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Desde hace semanas miles de tractores cortan carreteras y autovías, impidiendo en ocasiones el acceso a algunas grandes ciudades. Un movimiento que ha vuelto a sacar las banderas de España a las carreteras ondeadas por las organizaciones mayoritarias de los agricultores, ASAJA, COAG, UPA, pero también por nuevas plataformas que no disimulan su discurso de extrema derecha.

El motivo de estas acciones se puede resumir en uno: el Gobierno español y Bruselas llevan al “campo español” a la ruina. Un acontecimiento así, como no podía ser de otra manera, ha extendido el debate a las filas de la izquierda. ¿Hay que apoyar las reivindicaciones del movimiento agrario? ¿Qué contenido de clase tienen? ¿Apuntan en una dirección reaccionaria o progresista? Con este artículo intentamos responder a algunos de los interrogantes suscitados, esclarecer las tendencias dominantes en esta “lucha” y proponer una alternativa global desde la izquierda combativa a una agricultura capitalista dominada por los grandes monopolios.

Las auténticas lacras que no salen al debate público

En primer lugar debemos subrayar que los problemas que angustian a la mayoría de las familias que de una u otra forma dependen del sector agroalimentario para vivir; para vivir, no para enriquecerse y tener cuentas corrientes de siete cifras, son claros y están muy localizados.

Vamos a ser concretos. La explotación agraria española destaca por unas condiciones laborales infames. Hablamos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que sufren la pesadilla de los bajos salarios, las jornadas interminables, la precariedad e incluso la semiesclavitud para un número cada vez más alto de jornaleros y jornaleras inmigrantes. Obviamente, de esto no se habla en los reportajes ni tampoco en las reivindicaciones que manejan los portavoces de las tractoradas. Lo que le pase a los asalariados del sector parece que les importa poco.

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La explotación agraria española tiene condiciones laborales infames. Con la pesadilla de los bajos salarios, la precariedad e incluso la semiesclavitud para cada vez más jornaleros y jornaleras inmigrantes.

Los datos son demoledores. El sueldo bruto medio mensual en el sector, según la EPA de 2022, era de 1.477 euros, el tercero peor por rama de actividad, solo por encima de la hostelería (1.390 euros) y el empleo doméstico (981 euros), y muy por debajo de la media estatal de los salarios (2.128 euros). La tasa de temporalidad es actualmente del 37,6%, frente a la media general del 16,5%. También es el sector con la tasa de siniestralidad más alta: de enero a noviembre de 2023 murieron 70 trabajadores en el tajo[1].

Pero son los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, los que sufren las condiciones laborales más deplorables. En Almería hay unas 13.000 explotaciones en las que se emplea casi 100% mano de obra migrante. Distintas organizaciones humanitarias y sindicales estiman que entre un 10 y 30% de las personas que allí trabajan lo hacen de forma irregular, sin ningún tipo de derechos[2]. En Huelva y Almería hay entre 7.000 y 10.000 personas que trabajan en condiciones infrahumanas, repartidas en unos 120 asentamientos chabolistas[3].

Choca que en todas estas movilizaciones no se haya pronunciado una sola palabra de denuncia de esta situación. Ni siquiera una simple alusión a estos trabajadores, como si no existieran.

Obviamente, a diferencia de las movilizaciones de los jornaleros de los años setenta, ochenta y noventa del siglo pasado, muchas de ellas lideradas por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) de Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, en esta ocasión no hay la menor referencia a la reforma agraria integral, tan necesaria en Andalucía, Extremadura y otras zonas donde la propiedad terrateniente sigue siendo una realidad lacerante.

Este hecho es muy indicativo de quien protagoniza estas movilizaciones. No son los trabajadores del campo asalariados, ni los que se emplean en la industria agroalimentaria, en las fábricas de conservas, en las grandes naves de manipulación de frutas, hortalizas y otros productos para la exportación. En realidad hablamos de una movilización de pequeños, medianos y grandes propietarios, dominada políticamente por estos últimos.

