¡Continuar la lucha en las calles por la república catalana de los trabajadores y el pueblo!

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de  la inmunidad de Oriol Junqueras representa un golpe durísimo a la estrategia represiva del régimen del 78 y esta decisión judicial puede tener, además, importantes repercusiones sobre la situación política en Catalunya y en el conjunto del Estado español, condicionando la investidura de Pedro Sánchez. 

La justicia europea pone en la picota el juicio farsa del 1-O

La decisión de la justicia europea deja muy claro que Oriol Junqueras tendría que haber tenido inmunidad parlamentaria desde su elección en los comicios europeos del 26 de mayo, haber sido liberado en ese mismo momento y permitírsele desempeñar sus funciones como eurodiputado.

Aunque deja en manos del “tribunal de origen”, es decir, del Tribunal Supremo (TS) español, la decisión de restituir los derechos que han sido violados y poner a Junqueras en libertad, el contenido de la sentencia del TJUE confirma el carácter antidemocrático tanto del juicio-farsa contra el referéndum del 1-O como de la escandalosa sentencia emitida el pasado 14-O por el Supremo, que provocó el levantamiento masivo del pueblo de Catalunya.

Según los argumentos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia condenando a Oriol Junqueras a 13 años de cárcel y al  resto de presos políticos catalanes a penas que oscilan entre 9 y 12 años sería también ilegal y debería ser por tanto anulada, tal como han solicitado ya los abogados defensores.

Junto al  problema inmediato de liberar o mantener en la cárcel a Oriol Junqueras, que puede complicar los planes para el gobierno de coalición PSOE-Podemos, la  onda expansiva del bombazo político y judicial que representa esta sentencia para la burguesía española va mucho más lejos.

Para empezar, plantea la cuestión de la inmunidad parlamentaria de otros  perseguidos políticos en el exilio como el propio Puigdemont, el ex conseller de Sanidad Toni Comín, o Clara Ponsatí, actualmente exiliada en Escocia y que, si Gran Bretaña abandona  la UE, pasaría también a tener condición de eurodiputada. 

El presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ya ha planteado que, con la sentencia en la mano, estos exiliados políticos deberían tener derecho a acudir al Parlamento europeo a recoger sus actas de diputados y disfrutar de inmunidad. Puigdemont y Comín ya han exigido este derecho que, en teoría, debería permitirles moverse libremente por todo el territorio de la UE, incluidas obviamente Catalunya y el Estado español.

Reacción histérica de la derecha españolista y el poder judicial

La reacción de la derecha españolista y la caverna mediática que la acompaña no se ha hecho esperar. Denuncias histéricas  a la “injerencia europea en nuestros asuntos” y la “agresión a la soberanía mancillada”, golpes de pecho patrioteros y todo tipo de exabruptos en la  más rancia y patética tradición de autosuficiencia y delirio “imperial” de la burguesía española.

Pero incluso más significativa ha sido la reacción del poder judicial, siempre tan preocupado para que en otros temas, como los recortes presupuestarios o la eliminación de derechos sociales, se cumplan las “resoluciones europeas”.

 “Fuentes del  TS” , según  citaban distintos medios de comunicación españoles, declaraban que la sentencia del TJUE “no cambia nada” y se reunirán para “interpretar su sentido”. No obstante, ya han adelantado la escandalosa “argumentación legal” que preparan. A saber: la inmunidad de Junqueras concedida por el TJUE valía antes de que hubiese sentencia definitiva en el juicio del 1-O, pero como ahora la hay ya no vale.

O sea. los mismos que decidieron saltarse a la torera la inmunidad de Junqueras cuando debían  liberarle, juzgándole y condenándole aunque no podían hacerlo, ahora dicen que no piensan acatar el varapalo de la justicia europea.  Una auténtica burla, más propia de trileros que de una institución que supuestamente se declara destinada a impartir justicia.

En la misma línea se ha pronunciado la Fiscalía General del Estado (dependiente del Ministerio de Justicia del gobierno del PSOE), que ya mostró su carácter reaccionario cuando hizo suyo el delito de rebelión fabricado por los fiscales del PP.

