Desde principios de curso, los estudiantes de  la Universidad de Sevilla hemos presenciado una serie de ataques que se corresponden con la implantación de los Planes de Bolonia. Entre ellos destaca el papel que juega ahora el Consejo Social como órgano de dirección de la Universidad, la implantación del Artículo 27 (del Reglamento General de Actividades Docentes de la US que obliga a los alumnos a matricularse de forma obligatoria en todas las asignaturas que hayan suspendido), el nuevo Master  que sustituye al antiguo  CAP, y la negativa a financiar las actividades prácticas de las facultades, que ha dejado a la Facultad de Comunicación sin un euro.

Desde principios de curso, los estudiantes de  la Universidad de Sevilla hemos presenciado una serie de ataques que se corresponden con la implantación de los Planes de Bolonia. Entre ellos destaca el papel que juega ahora el Consejo Social como órgano de dirección de la Universidad, la implantación del Artículo 27 (del Reglamento General de Actividades Docentes de la US que obliga a los alumnos a matricularse de forma obligatoria en todas las asignaturas que hayan suspendido), el nuevo Master  que sustituye al antiguo  CAP, y la negativa a financiar las actividades prácticas de las facultades, que ha dejado a la Facultad de Comunicación sin un euro.

El Consejo Social y la privatización de la Universidad

Uno de los aspectos que más han llamado la atención en los cambios que se han dado en la Universidad de Sevilla ha sido el protagonismo que el Consejo Social ha adquirido con la aplicación de los Planes de Bolonia. Destaca también su composición, en la que tan sólo hay un alumno, un profesor, y tienen una importante presencia los empresarios andaluces. El Consejo Social es el órgano de gobierno de la universidad, que fue puesto en marcha con la LOU y que ha adquirido amplios poderes con la puesta en marcha de los Planes de Bolonia. En su página web (http://www.consejosocialus.com/index2.php) se puede observar como defienden que este órgano está formado por aquellos que "garantizan la participación de la sociedad en la universidad". No obstante, ¿cómo es posible que empresarios, cuyo objetivo prioritario es el beneficio económico, puedan administrar la Universidad Pública y ofrecer un servicio para los hijos de las familias trabajadoras? Como es obvio, no son capaces de garantizar unas condiciones dignas de estudio. Lejos de esto, se va a dificultar el acceso a la universidad para los hijos de familias trabajadoras y sólo se van a potenciar carreras que puedan generar rentabilidad a los empresarios. Un ejemplo ilustrativo de esto es el nuevo  Master que sustituye al antiguo CAP para el profesorado que incrementa de forma exponencial el precio de la matricula. Ante la dificultad económica para realizar estos cursos, hemos tenido movilizaciones recientes en Galicia (23 marzo) y en Sevilla , donde el pasado 18 de marzo  presenciamos también una manifestación de estudiantes que protestaban contra el Master de Educación del Profesorado  de Educación Secundaria, el nuevo CAP que se ha implementado con los Planes de Bolonia y que se caracteriza por el aumento del precio desde los 189€ que había que pagar antes hasta los 1.626€ de matrícula que cuesta el nuevo. 

Entre las competencias del Consejo Social, se encuentra la elección del rector, que ya no será designado por los alumnos. El rector de la universidad sólo tendrá que dar explicaciones al Consejo Social, y sólo será revocado por petición expresa del mismo, excluyendo de toda participación al alumnado.

La Universidad ha pasado a ser un apéndice de la empresa privada, que otorga jugosos beneficios (ya que las prácticas en la empresa es trabajo que no se remunera) a los amigos de Díaz Ferrán, el perfecto representante de la patronal. El Consejo Social, se ha convertido en el órgano de dirección de la Universidad, con abundancia de empresarios. Ello quiere decir que ahora es la patronal quien  gestionará la Universidad Pública.

El Artículo 27

Es un artículo del Reglamento General de Actividades Docentes de la US (aprobado en febrero de 2009) que obliga a los alumnos a matricularse de forma obligatoria en todas las asignaturas que hayan suspendido. Se hizo con el objetivo de acelerar el proceso de adaptación a Bolonia. Ha generado clases masificadas (ha quedado demostrado que los argumentos de las clases reducidas que se prometían con los Planes de Bolonia eran completamente falsos) en las que se supera el centenar de matriculados, así como la realización de exámenes en las que es difícil poder encontrar un asiento.