Cuando se habla de lo poco que se paga en origen a los pequeños agricultores y ganaderos por sus cosechas, su leche o su carne, como siempre escuchamos en los medios de comunicación, es chocante que nunca se quiera apuntar a los responsables de esta situación: los grandes monopolios capitalistas y fondos de inversión del sector. Pero por más obvio que parezca, no son Mercadona, Carrefour, Eroski, Alcampo, Día, LIDL El Corte Ingles, Ahorra Más… los que están en el punto de mira de los manifestantes, salvo honrosas excepciones.

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Las movilizaciones no son de los trabajadores del campo asalariados, ni de los de las fábricas de conservas, de manipulación de frutas, hortalizas y otros productos para la exportación. Es de propietarios, dominada políticamente por los mas grandes.

Estos gigantes ejercen una dictadura de hierro sobre la compra, la distribución y comercialización de la parte fundamental de lo que se produce en el campo tanto para consumo doméstico como para la exportación. Gracias a esta posición monopolista, las seis mayores empresas citadas registraron un volumen de negocio de 107.000 millones de euros en 2020 con unos suculentos beneficios. Mercadona, por ejemplo, facturó en 2022 un 11,6% más que en 2021, hasta llegar a los 31.041 millones de euros y obtuvo unos beneficios netos de 718 millones de euros, un 5,5% más que el año anterior.

Es evidente para quién trabaja el campo y quién amasa las ganancias mayores, siempre en detrimento de los pequeños agricultores, que son una minoría de las explotaciones agrarias y ganaderas del país, y sobre todo de la clase trabajadora que es realmente la que paga cada día más por una alimentación deficiente y de peor calidad.

Una movilización liderada por grandes y medianos propietarios

El pasado 6 de febrero la plataforma impulsora de las primeras movilizaciones, la Agrupación Nacional de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario, conocida como Plataforma 6f, publicó el manifiesto en el que se recogían sus peticiones.

Esta asociación, creada por exmilitantes de Vox (uno de ellos el abogado Xaime da Pena, el que pagó la lona que Desokupa instaló en Madrid contra Pedro Sánchez), plasmó, en las tres páginas de este escrito, el programa completo de reivindicaciones de la ultraderecha para el campo. Y aunque en los últimos días sectores de los manifestantes se han desmarcado de esta plataforma y son las organizaciones patronales agrarias ASAJA y COAG, y la minoritaria Unión de Pequeños Agricultores (UPA), las que las están encauzando, las reivindicaciones fundamentales siguen siendo las mismas que las formuladas por la Plataforma 6f. 

Las exigencias son bastante esclarecedoras: derogación de la Agenda 2030, derogación de la ley de bienestar animal, derogación de las leyes de defensa del medioambiente y de protección de especies. A su vez claman por la eliminación de los límites para el uso de pesticidas, y de cualquier norma que les obligue a una nutrición sostenible de los suelos agrarios.

Los grandes agricultores que marcan la pauta de este movimiento, aparentando ser pequeños propietarios que tienen que trabajar de sol a sol sin ver ningún beneficio, señalan la gran carga que les supone el incremento de los costes de producción, exigiendo más ayudas estatales y comunitarias. Por supuesto, son muy, pero que muy españoles claro, y denuncian la “invasión” de productos provenientes de países de fuera de la UE, contra los que dicen no pueden competir por las normas, limitaciones y sobrecostes que les provocan las políticas verdes de la UE, los “elevados salarios” que tienen que pagar y los altos impuestos que se ven obligados a embolsar a Hacienda.

En definitiva, cualquiera con un poco de experiencia política se da perfecta cuenta de que estos agricultores solo quieren “libertad”, esa misma libertad por la que clama Isabel Díaz Ayuso en Madrid para que la patronal y los especuladores de la capital hagan lo que les venga en gana chupando la sangre de la clase trabajadora, pagando salarios miserables, haciendo de la vivienda un negocio fabuloso y forrándose a costa de la privatización de los servicios públicos. Porque en eso consiste la libertad para esta gente de bien.

El campo español, como ocurre en el conjunto de Europa ha sufrido una potente transformación en las últimas décadas. Ya no está compuesto mayoritariamente por pequeñas propiedades, no. La intervención de los fondos de inversión y multinacionales agroalimentarias han transformado el panorama. Ahora son los grandes empresarios del campo los que controlan el sector, los que tienen más recursos y los que poseen la mayor cantidad de Superficie Agraria Utilizable (SAU). El proceso de concentración del sector agrario en el Estado español avanza inexorablemente. Las explotaciones de 100 hectáreas o más, que representan el 6% del total de las mismas, abarcan el 58% de la SAU y generan el 30% de la producción[4].