Una vez más, el régimen del 78, sus jueces y su aparato estatal, dejan claro a cualquiera que no prefiera cerrar los ojos y lavarse las manos, que estamos ante una causa general contra el independentismo (y contra todo aquel que ose cuestionar al régimen monárquico reaccionario del 78) similar a las que organizaba la dictadura franquista, una causa en  la que todo está decidido de antemano y como diría el dictador: “atado y bien atado” 

El cinismo del gobierno del PSOE 

Tras conocerse la sentencia, la dirección de ERC anunciaba la suspensión de la negociación con el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez a la espera de un pronunciamiento claro por parte del gobierno y la Abogacía del estado respecto a la sentencia.

Las primeras declaraciones de miembros del gobierno sólo puede ser consideradas como un chiste de mal gusto o una auténtica provocación. Carmen Calvo declaraba que se trata de un problema “heredado de Rajoy” y que los dirigentes de ERC, independientemente de lo que pase con la sentencia del TJUE y la libertad de Junqueras, deben seguir negociando la investidura de Pedro Sánchez porque “ha llegado el momento en que la política esté solo en la política a través del acuerdo y la negociación". Como si el juicio farsa contra el referéndum del 1-O no se hubiese celebrado con el gobierno del PSOE en la Moncloa. Como si la Fiscalía y Abogacía dependientes de ese mismo gobierno no hubiesen hecho suyas las acusaciones y solicitudes de penas del PP, y Pedro Sánchez durante la reciente campaña electoral no hubiese defendido a capa y espada todas las actuaciones represivas contra el pueblo y la juventud de Catalunya.

Ante la  indignación que, como es natural, han despertado estas declaraciones en las bases de ERC, diferentes voceros gubernamentales han intentado puntualizar posteriormente que, por supuesto, ”acatarán y respetarán la sentencia” del Tribunal de Justicia de la UE. Eso sí, dejando claro que la decisión de liberar o no a Junqueras la tomará el Supremo.  Es decir, que “ponen al zorro a cuidar de las gallinas”.

La actitud de la dirección de ERC

Con estas posiciones, si  -como parece probable- el TS decide mantener a Junqueras en la cárcel y el gobierno del PSOE se lava las manos, los dirigentes de ERC tendrán difícil justificar ante sus bases seguir negociando y facilitar la investidura de Sánchez.  Difícil pero no imposible, pues tanto Junqueras como el resto de los líderes no quieren pasar como responsables de unas terceras elecciones. En sus cálculos es preferible negociar con el PSOE y Unidas Podemos que con otro gobierno.

Los dirigentes de ERC están intentando nadar y guardar la ropa, pero llevan ya mucho tiempo haciendo todo tipo de maniobras para establecer un diálogo con el Estado que les permita llamar a abandonar las calles y poner fin a la crisis revolucionaria que abrió el movimiento con su lucha masiva el 1 de octubre de 2017. Por tanto, hay que basarse en estas tendencias de fondo y no en las declaraciones puntuales que sólo son gestos con fines mediáticos.

Mención aparte merecen los dirigentes de Unidas Podemos. Estos se han limitado a pasar de puntillas sobre el tema, con Pablo Iglesias limitándose a criticar “el deterioro de la justicia española” y “la judicialización de la política”.

En su afán por formar parte del gobierno  y no molestar al PSOE, la dirección de Unidas Podemos, los mismos que habían llegado para luchar “contra la casta” y que criticaban con ahínco el régimen del 78 y todavía se declaran republicanos, han vuelto a renunciar no solo al programa de izquierdas que exigen sus bases sino incluso a la más elemental defensa de los derechos democráticos. ¡Ni una palabra exigiendo la liberación inmediata de Junqueras y el resto de presos políticos y la anulación del juicio farsa y la sentencia espuria del Supremo! ¡Ninguna exigencia a sus socios de gobierno de que apliquen la sentencia del TJUE y respeten los derechos democráticos del pueblo de Catalunya, incluido el derecho a decidir!

Como decíamos anteriormente, un efecto colateral de la sentencia del TJUE es la posible concesión del acta de eurodiputado a la que tiene derecho Carles Puigdemont tras ser el candidato más votado en Catalunya en las elecciones europeas del 26M.

