Una sentencia del Juzgado de lo Social número 16 de Madrid ha declarado ilegal la huelga de los trabajadores de Metro de Madrid del pasado verano. Inmediatamente, Esperanza Aguirre salía a los medios de comunicación para explicar que esta sentencia supone "un antes y un después" ya que "es la primera vez en la historia de la democracia que una institución pública impugna una huelga como ilegal y abusiva, y la primera vez que la justicia le da la razón", concluyendo que "nunca más habrá una huelga que no respete los servicios mínimos".
Una sentencia ejemplarizante para amedrentar al conjunto de la clase obrera

Al día siguiente de conocerse la sentencia el diario de negocios Expansión publicaba un editorial muy significativo del valor que tiene para la patronal. Bajo el titular "Ejemplarizante sentencia en la huelga de Metro", el diario explicaba que "sienta un gran precedente para evitar que en el futuro los convocantes de paros hagan caso omiso de los servicios mínimos y lleven a cabo intolerables huelgas salvajes", concluyendo que "pone de manifiesto la clamorosa inexistencia de una ley de huelga (...) necesaria para que la justicia pueda actuar con carácter preventivo y evitar así que colectivos que operan en servicios públicos esenciales puedan tomar a los ciudadanos como rehenes de sus reivindicaciones".
Queda meridianamente clara la intención de esta sentencia y el uso que va a hacerse de la misma de cara a impedir a la clase trabajadora el ejercicio del derecho de huelga, la única arma que tienen los trabajadores para defenderse de los ataques de patrones y empresarios. De hecho, no es ninguna casualidad que el abogado de la empresa utilizara en el juicio el ejemplo de los controladores aéreos de cara a argumentar su caso, y tampoco que el ministro de Fomento utilizará en diciembre el ejemplo de la huelga de Metro durante la crisis de los controladores. Tampoco es casual que todos estos hechos se hayan producido tras las huelgas y movilizaciones que protagonizaron los trabajadores franceses durante el pasado mes de octubre, y que llevaron prácticamente a la parálisis al país ante el desabastecimiento de combustible en las gasolineras como consecuencia de la huelga total decretada en las refinerías francesas.
Por otro lado, como consecuencia de esta sentencia la Comunidad de Madrid podría reclamar daños y perjuicios por valor de hasta seis millones de euros, además de concretar sanciones contra todos aquellos que no cumplieron los servicios mínimos, incluyendo posibles despidos, con los que ya han estado amenazando desde hace varios meses a los miembros del comité de huelga.

Ninguna confianza en la justicia burguesa

La reacción de los dirigentes sindicales a esta salvaje sentencia ha sido hasta ahora interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia "esperando un resultado coherente". El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Antonio Olmos, la calificó como "una equivocación del juez", lo que desde nuestro punto vista es un error muy grave ya que niega la intención política que tiene y no ayuda a dar una respuesta consecuente por parte de los trabajadores.
En la misma línea, el abogado de CCOO ha considerado la sentencia como "parcial", ya que no se puede establecer el "incumplimiento global" de los servicios mínimos al tratarse de una suma de incumplimientos individuales. Argumentar contra la sentencia planteando que deberían individualizarse las responsabilidades resulta aún más negativo que no argumentar nada, pudiendo poner a los trabajadores ante una situación de mayor indefensión ante la maquinaria represiva de la dirección de la empresa.  

Los dirigentes de CCOO y UGT de Madrid deben responder en la calle

Tras dicha sentencia los dirigentes sindicales deberían lanzar una campaña sistemática y ambiciosa de información y denuncia en todas las empresas de Madrid, contrarrestando la propaganda oficial de criminalización de los trabajadores de Metro. Hay que conseguir que se sienta este ataque como un ataque al conjunto de la clase obrera. El derecho a huelga es un instrumento vital de defensa de los trabajadores, más aún en el actual contexto de ofensiva generalizada contra nuestros derechos. Tal y como planteábamos durante la propia huelga, es vital ganar la simpatía del resto de la clase obrera conectando las propias reivindicaciones de los trabajadores del Metro con los ataques y penalidades que viene sufriendo el conjunto de los trabajadores como consecuencia de la crisis, y denunciando a los auténticos responsables de la misma, banqueros y capitalistas.  
Esta campaña de información debería ir acompañada de movilizaciones en la calle. De hecho, la mejor manera de oponerse a esta sentencia sería vinculándola a una estrategia sindical de movilización general y ascendente contra los ataques tanto del gobierno de la Comunidad de Madrid como central. Esto crearía el clima propio para, en un momento determinado, llegar a una huelga general en la Comunidad de Madrid en solidaridad con los trabajadores de Metro. Lógicamente una orientación de este tipo implicaría que los dirigentes de CCOO y UGT abandonen su actual línea de pactos y concesiones sin lucha.
No responder a este nuevo ataque en Metro tendrá graves consecuencias en el futuro, limitando la acción sindical en la empresa, e impidiendo el ejercicio del derecho de huelga a través de los servicios mínimos, un auténtico piquete patronal para impedir la efectividad del único instrumento que tienen los trabajadores para defenderse. Por ello es más necesario que nunca que CCOO y UGT de Madrid, los únicos con suficiente capacidad para ello, pongan sus estructuras a disposición de los trabajadores de Metro de cara a desarrollar una amplia campaña de propaganda en barrios, intercambiadores y centros de trabajo, realizando asambleas en estos últimos en solidaridad con los trabajadores de Metro de Madrid a través de sus delegados y comités.
La sentencia contra los trabajadores de Metro no está al margen de la ofensiva general contra los trabajadores. El hecho de que los dirigentes de CCOO y UGT los estén avalando y manteniendo un sindicalismo de paz social, supone un nuevo obstáculo en las luchas cotidianas de cada empresa, envalentonando aún más a las patronales.
Por esta razón hay que organizar en el seno de CCOO y UGT un fuerte movimiento de oposición desde abajo, desde los comités, desde los delegados sindicales, desde las secciones sindicales, dando la batalla en el seno de CCOO y UGT para desarrollar un sindicalismo de clase y combativo, basado en la movilización y en la democracia interna.