A pesar del acoso al que es sometido por las fuerzas de la derecha, por la prensa conservadora y por un aparato de Estado franquista que el propio PSOE ayudó a salvaguardar en los años de la Transición, el Gobierno de Pedro Sánchez no deja de prestar grandes servicios al régimen del 78.

Eso es lo que ha ocurrido con la desclasificación de 153 “unidades documentales” relacionadas con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Según declaró la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, “lo que hace el Gobierno con esta decisión es impedir que la ultraderecha siga utilizando los bulos, las conspiraciones, la desinformación para difundir teorías que no merece nuestra democracia”. ¿Y cuál es ese bulo que se trata de desmentir? A la vista del contenido de los documentos desclasificados, no es otra cosa que la evidencia, conocida desde hace muchos años, de la implicación directa del exrey en los movimientos y operaciones que desembocaron en el fallido golpe de Estado.

De hacer caso a estos documentos desclasificados, y a sus intérpretes oficiales, Juan Carlos de Borbón fue un auténtico baluarte de la “democracia” frenando valientemente el golpe de Estado perpetrado por un puñado de militares fascistas con los que no tenía ninguna relación. De esta manera se completaría el mito del rey que “trajo la democracia” e inauguró un periodo de paz, libertad y prosperidad como nunca en la historia española. ¡Qué manipulación y que intento de blanqueamiento tan burdo!

Con la desclasificación de 153 “unidades documentales” relacionadas con el 23-febrero el Gobierno pretende esconder la evidencia, conocida desde hace muchos años, de la implicación directa del exrey en el fallido golpe de Estado. 

Naturalmente, el primer entusiasta de esta operación es el propio Juan Carlos que, desde su exilio dorado en Abu Dabi huyendo del fisco, se ha apresurado a declarar: “Al final van a tener que reconocer lo que hice. Voy a acabar ganando”. Sus palabras fueron inmediatamente secundadas por Feijóo y el PP, que reclamaron el inmediato regreso a casa del rey emérito. Qué bonita maniobra para “frenar a la derecha” la de este PSOE de los brindis al sol y la propaganda barata.

Felipe VI y su padre, herederos del dictador Franco

Juan Carlos de Borbón, educado por el general Franco para ser el heredero de su dictadura y proclamado monarca por las Cortes franquistas, tuvo que abdicar a favor de su hijo debido al alud de informaciones que lo relacionaban con múltiples casos de corrupción, fraude fiscal y evasión de capitales, tolerados durante décadas por todos los partidos del régimen del 78.

Juan Carlos, educado por el general Franco para ser el heredero de su dictadura y proclamado monarca por las Cortes franquistas, tuvo que abdicar a favor de su hijo debido al alud de informaciones que lo relacionaban con múltiples casos de corrupción. 

En una maniobra política ante el aumento del rechazo popular a la monarquía, el Gobierno y la Casa Real decidieron que era mejor que Juan Carlos cediese el trono a su hijo Felipe VI y se alejase del país. Pero el nuevo rey no tenía ninguna intención de romper con la política reaccionaria de la institución que encarna, como demostró en su alocución a la nación el 3 de octubre de 2017, el día en que Catalunya se paralizó en una gran huelga general en protesta por la brutal represión policial contra miles de ciudadanos que pacíficamente intentaron ejercer su derecho a decidir dos días entes.

En un discurso transmitido por todos los medios y con un tono agresivo y marcial, Felipe VI vestido de capitán general de las FFAA pronunció una abierta declaración de guerra contra el pueblo catalán, anticipando la batería de medidas represivas y la suspensión de las instituciones autonómicas catalanas que seguirían pocos días después.

Siguió así los pasos de su padre que, desde el primer día de su reinado, intentó preservar el legado de la Dictadura. La elección de su primer Gobierno presidido por Arias Navarro —que firmó miles de sentencias de muerte en Málaga como fiscal encargado de la represión—, y en el que designó como ministro de Interior al falangista Fraga Iribarne — responsable de la matanza del 3 de marzo en Gasteiz y de numerosas torturas de la policía política— mostró su auténtica determinación, en las antípodas de la democracia.

Pero Juan Carlos no pudo culminar su estrategia continuista por la extraordinaria movilización de la clase obrera, a la que se sumó la juventud estudiantil y amplísimos sectores de profesionales. Los sectores decisivos de la clase dominante española, junto con los Gobiernos de las potencias imperialistas, especialmente EEUU, entraron en pánico. Vieron cada vez más cercana la posibilidad de un estallido revolucionario que no solo barriese los restos de la dictadura, sino que, como había pasado en Portugal apenas un año antes, pusiese en jaque al propio sistema capitalista.

