Mientras Biden y la CIA investigan si los OVNI o los globos, muy convenientemente avistados durante las últimas semanas en el cielo estadounidense, son de origen chino o extraterrestre, en East Palestine (Ohio) viven una pesadilla.  Un monstruoso tren de más de 150 vagones, varias decenas de los cuales contenían materia prima para la fabricación de PCV, descarriló el 3 de febrero. El riesgo de explosión obligó a la combustión controlada de todo ese material, generando en el proceso fosgeno gaseoso. Este componente es altamente tóxico y fue empleado como arma química en la Primera Guerra Mundial.

La exposición intensa al cóctel tóxico liberado puede provocar vómitos, mareos y problemas respiratorios. Eso a corto plazo, pero a largo las consecuencias son temibles: distintos tipos de cáncer destacando el de hígado, pulmón y leucemia. Aunque las autoridades han decretado que la pequeña localidad de East Palestina, situada a unos dos kilómetros del lugar del accidente es segura, los vecinos no se fían. Denuncian que el olor es insoportable, que el desastre medioambiental ya es irreparable y temen que infiltraciones tóxicas contaminen el agua que consumen.

La situación es tan tensa que los vecinos fueron a una asamblea comunitaria el pasado 15 de febrero exigiendo información a Norfolk Southern Corporation (NSC) —la empresa implicada— y a las autoridades locales. Pero, ante la indignación de esta pequeña localidad de 5.000 habitantes, NSC se negó a participar en el encuentro alegando que temían por su integridad física. Desde luego, una excusa lamentable para no informar a los afectados y, de paso, criminalizar a las víctimas[1]

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Norfolk Southern Corporation (NSC) —la empresa implicada—, se negó a participar en la asamblea del pasado 15 de febrero convocada por los vecinos para exigirle información, alegando que temían por su integridad física. 


Una catástrofe para nada inesperada
 

El accidente de Ohio ni es un caso aislado ni es una sorpresa para los agentes implicados. Unos pocos días después en Texas ocurrió otro accidente ferroviario con fatal desenlace para un camionero, y el 16 de febrero uno más en Detroit.

Pero no solo eso. En febrero de 2020 otro tren que portaba crudo descarriló en Guernsey —Saskatchewan—, y explotó. Solo una semana después otro tren cargado de etanol descarriló en Kentucky y ardió en llamas. En los últimos 5 años han ocurrido ocho descarrilamientos de trenes en Pittsburgh. ¡Y las estadísticas oficiales elevan a 1.700 el número de descarrilamientos de trenes anualmente![2]

Railroad Workers United lleva denunciando estos problemas de seguridad al menos desde 2014. Esta organización es el caucus que organiza de forma unitaria a los trabajadores del sector ferroviario afiliados a los 12 sindicatos nacionales principales, una herramienta para sortear la división de los trabajadores ferroviarios de distintos gremios qué, aun trabajando en las mismas grandes empresas, son obligados a organizarse en distintos sindicatos. Y su importancia ha sido clave impulsando la huelga que Biden prohibió en diciembre del 2022[3].

Fruto de la intensa campaña de denuncias públicas por parte de los trabajadores,  la United States Goverment Accuontability Office —un órgano técnico-consultivo del Congreso— se vio obligada a documentar en un informe en 2021, los riesgos denunciados por los trabajadores. Sin embargo, el Gobierno demócrata de los EEUU no hizo nada al respecto.

Un reflejo del colapso del capitalismo

El origen de todo este desastre es la gestión capitalista del servicio ferroviario y su mantenimiento. Y esto se manifiesta por medio de dos factores concretos, ambos derivados de la concentración monopolista del servicio ferroviario.

En primer lugar, el deterioro crónico de las infraestructuras norteamericanas que afectan a puentes, carreteras, infraestructura ferroviaria y marítima. Esto es abiertamente reconocido por el establishment y está detrás de una enorme campaña de inversiones públicas, al servicio de las empresas privadas, por afrontar la guerra comercial con China[4]

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El origen de todo este desastre es la gestión capitalista del servicio ferroviario y su mantenimiento. Este se manifiesta en un deterioro crónico de las infraestructuras en todo EEUU, y una intensa sobreexplotación de la clase obrera norteamericana. 


En segundo lugar, en 2017 fue implementado a gran escala el plan estratégico Precision Scheduled Railroading. Dicho plan, puesto en marcha en respuesta a las exigencias de los monopolios que controlan el sector, ha consistido en montar trenes tan largos como sea posible con la tripulación mínima imprescindible. Nos estamos refiriendo a trenes con centenares de vagones con tripulaciones que no llegan a 5 trabajadores. En 2022 los trabajadores ferroviarios impulsaron una campaña por la obligación legal de incluir al menos dos trabajadores en la tripulación, porque se ha vuelto cada vez más habitual que solo el conductor se encuentra a bordo4.

Pero las empresas quieren ir mucho más lejos, y de hecho están explorando el siguiente paso con experiencias piloto: trenes sin conductor que solo incluyan un ingeniero-revisor gracias a la incorporación de sistemas de freno automático e inteligencia artificial en los trenes[5]. Los sindicatos, que no se oponen a la incorporación de esta tecnología como medida de seguridad, exigen que la tripulación humana no debe ser sustituida.