De cumplirse la sentencia y acatar el estado español la legalidad internacional europea e internacional con la que tanto le gusta llenarse la boca para otros asuntos,  esto debería permitir a Puigdemont regresar libremente a Catalunya. Si, además, Quim Torra decidiese no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) inhabilitándole por el “delito” de  retrasarse en retirar los lazos amarillos del balcón de la Generalitat, ambos escenarios podrían abrir la puerta a la convocatoria de unas elecciones catalanas con Puigdemont pudiendo presentarse como candidato. Una posibilidad cuya simple mención hace echar espumarajos de bilis por la boca a  la derecha española,  la caverna mediática y el poder judicial.

Continuar la lucha por  la república catalana de los trabajadores y la juventud

No es cuestión únicamente del ADN franquista del aparato del Estado y del sistema judicial. El problema para la clase dominante española es que su decisión de intentar aplastar por la vía represiva el referéndum del 1-O fue derrotada por el impresionante movimiento de las masas, que impusieron mediante su acción directa su derecho a decidir y hacer realidad la república catalana, abriendo así una crisis revolucionaria que hasta el día de hoy la burguesía española (y la catalana), por más que lo intentan,  no encuentran modo de  cerrar. 

Una decisión del TS  de mantener en la cárcel a Junqueras y desconocer cualquier posible inmunidad de Puigdemont y demás eurodiputados actualmente en el exilio, significaría pisotear una vez más, y de manera aún más escandalosa que hasta ahora, los derechos democráticos. Y no sólo de estos eurodiputados sino del conjunto del pueblo de Catalunya. Un escenario semejante podría volver a desatar la movilización de masas en Catalunya.

Si la justicia europea ha tomado una decisión que deja tan malparado al régimen del 78 y su sistema judicial, no es  por su “carácter progresista”, como reflejan otras muchas de sus decisiones. Mucho menos puede ser considerado un argumento a favor de sustituir la movilización en la calle por las maniobras de despacho y los llamados a que “Europa actúe”, como plantean los dirigentes de JxCat y ERC.

La causa de la sentencia del TJUE es el tremendo impacto que han causado internacionalmente las imágenes del levantamiento heroico y masivo  protagonizado por el pueblo de Catalunya durante los últimos años, unido al  carácter absolutamente impresentable y torticero de todo el proceso judicial seguido.  Basta señalar que en este momento más de 2.500 personas se encuentran sometidas a persecución judicial a distintos niveles en Catalunya.

Conseguir una república catalana de los trabajadores y el pueblo es perfectamente posible, pero sólo de una manera: dando continuidad a la lucha masiva en las calles y a huelgas generales como las que paralizaron Catalunya el 3-O del 2017 y el 18-O de este año.  Para hacer esto posible hay que desalojar de la dirección del movimiento de liberación nacional a quienes quieren desactivarlo para que todo siga igual.

Hay que  levantar un frente unitario de todas las organizaciones de la izquierda combativa, políticas, sindicales y sociales dispuestas a llevar hasta el final la lucha por la república, y presentar un plan de movilización unificado continuado y ascendente. Y también es importante que ese frente unido, en el que la CUP tiene un papel muy importante que desempeñar, debe entender que luchar por una república de los trabajadores y el pueblo sólo es posible si unimos la liberación nacional a la lucha anticapitalista por la transformación socialista de la sociedad,  rompiendo con cualquier tipo de etapismo y seguidismo respecto a JxCat y ERC.

Planteando claramente que no queremos una república dirigida por los mismos que aplican recortes, privatizaciones, desahucios y envían a los Mossos a reprimir al movimiento de masas, sino una república catalana socialista que nacionalice la banca y las grandes empresas para planificar democráticamente la economía y garantizar salarios, vivienda, empleo, educación y sanidad dignos, que luche efectivamente contra el machismo, la justicia patriarcal y cualquier forma de opresión de las mujeres, y defienda el medio ambiente frente el saqueo y destrucción de las grandes empresas y multinacionales,...

Este programa  no sólo ganaría al conjunto de la clase obrera y el pueblo de Catalunya, incluidos sectores que desconfían de la lucha por la república debido al papel del PDeCAT y las políticas  de recortes y ataques del Govern de JxCat y ERC. La lucha por esta república catalana socialista permitirá ganar el apoyo consciente de los trabajadores del resto del Estado y de Europa para una causa que también es la suya.

¡Únete a Esquerra Revolucionària-Izquierda Revolucionaria para luchar por estas ideas!


Teoria Marxista

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