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En los últimos años hemos vivido importantes luchas de los colectivos memorialistas por acabar con la impunidad de los crímenes del régimen franquista. Esta movilización ha suscitado el odio furibundo de la derecha y extrema derecha, herederos de la dictadura, que en todo momento han impedido cualquier intento de verdad, justicia y reparación y que también han bloqueado y boicoteado las tímidas legislaciones que se han hecho sobre este tema. Todo para proteger sus privilegios e intereses.

¿Qué son las leyes de Concordia?

Bajo este nombre pomposo, que recuerda al lenguaje de la "Transición modélica" se esconde una legislación que lo que hace es blanquear a la dictadura y acabar con cualquier derecho para las víctimas del franquismo.

Desde que se aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica, el PP (ahora con Vox) ha torpeado cualquier intento de acabar con la impunidad franquista. Dejando sin financiación dicha normativa, impidiendo que se juzguen los crímenes del franquismo en el Estado español, no permitiendo la extradición de torturadores y políticas franquistas para que fueran investigados ante los tribunales en Argentina. Obviamente, con el apoyo de la judicatura española.

Con estas nuevas leyes que quieren impulsar en Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana (aunque las llevaran a cabo en todas las comunidades donde gobiernan) dan un paso más allá en la defensa de esa impunidad. Se elimina la palabra dictadura para referirse al franquismo. En su exposición de motivos se habla de que el periodo de violencia política empezó en 1931, igualando a la II República con la dictadura. Se dice que la Guerra Civil empezó por “conflictos de años anteriores”, obviando cualquier referencia al golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Se elimina también cualquier referencia al trabajo esclavo, al robo de bebés, a la tortura policial durante la dictadura. Se iguala a víctimas y verdugos, dándoles el mismo estatus. Se borran los mapas de fosas comunes realizados por asociaciones e investigadores, desaparece el estudio de la memoria democrática en los centros de estudio, también los elementos de señalización de lugares de represión franquista, se acaba con las ayudas a dichos colectivos, se suprimen los institutos de memoria democrática, también las ayudas a exhumaciones de fosas comunes, incluso denegándoles el permiso para poder realizarlas. Todo un ataque a la lucha por tener verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo.

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Con estas nuevas leyes que quieren impulsar en Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana y en todas las comunidades donde gobiernan, dan un paso más allá en el blanqueo de la dictadura y en la defensa de la impunidad de los crímenes del franquismo. 

Ante las críticas de historiadores, asociaciones a estas leyes como una forma de blanquear lo que fue la represión franquista, el portavoz del PP Borja Semper ha dicho que lo que pretenden es “ensanchar y ampliar la consideración de víctimas”. Es decir, que pretenden hacernos creer que Billy el Niño, Martín Villa, y todos los represores de la dictadura son iguales que aquellos que lucharon por las libertades, por la emancipación de la clase obrera y por transformar la sociedad. Vox ha ido más allá en su lenguaje provocador, diciendo que lo que han hecho ha sido “derogar normas sectarias”, refiriéndose a las normas de Memoria Histórica. Además, en Castilla y León, han realizado un catálogo de vestigios para que sean declarados como “bienes de interés cultural” entre los que se encuentran lápidas de “caídos por dios y por España, con el yugo y las flechas falangistas, cruces franquistas, etc.

La postura tibia del Gobierno PSOE-Sumar

Ante este ataque a los derechos de las víctimas del franquismo, Pedro Sánchez se ha vuelto a poner la capa de “antifascismo”, yendo a visitar las exhumaciones de republicanos en la cripta del Valle de Cuelgamuros (visita criticada por las asociaciones memorialistas, ya que a ellos no les han dejado ir a visitarlas por “motivos de seguridad”) y diciendo que van a denunciar las Leyes de Concordia ante los tribunales y la ONU. Además, su ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que las normativas de PP-Vox “blanquean la dictadura” y ha prometido que se estudiará la dictadura franquista en los centros de estudio el año que viene, con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

Pero, más allá de las palabras grandilocuentes, vayamos a los hechos. ¿Qué ha hecho en estos años el Gobierno de coalición del PSOE tanto con Unidas Podemos como ahora con Sumar con esta cuestión? En julio de 2022 se aprobó la Ley de Memoria Democrática, que pretendía ser una mejora de la normativa anterior. Nos prometían incluso, Enrique Santiago, secretario general del PCE y secretario de Estado en aquel momento, que con esta ley se iban a poder juzgar los crímenes del franquismo, que se declaraban nulos los juicios franquistas y sus sentencias, que se iba a dar temario sobre la dictadura en las escuelas, que se iba a investigar sobre violencia policial hasta el año 1983, mediante una “comisión técnica”.