Pero Juan Carlos no pudo culminar su estrategia para mantener el régimen franquista por la extraordinaria movilización de la clase obrera, a la que se sumó la juventud estudiantil y amplísimos sectores de profesionales. 

El miedo a la revolución condujo al 23-F

Desconcertados ante esta situación imprevista, buscaron una figura del aparato franquista que no estuviera tan manchada de sangre y que les permitiese reconducir la situación. Al mismo tiempo, negociaron a fondo con las fuerzas de la izquierda reformista, PSOE y PCE, para tratar de contener la movilización obrera e impedir que desembocase en un movimiento revolucionario.

El elegido para presidir el Gobierno, Adolfo Suárez, tuvo la habilidad de llegar a acuerdos con Santiago Carrillo y Felipe González, ansiosos de demostrar su utilidad para fraguar un régimen de “democracia burguesa” al estilo occidental, y también de levantar una fuerza política, la UCD, que integró a muchos políticos del franquismo.

Pero que nadie piense que Juan Carlos y su círculo de poder se habían convertido en “demócratas”. Mientras hablaban con las fuerzas de izquierda, organizaban y financiaban a las bandas fascistas y a todo el entramado de terrorismo de Estado que sembró de asesinatos aquellos años que con toda justicia denominamos de la “Transición Sangrienta”.

A pesar del esfuerzo apaciguador del PSOE y del PCE, secundados por los dirigentes de CCOO y UGT, la amenaza revolucionaria no había desaparecido. La crisis económica, el paro y la carestía golpeaban muy duro a la clase trabajadora y reforzaban un ambiente en el que, como lo señala muy claramente uno de los documentos desclasificados, fechado a principios de febrero de 1981 y redactado por el CESID (el actual Centro Nacional de Inteligencia) “existe un riesgo potencial de que los acontecimientos [...] se deterioren notablemente, sin que se pueda descartar una situación insurreccional a largo plazo”.

Con la entrada de Tejero y cientos de guardias civiles a tiro limpio en el Congreso y la movilización de tropas en Madrid y Valencia, un amplio sector de la burguesía percibió que el golpe de Estado podría desencadenar un estallido revolucionario. 

Para intentar evitar este escenario, Juan Carlos de Borbón, junto con el general Armada, su mentor desde hacía mucho tiempo, prepararon el terreno para un “Gobierno de concentración” que conjurase este riesgo. El resultado de esas maniobras que implicaban una ruptura evidente con el “orden constitucional” del 78, como bien lo expusieron periodistas como Pilar Urbano de ABC nada sospechosa de simpatías izquierdistas, fue alentar y facilitar la intentona de Tejero, Milans del Bosch y muchos otros mandos fascistas del Ejército. El golpe militar, urdido en alianza con lo más granado de la extrema derecha falangista, sí buscaba la supresión violenta de las instituciones parlamentarias y la aniquilación de la izquierda.

Con la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados con cientos de Guardias Civiles disparando a tiro limpio, la movilización de la División Acorazada en Madrid y de las tropas comandadas por Milans del Bosch en Valencia, un amplio sector de la burguesía percibió que un golpe de esta naturaleza, aunque triunfase a corto plazo, podría desencadenar una respuesta popular de tal envergadura que lo barriese todo, acercando el tan temido estallido revolucionario.

Juan Carlos I, que había mantenido contactos y reuniones en los meses anteriores con todos estos militares, tuvo que dar marcha atrás y salir de madrugada en televisión afirmando su lealtad al orden constitucional. La respuesta de millones de trabajadores y jóvenes manifestándose pocos días después contra el golpe, demostró que la idea de un levantamiento revolucionario no era una especulación de los servicios secretos.

A partir de ese momento la propaganda oficialista, y la que desde las direcciones de la izquierda reformista se cocinó, fue que el rey Juan Carlos prestó un servicio extraordinario a la democracia.

Juan Carlos I, que había mantenido reuniones en los meses anteriores con los golpistas, tuvo que dar marcha. La manifestación de millones de trabajadores y jóvenes días después contra el golpe, demostró que la idea de un levantamiento revolucionario era real. 

Ahora se sacan de la chistera un nuevo ensalzamiento de la figura de un corrupto, estafador y ladrón, que se hizo de oro con la complicidad de muchos, para neutralizar, dicen, el avance de la extrema derecha. Pero van a engañar a muy pocos con esta maniobra patética que, si algo demuestra, es lo lejos que ha llegado la socialdemocracia en su estafa política.