Los incendios forestales no dan tregua y están arrasando la península ibérica. Galiza, Castilla y León y Extremadura siguen en el foco de la emergencia, con miles de personas afectadas, pueblos enteros destruidos y desalojados, familias que lo han perdido todo entre las llamas y ocho fallecidos.
La destrucción causada por el fuego en lo que llevamos de año supone ya la peor cifra de la serie histórica en el Estado español. No se trata solo de la cantidad de focos abiertos sino de la intensidad de estos megaincendios que, tal y como denuncia la comunidad científica y los propios cuerpos de bomberos, se caracterizan por su capacidad de propagarse rápidamente debido al cambio climático y la destrucción ecológica que provoca la depredación capitalista.
Hasta el 5 de agosto, el fuego había afectado a algo más de 47.000 hectáreas. Pero solo 15 días después, la cifra se disparó hasta más de 390.000, una superficie casi tan extensa como la que se quemó en todo 2022 y un dato que representa el 40% de todas las hectáreas quemadas en estos últimos ocho meses en la Unión Europea.
Como siempre que nos enfrentamos a un desastre ecológico de estas dimensiones, igual que pasó con la DANA, nos hemos cansado de escuchar en boca de tertulianos, periodistas y representantes de Vox y del Partido Popular, que los incendios son fenómenos imprevisibles o que hay una trama de pirómanos detrás. Un discurso negacionista que pretende desviar la atención del punto principal. Y es que soportamos un modelo forestal y medioambiental capitalista que pone los beneficios empresariales por encima del planeta y de las necesidades básicas de la inmensa mayoría de la población.
Nuestro país está ardiendo y los responsables son quienes recortan y privatizan los servicios públicos esenciales y condenan a unas condiciones laborales pésimas a sus trabajadores.
El PP, Vox y los empresarios se frotan las manos con el negocio del fuego
El espectáculo grotesco del Partido Popular y Vox sorprende a pocos. Estos mayordomos del gran capital han decidido, una vez más, hacer gala de su negacionismo climático y tratar de limpiarse las manos de toda responsabilidad. Que si es culpa de los ecologistas, que si la agenda 2030 o la dictadura comunista que nos gobierna…Todo para tratar de imponer una amnesia colectiva ante las políticas criminales que pusieron en práctica cuando estaban en la Moncloa, en el caso del PP, o actualmente en las CCAA que gobiernan juntos.
Fue en 2003 con la Ley de Montes cuando se privatizó la lucha contra los incendios forestales, otorgando a las comunidades autónomas la competencia sobre la gestión forestal y la extinción de incendios. Es esta la legislación que ha permitido que las administraciones autonómicas externalicen las tareas de emergencia a un reducido grupo de empresas privadas.
Es decir, un servicio público crítico y fundamental para proteger al medio ambiente y a la población, como también lo son la educación, la sanidad o los cuidados de nuestros mayores, se ha convertido en un negocio millonario controlado por lobbies. Tal y como denuncia Público[1], las empresas que controlan el sector han recibido contratos públicos por valor de 384 millones de euros en los últimos dos años solo de las comunidades autónomas, a los que se suman otros 270 millones del Ministerio de Transición Ecológica, en manos del Gobierno central del PSOE y Sumar.
Son empresas que conocemos bien, como Avincis que controla más de la mitad del mercado de servicios aéreos de emergencias (incendios, salvamento marítimo y emergencias sanitarias) o Pegasus Aero Group, principal operador en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.
Una rápida radiografía de la gestión medioambiental de la Junta de Castilla y León, una de las zonas más afectadas, desnuda la hipocresía y la desfachatez de la derecha. El 40% de los bomberos forestales de la región trabaja para empresas privadas que se reparten las licitaciones para la prevención y extinción de los incendios y otro 20% depende del gobierno regional. Entre 2024 y 2025, Alfonso Fernández Mañueco ha repartido más de 100 millones de euros a unas veinte empresas locales. Estamos hablando del mismo gobierno cuyo consejero de Medio Ambiente opina que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro” y que los incendios se deben “a los ecologistas y sus nuevas modas”.