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El proceso de concentración del sector agrario avanza inexorablemente. Las explotaciones de 100 hectáreas o más, que representan el 6% del total, abarcan el 58% de la Superficie Agraria Utilizable.

Cuando estos medianos y grandes propietarios hablan de libertad no están defendiendo una agricultura para el pueblo. Están señalando únicamente sus intereses, sus cuentas corrientes, y la defensa de un estilo de vida que incluye altos ingresos, buenos coches y cuatro por cuatro, universidades privadas para sus hijos, sus cotos privados de caza, y sobre todo su buen patrimonio inmobiliario.

Si para mantener esta situación hay que arramplar con todo se arrampla, empezando con el saqueo de los recursos naturales, sobre todos hídricos, agotando los acuíferos, las aguas subterráneas, consumiendo hasta la extenuación los nutrientes naturales de las tierras para saturarlas de fertilizantes y productos fitosanitarios sin límite ni control.

Vivimos una situación de sequía prolongada, pero el consumo de agua por parte de los medianos y grandes agricultores se ha disparado. Hace unos días RTVE publicaba un amplio reportaje al respecto del que merece la pena citar algunos párrafos:

“Los datos son claros: un 79,1% del recurso hídrico se lo lleva la agricultura y la ganadería. Del resto, un 15,03% corresponde al abastecimiento urbano (incluido el de los turistas), un 5,8% la industria y un 0,4% al uso recreativo, donde entra por ejemplo el riego de campos de golf, el llenado de piscinas o los parques acuáticos, según datos del Ministerio de Transición Ecológica que van de 2018 a 2021 según la cuenca (…).

En las dos últimas décadas las hectáreas destinadas al regadío han crecido casi un 11%, mientras que las de secano se han mantenido prácticamente igual, según datos del Ministerio de Agricultura. Las hectáreas regadas representan casi un 23% de la superficie cultivada en España, pero, por su mayor productividad, suponen el 65% de la producción final vegetal (…).

A esta situación se añade el uso ilegal del agua para la agricultura (...) Los agentes del SEPRONA cierran cada año cientos o miles de pozos ilegales en comarcas sedientas como la Axarquía malagueña, o en el entorno de parajes naturales al límite de su supervivencia, como Doñana o el Mar Menor. Greenpeace cifra en un millón el número de estos pozos y esta semana ha exigido al Gobierno un inventario oficial para poder atajar el problema”[5].

Las consecuencias de este modelo capitalista agrario depredador, que este Gobierno del PSOE y Sumar, como todos los anteriores, consienten y alientan, las estamos padeciendo muy duramente. Las reservas de agua se reducen sometidas a la dictadura del regadío (y también del turismo masivo), agravando la sequía y la destrucción de parajes de gran valor ecológico (Doñana, Mar Menor…). El uso desmedido de pesticidas tiene un impacto demoledor para el hábitat de multitud de especies animales y vegetales, además de provocar un continuo descenso de la calidad de los alimentos que consumimos la mayoría de la población.

De hecho, todo este conjunto de factores es el que mina la pequeña producción, sostenible y respetuosa por el medio ambiente, y por el que no dan un duro los dirigentes de estas movilizaciones. Pensar que los reaccionarios que encabezan las tractoradas apuestan por un modelo de explotación agraria ecológico, de proximidad y respetuoso con las condiciones laborales, es creer en cuentos de niños.

Una de las reivindicaciones que más populares se han hecho, es que están hasta la coronilla de la burocracia de la UE. ¡Hacemos mucho papeleo! dicen en sus entrevistas y en las redes sociales. Claro. Todo el mundo hace papeleo, también los trabajadores que cobramos 1.500 euros al mes debemos hacer la declaración de hacienda. Pero lo que se callan muy mucho, es que los currantes normales y corrientes no tenemos nuestra actividad laboral subvencionada, pero los grandes agricultores se llevan miles de millones de la Política Agraria Común (PAC) de la UE. Eso sí que es una paguita generosa.

