El pasado 23 de julio, cientos de miles de trabajadores, jóvenes, mujeres, personas del colectivo LGTB, etc., conjuramos en las urnas la amenaza de un Gobierno del PP y Vox, conscientes de que un Ejecutivo conformado por estos elementos sería una pesadilla para la clase obrera, la juventud y los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Lamentablemente la constitución del PSOE-Sumar no está suponiendo, ni mucho menos, una mejora en las condiciones de vida de la mayoría.
De hecho hay aspectos que lejos de avanzar están sufriendo un claro retroceso. Entre ellos destacan los continuos y cada vez más profundos ataques a nuestros derechos democráticos.
Las imágenes de las redadas racistas o las cargas policiales salvajes a las que nos tienen acostumbrados las “Fuerzas de Seguridad del Estado” están muy presentes y son cada vez más numerosas. De hecho, en las últimas semanas hemos visto un endurecimiento de la deriva represiva por parte de la policía y del aparato del Estado. Los ejemplos son muchos y muy escandalosos.
La Ertzaintza y el giro hacia la extrema derecha de los cuerpos policiales
Euskal Herria y la Ertzaintza están siendo el epicentro de este incremento de la presión policial y del giro a la derecha en el seno las fuerzas represivas.
Más de 12 años después del final de ETA, la CAV sigue siendo el territorio europeo con mayor presencia policial: una media de 6,9 policías por cada 1.000 habitantes, una cifra muy superior al resto del Estado. Y año tras año la cifra de Ertzaintzas continúa aumentando. Mientras el Gobierno del PNV-PSE desangra Osakidetza o la escuela pública, el gasto público destinado a la policía autonómica ha ascendido a 5.000 millones de euros entre 2018 y 2024.
Por otro lado los sindicatos policiales más vinculados a la extrema derecha están ganando peso en el seno de la policía vasca. Un ejemplo muy gráfico es el ascenso del sindicato Euspel y su acercamiento cada vez mayor a la asociación Ertzaintzas en Lucha, vinculada a los sectores más derechistas del cuerpo y que tiene como una de sus principales reivindicaciones que la Ertzaintza pueda actuar con mayor “contundencia y libertad”. Ya sabemos lo que esto significa: poder reprimir aún más duramente las movilizaciones que se están produciendo. No es ninguna casualidad que Ertaintzas en Lucha esté estableciendo contactos y colaboración con los sindicatos ultraderechistas de la Policía Nacional y la Guardia Civil: Jusapol y Jucil.
La dureza con la que la Ertzaintza intentó reventar, con provocadores policiales infiltrados incluidos, la manifestación en homenaje a los asesinados el 3 de marzo, se está convirtiendo en la tónica habitual. Por si eso fuera poco, el consejero de Seguridad del PNV, Josu Erkoreka, cuando es preguntado por dichas infiltraciones utiliza, con todo el cinismo del mundo, la carcajada como respuesta.
En Bilbo, las actuaciones racistas son también habituales, tal y como viene denunciando SOS Racismo Bizkaia. Hace unas semanas, un dispositivo policial totalmente desproporcionado cargó contra un grupo de manteros en la Gran Vía, identificando a cuatro de ellos, utilizando porras, la unidad canina e infiltrados, en pleno día ante los ojos de centenares de personas. El sindicato LAB señalaba en un comunicado que se trata de “actuaciones ordenadas, legitimadas y respaldadas por los responsables políticos, en este caso por las instituciones gobernadas por el PNV”.
Un par de meses antes, en plenos carnavales de Tolosa, con el pueblo lleno de familias, niños y jóvenes en un ambiente festivo, la Ertzaintza utilizó pelotas de goma para intentar frenar una pelea callejera, con el saldo de un joven de 16 años gravemente herido en un ojo. También los y las estudiantes de la UPV han sufrido en sus carnes las actuaciones de estos provocadores con porra y placa, que cargaron salvajemente contra las y los estudiantes que convocaron una sentada en el marco de las jornadas de debate político Herri Unibertsitatea, organizadas por el Mugimendu Sozialista.
