¡Si queremos derechos, salarios, vivienda y servicios públicos dignos hay que volver a llenar las calles!

Terminadas las vacaciones, los datos sobre el empleo junto con la recepción de los primeros 9.000 millones de euros del Plan de Recuperación Europeo han llevado a Pedro Sánchez a presentar un horizonte triunfalista. Nada va a empañar el relato. Parece que ni los más de 100.000 muertos por la pandemia, ni el colapso de la sanidad pública, ni la escandalosa subida del precio de la luz y de la burbuja inmobiliaria que ha disparado los alquileres, o los infames acontecimientos de Afganistán hayan sucedido nunca.

Sánchez y sus ministros lo tienen claro: ¡Misión cumplida! Pero la realidad no casa con esta demagogia. La actuación del Gobierno de coalición durante la crisis afgana, plegándose sumisamente el plan del imperialismo norteamericano, es difícil de ocultar. Sánchez no ha pedido perdón ni ha hecho la menor reflexión crítica por los 20 años de intervención armada que han arrasado Afganistán, destruido sus infraestructuras, acabado con la vida de más de 250.000 personas, y convertido al país en una gigantesca plantación de opio que abastece el 90% del mercado mundial de heroína.

La hipocresía y el arte de la mentira más refinada siempre han sido el fuerte de la socialdemocracia. La derecha reaccionaria es mucho más basta, primaria y cateta. Pero no olvidemos que en los asuntos de fondo siempre se ponen de acuerdo. Y aunque el Gobierno de Sánchez pase por ser el campeón de las “causas humanitarias”, basta observar el trato inhumano e ilegal dispensado a cientos de menores en Ceuta, tan alabado por el presidente ceutí del PP, y su responsabilidad en las políticas anti inmigratorias de la Unión Europea, para entender que esta sarta de mentiras y demagogia no es más que parte de un relato para disimular su enorme responsabilidad en el desastre actual.

Golpes para la clase trabajadora

Durante el verano las condiciones de vida de la clase trabajadora han sufrido golpe tras golpe. El índice de precios de consumo (IPC) avanzó en agosto un 3,3% respecto al mismo mes del año anterior. Se trata del mayor incremento desde hace una década superando con mucho el raquítico crecimiento de los salarios.

Una buena parte de la inflación está inducida por la subida salvaje del precio de la electricidad que, semana tras semana, bate récords históricos sin que el gobierno tome ninguna medida efectiva. La rebaja del IVA aprobada en julio ya ha quedado absorbida por nuevas subidas de precios, demostrando que, como era previsible, sin nacionalizar la producción y distribución eléctricas todos estos parches y chapuzas legalistas acaban redundando en mayores beneficios para el monopolio empresarial del sector.

Unida al incremento del precio de los carburantes, el tarifazo eléctrico explica la escalada de los precios en productos de alimentación de primera necesidad, con el aceite de oliva a la cabeza (más de un 22% en lo que va de año), creando una situación aún más dramática para ese 13,5% de la población que padece lo que las autoridades eufemísticamente denominan “inseguridad alimentaria”.

Ante el brutal encarecimiento de los alquileres y la nueva burbuja inmobiliaria en marcha, el Gobierno de coalición ha demostrado una supina incapacidad para enfrentarse a los bancos y fondos buitres que controlan el sector. No solo ha permitido que sus negocios prosperen para desesperación de cientos de miles de familias y millones de jóvenes, es qué este Gobierno ha renunciado abiertamente a ningún plan serio para establecer un parque de viviendas públicas con alquileres sociales, mientras permite que los desahucios sigan creciendo exponencialmente.

Durante los últimos cinco años el precio del alquiler en España ha subido un 41% y la tendencia al alza. La desproporción entre la brutal subida del precio de la vivienda y los salarios de miseria que recibimos provoca que los menores de 30 años no pueden comprar ni alquilar vivienda en solitario en ninguna comunidad autónoma, ya que tendrían que destinar entre el 60% y el 90% de sus ingresos a pagarla.

El Ibex 35 y la CEOE contentos de verdad

La otra cara del deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora es el incremento espectacular de los beneficios empresariales. El resultado bruto de explotación de las empresas cotizadas ascendió en el primer semestre de este año a 40.405 millones de euros, casi un 230% más que en el mismo periodo de 2020. Es en estos datos, y no en la palabrería “social” del gobierno, dónde se comprueba a quién benefician realmente sus políticas.

Continuando su trayectoria histórica, el PSOE defiende una política de unidad nacional cuyo principal objetivo es proteger los intereses de las grandes empresas. Lograrlo depende, obviamente, del inestimable apoyo de CCOO y UGT para asegurar un clima de paz social y ahogar la movilización y la protesta social. Este esquema, muy conocido, considera que cualquier mejora social sería un subproducto de la recuperación de los beneficios empresariales.

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Continuando su trayectoria histórica, el PSOE defiende una política de unidad nacional cuyo principal objetivo es proteger los intereses de las grandes empresas

Es cierto que los pobres resultados electorales del PSOE dificultaron los primeros pasos del actual gobierno. Durante sus primeros meses, la clase dominante desconfió de Pablo Iglesias por el temor a que en algún momento pudiese canalizar el malestar de la base social y electoral de la izquierda poniendo en peligro la estabilidad política. Pero la retirada de Iglesias y la consiguiente remodelación gubernamental despejaron el camino a Sánchez que, secundado por Nadia Calviño, representante directa del gran capital internacional en el gobierno, y con Yolanda Díaz dándole cobertura desde el flanco izquierdo, confía ejecutar sus políticas proempresariales sin mayores turbulencias.

