Ayuso y Ruíz Escudero responsables

“He trabajado en conflicto. En Siria, en Yemen, en diez ébolas. Jamás he visto un triaje que no tenga en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico. Es la primera vez en mi vida, en dieciocho años de experiencia humanitaria, que veo un triaje que se basa en dependencia. Y ese triaje se daba igual en mayores que en personas con discapacidad”.

Miriam Alía, coordinadora médica de emergencias en Médicos sin Fronteras 

Los días 15 y 16 de septiembre se celebraba en Madrid la Comisión Ciudadana por la verdad en residencias. Una comisión impulsada por familiares de los miles de ancianos que fueron abandonados muriendo de forma cruel y agónica en decenas de residencias dependientes de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Unos familiares que hasta el momento solo han recibido insultos y desprecio por parte de Díaz Ayuso y su Gobierno, y el ninguneo de jueces y fiscales que se han negado a investigar esta auténtica matanza.

Cuando escuchamos a la sanitaria Miriam Alía, autora de las declaraciones anteriores, relatar entre lágrimas el horror y la impotencia que sintieron por no poder ayudar a quienes más los necesitaban, o a María Ángeles Maquedano, gerontóloga, relatar que “morían agarrados a los barrotes de sus camas intentando respirar”, la indignación y la sed de justicia se hacen insoportables.

Los protocolos eugenésicos de la vergüenza

Los protocolos de la vergüenza de Díaz Ayuso fueron responsables directos de la muerte de miles de ancianos. Tal y como ha explicado Manuel Rico, el periodista que ha impulsado la investigación más seria al respecto y que compareció ante esta Comisión, existían recursos y alternativas para evitar este auténtico gerontocidio. Pero el PP madrileño, en contra incluso de altos cargos de su Gobierno, como el exconsejero Alberto Reyero, que también compareció en la Comisión, decidió tomar una decisión muy concreta: que murieran sin ningún tipo de atención o asistencia médica, solos y con mucho dolor, en las residencias. 

Estos protocolos criminales negaron a cualquier residente grave poder ser trasladado a un hospital. Una decisión política que se conjugó con los intentos propagandísticos de Ayuso para desviar la atención de su pésima gestión, que solo empeoró la situación. Nos referimos a la negligente decisión, por ser suaves, de enviar a miles de sanitarios de atención primaria al IFEMA, donde solo se derivarían pacientes leves, cuando podían haber sido enviados urgentemente a las residencias para medicalizarlas; en lugar de eso estuvieron días de brazos cruzados a las puertas del recinto ferial por falta de pacientes o de medios.

Y todo esto, además, existiendo numerosos centros privados con medios que estaban vacíos, tal y como reconocía Pedro Rico (CEO de Vithas, segunda empresa sanitaria más grande del Estado): “buena parte [de nuestros hospitales quedaron] con ocupaciones de planta y UCI por debajo del 40%”. Eso sí, si algún residente tenía un seguro privado, entonces sí se autorizaba que fuera trasladado. Es decir, si tenías dinero podías saltarte el triaje de la CAM y sobrevivir. Una auténtica política eugenésica de clase.

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“He trabajado en conflicto. Es la primera vez en dieciocho años de experiencia humanitaria, que veo un triaje que se basa en dependencia. Y ese triaje se daba igual en mayores que en personas con discapacidad”. 

Incluso rechazaron ayuda, tal y como señaló Miriam Alía: “En la Comunidad de Madrid tuvimos muchas dificultades para entrar en los hospitales [...] solo conseguimos hacerlo en dos. [...] Y eso que veníamos con nuestro material e incluso donamos material para proveer de oxígeno a los hospitales. Montábamos los sistemas de oxígeno nosotros mismos. No se entendía muy bien que para una cosa que era esencial y que había carencia te pusieran tantísimas trabas”.

Grandes negocios mientras miles agonizaban

Al mismo tiempo que se producía esta masacre, Ayuso, sus familiares y amiguetes no se cortaban a la hora de hacer negocios aprovechando la pandemia. 

Así fue con el hermano de Ayuso, que promovió la compra a China de un lote de mascarillas por valor de 540.000 euros, para posteriormente facturar a la CAM más de 1,5 millones. O con Encarnación Burgueño, hija de un asesor de Díaz Ayuso, contratada como responsable de la medicalización de las residencias de ancianos, ¡de casi 500 centros!, a pesar de que era una autónoma sin empleados y sin experiencia. O con el famoso caso del Zendal, un “hospital” fantasma por obra y gracia de Díaz Ayuso, que se presupuestó en 51 millones de euros y terminó costando 170,5 a las arcas públicas, destinándose el 82% del mismo a empresas constructoras como la de su querido amigo Florentino Pérez.

Entre la frivolidad, la negligencia y los negocios millonarios convivían situaciones desesperantes que muchas trabajadoras de residencias públicas denunciaron. Tuvieron que reclamar la intervención de la UME porque se hacinaban los cuerpos sin vida en habitaciones repletas o denunciar cómo la dirección de los geriátricos las obligaba a utilizar durante 7 días  mascarillas que tenían una vida útil de ocho horas.

El Gobierno de Díaz Ayuso se convirtió en la encarnación de la mismísima muerte. “Se les llegó a negar algo tan esencial como el oxígeno”, relataba una de estas enfermeras, y la razón para evitar la derivación y el tratamiento podía ser tan simple como que una anciana iba en silla de ruedas. ¡Nada que ver con alguna afección respiratoria previa o alguna enfermedad en curso! Simplemente por ir en silla de ruedas.

Esta actitud criminal hizo que la CAM batiese todos los récords de fallecimientos en residencias geriátricas. Según un estudio de la revista Epidemiología, que establece una comparativa regional, la Comunidad de Madrid obtiene con diferencia el primer puesto en mortalidad. Casi una de cada dos ancianas residentes en los centros geriátricos terminó falleciendo (el 46,7%), frente al 10,9% en las residencias gallegas o el 15,3% en las de Euskadi. 9.468 residentes madrileños fallecidos de los 20.000 a nivel estatal, ¡casi la mitad!, a pesar de que la CAM solo tenía el 13,2% de las plazas de todo el Estado.

Pero esta grave responsabilidad de Ayuso, desgraciadamente, no solo ha quedado impune fruto de sus maniobras, sino gracias también a un aparato judicial que ha rechazado una tras otra las querellas de los familiares de las víctimas, o a una Fiscalía, dependiente del Gobierno central, que no ha querido investigar y destapar lo ocurrido.

Insuficiencias respiratorias, hambre, sed, fiebre, dolor, soledad, miedo, mucho miedo al ver como los ojos de quien duerme a tu lado no se vuelven a abrir... Así dejó el Gobierno de Ayuso a nuestros mayores. Solos en sus pequeñas habitaciones sin posibilidad de recibir la mínima ayuda que cualquier ser humano merece, únicamente acompañados por los quejidos de otros ancianos que nunca fueron atendidos. Un auténtico crimen de Estado que debe ser perseguido y castigado. ¡Ni olvido, ni perdón!

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