En la noche del 18 de enero 3 vagones del tren Iryo que circulaba a la altura de Adamuz descarrilan e invaden la vía contraria. Unos segundos después, un tren Alvia que circulaba en la dirección opuesta impacta contra los vagones. Un choque que según expertos equivale a colisionar con una pared a más de 400 kilómetros por hora.
Es terrible. 43 personas han perdido la vida, sin descartar que pueda encontrarse algún fallecido más, en el que ya es considerado como uno de los siniestros ferroviarios más graves ocurridos en el Estado español. A esta cifra se suman los más de 150 heridos, de los cuales 26 siguen hospitalizados y 13 permanecen en la UCI.
Desde Izquierda Revolucionaria queremos trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo a todos los supervivientes de esta tragedia, así como a los amigos y familiares de los fallecidos.
Todas las imágenes que se están difundiendo en los medios de comunicación y en las redes sociales están golpeando en lo más profundo a millones de trabajadores y trabajadoras y abierto una herida colectiva que nos hace preguntarnos muchas cosas. ¿Cómo ha sido posible? ¿No se podía haber evitado?
Los primeros indicios sobre las causas apuntan a un deficiente mantenimiento
Según Óscar Puente, ministro de Transporte, ha sido un accidente “tremendamente extraño”. Todavía faltan días para conocer las causas concretas del accidente y para que se esclarezcan los hechos.
Según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el primer indicio técnico de la investigación del accidente apunta a una rotura o alteración de la vía, “pero aún debe determinarse si esa rotura es causa o consecuencia del descarrilamiento. Esa relación causal no está establecida y requerirá tiempo”. Esta hipótesis parece cobrar fuerza después de encontrar marcas en las ruedas de otros trenes que circularon previamente por ese tramo, lo que podría indicar que la vía ya estaba bastante defectuosa.
Ahora conocemos que en agosto de 2025 el sindicato de maquinistas (SEMAF) solicitó que se bajase la velocidad máxima al constatar vibraciones y botes en varios tramos de la red de alta velocidad en el Estado español. Aunque en este comunicado el sindicato no señaló ningún tramo específico si subrayaron una causa: "el uso intensivo que están teniendo las líneas con tantas operadoras requiere que el mantenimiento sea bastante mayor (…) a modo de prevención, hemos pedido esa reducción a 250 km/h porque se producen muchísimas menos vibraciones (…) no es tanto un problema de los trenes, sino que el mal estado de infraestructura es lo que los está dañando".
La liberalización del sector ferroviario en 2021 ha supuesto que el número de trenes que circulan diariamente en la red se haya multiplicado, lo que sin duda implica un mayor agotamiento de la infraestructura y trae consigo la necesidad un aumento acorde de los trabajos de mantenimiento de la red ferroviaria en todos sus aspectos. Según los últimos datos de Adif, en 2024 había 1.800.563 trenes en los que viajaron 40 millones de viajeros, un 22% más que en 2023 y un 77% más que en 2019. Un incremento que no se ha visto reflejado en un crecimiento de las inversiones necesarias para la conservación de la red.
Esta situación general de la red también se da en el llamado “Corredor Sur” que conecta las capitales andaluzas con Madrid. Según el último informe trimestral de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) este corredor no deja de aumentar el número de viajeros: 1,6 millones en el trayecto Madrid-Málaga/Granada y 1,4 en el de Madrid-Sevilla, un 17,7% y un 13,2% de incremento interanual respectivamente.
A pesar de este importante crecimiento en este “Corredor sur” todavía persisten sistemas de señalización obsoletos como el LZB que ya ha quedado superado por estándares europeos más avanzados como el ERTMS. En 2025 SEMAF también denunciaba esta infrafinanciación, y que es lo que explica la existencia de un solo tren auscultador para toda la red y los problemas para obtener repuestos.
