Durante más 24 días la llamada “Caravana de la Libertad” ocupó Ottawa, la capital de Canadá, bloqueando el principal puesto fronterizo con EEUU. Formada por cientos de camiones y unos 5.000 manifestantes, paralizó la ciudad, cercó el Parlamento y obligó a cerrar centros de estudios, clínicas y comercios, interrumpiendo la actividad normal de la ciudad.

Muchos medios de comunicación presentaron la caravana como una protesta de camioneros, de trabajadores contra las medidas de vacunación aprobadas por el Gobierno, incluso llegaron a decir que se trataba de una “revuelta de la clase obrera”.

Esta caravana no ha sido un movimiento de trabajadores. En ella han participado empresas y pequeños propietarios del sector del transporte por carretera, precisamente las mismas compañías que se beneficiaron de las ayudas económicas del Gobierno durante la pandemia.

La presencia masiva de banderas confederadas estadounidenses y nazis, el apoyo entusiasta de Donald Trump o Ted Cruz, el reaccionario senador de Texas, y de otros destacados dirigentes de la extrema derecha demuestran cuál fue el auténtico carácter de clase de la protesta. Su naturaleza “democrática” quedó en evidencia cuando los líderes de la caravana declararon públicamente que su objetivo era derribar al Gobierno elegido democráticamente y su sustitución por una junta militar.

Una protesta de la extrema derecha

La protesta se inició con un llamamiento en las redes sociales a través de la página GoFundMe, encabezada por Tamara Lichn, líder del Partido Maverick, una pequeña organización de extrema derecha de la provincia canadiense de Alberta.

A través de esta página recaudó más de 8 millones de dólares para financiar la caravana. La gran mayoría de estas aportaciones, algunas millonarias, procedían de la extrema derecha estadounidense. Entre los convocantes también estuvo el grupo Action4Canada defensor de la teoría conspiratoria de que con la vacuna se inserta un microchip para controlar a las personas.

Otro destacado ideólogo de la protesta fue James Bauder, líder de Canada Unity, seguidor de la secta de extrema derecha QAnon, que defiende que la pandemia es una conspiración contra Trump y sus seguidores. Estos apoyan abiertamente el fascismo y la supremacía blanca.

Los organizadores pretendían movilizar 50.000 camiones y a cientos de miles de personas. Finalmente participaron unos 1.000 camiones y entre 8.000 y 10.000 personas. Aunque el resultado esté lejos del objetivo inicial, no son unas cifras insignificantes a las que no se les deba dar importancia. Tampoco ha sido una protesta pacífica, durante los 24 días de ocupación de Ottawa, los participantes de la caravana acosaron e intimidaron a los residentes, atacaron a los sintecho, y hostigaron a los trabajadores sanitarios y centros de vacunación.  

Las protestas iban dirigidas contra la nueva normativa aprobada por el Gobierno canadiense que desde el 15 de enero endurece los requerimientos sanitarios para cruzar la frontera con EEUU, entre los que destaca la obligación de tener la pauta completa de vacunación.

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Durante los 24 días de ocupación de Ottawa, los participantes de la caravana acosaron e intimidaron a los residentes, atacaron a los sintecho, y hostigaron a los trabajadores sanitarios y centros de vacunación. 


Resulta muy esclarecedor de lo poco que esta protesta ha representado realmente al grueso de los camioneros canadienses cuando el 90% de ellos están vacunados, y por lo tanto cumplen el requisito.

Que la “Caravana de la Libertad” no tenía nada que ver con una protesta laboral o con la defensa de los derechos de los trabajadores del camión, queda en evidencia cuando los organizadores y participantes han guardado silencio absoluto sobre los problemas laborales de los trabajadores del sector. No tenían nada que decir sobre las largas jornadas laborales, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, las reducciones salariales o la situación de los camioneros inmigrantes que representan un tercio de la mano de obra del sector y que son especialmente explotados.

En Canadá y en otros países durante las últimas décadas los camioneros han visto como empeoraban sus condiciones laborales, trabajando más horas por menos salarios. En el caso canadiense los trabajadores del sector no tienen ni siquiera un sindicato propio que les defienda, están “representados” por asociaciones que combinan propietarios de empresas con autónomos, que les dejan a merced de los empresarios.

Los jóvenes y trabajadores se movilizan contra la Caravana

Solo muy al principio la caravana despertó ciertas simpatías entre la población, pero en cuanto se vio con claridad la naturaleza política y de clase de la protesta, la situación se volvió en su contraria. Según una encuesta de Angus Reid publicada tres días después del inicio de la ocupación de Ottawa, un 69% de la población se oponía a la protesta, un 72% creía que deberían irse a casa y el 68% estaba a favor de que se les echase por la fuerza sin ningún tipo de negociación. Esto no significa que el Gobierno tenga un gran apoyo; la misma encuesta mostraba que más del 50% consideraba que el culpable de esta situación era la política del Ejecutivo.

