La derecha y la CEOE contra los derechos de las mujeres
A mediados de mayo se aprobó en el Consejo de Ministros el nuevo anteproyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La reforma amplía el derecho al aborto para las menores a partir de 16 años sin consentimiento paterno, establece que la píldora del día después será gratuita en los centros de salud, elimina el periodo de reflexión de tres días antes de iniciar el proceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), recoge avances como la baja por reglas muy dolorosas o por preparto desde la semana 39 de gestación y reconoce como violencia sobre las mujeres los vientres de alquiler o la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad, entre otros aspectos.
Por supuesto, esta propuesta ha levantado una furibunda respuesta por parte de la derecha, y tanto el PP como Vox se han opuesto. Los representantes de la reacción han intentado ridiculizar lo que para millones de nosotras supone el periodo menstrual, a pesar de que entre el 50% y el 90% de las mujeres en edad reproductiva experimentan menstruaciones dolorosas.[1] La ultraderechista Macarena Olona ha llegado incluso a utilizar demagógicamente a los pacientes oncológicos, señalando que le parece insultante que se otorguen bajas por la regla mientras que pacientes con cáncer[2] no pueden hacerlo. Y lo dice una representante cualificada de la patronal, que si pudiera acabaría con las bajas médicas remuneradas de cualquier tipo.
Feijóo, la supuesta nueva cara moderada y centrada del PP, se ha opuesto a que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento paterno, un derecho que eliminó el Gobierno de Rajoy. Una postura que coincide sin fisuras con la posición nacional católica de Vox, que señala esta modificación como “un paso más en ese intento de que el aborto se convierta en un anticonceptivo”[3]. Esto lo defienden quienes se oponen a que las y los jóvenes tengamos acceso a una educación sexual inclusiva y en libertad y a métodos anticonceptivos gratuitos, ¡qué cinismo!
Son precisamente los miembros del PP y Vox quienes nutren las filas de asociaciones antiabortistas, como la fundación Familia o Dignidad Humana, que se oponen al aborto incluso en supuestos de violación o malformaciones del feto, y en cuya cúpula se encuentran siete parlamentarios, altos cargos y dirigentes autonómicos del PP y dos de Vox[4].
Esta Ley sigue sin garantizar nuestro derecho al aborto en la sanidad pública
Pero las críticas a esta ley también han venido del propio Gobierno, concretamente de la mejor representante del IBEX 35 en el mismo: la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, quien ha llegado a decir que la baja por regla dolorosa estigmatiza a las mujeres. Una posición que reproduce sin tapujos los planteamientos de la CEOE. Lo que nos perjudica no es que se nos reconozcan derechos a las trabajadoras, sino que se gobierne en favor de quienes nos explotan y nos pagan peores salarios por nuestro género.
Este proyecto impulsado por Unidas Podemos recoge conquistas para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres fruto de la potente lucha que hemos protagonizado en los últimos años. Sin embargo, tiene serias limitaciones, empezando porque se cede ante la patronal permitiendo que el gasto por estas bajas sea asumido con dinero público y no por los empresarios.
Es cierto que se recuperará el derecho al aborto desde los 16 años sin consentimiento paterno y que se eliminará la entrega del sobre con información sobre maternidad que se da a quienes piden interrumpir su embarazo, con contenidos en algunas comunidades autónomas de asociaciones antiabortistas, y que desaparecerán los tres días de reflexión obligatorios tras su recepción[5]. Sin embargo, no se toca la llamada objeción de conciencia, que se ha convertido en un pilar para impedir que las mujeres ejerzamos nuestro derecho a abortar. Tampoco se ponen recursos para garantizar este derecho en la sanidad pública, tal como recoge la ley actual, que es incumplida sistemáticamente: según datos oficiales, el 84,51% de las IVE en 2020 se realizaron en la red privada.
Esta reforma pretende garantizar el aborto en los hospitales públicos de todas las comunidades creando una lista de objetores de conciencia que permita planificar los servicios sin tener que recorrer cientos de kilómetros para poder abortar y sin que se derive a centros privados.
¿Pero por qué van a ser distintas las cosas ahora, si las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades? ¿Cómo se va a controlar que el PP y Vox no impidan el ejercicio de nuestro derecho allí donde gobiernan, como en Madrid, Murcia o Andalucía?[6] ¿Por qué se sigue permitiendo este supuesto derecho a la objeción de conciencia que ha restringido nuestro derecho al aborto hasta el punto de ilegalizarlo en la práctica en algunos territorios? ¿Qué va a cambiar si se mantiene la sanidad pública bajo mínimos sin recursos y sin el personal necesario?
Ni en los tribunales franquistas ni en un aparato de Estado dominado por la Iglesia católica, ¡los derechos de las mujeres se conquistan luchando!
Irene Montero y UP quieren que esta reforma entre en vigor antes del fin de la legislatura, pero el proyecto solo ha iniciado su trámite y ya está sufriendo cambios que rebajan su contenido: se ha reducido el permiso preparto de la semana 36 a la 39 y se ha renunciado a la bajada del IVA en productos de higiene femenina.
Desgraciadamente, desde sectores del PSOE se está presionando para eliminar o limitar los aspectos más positivos de esta ley para congraciarse tanto con la patronal y la derecha como con la Iglesia Católica. Una política a la que ya nos tiene acostumbrados el PSOE, y que ha supuesto, tras más de veinte años de gobiernos socialistas, que siga sin garantizarse el derecho al aborto en la sanidad pública.
Desde Libres y Combativas creemos que algunos avances que recoge este proyecto de Ley son positivos. Pero decimos también que son insuficientes, y que van a ser combatidos a capa y espada por la reacción y la Iglesia Católica, como está sucediendo con la ley del “solo sí es sí”.
Si UP quiere realmente dar un vuelco a esta situación solo podrá hacerlo rompiendo con la política de la “correlación de fuerzas” parlamentaria y apoyándose en el verdadero motor de esta ley: la lucha del movimiento feminista, de las jóvenes y trabajadoras que nos hemos enfrentado a los tribunales e instituciones franquistas por nuestros derechos y los de nuestra clase.
Notas:
[1] Bajas por menstruaciones dolorosas: ¿cuánto puede doler la regla?
[2] Olona (Vox) ve "insultante" plantear baja laboral por regla dolorosa y pide "no dar más facilidades para abortar"
[3]Rotunda oposición a la futura ley del Aborto por parte de PP, Vox y Ciudadanos (telemadrid.es)
[4]Parlamentarios y altos cargos del PP dirigen una fundación contra el aborto incluso si hay violación
[5]LA DERECHA Y LA IGLESIA NOS NIEGAN NUESTRO DERECHO A UN ABORTO SEGURO EN LA SANIDAD PÚBLICA
[6]Vox pondrá trabas en las autonomías al derecho al aborto y la eutanasia