Un año y medio después, todas estas grandes promesas, están en un cajón. La creación de una Fiscalía de Memoria Democrática ha caído en manos de Dolores Delgado, la exministra de Justicia que se reunió con Villarejo, el de las tramas de corrupción policial y que además fue miembro de la Brigada Político Social, la policía política de la dictadura. De la comisión técnica no sabemos tampoco nada, ya que, como criticaron en su momento los colectivos memorialistas, la redacción en la ley sobre cómo iba a ser dicha comisión era tan vaga, que estaba claro que no se iba a formular. Tampoco sabemos nada del banco de ADN y del censo de víctimas que se iba a realizar.

La Ley habla también de penalizar los homenajes y los símbolos franquistas. Pero seguimos viendo cada 20-N como se realizan manifestaciones en recuerdo de Franco y Primo de Rivera, también como durante la Semana Santa se pasean símbolos fascistas sin que sean perseguidos ni multados. Sobre la apertura de archivos, la Ley de Secretos Oficiales, una ley aprobada durante el franquismo, sigue plenamente vigente. Incluso el Gobierno de coalición anterior, con Unidas Podemos, se negó a permitir la consulta del expediente del torturador Billy el Niño por “cuestiones jurídicas”.

Y sobre todo, ¿cómo se van a juzgar los crímenes del franquismo y declarar nulos los juicios de la dictadura, si sigue en vigor la Ley de Amnistía? Una normativa que no sólo no ha sido criticada por el PSOE, sino que ha sido alabada por muchos de sus ministros, como Félix Bolaños, que en su día dijo que era “vigente” y que “pertenecía a lo mejor de nuestra Historia”. ¿Cómo pueden decir eso y luego defender la memoria de los luchadores antifranquistas, que han intentando llevar ante la justicia española y argentina los crímenes de la dictadura, pero que ha sido una y otra vez impedido por esta ley?

La Memoria Histórica que hay que defender

Estaba claro que los hijos y nietos de los franquistas no van a apoyar la Memoria Histórica de la clase trabajadora, de aquellos que fueron represaliados durante la dictadura. Se sienten orgullosos de su pasado y sobre todo, que cuestionar su Historia es cuestionar sus privilegios y su forma de vida hoy, que fue conquistada gracias a la represión del franquismo, al trabajo esclavo, a la represión de cualquier tipo de libertades y derechos.

Pero, ante esta embestida de la reacción, desde la izquierda que nos consideramos transformadora no podemos quedarnos de perfil o tibios. Tenemos que ser claros. Sin la derogación de la Ley de Amnistía, sin la depuración del aparato del Estado de elementos reaccionarios, sin abrir los archivos de par en par, nunca se podrán juzgar los crímenes del franquismo en nuestro país. La cuestión de fondo no se va a resolver con este o aquél texto legal. El franquismo no perdura solo en monumentos o placas conmemorativos. El franquismo vive en el núcleo central del aparato del Estado, en el ejército, en la judicatura, en la policía y en la capa superior del funcionariado. Esta supervivencia fue posible gracias a los Acuerdos de la Transición que suscribieron y apoyaron en 1977 y 1978 el PSOE y el PCE, con el sostén de los dos grandes sindicatos.

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El franquismo no perdura solo en monumentos o placas conmemorativos. El franquismo vive en el núcleo central del aparato del Estado, en el ejército, en la judicatura, en la policía y en la capa superior del funcionariado. 

Desde PSOE-Sumar nos pueden hablar mucho del derecho internacional, de que confiemos en las instituciones y en la judicatura para tener por fin justicia para las víctimas del franquismo. Pero sin poner en cuestión las bases del régimen del 78 seguiremos viendo como desde la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se hace todo lo posible por mantener la impunidad de la dictadura. Es necesario seguir impulsando la organización y la movilización de las asociaciones memorialistas, no sólo para hacer frente a la reacción, sino para lograr los derechos que durante 40 años han sido negados, no sólo por el PP, sino también por el PSOE, ahora de la mano de Sumar.

¡Basta de impunidad franquista! ¡No a las leyes de Concordia!

¡Verdad, justicia y reparación!

 


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