Margarita Robles y el PSOE justifican el espionaje y cierran filas con el CNI

El escándalo por el espionaje con el programa israelí Pegasus por parte del CNI ha vuelto a poner encima de la mesa que el aparato del Estado y sus instituciones, jueces, policía, o el propio CNI, no tienen problema alguno en vulnerar los derechos democráticos más básicos con total impunidad, ya se trate de diputados, periodistas, activistas sociales, e incluso Consellers o el propio President de la Generalitat.

Y no solo eso, sino que la máxima representante del CNI, Margarita Robles, ministra de Defensa del PSOE, se jacta y justifica sin reparos que se espíe a la oposición, tal y como ocurre bajo cualquier régimen autoritario. Así lo ha hecho en el Congreso al preguntarse “¿Qué tenía que hacer el Gobierno cuando alguien vulnera la legalidad, cuando declara la independencia, cuando realiza desórdenes públicos...?” Parece claro, ¡¡espiar a los enemigos del régimen del 78!!

Una respuesta en perfecta sintonía con los argumentos utilizados por la derecha y la ultraderecha, que han justificado sin pudor este espionaje, como ha hecho  Arrimadas de Ciudadanos planteando que es normal que se vigile a los independentistas, o Macarena Olona de Vox llegando a señalar que “poco les han espiado”.

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Margarita Robles, ministra de Defensa del PSOE, se jacta y justifica sin reparos que se espíe a la oposición, tal y como ocurre bajo cualquier régimen autoritario. 


Por otro lado, Pedro Sánchez, para intentar calmar tanto a UP como a ERC y EH Bildu, sus socios de Gobierno, ha propuesto tres vías de cara a poder "esclarecer" los hechos. Una investigación a cargo del propio CNI, que se investigará a sí mismo; otra a cargo del defensor del Pueblo, garantizando, eso sí, el secreto de las actuaciones del CNI; y finalmente reunir la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que no podrá tampoco desvelar públicamente lo que allí se trate. Vamos, ¡una auténtica tomadura de pelo para garantizar a toda costa la impunidad del CNI!

Un escándalo que se conocía desde hace años, y que continuó con total impunidad

Hace casi dos años el entonces presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, y el antiguo consejero de la Generalitat Ernest Maragall denunciaron que sus teléfonos móviles habían sido espiados durante meses mediante el programa Pegasus, un software de fabricación israelí que, según declara la empresa que lo comercializa, solo se vende a Gobiernos. La denuncia quedó atascada en los laberintos del poder judicial, y todos los intentos de ERC y otras fuerzas de izquierda para que este asunto fuese investigado se estrellaron contra la férrea negativa del PSOE, PP y Vox, como está ocurriendo ahora. Cuando se trata de las cloacas del Estado, el PSOE y la derecha siempre aparcan sus diferencias.

Hace unos días, un grupo de investigadores en ciberseguridad de la Universidad de Toronto no solo corroboró la realidad de las denuncias de Torrent y Maragall, sino que descubrió que ese espionaje no solo fue masivo – y probablemente lo sigue siendo-, con 65 víctimas identificadas hasta el momento, sino que venía produciéndose desde, al menos, el año 2010. Además de emplear el programa Pegasus para el espionaje de los móviles, también se utilizó el software Sourgum, israelí igualmente, para espiar los ordenadores personales de los afectados.

Pese a las evasivas de Pedro Sánchez y Margarita Robles, apelando a la confidencialidad de las actuaciones del CNI, consta que este compró Pegasus por seis millones de euros poco antes de que se iniciase el espionaje. No era la primera herramienta utilizada por los servicios secretos del Estado español, que ya antes de 2015 disponían de una aplicación de funciones similares, desarrollada por la firma italiana Hacking Team y adquirida por el Gobierno por 3,4 millones. Además del CNI, según asegura el diario Público, también la policía habría comprado, con fondos reservados y al margen de los cauces reglamentarios, el programa Pegasus para sus propias operaciones de espionaje ilegal.

Todos estos hechos ponen en evidencia que el aparato del Estado no ha escatimado medios para hacer frente al movimiento independentista de Catalunya, tal y como hizo en los años 80 contra la izquierda abertzale. La represión brutal del referéndum de independencia de 2017, la causa general contra el movimiento independentista, con más de 3.000 procesos abiertos contra dirigentes y activistas independentistas, con presos políticos y exiliados, han justificado sin ningún reparo suspender en la práctica derechos fundamentales básicos como el derecho al secreto de las comunicaciones y la privacidad.

El CNI y la justicia franquista pueden espiar legalmente

Esta actuación, sin embargo, no resulta tan ajena a la legislación española como nos están intentando hacer creer. Al margen de la autorización judicial o no de dichas escuchas, la realidad es que el CNI y el aparato judicial sí tienen margen para realizar este tipo de espionaje y ajustarse plenamente a la legalidad. Así lo señalaban fuentes del Tribunal Supremo: “Los fines del CNI no son averiguaciones de delito, es información para dar al Gobierno”[1].

La propia legislación que regula el control judicial previo del CNI deja abierta esta puerta al señalar que el “Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar al magistrado del Tribunal Supremo competente... autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro.”[2] Es decir, ni siquiera se requiere que se esté investigando un delito, sino que sirva para cumplir las funciones del CNI, cuya principal misión, según establece la ley reguladora de esta agencia es “prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”[3]. ¡¡Blanco y en botella!!

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El aparato del Estado no ha escatimado medios para hacer frente al movimiento independentista de Catalunya. No han dudado en suspender derechos fundamentales básicos como el derecho al secreto de las comunicaciones y la privacidad. 