A principios de curso presenciamos, con la implantación de dicho artículo, como las matrículas de muchos alumnos aumentaron hasta cantidades desorbitadas, obligando a replantearse su continuidad en la universidad. Sin duda, su implantación venía estrechamente ligada a los Planes de Bolonia y su entrada en vigor. Era necesario presionar a los alumnos que poseen el viejo plan de estudios, a ser posible hacer desistir a los que tuviesen asignaturas suspensas, para que se pasaran al Plan Bolonia, en vez de darles  la posibilidad de preparar bien cada una de las materias, intercalándolas entre los años de carrera como se venía haciendo hasta ahora. También para los nuevos universitarios supondrá una dificultad añadida ya que será más difícil y más caro continuar con los estudios en el caso de suspender asignaturas. Esto se complementa con el endurecimiento de la selectividad, que se constituye como un obstáculo más para poder seguir estudiando. Si sumamos el endurecimiento de la selectividad con la subida de tasas en la universidad, y además añadimos el Artículo 27, podemos observar como son  muchas las trabas para vetar el acceso a la Universidad a los hijos de los trabajadores.

Este artículo tiene sus similares en otras comunidades; como explicaron los compañeros que se movilizaron en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad, se negaba a los alumnos la posibilidad de matricularse en asignaturas cerradas de cursos siguientes.

Podemos observar que este tipo de artículos no son elementos aislados, distintos entre sí, sino que son variantes de un mismo ataque, la privatización de la educación pública y la destrucción de las conquistas y condiciones de vida de las familias trabajadoras. Sin ningún tipo de dudas hemos presenciado como el Artículo 27 un ataque más en el proceso de elitización y privatización de la Universidad que se engloba dentro del marco de los Planes de Bolonia  .Las movilizaciones en Jerez contra los 198€ de cuota mensual en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, en Cataluña contra la LEC y las citadas movilizaciones contra el nuevo CAP son muestras de que estas medidas generan y alimentan un justificado descontento en los estudiantes y profesores. No obstante esto no se reduce a lo educativo, en un marco más general, estos ataques los debemos contemplar en un contexto de ataque de la patronal en todos los frentes, con Bolonia, la reforma laboral, privatización de empresas públicas...

Denegado el presupuesto para las prácticas de los departamentos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

El 16 de marzo se reunió en el Rectorado de la US (Universidad de Sevilla) la Comisión de Garantía de Calidad, una comisión del Consejo de Gobierno. En los presupuestos que se presentaron para la realización de prácticas, se ha otorgado por facultad o escuela superior un máximo de 36.000 euros, aunque las necesidades indicadas para muchas de ellas, eran muy superiores. A la hora de determinar los fondos para los departamentos, ninguno de los departamentos de la FCOM (Periodismo I, Periodismo II, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura) obtuvo siquiera un euro para la realización de estas actividades que entran dentro de la docencia, y que debiera de garantizar una Universidad Pública. El resto de proyectos han obtenido una financiación no superior a los 31.000€, también muy por debajo de lo exigido en este punto.

La Comisión defiende que los departamentos de la Facultad de Comunicación son de carácter teórico-práctico, y que las ayudas sólo se pueden otorgar a las siguientes prácticas: laboratorio, campo, preclínicas y gráficas..

Pero la realidad para los alumnos de la FCOM es otra muy concreta, día a día observamos como los estudios de radio y las cámaras fallan debido a su lamentable estado. Nuestras prácticas se ven truncadas, degradadas por la carencia de materiales adecuados para poder realizarlas. La falta de medios para realizar unas prácticas decentes reduce nuestra actividad a una mera actividad teórica, desligada de la práctica y de esta forma se abre un abismo entre el estudio y las actividades que aspiramos a realizar como futuros trabajadores. Nuestros laboratorios son las enfermas aulas de radio, los viejos trípodes y cámaras, las cabinas de edición de vídeo y audio, etc.

Demandamos una financiación pública adecuada para la Facultad, somos hijos de trabajadores, y nuestros padres nos están costeando los estudios con el pago de sus impuestos, además de la matrícula, que este año recordamos que con la implantación del Artículo 27 ha supuesto un sacrificio  económico aún mayor. Existe dinero para la financiación de una educación de calidad, pero ello exige dejar de regalar dinero a los empresarios, y que los estudiantes, junto con los profesores y el PAS administremos el dinero de la Universidad.

Es urgente dar una respuesta contundente para defender nuestros derechos. Todos estos ataques tienen un mismo objetivo; atentar contra la educación pública. Pero además de esto la patronal también está atacando duramente a la clase trabajadora en el terreno laboral y para ello presiona al gobierno del PSOE que, lamentablemente está girando a la derecha. Para contestar esta ofensiva es necesario dar una respuesta contundente. Los dirigentes de CCOO y UGT deben abandonar la política de pacto social y dar paso adelante, preparando una  Huelga General para, entre otras cosas, parar  la propuesta sobre la reforma de las pensiones, la reforma laboral que pretende facilitar el despido, el pacto educativo que se está tramitando con la derecha, los EREs que pesan sobre multitud de empresas y 4 millones de parados.

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