Destapado un nuevo caso de infiltración policial en los movimientos sociales de Madrid.

Tras los casos de infiltración policial destapados por el medio digital La directa hace unos meses, que relataban como un agente de la Policía Nacional se había servido de la creación de relaciones sexuales y afectivas con diferentes mujeres para infiltrarse en organizaciones anticapitalistas, sindicales y de la izquierda independentista catalana, o también la infiltración policial en Valencia, en los últimos días le ha tocado el turno a los movimientos sociales en Madrid.

Quienes han sufrido esta escandalosa práctica, a la que parece haberse habituado el Ministerio del Interior, han sido dos organizaciones ecologistas y el centro social ocupado La Animosa que, ubicado en un edificio abandonado perteneciente al SAREB en el barrio de Hortaleza, ofrece biblioteca, gimnasio y espacio de reunión abierto a vecinos y organizaciones sociales.

Parece ser que el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Grande Marlaska le ha cogido gusto a la criminalización de los movimientos sociales y se ha convertido en una actividad cotidiana la creación de expedientes e investigaciones policiales a todo aquel que levante la voz contra los recortes, la carestía de la vida, los delitos ecológicos o la defensa de los derechos democráticos más elementales.

Desde aquí nos solidarizamos con todos y todas las afectadas, y exigimos la depuración de responsabilidades por estas acciones que hasta ahora han quedado impunes.

La Dirección General de Policía y el ministro del Interior ni se despeinan al justificar todas estas infiltraciones. Para ellos todo es correcto y necesario, todo vale. Pero con sus declaraciones y su silencio no hacen más que subrayar dos ideas muy importantes.

En primer lugar, que la policía política existe, y que su objetivo principal somos las organizaciones de izquierdas que nos negamos a mirar para otro lado ante las injusticias y los ataques cotidianos de este sistema brutal, que nos negamos a ver impasibles como nuestras condiciones de vida, de estudio o de trabajo se degradan día a día. Y en segundo lugar, que las cloacas del Estado no existen. Lo que existe es simple y llanamente un Estado al servicio de una determinada clase social que para defender los intereses de los grandes poderes económicos hará cualquier cosa.

La hipocresía de quienes defienden estas actuaciones no tiene límites. Dicen que las acciones de estos grupos pueden desestabilizar el país, generar alarma social, crear problemas de convivencia o incluso que pueden derivar en la creación de organizaciones criminales.

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Manifestación en Barcelona el pasado enero, contra la infiltración policial. 


Cuando leemos o escuchamos este tipo de justificaciones a más de uno nos entran algunas dudas, y nos preguntamos si con lo de la “desestabilización” del país la policía y el ministro se refieren a los 80.000 millones de euros de fraude fiscal que en su mayoría se esconde tras las filiales que las empresas que cotizan en el IBEX 35 crean para eludir el pago de impuestos, mientras en los barrios obreros se siguen destruyendo los servicios sociales públicos, nuestros salarios se reducen y seguimos empobreciéndonos.

O a lo mejor con la “alarma social” están refiriéndose a la que genera ver cómo una caterva de jueces reaccionarios se afanan en rebajar las penas de prisión al mayor número de violadores y agresores sexuales posibles con el único fin de amedrentar y dar un fuerte golpe al formidable movimiento feminista que no para de crecer y fortalecerse.

Pero con esto de la alarma social también podríamos hablar de la que produce las denuncias que Amnistía Internacional e incluso la ONU han hecho sobre el maltrato policial y la tortura que a día de hoy sigue existiendo en el Estado español. Algo que no puede pillar por sorpresa a las instituciones del Estado, ya que en un estudio encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy a un comité de expertos —que ellos mismos eligieron— dejaron escrito negro sobre blanco que “las investigaciones realizadas indican que los casos de malos tratos no son hechos aislados, sino síntomas de deficiencias estructurales”, por lo que recomiendan “mejorar las garantías de los detenidos [con medidas como] la introducción de videocámaras de circuito cerrado en todas las zonas de las comisarías”.

Por otra parte, sobre la insinuación de que la actividad de los movimientos sociales, organizaciones anticapitalistas… pueden derivar en hipotéticas acciones criminales en un futuro indeterminado, habría que preguntarles si no es más efectivo perseguir y combatir el crimen que a día de hoy se produce de manera ininterrumpida en cada rincón de este país contra miles de mujeres que son obligadas contra su voluntad a prostituirse bajo coacciones, palizas y amenazas de todo tipo.

Para todos estos casos no hay infiltración policial. Como tampoco existen recursos para investigar quién será el misterioso M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, o dedicar algo de tiempo a documentar los desmanes, en todos los planos, cometidos por Juan Carlos I a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Es evidente que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía no utilizan la infiltración policial por error, ni para garantizar derechos y libertades. Simplemente ven en ella una herramienta más para tratar de controlar y perseguir la contestación social y tratar de hacerla descarrilar. Tristemente para ellos esa es una batalla perdida, puesto que la protesta y la lucha no nacen de la cabeza de este o aquel grupo de activistas, sino de un sistema en decadencia que ya no puede ofrecer ni siquiera unas condiciones de vida dignas para la mayoría de la sociedad. Contra la represión policial, organización y lucha.

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