupos de activistas y colectivos de la izquierda combativa están planteando el voto viciado (nulo) o la abstención como forma de mostrar rechazo al fujimorismo pero también a Sánchez, a quien consideran una opción del sistema.
Consideramos esta posición profundamente equivocada. Facilita el trabajo a la derecha fujimorista y levanta un muro entre quienes la defienden y las masas. Millones de jóvenes, trabajadores y campesinos, incluidos sectores muy críticos con Sánchez y Juntos por Perú, con un certero instinto de clase asumirán el voto por su candidatura como una herramienta táctica para propiciar una nueva derrota de Keiko y dar un salto adelante en la lucha por levantar un movimiento de masas contra la derecha y la oligarquía.
Una victoria de Sánchez estimularía la confianza de las masas en sus propias fuerzas y la movilización exigiéndole cumplir sus promesas.
La lucha electoral es un aspecto más de la lucha de clases. La izquierda anticapitalista debe explicar que votar por Sánchez y contra Fujimori debe ser el primer paso para articular una movilización permanente de las bases obreras y campesinas con el fin de exigir medidas que satisfagan sus reivindicaciones sin concesiones ni «hojas de ruta» entregadas a la oligarquía.
Es necesario denunciar que la clase dominante recurrirá a todos los medios (campaña mediática, fraude, bloqueo parlamentario, control del Estado y la economía, movilización de sus bases,…) para impedir un Gobierno de la izquierda. Y si no lo consiguen, intentarán bloquear cualquier medida contra sus intereses y derrocarlo.
Frente a esta amenaza, hay que llamar a formar asambleas y comités de acción, levantando un movimiento de masas contra cualquier intento de fraude, manteniendo a las masas movilizadas y autoorganizadas para hacer realidad sus reivindicaciones y defendiendo un programa socialista que expropie a la oligarquía y las multinacionales imperialistas, poniendo las minas, los hidrocarburos, la tierra, los bancos y grandes empresas bajo control de la clase trabajadora y campesina. Solo así será posible planificar democráticamente la economía y resolver los problemas sociales.
