¡Así no se puede combatir a la extrema derecha!

En los últimos meses hemos asistido a una campaña de celebración por parte del Gobierno, encabezada por el portavoz de UP y secretario general del PCE Enrique Santiago, ante la “inminente derogación” de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Un hecho que, de ser cierto, supondría una gran noticia al poner punto y final a una de las normas más dañinas y restrictiva de derechos democráticos de las últimas décadas. Por desgracia, la realidad es muy distinta.

Solo analizando las enmiendas que el PSOE y UP pretenden introducir en la norma se ve con claridad que la tan cacareada derogación no es más que una modificación limitada, que deja intactos sus puntos más lesivos consolidándola definitivamente.

A pesar de ello, las fuerzas de la reacción, el PP, Vox y asociaciones policiales de corte fascista como Jupol, no han dudado de salir a la calle contra esta limitada reforma, señalando que la eliminación de la sanción por grabar las actuaciones policiales ¡les pone en peligro! Obviamente, su aspiración es poder actuar con absoluta impunidad tal y como ocurría durante la dictadura.

Esta NO derogación de la Ley Mordaza se combina con la continuación de la represión y el aumento de las tendencias autoritarias del aparato del Estado, reforzando justo a los sectores más reaccionarios que se agrupan en torno a Vox y Jupol. Así lo hemos visto con el encarcelamiento de Pablo Hassel, el trato a los inmigrantes en Ceuta y Melilla, o ahora con el envío de tanquetas a Cádiz o las detenciones de trabajadores en las barriadas obreras por participar en la lucha del metal.

¿Derogación o maquillaje?

La ley mordaza fue una herramienta del PP para intentar frenar la oleada de movilizaciones que se inauguró con el 15M. Otorgó un cheque en blanco a las Fuerzas y Cuerpos policiales para imponer multas astronómicas, al margen de un mínimo control judicial y sin necesidad de sentencia firme, alentándoles a actuar de forma aún más desproporcionada y brutal. Este punto clave se mantiene plenamente, no recuperándose el control jurisdiccional, algo más garantista.

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Esta NO derogación de la Ley Mordaza se combina con la continuación de la represión y el aumento de las tendencias autoritarias del aparato del Estado. 


Si se analizan punto por punto las modificaciones que se pretenden introducir se puede comprobar rápidamente que poco, por no decir nada, va a cambiar, introduciendo meros detalles formales. La propia Amnistía Internacional así lo ha denunciado, señalando “que está más cerca de “un maquillaje” de la conocida como Ley Mordaza, que de una reforma en línea con los estándares internacionales sobre libertad de reunión, expresión e información”.

Las sanciones graves por desobediencia, resistencia y negativa a identificarse, que pueden llegar hasta los 30.000 euros, o las leves por “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, de hasta 600 euros, se mantienen, eso sí teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la persona sancionada, que suponemos lo determinará la propia Administración. Sigue por tanto la barra libre para las arbitrariedades policiales, que ha implicado hasta diciembre de 2019 más de 140.000 sanciones.

Además, aunque se plantea eliminar la necesidad de comunicación de una manifestación “ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora”, como las convocatorias de La Manada, se admite la posibilidad de una sanción con la vaga referencia a la “alteración del orden público”. En todo caso los supuestos que hablan de “perturbación de la seguridad ciudadana” o “desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos” seguirán permitiendo encubrir la persecución y sanción del ejercicio del derecho de manifestación sin control judicial alguno.

Incluso la supresión de la sanción por grabar imágenes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las actuaciones policiales tiene un alcance limitado, ya que continúa siendo sancionable si comporta un “peligro cierto”, en línea con lo ya dictaminado por el propio Tribunal Constitucional cuando anuló en parte este artículo por inconstitucional. Por otro lado, no se elimina el articulado que permite las llamadas “devoluciones en caliente”.

Tampoco se acaban con los privilegios otorgados a la policía para abusar de su autoridad. La palabra de los agentes seguirá contando con “presunción de veracidad”, lo que les habilita para que su testimonio sea suficiente para encarcelar a cualquier persona sin ninguna otra prueba, como ha ocurrido con los 6 jóvenes antifascistas de Zaragoza (¡Libertad inmediata y sin cargos para los 6 de Zaragoza! Ser antifascista no es un delito).

Las palabras del Director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ponen en completa evidencia el fraude de esta No derogación, y el mantenimiento de la impunidad para los cuerpos policiales: “Si se lee con atención, se comprueba que este proyecto de reforma mantiene el poder casi omnímodo de intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en manifestaciones y reuniones públicas para, sin mecanismos de control, limitar injustificadamente la libertad de expresión, de información y de protesta pacífica”.

