El aparato del Estado y el PP y Vox están recrudeciendo su ofensiva contra la Ley de Amnistía. No pueden olvidar la rebelión del pueblo de Catalunya que puso contras las cuerdas al régimen del 78, ese régimen heredado del franquismo que garantiza sus privilegios y poder, y exigen que la venganza se cumpla.

El poder judicial no es más que otra pata de la extrema derecha

Después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobara en noviembre una declaración contra la amnistía, los franquistas con toga vuelven a la carga sin ningún disimulo.

Considerando que los delitos de terrorismo y traición no están incluidos en la amnistía, el juez de la Audiencia Nacional que investiga al Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, ha prorrogado la instrucción de la causa por terrorismo contra Carles Puigdemont, Marta Rovira y otros diez investigados. Al mismo tiempo, el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acordaba, el día antes de la votación de la Ley de Amnistía, la reactivación de la investigación del “Caso Volhov” –un delirio conspiranoide y trumpista que pretende vincular el independentismo con el Gobierno de Putin–. El objetivo es poder juzgar determinados hechos como delito de traición.

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La actuación golpista y reaccionaria del aparato del Estado y de la cúpula judicial está llegando muy lejos. No solo cuentan con el apoyo decidido de la derecha, también porque han contado con el del PSOE durante muchos años.

Esta actuación completamente burda demuestra lo lejos que está llegando la actuación golpista del aparato del Estado y de la cúpula judicial, incluida también la Fiscalía, con la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo señalando que sí se puede juzgar a Puigdemont por terrorismo, enmendando a sus propios fiscales en ambos casos. Hasta tal punto es así que el propio PSOE, que se cerró en banda inicialmente a incluir los delitos de terrorismo, finalmente lo ha hecho pero con una excepción: los delitos de terrorismo que supongan “violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa”. Pero, ¿quién dice que García-Castellón no sea capaz de ver todos estos requisitos y continuar con la causa por terrorismo tras la aprobación de la Ley de Amnistía?

La realidad es que pueden hacerlo no solo porque tienen el apoyo decidido de la derecha, sino porque han contado con el respaldo público del PSOE y de su ministro del Interior Marlaska durante muchos años. Sí, el PSOE en el Gobierno es responsable de no derogar la Ley Mordaza, de celebrar la prisión de Pablo Hasél y de los jóvenes de Altsasu, de impulsar los montajes judiciales y policiales a miembros de los CDR, y ahora de dirigir operaciones antiterroristas contra la organización ecologista Futuro Vegetal. Ellos han sembrado estos polvos y ahora están recogiendo estos lodos.

Junts y su hipocresía calculada

Pedro Sánchez, que en el 2017 apoyó la supresión de la autonomía de Catalunya, que dijo que traería a Puigdemont para ser juzgado, y que negó por activa y por pasiva la posibilidad de la amnistía, ha terminado cediendo. Y lo ha hecho no solo porque necesitaba los votos de ERC y Junts, sino también para cerrar definitivamente, en sintonía con amplios sectores de la burguesía catalana, el desafío abierto con la crisis revolucionaria de 2017 que no pudo ser conjurado exclusivamente por la vía de la represión. Una hoja de ruta que también comparten los dirigentes de ERC y Junts que, más allá de los discursos retóricos, han renegado de la lucha por la autodeterminación y la República.

Sin embargo, basta con ver la furiosa oposición del aparato del Estado y la reacción españolista para comprender cómo la ley de amnistía es, a su vez, consecuencia de la lucha de masas contra la represión y por la República catalana, reflejando la fuerza del movimiento de liberación nacional, tal y como señala explícitamente la propia ley. Una realidad que Junts percibe e intenta aprovechar demagógicamente.

De ahí su voto desconcertante en contra de la Ley de Amnistía, aplazando su aprobación. Un movimiento que refleja dos cuestiones: su evidente preocupación para garantizar que Puigdemont no sea encarcelado, y diferenciarse de ERC para intentar ganar la hegemonía en el movimiento independentista un año antes de las elecciones catalanas.

