Dentro del contexto que estamos viviendo actualmente de recortes a los derechos de los trabajadores, con un empeoramiento, externalización o privatización directa de los servicios públicos, la Junta de Andalucía ha dado un paso más en su carrera hacia una entrega de los servicios públicos a los intereses privados. Para entender mejor la actual situación hay que retroceder hasta los años 80, momento en que se comienzan a utilizar los denominados Entes Instrumentales, empresas públicas con una gestión privada. Estas sociedades progresivamente han ido adquiriendo más y más protagonismo y  asumiendo funciones que anteriormente venían realizando las consejerías. La ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos, así como la contratación del personal, no están sometidos a ningún tipo de control de legalidad, como la Intervención General. Esto significa en la práctica que nadie controla ni al personal que se contrata, ni los gastos. Estas empresas actualmente manejan casi el 70% del presupuesto de la Junta de Andalucía y han llegado a superar en personal a toda la administración andaluza. Esta monstruosidad comienza a desmoronarse cuando el Tribunal Europeo, así como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), comienzan a fallar en contra de los inevitables desmanes que se producen. Es entonces cuando el gobierno andaluz se da cuenta de que no puede seguir utilizando estos entes como desea.

La gestión privada en la Junta gana terreno

Aprovechando la coyuntura de la reforma laboral aprobada en junio pasado, la Junta de Andalucía decide aprobar por decreto y con alevosía, en plenas vacaciones de julio (con la intención de no entrar en un debate público) una oscura ley en la que comienza a hablar de la creación de una serie de Agencias, entre ellas las de tipo empresarial. Estamos hablando de una forma de privatización “encubierta” en la que la Junta de Andalucía podría pasar en su mayor parte a ser “absorbida” por estas entidades que ahora se llamarán Agencias. En la práctica, todo esto significa:
1º) Incorporación de unos 26.000 trabajadores a la Administración Publica a través de estas Agencias, que eliminan los principios generales de igualdad, mérito y capacidad. Se introducen métodos de gestión propios de una empresa privada, abriendo así la puerta a la arbitrariedad. Es decir, estas Agencias pasarían a realizar las funciones que venía realizando la administración hasta el momento, servicios que van desde la justicia gratuita, la Ley de Dependencia e incluso el control de las aguas.
2º) Esta incorporación supondría la eliminación de todas las ofertas de empelo público, actual mecanismo para acceder a la Administración Pública, que se calcula afectará a unos 50.000 opositores. Igualmente, todas las bolsas de interinos quedarían suprimidas, ya que se pasaría a una contratación prácticamente a dedo, donde primará el enchufismo y el amiguismo frente a la igualdad de oportunidades.
3º) La gestión de la cultura, agricultura, agua, patrimonio, y un largo etcétera dejarán de ser pública, por lo que se acentuará el peso de los criterios de rentabilidad privados, poniendo en peligro los servicios más básicos como los sociales, sanidad o empleo.

La oposición al decreto

La respuesta a este decreto fue contundente y las movilizaciones no se hicieron esperar. El gobierno andaluz se vio obligado a hacer concesiones. Desgraciadamente las direcciones de CCOO y UGT decidieron frenar la lucha y firmaron un acuerdo totalmente insuficiente. Se encontraron en sus propias asambleas con una respuesta mayoritaria contraria a abandonar la lucha, pero hicieron oídos sordos.
A pesar de esto, las movilizaciones continuaron en diciembre con una enorme manifestación de 20.000 funcionarios en contra de la privatización, según la policía y de 300 para Canal Sur. A pesar de la enorme presión vivida en nuestros centros de trabajo, donde jefes amenazan con expedientes, no se nos permite concentrarnos ni llevar ningún tipo de signo identificativo de la protesta, la lucha ha continuado.
El Partido Popular aprovecha toda esta coyuntura queriendo aparecer como valedor de lo público, frotándose las manos mientras piensan que ya podrán tachar de su agenda privatizadora una reforma tan impopular. Igualmente, los sindicatos cercanos a la derecha (CSIF  y SAF) también han utilizado la posición de las direcciones de CCOO y UGT para intentar ponerse de forma oportunista a la cabeza del descontento existente entre los trabajadores. El abandono de la lucha por parte de las direcciones de CCOO y UGT ha hecho que muchos compañeros decidan darse de baja en el sindicato. Esto sin duda es un error. La respuesta sólo puede ser luchar desde dentro del sindicato y acudir a todas las convocatorias de asambleas, y participar al máximo posible. Los sindicatos no son propiedad de la dirección que ha firmado este vergonzoso acuerdo.
La ley ha sido aprobada, pero mirando con perspectiva hacia atrás, la respuesta de los trabajadores y su disposición a luchar nos hace asegurar casi con total seguridad que si los sindicatos de clase no se hubieran plegado a los intereses privados, a día de hoy este decreto reposaría en el cajón de los trastos.


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