El estallido del volcán en la isla de La Palma está suponiendo una completa tragedia para cientos de familias que lo han perdido todo. Cerca de 7.000 personas han sido ya desalojadas de sus viviendas, dejándoles apenas una hora para poder sacar algunas de sus pertenencias. Muchas familias permanecen en polideportivo sin posibilidad de acceder a una vivienda o una habitación, o recurriendo a familiares para poder tener un techo. Al mismo tiempo, inmobiliarias y hoteleros intentan forrarse especulando con la necesidad de vivienda mientras el Gobierno central y el canario miran a otro lado.
Después de días de actividad volcánica es más que evidente que ninguna administración tiene un plan coherente para hacer frente a esta tragedia. Nos encontramos ante una permanente improvisación donde desalojan municipios a medida que la lava avanza en una u otra dirección, mientras una lluvia de ceniza volcánica lo inunda todo con graves consecuencias para la salud de muchas palmeras y palmeros. Desde el Gobierno central y el canario nos intentan hacer creer que respirar ceniza volcánica puede no ser grave para la salud, y así evitar tener que evacuar más poblaciones a las que no tienen nada que ofrecer salvo buenas palabras y propaganda.
¿De verdad que no podía preverse nada? ¿No era posible tener un plan para organizar una evacuación ordenada, con medios suficientes? ¿No se podía prever tener viviendas y hoteles gratuitos y en condiciones dignas para una situación como está? ¿No es posible movilizar recursos en otras islas y en el resto del Estado de cara a paliar las peores consecuencias que padece la población?
Una erupción prevista desde hace años
Aunque los medios de comunicación presentan la situación como una tragedia natural inevitable frente a la que nada se podía hacer, tal y como también ha ocurrido con la pandemia, vamos conociendo hechos que lo desmienten. La realidad es que no solo no se atendió a las advertencias científicas que existían desde hace años, sino que no existía plan alguno para enfrentar esta situación esperando simplemente que no ocurriera.
En enero pasado un grupo de científicos publicó un informe detallado en la revista Nature advirtiendo sobre la filtración del magma y la posibilidad de una más que probable erupción volcánica en el Parque Natural de “Cumbre Vieja”. Dicho estudio, realizado durante años, señalaba que la actividad se reactivó a partir del año 2009, con fenómenos sísmicos muy importantes en los años 2017 y 2018 que ya alertaban sobre el serio peligro de lo que podía ocurrir.
Toda esta información llegó al Instituto Geográfico Nacional (IGN) y al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), sin que se adoptara ninguna medida o plan al respecto. El director del equipo que realizó el estudio señala que podría haberse determinado aún con más precisión la actividad volcánica y su evolución si se hubiera contado con más medios para ello. La realidad es que, con los conocimientos científicos actuales, ni esto es una sorpresa, ni resultaba imposible planificar una respuesta integral frente a esta tragedia.[1]
Incluso poco antes del estallido se seguía obviando la amenaza que se cernía sobre la isla y su población. Durante toda una semana, expertos en vulcanología manifestaron que la fuerza enérgica de los temblores, junto con la deformación repentina del terreno, anunciaban una inminente erupción. Antes de la erupción, el Colegio de Geólogos (ICOG), señaló que “estamos ante el décimo enjambre sísmico que sufre La Palma desde 2017", y alertaron de que el magma estaba cada vez más cerca de la superficie.
Cuando la erupción se produjo el Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca)[2] seguía manteniendo a la isla en semáforo amarillo, ¡el segundo nivel más bajo de alerta volcánica[3]! Una demostración evidente de la completa falta de previsión del Gobierno y las administraciones, con trágicas consecuencias.
Una planificación territorial al servicio de especuladores
Como estamos también conociendo, las desastrosas consecuencias por la actividad del volcán tampoco eran inevitables. En el año 2000, el escritor Gabi Martínez publicó la novela “El Diablo de Timanfaya”, en la que denunciaba el peligro de la especulación urbanística y hotelera en terrenos que podían verse afectados por la actividad volcánica de la isla. Tanto el área de cultura del Cabildo de Gran canaria como dirigentes del PP canario, como el exministro Jose Manuel Soria, desataron una campaña de desprestigio contra la obra y su autor alegando que perjudicaba a la industria turística.
Durante las últimas décadas, a pesar de la existencia de documentos oficiales del Cabildo que advertían de graves riesgos, se ha permitido especular con los terrenos existentes en las laderas del volcán para favorecer la actividad inmobiliaria, turística y agrícola. El vulcanólogo José Luis Barrera ha denunciado que las administraciones sabían que esas zonas podían verse afectadas por el magma en caso de una erupción, y que los daños no eran inevitables si se hubiera actuado de otra manera, empezando por tener en cuenta en la planificación territorial los riesgos geológicos y meteorológicos
Este modelo económico, basado en el turismo y la producción platanera en manos de grandes empresas y terratenientes, y fomentado por Gobiernos de todo signo, ha sido responsable de un desarrollo cuyas consecuencias ahora pagan miles de familias.