Poco le importan a Junts los y las miles de activistas represaliadas, como demostró personándose como acusación particular con Quim Torra al frente del Govern u ordenando actuaciones represivas de los Mossos d'Esquadra cuando encabezaban la Conselleria d’Interior tanto en ese Govern de Junts como en el posterior de Pere Aragonès (ERC).

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Junts combina la demagogia independentista con la defensa cada vez más evidente del tradicional programa neoliberal de CiU. Queda en evidencia que son la derecha racista, xenófoba y clasista que siempre fueron. 

De hecho, Junts está combinando esta demagogia independentista con la defensa cada vez más evidente del programa neoliberal tradicional de CiU, reclamando más dinero para los empresarios catalanes o defendiendo la privatización de los servicios públicos, y remarcando su perfil derechista clásico, racista, en ámbitos como la inmigración.

De ahí su competición con el PSOE sobre quién debe expulsar los inmigrantes "irregulares", exigiendo poder hacerlo ellos, o permitiendo que una islamófoba declarada como Sílvia Orriols, en línea con la extrema derecha española y europea, sea alcaldesa en Ripoll. También han rechazado la regulación de los alquileres y su alcalde en Premià de Mar llegó a contratar a los fascistas de Desokupa.

Cada vez queda más en evidencia lo que son: la derecha racista, xenófoba y clasista que siempre fueron. Por eso mismo no pueden ser nuestros aliados en la lucha por la autodeterminación.

Quien desde sectores del independentismo que se reclaman de izquierdas e incluso anticapitalistas insisten en la necesidad de la unidad nacional con Junts demuestran una profunda ceguera o, peor, una despreciable despreocupación por los problemas cotidianos de las masas trabajadoras.

La ofensiva reaccionaria y la izquierda parlamentaria

El lenguaje golpista de los Ayuso, Aznar, Feijóo y Abascal, del CGPJ y de jueces como García-Castellón, o de numerosos cargos militares o policiales –atizando la violencia en las calles de la extrema derecha y llamando abiertamente a la rebelión, al golpismo–, recuerda los discursos incendiarios de Gil Robles y José Antonio Primo de Rivera durante los años 30.

Pero el Gobierno PSOE-Sumar y también la izquierda parlamentaria, se muestran impotentes ante está amenaza. No pocos reconocen que el poder judicial tiene un comportamiento golpista, que aplica la ley a su antojo con impunidad, pero no son capaces de tomar una sola medida práctica para golpear a este aparato judicial plagado de reaccionarios.

Hay que sacar lecciones sobre qué es y a quién sirve el aparato del Estado burgués, en este caso además trufado con el ADN ultrarreaccionario del españolismo franquista. Cambiar la correlación de fuerzas tomando posiciones en ese aparato estatal, como nos intentan convencer algunos, es una utopía reaccionaria.

La única forma de enfrentar esta amenaza, la de la extrema derecha y el fascismo, y la de un aparato del Estado cada vez más reaccionario, es mediante la movilización más contundente en las calles, tal y como hicimos en Catalunya el 1 de octubre de 2017 y en otras tantas ocasiones.

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El Gobierno PSOE-Sumar, y también la izquierda parlamentaria, se muestran impotentes frente a la amenaza de la reacción. La única forma de enfrentarla es mediante la movilización contundente como hicimos el 1-O y levantando el programa del socialismo. 

Las elecciones generales del pasado 23 de julio demostraron la conciencia antifascista de millones de trabajadores y trabajadoras y jóvenes. Pero el desastre se evitó por muy poco, tan solo por 5 diputados.

El nuevo Gobierno de Sánchez y Yolanda Díaz, más conciliador y moderado, es también más débil y dependiente de la derecha nacionalista vasca y catalana. Su fracaso en la aprobación de la Ley de Amnistía, el segundo ya en tan solo dos meses, vuelve a poner en evidencia su fragilidad.

Para enfrentar a la reacción no bastan denuncias dialécticas desde la tribuna parlamentaria. Es necesario recuperar la movilización popular, y levantar una política transformadora que defienda el derecho a la autodeterminación de Catalunya, Euskal Herria y Galiza y la República Socialista.

 

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