Y lo mismo sucede en la Xunta de Feijóo, que ha mantenido los parques de bomberos comarcales bajo el control de empresas privadas; o cuando Mazón llegó a la Generalitat Valenciana y guillotinó la Unidad Valenciana de Emergencias; o en la Comunidad de Madrid, donde durante 20 años este servicio lo manejaban dos empresas privadas. Pero la fascista de Ayuso prefiere culpar “a la agenda ideológica” de este saldo incendiario.
Contratos temporales, nula formación y convenios obsoletos
Todo este negocio no solo ha concentrado enormes beneficios en unas pocas manos, sino que ha generado unas condiciones laborales críticas para los trabajadores. La mayoría llevan en lucha muchos años y denunciando en redes sociales y en entrevistas[2] las condiciones en las que trabajan y agradeciendo a los vecinos de las localidades cercanas a los incendios que han arriesgado su propia seguridad para brindarles ayuda, comida y agua.
En el caso de la Comunidad de Madrid el convenio colectivo de bomberos forestales actual lleva 17 años caducado, cobran 1.300 euros en una ciudad donde los precios están disparados y la temporalidad –un 40% de los trabajadores solo están contratados cuatro meses en verano– hace imposible profesionalizar la plantilla.
A todo esto hay que sumar que estas empresas no dedican ni un solo céntimo a la formación y preparación de quienes se tendrán que enfrentar durante muchas horas seguidas al fuego. “Tú puedes entrar el primer día a trabajar y según te pones el mono suena la campana y te tienes que ir”, denuncia un bombero de León. Mientras sean empresas privadas las responsables de la gestión del medio natural, el abaratamiento de los costes y el máximo beneficio empresarial primarán sobre la prevención de riesgos, la protección forestal y el empleo digno. Y estas empresas, no lo olvidemos, se llenan los bolsillos gracias al dinero público que sale de nuestros impuestos y de las privatizaciones, de las que el PSOE también ha sido un patrocinador entusiasta.
¿Escudarse en las competencias o revertir las privatizaciones?
Por eso es un insulto a nuestra inteligencia recurrir a la propaganda barata. No basta con las palabras de preocupación de Pedro Sánchez o que Yolanda Díaz critique los “fallos de coordinación” desde la manifestación en Vigo contra la negligencia de la Xunta.
¿Acaso no están en el Gobierno central? ¿Acaso no tienen toda la capacidad legal para aprobar leyes urgentes que anulen las privatizaciones y rescaten estos sectores imponiendo una gestión pública con medios y condiciones dignas? Por supuesto que sí, pero no tienen ninguna voluntad política de enfrentarse a los monopolios empresariales porque eso significaría atacar el problema de raíz: el beneficio capitalista. Y ellos no están para eso. Obviamente es mucho más fácil escudarse en las competencias autonómicas y lo mala que es la derecha como, por cierto, hacen respecto a la vivienda, la educación, la sanidad…
¿Cómo es posible que el propio Ministerio de Transición Ecológica reconozca que existe un “oligopolio de facto” en los operadores aéreos privados que contrata el propio Gobierno central y no hagan nada? Y lo mismo sucede respecto a las pésimas condiciones laborales y salariales de los cuerpos de emergencias.
El Gobierno PSOE-Sumar puede tratar de esconder la cabeza bajo la arena mientras vocean que “es todo culpa del PP”. Luego nos dirán que les tenemos que votar para que no lleguen los fascistas. Pero la reacción ya ha llegado, la sufrimos en muchos territorios. Sin embargo, estas políticas letales contra los sectores públicos que con tanto orgullo enarbola la derecha, fueron iniciadas, extendidas y reforzadas por Gobiernos del PSOE durante décadas.
El modo de producción capitalista lo destruye todo a su paso con la complicidad de los Gobiernos que sostienen la llamada economía de mercado. Vivimos bajo un sistema en el que vale más un contrato jugoso para desviar dinero público a grandes empresas que asegurar empleos fijos para los trabajadores forestales, y en el que se aumentan las partidas para la tauromaquia mientras nuestros bosques arden.
Acabar con el capitalismo es una tarea urgente si queremos evitar la hecatombe ecológica, y eso implica una lucha sin cuartel contra sus servidores políticos.
Notas:
[1] El oligopolio que controla la extinción con medios aéreos se embolsa otros 400 millones en las comunidades castigadas por el fuego
[2] Los bomberos forestales de Madrid en huelga. Entrevista con Javier Vi, bombero forestal y afiliado/delegado del sindicato Firet