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Los currantes no tenemos nuestro trabajo subvencionado, pero los grandes agricultores se llevan miles de millones de la Política Agraria Común (PAC) de la UE.

La PAC de la UE es el mayor fondo de subvenciones del mundo. En la campaña de 2023 al Estado español le correspondieron 4.875 millones de euros y tiene asignados para el periodo 2021-2027 un total de 34.124 millones de euros. Son los más acomodados, los mayores explotadores de mano de obra asalariada, los que se llevan la parte del león de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y del Gobierno.

También son ellos los que más se benefician de las bonificaciones del seguro agrario, y de los subsidios que reciben por sequía. Sin ir más lejos, Hacienda redujo un 25% el IRPF de los ganaderos y agricultores afectados por la sequía en 2023, pero estas reducciones “llegaron al 50% en el caso del olivar, el almendro y la apicultura, y del 30% en el de los cereales, oleaginosas y leguminosas, castaño, melocotón, nectarina, albaricoque y los demás sectores ganaderos. Sumado a lo anterior, y siempre que los declarantes estén en el régimen de estimación objetiva, estos puedan minorar el rendimiento neto previo un 35% por adquisición de gasóleo agrícola, y un 15% por compra de fertilizantes”[6].

Todos los días nos hablan de la competencia desleal de productos extracomunitarios. Claro. Pero lo que se callan otra vez es que las exportaciones agrarias españolas han registrado dos récord históricos: en 2021, con 60.118 millones y un aumento del 11% respecto a 2020, y en 2022, con 68.918 millones de euros, un 13,1% más que el año anterior.

Pero además, como siempre ocurre cuando se ondea tanto la rojigualda, la hipocresía es insultante. Las principales empresas agroalimentarias que operan en Marruecos son españolas. De hecho en los últimos tres años el número de empresas españolas del sector que han abierto delegaciones en Marruecos aumentó un 35%: Mercadona se provee en Marruecos masivamente de hortalizas y fruta y se las compra a otras empresas españolas que operan allí, como la firma almeriense Agroatlas que es el segundo mayor operador comercial de judías verdes redondas de Europa. Evidentemente el capital no conoce fronteras y su españolismo es lo de siempre. Pandereta y engaño.

Por otra parte, el aumento de los costes que denuncian los manifestantes están provocados por el control monopolista y la gestión especulativa sobre la producción y distribución de fertilizantes, del combustible, del acceso a las principales reservas de agua, etc. que ejercen las grandes empresas del sector.

En definitiva y para no dejarnos engañar. Hay que diferenciar claramente entre los medianos y grandes propietarios, que controlan lo fundamental de la producción y la comercialización de la mano de las multinacionales, y los pequeños, que según datos oficiales en 2022 obtuvieron rentabilidades muy bajas.

Pero lo cierto es que el sector agrario es cada vez más potente en el Estado español como señalan estudios especializados: “Pese a la tormenta perfecta que vive el campo español debido a la escalada de precios y la sequía de esta primavera, el sector es un pilar de la economía española y ha aportado al PIB hasta 110.100 millones de euros en 2022, lo que supone un 9,2% de toda la economía nacional, según el informe 'Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo' de Cajamar en colaboración con IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) que se ha presentado este jueves. Con estas cifras, España se mantiene como la cuarta economía agroalimentaria de la Unión Europea, aportando el 11,9 % del valor añadido bruto (VAB) comunitario del sector. Además, la participación del sector agroalimentario en el total de la economía es mayor en España que en la Unión Europea (9,2 % frente a 6,6%), debido sobre todo al mayor peso que tiene la comercialización (4,1%) en comparación al que tiene a nivel europeo (2,6%)”[7]. Concluyente.

Una alternativa de izquierdas para transformar y defender el campo en beneficio del pueblo trabajador

Es inútil esconder el carácter de clase de este movimiento de las tractoradas y quien pone el tono en el mismo. Aquellos que en la izquierda buscan elementos progresistas “que hay que apoyar”, tratan con ilusiones. Por supuesto que hay miles de pequeños propietarios, no asalariados, porque no lo son, que lo están pasando mal. Pero el enfoque de estas movilizaciones y sus reivindicaciones no van en beneficio del pequeño, sino del mediano y del gran propietario, que siempre han sido, y serán, la base social y electoral de la derecha conservadora y de la extrema derecha por motivos obvios.