Pero este endurecimiento de la deriva represiva ha llegado aún más lejos. A principios del mes de febrero, un joven murió en Astigarraga. Después de haber sido atendido por una enfermera en la calle, la Ertzaintza se lo llevó antes de que la ambulancia llegase. 40 minutos después estaba muerto. Las palabras de su compañera, recogidas en GARA son estremecedoras pero muy esclarecedoras de lo sucedido: “Si no llegan a venir los ertzainas y es bajado a la ambulancia, como era la intención de los municipales de Astigarraga, Eneko hoy seguiría vivo”.
Episodios como este recuerdan a la época más dura del terrorismo de Estado, durante la cual, en plena “democracia”, estar vinculado a la izquierda anticapitalista en Euskal Herria podía costarte la vida.
La posibilidad de una derrota en las urnas el próximo 21 de abril, unida al auge de las luchas obreras y juveniles tiene contra las cuerdas a la derecha vasca, que se enfrenta a una situación de conflictividad social muy amplia. Ante esto, su primera barrera defensiva y la de su socio en el Gobierno vasco, el PSE, está siendo la utilización salvaje de la Ertzaintza contra la movilización popular.
El racismo: un cáncer instalado en lo más profundo del aparato policial
Pero no solamente hemos visto episodios de brutalidad policial en Euskal Herria. También en Madrid hace escasas semanas veíamos como una pareja de la policía nacional detenía a una persona racializada en el barrio madrileño de Lavapiés inmovilizándola con la rodilla en la cabeza. Una escena muy similar al asesinato racista de George Floyd en Estados Unidos.
No es la primera vez que tenemos que soportar estas actuaciones, muchas de ellas acaecidas bajo Gobiernos de izquierdas. En 2018 un compañero mantero, Mame Mbaye, falleció de un ataque al corazón en medio de una persecución policial también en Lavapiés. Días después la alcaldesa Manuela Carmena, de Más Madrid, calificó de “correcta” la gestión municipal en Lavapiés tras la muerte de Mbaye.
Tampoco otras organizaciones de carácter popular se han librado de ser criminalizadas y perseguidas. El pasado mes de diciembre, dos miembros de la organización ecologista Futuro Vegetal fueron detenidos por la Policía Nacional y acusados de organización criminal. Estas acusaciones recuerdan a la calificación de ecoterroristas por parte del ministro del Interior francés hacia los activistas del colectivo Soulèvements de la Terre, que fue ilegalizado por decreto en junio de 2023.
Exigimos la dimisión del ministro Marlaska, responsable último de todas estas actuaciones, así como la de los delegados del Gobierno y los mandos policiales implicados en todos los casos de torturas y represión denunciados.
La extrema derecha al mando del aparato del Estado
Durante la Transición, ni la Policía, ni la Judicatura ni el Ejército fueron depurados de fascistas. De hecho, muchos de los métodos que el franquismo utilizó contra la oposición política fueron utilizados posteriormente por la “democracia” en la guerra sucia en Euskal Herria. Los sucesivos Gobiernos de la socialdemocracia no han dado ni un solo paso en purgar el aparato judicial, policial y militar de elementos reaccionarios, en muchos casos vinculados abiertamente a organizaciones de la extrema derecha.
El Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de enfrentarse a este aparato del Estado trufado de fascistas, lo utiliza para reprimir duramente las movilizaciones de trabajadores y la juventud. La última rebelión obrera en la bahía de Cádiz en defensa de los puestos de trabajo y por un futuro digno para la juventud, es un claro ejemplo de ello.
De esta forma lejos de ahuyentar al fantasma de la extrema derecha, esto asfalta el camino hacia su triunfo. La polarización hacia la extrema derecha de las fuerzas represivas facilitará que un hipotético Gobierno PP-Vox pueda utilizar esos elementos para reprimir aún más duramente la movilización.
El actual Gobierno PSOE-Sumar, como ya hizo el anterior Gobierno PSOE-UP, mientras habla de defender y fortalecer los derechos democráticos, en los hechos incrementa y profundiza la represión. La experiencia ha demostrado que solo con la lucha conseguiremos la derogación definitiva de la Ley Mordaza y frenar la escalada represiva que estamos sufriendo.