Uno de los negocios más boyantes en la isla ha sido el del plátano, que ocupa un 43% de la superficie agrícola y supone un tercio del empleo de la isla. Ahora, la colada de lava ha arrasado con más del 20% de las cosechas situadas en zonas de riesgo. Desde la patronal ya se solicitan ayudas que obviamente se concentrarán en las manos de los de siempre, terratenientes y grandes empresas, tal y como ha ocurrido siempre. En 2016, el 5,3% de los productores concentraban más del 50% de las ayudas.
Pagan los más pobres, y los Gobiernos canario y central miran para otro lado
Al tiempo que esta minoría de especuladores y empresarios se enriquecían a costa de construir o explotar la tierra allí donde pudieran sin considerar las posibles consecuencias, la mayor parte de la población de la isla se ha visto condenada a la pobreza y al paro. Un 21% de la población ingresa menos de 5.000 euros al año por unidad de consumo, y gran parte de la población más joven se ve obligada a emigrar para buscarse un futuro. Fruto de ello, un 20,84% de los habitantes empadronados en la Isla tenía más de 65 años, el triple que la media española.
Muchos vecinos que se han quedado sin casa están denunciando que hay hoteles y casas vacacionales vacías, sin que desde la administración se tomen medidas para ponerlas a disposición de la población. La Palma ocupaba la decima posición entre los principales destinos de este verano de en la plataforma Airbnb. ¿Dónde han ido a parar todos esos alojamientos?
Por otro lado, aunque la isla de La Palma tiene cerca de 2.000 plazas hoteleras, algo en lo que insisten muchos medios de comunicación para señalar que no hay solución posible, el conjunto de las Islas Canarias tienen más de 250.000 plazas hoteleras. ¿No se puede utilizar toda esta infraestructura para alojar en condiciones dignas a las personas que se han quedado sin hogar, en vez de alojarlas en un crucero, tal y como plantea Pedro Sánchez?
Asistimos a una auténtica chapuza marcada por la desidia y la improvisación. La propia Ministra de Industria, Reyes Maroto, llegó a plantear que el volcán podía ser una buena oportunidad para impulsar la actividad turística. Una auténtica burla para las familias que padecen esta tragedia, y que habría tenido que suponer su inmediata dimisión.
El Gobierno canario y, sobre todo el central, tienen medios y recursos para poder atender a toda la población afectada, e incluso para comenzar a construir viviendas dignas de cara a alojar a todos los damnificados. No dejamos de oír buenas palabras sobre cómo nadie quedará atrás, y sobre las ingentes inversiones y ayudas que se dará a los afectados, igual que dijeron durante la pandemia. Sin embargo, llueve sobre mojado, y existe una gran desconfianza.
La norma de subvenciones e indemnizaciones en caso de catástrofes naturales ofrece cantidades auténticamente ridículas: 15.120 euros en el caso de destrucción total de la vivienda, o 2.580 euros como máximo por los enseres.
La población más humilde ha sido completamente abandonada, y no se ha podido siquiera garantizar una adecuada evacuación. Es necesario dejar las palabras y poner recursos concretos encima de la mesa, garantizando en primer lugar alojamiento digno a todos los afectados mediante la expropiación forzosa de todas las viviendas vacacionales en manos de inmobiliarias y empresas, y de los hoteles hasta que la emergencia habitacional permanezca en la Isla.
Por otro lado se requiere de un ambicioso plan de reconstrucción que incluya crear un parque de vivienda pública digna y respetuosa con el entorno, de la puesta en marcha de infraestructuras educativas y sanitarias, de transporte, de empleo público que absorba los miles de despidos en el sector privado… un plan que debe ser financiado con impuestos a los más ricos y a las grandes empresas que son responsables del caos especulativo que hemos mencionado.
En este tipo de catástrofes, cuando son gestionadas por los capitalistas, se abren grandes oportunidades de negocio que terminan dejando en la estacada a los auténticos perjudicados. ¡No lo podemos permitir! Es necesario desde ya organizar un movimiento de lucha por los propios afectados, que exija soluciones para reconstruir la isla por y en beneficio de la mayoría trabajadora.
[1] “Todo cuadraba”: los expertos que avisaron de la reactivación del volcán de La Palma. (El Pais, 23 de septiembre de 2021).
La superficie de La Palma ya daba señales de reactivación volcánica en 2010. (ElDiario.es, 23 de septiembre de 2021).
[2] Comité Científico coordinado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y con representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
[3] El sistema consta de cuatro niveles, indicados por orden de gravedad con los colores verde, amarillo, naranja y rojo