Una movilización que recoge y defiende las principales reivindicaciones de la derecha y la ultraderecha; que se jacta de su negacionismo climático y su desprecio por el ecologismo; que alienta el argumentario de que aquí lo que falta es libertad para producir y para explotar sin cortapisa alguna a una masa de jornaleros y temporeros; que siempre que pueden alardean de su españolismo más rancio, de machismo y de homofobia, estos sectores, de verdad, nunca podrán ser la base de la revolución social. Más bien serán la vanguardia de la contrarrevolución. De hecho son los que han llevado en volandas a Vox a la posición de tercer partido parlamentario.

Son los asalariados del campo, los jornaleros y temporeros inmigrantes y españoles del fruto rojo de Huelva, del plástico almeriense, de las grandes explotaciones de hortalizas y frutas de Murcia y Valencia, los que sufren con toda crudeza la desigualdad que impone el modelo de agricultura capitalista controlada por los grandes monopolios y la banca. Y, lógicamente, este modelo también golpea con dureza a una parte nada desdeñable de los pequeños agricultores sometidos a esta dictadura del mercado.

Las constantes cesiones a los grandes poderes del sector que han venido aplicando todos los Gobiernos, incluidos el anterior en el que participaba Podemos y la actual coalición PSOE-SUMAR, lejos de unir a estos dos sectores en la lucha y arrancar al pequeño productor de la influencia de los grandes propietarios y de la extrema derecha, refuerza el dominio ideológico de estos sobre los pequeños agricultores.

La izquierda debe levantar una alternativa que suponga un cambio real y radical en las relaciones de producción en el campo. Es necesario imponer salarios dignos, empleo estable y con derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, persiguiendo con contundencia la esclavitud laboral que impera en muchas zonas y que son harto conocidas pero no se hace nada contra ellas.

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La izquierda debe defender un cambio real y radical en las relaciones de producción en el campo. Imponer salarios dignos, empleo estable y con derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, persiguiendo la esclavitud laboral.

Hay que expropiar ya la propiedad latifundista y nacionalizar la tierra de los grandes propietarios para llevar a cabo una reforma agraria integral, que dignifique de verdad las condiciones laborales y salariales de los jornaleros y braceros, pague pensiones decentes, acabe con las infraviviendas, el paro, el PER y el caciquismo.

Hay que actuar inmediatamente contra los grandes monopolios agroalimentarios, las grandes cadenas de distribución, las energéticas y las industrias de semillas e insumos fundamentales, de la única manera viable y realista: nacionalizándolos. Solo de esta forma los pequeños propietarios podrían obtener los insumos que necesitan a bajo coste, producir de una manera respetuosa con el medio ambiente y acabar con la especulación de precios de los alimentos garantizando el acceso a la población trabajadora a una comida de calidad. Establecer control de precios para el consumo es una obligación, aunque esto afecte a los sacrosantos beneficios de los de siempre.

Para habilitar créditos baratos a las pequeñas explotaciones, hay que nacionalizar la banca y acabar con el parasitismo del capital financiero.

Para mejorar las condiciones de vida en el campo y en la ciudad necesitamos una  agricultura ecológicamente sostenible lo que exige una planificación racional y socialista de la producción agraria, liberada de la lucha por el máximo beneficio.

Evidentemente, a los dirigentes de las tractoradas este programa les provoca urticaria, pero para la mayoría de la población es la única salida.

 

 Notas:

[1]La precariedad laboral en el campo, un mal endémico que no protagoniza la protesta agraria

[2] Historias bajo los plásticos en la huerta de Europa

[3] Los empresarios de Andalucía que exploten a temporeros serán sancionados sin fondos de la PAC

[4] Para más datos al respecto: ¿Qué nos dice el último censo agrario sobre las explotaciones agrarias españolas?

[5] La agricultura, el "elefante en la habitación" que consume el 80% del agua en la España de las sequíasl

[6] IRPF: Reducción del 25% para ganaderos y agricultores por sequía | Blog Bankinter

[7] Las cifras del campo en 2022: aportó 110.100 millones de euros y supuso el 9,2% del PIB


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