Todos los intentos de reducir esta actuación a si hubo o no autorización judicial son una auténtica trampa, ya que tanto la legislación como el propio aparato judicial garantizan que se pueda espiar con total impunidad cualquier disidencia política. Así se ha visto durante todos estos años con los reiterados ataques judiciales a Podemos, el encarcelamiento de raperos, las condenas  infames como las que recayeron sobre los ocho jóvenes de Altsasu, las emitidas contra mujeres que se han defendido de sus maltratadores y a sindicalistas combativos, o con la causa general construida contra el movimiento de liberación nacional de Catalunya. Y en ningún caso se han depurado responsabilidades.

Pero es que además, la ley blinda que no se pueda conocer si hubo autorización judicial, ya que las actuaciones del CNI, incluso con dicha autorización, son secretas, incurriendo en un delito de revelación de secretos cualquiera que desvele si se hicieron las escuchas con autorización judicial. Kafkiano pero 100% real.

El espionaje con Pegasus es la continuación de la guerra sucia heredada del franquismo

El espionaje a fuerzas políticas de izquierda, e incluso a figuras del propio régimen, no es ninguna novedad y entronca directamente con las acciones ilegales y criminales realizadas por el aparato de Estado desde la época franquista. Ya en marzo de 1986 se descubrió accidentalmente que los teléfonos del local de Herri Batasuna en Gasteiz estaban pinchados y conectados a un sistema de grabaciones ilegales del CESID, antecesor del CNI.

El escándalo fue tan mayúsculo que los tribunales se vieron obligados a condenar a tres años de cárcel a los exdirectores generales del CESID, los generales del ejército Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón Fernández, y a dos años y medio a los agentes que habían ejecutado la operación ilegal. Pero, como era de esperar, la sentencia fue recurrida y ¡18 años más tarde! el Tribunal Supremo absolvió a todos los acusados menos a uno – el de menor rango en la jerarquía – que tampoco fue a la cárcel porque el Gobierno del PSOE lo indultó.

Pero el espionaje no fue el peor de los delitos. En los últimos años del franquismo, bajo el nombre de Batallón Vasco-Español, las fuerzas de seguridad del Estado cometieron numerosos asesinatos, secuestros y torturas, principalmente contra militantes de ETA, pero también contra militantes o simpatizantes de organizaciones de izquierda completamente ajenos a cualquier tipo de acción armada, como fueron los casos de Yolanda González o Arturo Pajuelo en 1980. Posteriormente, ya bajo los Gobiernos de Felipe González, la actividad criminal del Estado continuó con fuerzas redobladas bajo las siglas de GAL, que cometieron al menos 27 asesinatos, incluidos el secuestro, tortura salvaje y posterior asesinato de los militantes vascos Lasa y Zabala.

También en esta ocasión los tribunales no tuvieron otro remedio, ante la avalancha de pruebas, que condenar a los responsables políticos de estas acciones, entre ellos el exministro del Interior José Barrionuevo (PSOE) aunque los condenados fueron casi inmediatamente indultados por el Ejecutivo del PP.

Frente a las cloacas del Estado, hay que levantar una alternativa revolucionaria en las calles

En este contexto, tanto UP como ERC y EH Bildu, directamente afectados por espionaje, muestran su malestar con el PSOE y Pedro Sánchez, y escenifican exigencias de depuración de responsabilidades, pero de nuevo vuelven a cerrar filas de cara a aprobar el Decreto de medidas anticrisis con motivo de la guerra e Ucrania. En este caso, además de UP, que es parte del Gobierno, ha sido EH Bildu quien ha salido en ayuda de Pedro Sánchez, llegando a señalar Jon Iñarritu, uno de los espiados, que aunque “este es el mayor escándalo de la democracia… no queremos usarlo para poner en peligro las medidas sociales del Gobierno”.

Que de nuevo se vuelva a utilizar estos argumentos por parte de la izquierda para justificar su apoyo al Gobierno o mantenerse en el mismo, en el caso de UP, y evitar que se depuren responsabilidades ante una actuación del aparato del Estado propia de los tiempos de franquismo, no ayudará a combatir a la derecha y a la reacción.

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Frente a las cloacas del Estado, no sirven protestas en la prensa, ni indignadas intervenciones parlamentarias, hay que levantar una alternativa revolucionaria en las calles. ¡Abajo el podrido régimen del 78! 


Como ya hemos explicado[4], ni estamos ante medidas sociales ni ante un nuevo “escudo social”, sino ante una nueva lluvia de millones en beneficio de los grandes empresarios, que ha sido bienvenida por la propia CEOE. El hecho de que el PSOE buscara durante estos días, ante el posible No de sus socios, la abstención del PP e incluso de Vox, dice mucho al respecto.

Es hora por tanto de llamar a las cosas por su nombre, y dejar de encubrir la realidad con palabrería y discursos vacíos. Es un profundo error trasladar o concebir ni la más mínima esperanza en que el Estado capitalista español, directamente heredado del régimen franquista, se purgue o se controle a si mismo. La única forma de combatir a un aparato del Estado que no tiene problema en espiar masivamente a sus opositores políticos es poniéndolo en cuestión desde su raíz. Y esto solo se podrá hacer mediante la movilización en las calles y la lucha revolucionaria contra el régimen del 78 y el sistema al que protege, el capitalismo.

 Notas:

[1] El Supremo cierra filas con ‘el juez del CNI’: «es hermético y muy serio»

[2] Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.

[3] Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.

[4] El plan anticrisis del Gobierno: una lluvia de millones para las grandes empresas


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