Ante la inacción de los partidos de izquierda y sindicatos, rápidamente surgieron protestas espontáneas y manifestaciones contra la caravana en las principales ciudades del país, en las que participaron miles de personas. Entre las más destacadas se encuentra la denominada Batalla de Billings Bridge, cuando los manifestantes lograron impedir la entrada en Ottawa de una caravana de 35 camiones que pretendía sumarse a la protesta de los camioneros.

Durante las semanas que duró el conflicto tanto el Gobierno del primer ministro Justin Trudeau, del Partido Liberal, como las autoridades locales y provinciales, se quedaron prácticamente paralizados. Esta inacción del Gobierno también reflejaba la división que existía en la clase dominante sobre cómo tratar el tema; todo parece indicar que un sector de los capitalistas canadienses apoyaba las protestas con el objetivo de desestabilizar al Ejecutivo de Trudeau que no tiene la mayoría parlamentaria y depende de otros partidos para mantenerse en el poder.

Finalmente, el Gobierno decidió activar la Ley de Emergencia que estuvo en vigor hasta el 24 de febrero. Esta permite al Gobierno federal suspender los derechos democráticos, prohibir manifestaciones y asambleas, congelar las cuentas bancarias de cualquier organización responsable de alterar el “orden público”. Dota de equipamiento y herramientas a la policía para “restaurar el orden”. También incluye multas de hasta 5.000 dólares para los que incumplan la ley y penas de prisión de hasta 5 años.

Con la aplicación de esta ley, las motivaciones e intenciones del Gobierno quedaron meridianamente claras. Que después de semanas sin hacer nada decidiera actuar justo en el momento en que crecían con fuerza las protestas en las calles contra la “Caravana de la Libertad” no deja lugar a dudas. Es evidente que una cosa es tratar con unos cuantos miles de fascistas ocupando el centro de una ciudad o bloqueando un paso fronterizo y otra diferente es tener al movimiento obrero y la juventud movilizándose en las calles para hacerse cargo de la situación.

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Hubo manifestaciones contra la caravana en las principales ciudades del país. En la llamada "Batalla de Billings Bridge", miles de personas impedieron la entrada en Ottawa de una caravana de 35 camiones. 


Las leyes de emergencia no solo se podían utilizar contra los participantes en la caravana, también y como siempre especialmente, contra los que asistían u organizaban protestas y manifestaciones contra los fascistas.

Connivencia de la policía y el ejército con la extrema derecha

También se ha visto con claridad las simpatías que la caravana despertaba entre la policía y el ejército. Frente a los fascistas, todo ha sido educación, risas y buenas palabras, hasta que al final la policía se vio obligada a poner fin a los bloqueos ante la posibilidad de que el movimiento contra la caravana alcanzara mayores dimensiones.

Esta actitud ha contrastado con la hostilidad mostrada hacia los jóvenes y trabajadores que se han enfrentado a estos reaccionarios, demostrando una vez más el doble rasero a la hora de tratar a los manifestantes.

Esta misma actuación de los cuerpos represivos de Canadá se pudo ver en 2010, en las protestas contra el G20 en Toronto o la violencia policial desatada durante los últimos dos años contra las movilizaciones organizadas por los indígenas canadienses.

En casi todos los países la extrema derecha está estrechamente vinculada con la policía y el ejército. El pasado mes de diciembre un informe de la Agencia de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá decía que los supremacistas blancos y neonazis dentro del ejército canadiense representan una “amenaza activa” y que las autoridades tienen “limitada su capacidad” para identificarlos. Altos mandos militares reconocieron su preocupación por el apoyo que despertaba la caravana entre las Fuerzas Especiales, incluso tuvieron que enviar una circular interna a sus miembros recordando que debían mantener neutralidad política.

Derrotar a la extrema derecha con una política revolucionaria

Los manifestantes de la “Caravana por la Libertad” abandonaron todos los bloqueos fronterizos entre el 12 y el 16 de febrero, y el 23 del mismo mes finalizaron las protestas en Ottawa.

Este episodio ha sido una muestra más de que el ascenso de la extrema derecha en Norteamérica o Europa es una seria advertencia para el movimiento obrero, y el hecho de que la izquierda y los sindicatos se nieguen a organizar una batalla seria y directa contra el fascismo, les da confianza.

En EEUU la extrema derecha animada por los acontecimientos canadienses organizó la Caravana del Pueblo que pretendía ocupar Washington coincidiendo con el primer discurso del Estado de la Unión de Joe Biden. Pero no obtuvieron los resultados previstos, teniendo que suspender columnas por falta de participantes.

La polarización política a izquierda y derecha que recorre todo el mundo, afecta también de forma clara a Canadá, hasta hace poco país ejemplo de estabilidad. Y como en otras partes del mundo, la inacción de la izquierda institucionalizada y su colaboración con la política antisocial del Gobierno, en este caso, de derechas y con su nefasta gestión de la pandemia, allana el camino a la demagogia de la extrema derecha. 

Es necesario que la izquierda militante levante una alternativa que rompa con las políticas capitalistas que están hundiendo las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Solo con la lucha y la movilización, y armados con un programa revolucionario que acabe con la dictadura del capital, podremos, derrotar en todo el planeta a la extrema derecha, recuperar los derechos sociales que nos han sido arrebatados y conquistar otros nuevos.


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