Aún no se han cumplido dos años de la victoria electoral de Rajoy en noviembre de 2011 y las divisiones internas y una sensación de descomposición recorren el Partido Popular. Incluso antes del estallido del caso Bárcenas las encuestas del CIS mostraban ya un hundimiento de la intención de voto al PP y un altísimo nivel de desaprobación de sus ministros, en particular de los directamente relacionados con los recortes.

Debilidad crónica de la derecha española

Este pésimo horizonte electoral, unido a la perspectiva de un otoño en el que continuarán las movilizaciones masivas contra sus políticas, ha hecho que de nuevo afloren a la superficie las tensiones internas del PP que habían quedado en segundo plano desde el congreso de Valencia en 2008. Estas tensiones no son nuevas, sino que tienen su origen en el inestable equilibrio mantenido por los dos sectores que conforman el PP desde su refundación en 1989: el sector procedente del núcleo fundador de Alianza Popular (AP), íntimamente vinculado al franquismo, y el que optó por presentarse como “centrista”, consciente de que su vínculo con la dictadura era un lastre electoral que convenía maquillar.
Pero a pesar de sus lavados de imagen en el PP se reúnen todas las debilidades crónicas de la derecha española, las mismas que a finales de los 70 hundieron a la UCD, esa solución electoral de urgencia que la burguesía tuvo que improvisar después de 40 años de delegar su representación política en el aparato de Estado franquista. Toda la debilidad histórica y el atraso de la burguesía española, consecuencia del endeble y desigual desarrollo del capitalismo en el Estado español, se hicieron patentes en ese momento y continúan marcando su actuación política. Las tensiones con las más desarrolladas burguesías vasca y catalana, el parasitismo respecto a los presupuestos públicos —que traen como consecuencia el caciquismo, la corrupción generalizada y la fragmentación de la política burguesa de acuerdo con intereses locales—, el vínculo con la Iglesia Católica, la fusión con la oligarquía terrateniente, no son reliquias del pasado sino que siguen siendo elementos centrales en la actuación política del PP, como se encargan de demostrar la propuesta de reforma del derecho al aborto presentada por Ruiz-Gallardón, el apoyo a los centros educativos dirigidos por organizaciones de fanáticos religiosos, la virulencia con la que combaten la normalización del euskera, catalán o gallego, o el goteo de exhibiciones públicas de apoyo al fascismo por parte de militantes y cargos públicos del PP.
Sólo la perspectiva de disfrutar de los beneficios asociados al ejercicio del poder ha permitido mantener semioculta esa cara horrenda del PP, especialmente durante las campañas electorales. Pero una vez en el gobierno las precauciones se relajan y vuelve a aparecer el verdadero rostro del PP, a veces para disgusto de sus dirigentes, que preferirían transmitir una imagen más moderada.
Esto es lo que ocurrió después de la victoria de 2011, cuando los sectores que veían a Rajoy como un político débil e inconsecuente volvieron a la carga.

Problemas internos del PP de Rajoy

La forzada dimisión de Esperanza Aguirre en septiembre de 2012 fue una primera señal de que la crisis interna del PP se agravaba*. Aguirre criticaba la supuesta tibieza de las políticas del PP y, recogiendo el sentir de un sector de la CEOE, exigía más dureza con los sindicatos y más velocidad en la aplicación de recortes y privatizaciones. Su gestión al frente de la Comunidad de Madrid intentaba ser una referencia alternativa a las políticas del gobierno central pero el envite fracasó y Rajoy, necesitado de cuidadosos equilibrios para mantener la estabilidad de su gobierno, recurrió a la mano dura y Aguirre tuvo que abandonar la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Pero la forzada dimisión de Aguirre no calmó al sector ultra del PP. En mayo de 2013 el expresidente Aznar atacó mediante una entrevista en Antena3 y, en un claro intento de reagrupar al sector ultraderechista del PP, expuso de nuevo las ideas del ala más dura de la patronal, esos que consideran que la debilidad que están demostrando los dos grandes sindicatos y la clara falta de alternativa de la oposición socialista son una gran oportunidad para propinarles un golpe mortal. Bajo la acusación de “falta de proyecto para España”, Aznar volvía a incidir en la necesidad de que Rajoy adoptase una actitud aún más beligerante con los sindicatos y emprendiera las reformas sin ningún tipo de contemplación. Pero aunque Aznar no consiguió agrupar a un número decisivo de dirigentes del PP, los apoyos que recibió fueron suficientes para impedir a Rajoy una solución similar a la aplicada a Aguirre, de modo que el PP optó por escenificar una reconciliación pública haciendo aparecer a Aznar rodeado de ministros en una conferencia en el Club Siglo XXI, a partir de la cual el expresidente moderó notablemente su discurso.