Fruto de esta política, la destrucción de puestos de trabajo ha sido descomunal en el sector. Entre noviembre de 2018 y diciembre de 2020 se suprimieron 40.000 empleos, y ahora mismo el número de trabajadores ha alcanzado un mínimo histórico. La consecuencia inmediata es la intensificación de la explotación laboral: los trabajadores ferroviarios denuncian que deben estar disponibles 24/7, que no disponen de días por enfermedad, no tienen tiempo para redistribuir las cargas entre los vagones para equilibrar la estabilidad de los trenes, y se les presiona para pasar por alto problemas críticos de mantenimiento y seguridad. En el otro extremo, los beneficios y el reparto de dividendos entre los inversores se han disparado[6].

Los trabajadores piden la nacionalización del sector ferroviario

En su congreso de octubre de 2022, el comité de dirección de la  Railroad Workers United votó por unanimidad una resolución a favor de la nacionalización del sector ferroviario[7].

Esta declaración viene a culminar un debate que los trabajadores ferroviarios iniciaron en su conferencia de 2012, y cuyo cierre refleja la enorme radicalización del sector en los últimos años. En esta declaración los ferroviarios exponen sus razones para la medida, y los marxistas revolucionarios no podemos estar más de acuerdo con sus argumentos:

Denuncian que el transporte ferroviario actualmente es explotado básicamente por tres o cuatro empresas monopolistas que se reparten las rutas. Con  los obreros ferroviarios maniatados por la infame Ley antihuelga de Trabajo Ferroviario (RLA) de 1926, la política empresarial del sector ferroviario solo responde ante los inversores y no existe incentivo ninguno para invertir en infraestructuras, seguridad y mejorar las condiciones laborales de la plantilla. En cambio, la propiedad pública del sector permitiría reinvertir los beneficios en dar mejor servicio, más seguro y con mejores condiciones laborales.

También alegan que es una necesidad para responder al cambio climático. Actualmente el peso del  transporte de mercancías por carretera, mucho más contaminante, es muy superior al del ferrocarril. Pero es que la electrificación de los trenes es muy insuficiente, con una enorme dependencia de los motores diésel. La propiedad pública del sector, insisten, abriría la posibilidad de extender una red mayor y más verde.

La propuesta de la nacionalización está adquiriendo popularidad renovada. Aunque los grandes medios tratan de silenciar el debate, este se está comenzando a colar en artículos y revistas de tirada nacional. De hecho, está adquiriendo tal relevancia que los grandes poderes opuestos a la nacionalización ya se han lanzado a una feroz campaña de desprestigio de lo público. También desde posiciones supuestamente progresistas se está jugando la carta de la confusión: hacer pasar por “nacionalización” la aprobación de leyes  para controlar el monopolio.

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La Railroad Workers United está preparando una campaña de mítines por todo el país para defender la nacionalización del sector ferroviario y ganar a la opinión pública. 


Pero un reportaje reciente titulado El Caso de la Nacionalización de los Ferrocarriles en la revista In These Times ilustra muy bien las resistencias de los trabajadores a dejarse engañar[8]. En la misma se pueden leer las declaraciones de un conductor ferroviario:

“Cuando hablamos de la nacionalización la gente puede pensar que estamos hablando de quitar el control de una industria de las manos de las corporaciones para dárselo al mismo Gobierno que toma todo tipo de decisiones en base a los beneficios. […]. Por lo que nosotros estamos luchando es por la nacionalización democrática”. 

El mensaje está claro. Con sus propias palabras, lo que los trabajadores ferroviarios están llevando a debate público es la nacionalización bajo control obrero de un sector estratégico. El potencial revolucionario de las preguntas y respuestas que el movimiento se está haciendo también queda reflejado en el reportaje de In theses times: “Sin embargo, simplemente regular el seguro sanitario —ya sea el obamacare o el que tengas— no es una solución real. Necesitamos un Sistema Público Sanitario. Y creo que lo mismo es válido para los ferrocarriles, decía otro trabajador consultado en el reportaje.

Un nuevo jalón para un programa de independencia de clase

Sin embargo, a los trabajadores no les faltan muy malos compañeros de viaje. Son muy ilustrativas las palabras en este sentido de Jeremi R. Ferguson, líder del mayor sindicato ferroviario —que agrupa 28.000 trabajadores—, en relación con la prohibición de la huelga de ferroviarios y la imposición de un acuerdo por parte del Congreso:

“Él [Biden] hizo lo correcto [ilegalizó la huelga] según las cartas que tenía en su mano. A nadie le entra en la cabeza que ningún partido político nos dejara ir a la huelga general hundiendo la economía antes de Navidad. […] Imponer el acuerdo era la mejor opción del presidente y el Congreso. […] No culpo a Biden. Él ha puesto el país primero, él ha puesto la economía primero”.

Ahora, con la huelga por el convenio de facto ilegalizada hasta 2025 —cuando se reabre el periodo de negociación— la RWU está preparando una campaña de mítines por todo el país para defender la nacionalización del sector ferroviario y ganar a la opinión pública. Este es el camino correcto. En cualquier caso estos acontecimientos reivindican una vez más la necesidad de que los sindicalistas y activistas de la izquierda combativa que impulsan la lucha social en los Estados unidos se organizarse en un partido que se base en una estrategia socialista de independencia de clase.

¡Por la nacionalización del sector ferroviario!

 

 Notas:

[1] Ohio residents demand answers two weeks after toxic chemical train derailment

[2] Ohio catastrophe is ‘wake-up call’ to dangers of deadly train derailments

[3] Izquierda Revolucionaria - EEUU: la Administración Biden prohíbe la huelga en los ferrocarrile

[4] America's Infrastructure Scores a C

[5] The Case for Nationalizing the Railroads - In These Times

[6] Railroad workers pressure Congress and Biden to address working conditions

[7] Railroad Workers United

[8] The Case for Nationalizing the Railroads - In These Times

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