La privatización ferroviaria y los suculentos beneficios obtenidos por los grandes empresarios
Todos estos hechos señalan un punto sobre el que los medios de comunicación y los portavoces, tanto del Gobierno como de la Junta de Andalucía, corren un tupido velo: los pingües beneficios obtenidos con la privatización del servicio ferroviario por todas las empresas que han ido penetrando en el sector.
La historia del sistema ferroviario en el Estado español está indisolublemente ligada con la palabra corrupción. Ya en este caso salen viejos conocidos. Las empresas que se beneficiaron del contrato de 48,58 millones de euros para la renovación del tramo en el que se ha producido el accidente de Adamuz fueron 4: Ferrovial, OHLA, FCC-Convensa y Azvi. Las 3 primeras fueron multadas por la CNMC por manipular licitaciones públicas de obras civiles durante más de 20 años y Azvi, por su parte, ha aparecido implicada en el “Caso Koldo”.
El Gobierno de PSOE-Sumar no solo se ha negado a revertir estas privatizaciones, sino que en 2021 decidió darle el impulso final con la liberalización del sector, ¿en qué se diferencia esta política con la que ha impulsado e impulsa el PP allí donde gobierna? ¿Por qué los intereses de los grandes empresarios siguen por encima de la vida y la seguridad de millones? Es precisamente esta política de grandes palabras que no se traducen en los hechos la que está causando una enorme irritación, abriendo las puertas a la demagogia reaccionaria de la extrema derecha.
Pero el drama en Adamuz no ha terminado aún. Las empresas de transporte han visto otra oportunidad para sacar tajada del sufrimiento de las víctimas de esta catástrofe y de los miles de afectados por las restricciones en la alta velocidad: 400 euros por un coche de alquiler, hasta 1.942 euros por un vuelo Córdoba-Madrid… el mercado capitalista en su máxima perversa expresión y sin que el Gobierno central mueva un dedo por detenerlo.
Por un sistema ferroviario 100% público y de calidad
El accidente de Adamuz ha expuesto las deficiencias y las graves consecuencias de la privatización del transporte ferroviario, pero no ha sido el único. Ayer mismo se produjo otro accidente en la linea R4 de Rodalies por la caída de un muro de contención, que ha dejado otra víctima mortal. La clase obrera vuelve a pagar los platos rotos de un sistema que nos coloca como la última prioridad.
Desgraciadamente no se trata de casualidades: hablamos de un sistema que se degrada a un ritmo cada vez mayor ante la avaricia empresarial y la sumisión de las administraciones a los intereses de las grandes corporaciones, y que solo puede enfrentarse con la movilización de la clase obrera, unificando la lucha de trabajadores y usuarios con la huelga general, igual que sucedió en Grecia tras el accidente ferroviario de febrero de 2023. Este es el paso que ya ha dado SEMAF, el Sindicato de Maquinistas, convocando a los trabajadores del sector. Desde Izquierda Revolucionaria apoyamos la lucha de las y los trabajadores ferroviarios en defensa de sus condiciones de trabajo y por una red de tren pública y en condiciones.
El afán de abaratar costes, enriquecer a un puñado de empresarios y exprimir a la clase obrera en un sistema en el que priman los beneficios empresariales por encima de nuestra seguridad y nuestras vidas tiene dramáticas consecuencias como las que acabamos de ver con el accidente de Adamuz.
Desde Izquierda Revolucionaria queremos volver a trasladar a las víctimas de este desastre y a sus familiares y amigos todo nuestro apoyo. A la vez exigimos:
• Justicia para las víctimas. Una investigación que exponga toda la verdad y las causas del accidente.
• Depuración de responsabilidades y condena para los responsables de esta catástrofe.
• Reparación para todas las víctimas: transporte gratuito de vuelta a sus hogares, asistencia psicológica permanente y reparación económica a cargo de las empresas ferroviarias.
• Basta de recortes y privatizaciones: incremento drástico del presupuesto para garantizar el necesario mantenimiento y revisión de la red ferroviaria. Por la reversión de todas las privatizaciones llevadas a cabo en el sector. Por un transporte 100% público, asequible y de calidad.