La represión contra la lucha social continúa

Durante estos dos años bajo el Gobierno PSOE-UP, y con la excusa de la pandemia, hemos continuado viendo cómo se utilizaba sin ningún pudor la ley Mordaza del PP. En el año 2020 se produjo un incremento de más de un 72% de las multas mediante la Ley de Seguridad Ciudadana, alcanzando un valor económico total de más de 252 millones de euros. La gran mayoría de las mismas fueron interpuestas por enfrentamientos con la policía y por desobediencia o desacato a la autoridad.

Una actuación que se ha centrado en continuar criminalizando a los movimientos sociales, los antifascistas y los activistas de la izquierda que luchamos en las calles contra la ultraderecha. Mientras se prohibían protestas antifascistas en los barrios obreros de Madrid o por la detención de Hassel, o las movilizaciones feministas del pasado 8 de marzo, se autorizaban homenajes fascistas o marchas nazis como la que se realizó en honor de la División Azul. ¡Guante de seda para los cayetanos, y tanquetas, pelotas de goma y detenciones para los trabajadores del metal de Cádiz!

Una realidad que también vemos día a día por parte del Gobierno del PNV en Euskadi o por parte del Govern de la Generalitat en Catalunya, con un conseller de Interior con carnet de ERC, a pesar de que tanto el PNV como ERC están criticando la reforma de la Ley Mordaza por ser poco ambiciosa. En Euskadi, por ejemplo, numerosos sindicalistas se enfrentan a sanciones e incluso penas de cárcel simplemente por ejercer su derecho a la huelga, y el Govern sigue actuando como acusación particular en numerosas causas contra activistas independentistas catalanes.

Por otro lado, el arsenal represivo de los diferentes cuerpos policiales de antidisturbios, lejos de prohibirse, continúa ampliándose. La compra de cientos de porras extensibles de acero coincidiendo con el punto de mayor tensión en la lucha del metal de Cádiz es toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno. Supone una nueva herramienta represiva que sumar a las pelotas de goma, gases y otros materiales altamente peligrosos y que han provocado graves lesiones a multitud de manifestantes. Eso sí, con todo el cinismo insisten en que plantearán protocolos para su utilización acordes “con los estándares internacionales”.

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Durante estos dos años bajo el Gobierno PSOE-UP, la ley Mordaza del PP se ha seguido utilizando. En 2020 se incrementaron en más de un 72% las multas basadas en esta ley.

La reacción se envalentona ante las concesiones del Gobierno

El mantenimiento de la Ley Mordaza y la acción represiva del Ejecutivo contra las protestas sociales supone otro gravísimo error que, sin ningún género de duda, contribuirán a mermar la confianza y autoridad en el Gobierno. Supone además continuar despejando el camino para la demagogia de la extrema derecha.

Las intervenciones de Vox en el Parlamento, autoerigiéndose como defensores de la clase obrera gaditana para denunciar de forma completamente hipócrita y oportunista las cargas y la violencia policial en Cádiz, al tiempo que impulsan las movilizaciones policiales fascistas contra su supuesta derogación, son un peligroso ejemplo de ello. Pretenden levantarse como la única alternativa útil frente a los que ellos llaman “progres charlatanes”. Pero si se permiten actuar de esta manera es precisamente porque el Gobierno, y especialmente UP, están abonando el terreno para que puedan hacerlo.

Unidas Podemos supuso la cristalización de una alternativa política a la izquierda del Partido Socialista. La consigna de tomar el cielo por asalto o el “sí se puede” fueron los lemas sobre los que se levantó el partido morado. Su asimilación cada vez mayor por las instituciones y su renuncia a ligarse a los sectores de vanguardia de la clase obrera y de la juventud es lo que explica los errores cada vez más graves que están cometiendo. Por este camino las cosas solo empeorarán.

Necesitamos construir una alternativa revolucionaria y de combate. La experiencia de Unidas Podemos está demostrando que las buenas intenciones, las promesas y la voluntad de cambiar las cosas no son suficientes para poner fin a la opresión capitalista. Tenemos que levantar una organización genuinamente revolucionaria para acabar con la represión, la precariedad y con todas las lacras generadas por este sistema. Solo así podremos enfrentar la cada vez más grave amenaza de la ultraderecha. ¡Nos jugamos mucho!

 


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