Neutralizada la amenaza de UP, la gran baza a la que el gobierno fía su futuro son los 140.000 millones de ayudas del Plan de Recuperación Europeo. Las organizaciones patronales han cerrado filas con Pedro Sánchez y piden, en palabras de Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE, “que en septiembre y octubre haya una avalancha de ayudas.” Palabras que no caerán en saco roto en La Moncloa.

En este clima de apoyo y colaboración empresarios-Gobierno no es de extrañar que, aunque Pablo Casado se vea obligado a lanzar periódicamente críticas feroces contra Pedro Sánchez para intentar frenar el avance de Vox, las circunstancias conducen a que los acuerdos entre el PSOE y el PP se profundicen. Las deportaciones ilegales de menores en Ceuta fueron pactadas con el gobierno del PP de la ciudad autónoma, y su presidente, Juan Jesús Vivas, ha elogiado calurosamente al ministro del Interior Grande-Marlaska. También en Murcia, ante la catástrofe ambiental del Mar Menor desde Moncloa no han tardado en cerrar filas con el PP para diluir la responsabilidad de las grandes empresas agroalimentarias que han sido las causantes directas del desastre.

La política de unidad nacional requiere de estabilidad institucional, y por eso el PSOE ha unido sus votos al PP y Vox para tumbar el decimoquinto intento de formar una comisión de investigación sobre la corrupción del rey Juan Carlos. La estabilidad de la monarquía y del aparato de estado están para el PSOE por encima de cualquier otra consideración y eso explica su pasividad ante la ofensiva machista y reaccionaria desencadenada por los tribunales de justicia, que con una frecuencia cada vez mayor emiten resoluciones escandalosas favoreciendo, disculpando o rebajando las penas a violadores y maltratadores.

Por supuesto, Unidas Podemos no apoya estas acciones del PSOE, pero se cuida mucho de limitar su oposición a declaraciones y gestos inocuos. En la práctica, bajo la dirección de Yolanda Díaz, los votos de Unidas Podemos se han convertido en un refuerzo incondicional a las políticas proempresariales y reaccionarias del PSOE.

¿Qué ha quedado de la Agenda Social del Gobierno?

Durante los meses más duros de la pandemia a los ministros se les llenaba la boca con declaraciones de que “esta vez será diferente y nadie se va a quedar atrás” y “levantaremos un escudo social”. Han pasado solo unos pocos meses y ya hemos podido comprobar que esta vez ha sido igual que las anteriores, que nos hemos quedado atrás los mismos que nos quedamos atrás en la crisis de 2008 y que el famoso “escudo social” estaba hecho de papel de fumar.

Sin duda, la situación ha mejorado gracias a la vacunación masiva, pero ni los factores que contribuyeron a multiplicar las muertes de la covid-19 durante 2020 - la situación de las residencias de ancianos privatizadas, el deterioro de la sanidad pública, la ausencia de medidas de seguridad en centros de enseñanza, medios de transporte o lugares de trabajo – se han corregido, ni la que se presentó como gran medida social, el Ingreso Mínimo Vital, ha tenido resultados. Quince meses después de su aprobación, menos de un 38% de los 850.000 hogares que el gobierno reconocía en situación de pobreza lo han recibido.

Por mucho que se hayan envuelto en lenguaje “social” las medidas que aprobó el gobierno ante la pandemia tuvieron como principal objetivo proteger los beneficios de las empresas que, con 160.000 millones de euros, fueron los grandes beneficiarios del plan de emergencia anti-covid.

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Por mucho que se hayan envuelto en lenguaje “social” las medidas que aprobó el gobierno ante la pandemia tuvieron como principal objetivo proteger los beneficios de las empresas.

El fracaso de las políticas sociales del Gobierno lo ejemplifica la Ley Rider, que entró en vigor en agosto. Sobre el papel esta ley ataja el problema de la sobreexplotación y las inhumanas condiciones de trabajo de decenas de miles de repartidores a domicilio. Pero al seguir en vigor la Reforma Laboral del PP, las empresas disponen de un arsenal de mecanismos legales para sortear la ley impunemente y dejar a sus plantillas prácticamente en la misma situación. Poco resultado para tanto autobombo.

Igual suerte van a seguir las dos medidas sociales con las que se abre el nuevo curso político. La revalorización de las pensiones según el IPC tiene como contrapartida un retraso en la edad efectiva de jubilación que, a medio plazo, va a suponer una rebaja efectiva de las pensiones iniciales que sobrepasará con creces los efectos de la revalorización. Y la anunciada subida del Salario Mínimo, aunque positiva, está ya más que absorbida por las subidas de precios del verano.

En conclusión, la clase trabajadora no tenemos ningún motivo para compartir el optimismo del PSOE y UP. Nada podemos esperar de una política que tiene como eje central la defensa del beneficio empresarial.

La burguesía y Pedro Sánchez, con la ayuda de los 140.000 millones del Plan de Recuperación y aprovechando la situación de desesperación de muchas personas, van a intentar imponer sus políticas. El fracaso de la estrategia de la dirección de Podemos y de su nuevo reformismo se ha convertido en un factor que les ayuda. Pero las causas que motivaron la gran ola de rebeldía social de hace diez años siguen vivas y volverán a resurgir con fuerza redoblada. La tarea es prepararnos y alentar una nueva y contundente movilización social para conquistar derechos, salarios, vivienda y servicios públicos dignos.


Teoria Marxista

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