La Comunidad de Madrid ataca a los más débiles
La Comunidad de Madrid (CAM), gobernada por el PP, anunció el pasado mes de marzo el cierre en 48 horas de los centros ocupacionales de atención a personas con discapacidad Magerit y Fray Bernardino en el barrio de Carabanchel, así como del centro de atención a discapacitados psíquicos de Arganda. A pesar de que la Comunidad de Madrid ha justificado el cierre con la intención de hacer reformas, no se ha dado garantía alguna de que dicho cierre no sea definitivo.
Muchos de los usuarios de los centros llevan años haciendo su vida en los mismos, por lo que el traslado les supone un grave perjuicio, separándoles en muchos casos de sus compañeros y amigos. Por otro lado, los familiares no saben dónde van a ser reubicados, pudiendo verse obligados el día de mañana a realizar grandes desplazamientos tan sólo para poder visitarles.
La CAM ataca con esta medida a uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. El hecho de que esta decisión se imponga con un plazo tan sumamente breve y sin avisar a los familiares de los usuarios y a los trabajadores de los centros, demuestra la mala fe con que ha actuado el gobierno de Esperanza Aguirre, evidenciando lo que son más que sospechas sobre su intención de cerrar estos centros de forma definitiva.
Familiares y trabajadores han denunciado que el traslado de muchos de los usuarios a otros centros está saturándolos. Muchos de ellos ya estaban al máximo de su capacidad, completamente hacinados, ocupando zonas comunes o salas destinadas a otros fines. En el caso del centro Magerit, donde se encuentran personas con mayor afectación y problemas de movilidad, se ha planteado alojar a 25 personas en 20 metros cuadrados, donde es obvio que no caben con sus sillas, y menos aún con el mobiliario y equipamiento necesario para atenderles.
Esto es una muestra más de la constante campaña de acoso y derribo contra los servicios públicos que viene ejerciendo la derecha en Madrid con la intención de privatizar todos aquellos servicios de los que se pueda sacar tajada. Uno de estos sectores es el de la dependencia, donde han proliferado numerosas fundaciones y entidades privadas que obtienen grandes beneficios prestando un servicio social esencial.
Frente a este brutal ataque, los dirigentes sindicales de CCOO y UGT firmaron un acuerdo con la Comunidad, implicando a las AMPAS de los centros afectados, lo que en la práctica supuso avalar el cierre de los centros. Los dirigentes sindicales vuelven a equivocarse. Deben escuchar a los trabajadores, familiares y usuarios de los centros y hacer frente a estos ataques mediante la lucha y la organización, tal y como están haciendo los propios afectados.
Trabajadores, familiares y usuarios mantienen ocupado desde hace 23 días el centro ocupacional Magerit a la espera de una solución justa, habiendo iniciado una campaña de firmas y recogiendo hasta el momento más de 11.000. Por otro lado, han organizado numerosas concentraciones y convocado una manifestación el 30 de marzo en el barrio de Carabanchel con más de 1.500 personas.
Con este nuevo ataque se profundiza la política privatizadora de Esperanza Aguirre, de la que también están sufriendo sus consecuencias muchos otros sectores como la sanidad y la educación. Los dirigentes sindicales de CCOO y UGT, en vez llevar a cabo una política combativa y de clase unificando los distintos conflictos y fortaleciendo la organización de los trabajadores, hacen frente a los distintos ataques de forma aislada, tratando de resolverlos en los despachos. Pero como dijo un viejo sindicalista, ¡lo que no se gana en la calle no se puede ganar en los despachos!