Irrumpe el caso Bárcenas

Pero la tranquilidad en el seno del PP estaba llamada a durar poco. Desde principios de año un flujo de filtraciones fue llegando a determinados medios de comunicación, dejando entrever que la delicada situación procesal del extesorero del PP, Luis Bárcenas, podría desembocar en un considerable escándalo de financiación ilegal y de sobresueldos irregulares para los principales dirigentes del partido.
Los conflictos legales de Bárcenas no eran ninguna novedad. Desde febrero de 2009 estaba imputado por el caso Gürtel, pese a lo cual seguía disfrutando de una situación privilegiada en el PP, con despacho, coche oficial, chófer y secretaria, además de un sueldo exorbitante. Pese a la imputación, la instrucción judicial languidecía y todo indicaba que, al igual que había ocurrido con la inmensa mayoría de casos de corrupción del pasado, el asunto acabaría en sobreseimiento o prescripción.
Pero las circunstancias habían cambiado. La corrupción del PP estaba muy lejos de ser una novedad, pero el intenso malestar social causado por las políticas de ajuste iniciadas por Zapatero y continuadas por Rajoy hizo que las filtraciones de Bárcenas generasen un clima social de indignación de tal magnitud que las instituciones judiciales no pudieron seguir haciendo oídos sordos y finalmente decidieron encarcelar al extesorero. A partir de ahí los acontecimientos se precipitaron ya que, sintiéndose abandonado por sus jefes, Bárcenas desveló los detalles de una inmensa trama corrupta en la que las grandes empresas pagaban inmensas comisiones al PP y a sus dirigentes a cambio de contratos públicos multimillonarios.
Todas estas circunstancias han agudizado el miedo de los cargos del PP en autonomías y ayuntamientos a perder sus posiciones y les ha conducido a una carrera por intentar desvincularse de aquellas decisiones del Gobierno que pueden resultar más impopulares. Así, la Comunidad de Extremadura decidió en junio rebajar el tramo autonómico del IRPF, remarcando la diferencia con el incremento de la presión fiscal realizado por Rajoy, y la Comunidad de Castilla y León se apresuró a criticar duramente el recorte de becas promovido por el ministro Wert.
Y aunque estos gestos de censura a Rajoy pueden considerarse meramente simbólicos, muy diferentes pueden ser las consecuencias de la división interna del PP en dos materias fundamentales: la Ley de Reforma Local, que intenta limitar el alcance de los servicios sociales prestados por los ayuntamientos, y la nueva financiación autonómica, que da una nueva vuelta de tuerca al gasto público en las comunidades. Ambas medidas podrían agravar aún más el hundimiento del PP en las próximas elecciones autonómicas y locales y, en consecuencia, han generado una oleada de rebelión interna cuyo alcance se irá comprobando en los próximos meses.

Ahora es el momento de golpear al PP

Pero a pesar de su evidente desgaste y pérdida de legitimidad, a pesar de las grietas que muestra el PP, Rajoy ha dejado bien claro que va a mantener su rumbo. Tiene tras de si el apoyo unánime de la burguesía española, cuya opción es bien clara: aprovechar la ventaja que supone la combinación de la mayoría absoluta y la pasividad de PSOE, CCOO y UGT para continuar con la política de ataques a los derechos y conquistas históricas de la clase obrera, como demostró la aprobación el 3 de agosto de un decreto-ley que modifica la reforma laboral para hacer más simple la tramitación de los EREs y para reducir la posibilidad de que los trabajadores recurran judicialmente contra los despidos masivos. Hoy por hoy, es esta presión de la burguesía el principal factor que permite al PP permanecer unido y no estallar en mil pedazos.
Pero también son un factor clave para la continuidad de este Gobierno las vacilaciones del PSOE, que pasa de exigir la dimisión de Rajoy a plantear su sustitución por otra figura del PP, para finalmente enredarse en una maniobra parlamentaria de “reprobación”, y la ausencia de respuesta de los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, ante el acelerado ataque que los trabajadores estamos sufriendo.
La posibilidad de romper la base electoral del PP nunca había estado tan cerca como en estos momentos. Sólo haría falta una política firme frente al gobierno, exigiendo su dimisión y la convocatoria de elecciones generales, armados con un programa de transformación social que ponga fin a las políticas antisociales y barra para siempre el entramado de intereses empresariales y corrupción política que en estas últimas semanas ha quedado plenamente al descubierto.

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