El pasado 17 de junio el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que condenaba al joven vallecano Alfonso Fernández, Alfon, a cumplir cuatro años de prisión. Alfon lleva más de dos años siendo víctima de un escandaloso caso de persecución política y un montaje policial digno de los peores años de la dictadura franquista. Pocos días después de su entrada en prisión para cumplir condena, la persecución política continúa: su familia denuncia torturas y que sus derechos como preso no están siendo respetados.

El único delito que ha cometido Alfon es el de ser un joven consciente, un joven de izquierdas que lucha por cambiar las cosas.

Crónica de un montaje policial

Igual que decenas de personas, fue detenido en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Pero él no salió a las pocas horas de los calabozos, sino que fue acusado de “portar un artefacto explosivo” y encarcelado durante 56 días en un régimen especial destinado para los criminales más peligrosos. Una acusación tan falsa que queda refutada por la propia actuación de los agentes que le detuvieron: llevaron la supuesta carga explosiva entre sus propias piernas en el asiento del copiloto del coche con el que se dirigieron a la comisaría. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que si un policía incauta una bomba se la va a poner tranquilamente entre las piernas durante su viaje en coche a la comisaría más cercana? No fue la única irregularidad cometida y que demuestra que fue una detención política completamente preparada e intencionada para el escarmiento general.
La detención de Alfon, de tan sólo 21 años en aquel momento, y su encarcelamiento en régimen de aislamiento se hizo sin analizar el supuesto explosivo, que no se hizo hasta ¡¡dos años después!! Es decir, se le encarceló arbitrariamente sin ningún tipo de prueba. Esta y muchas otras son las increíbles “irregularidades” que no han supuesto ningún obstáculo para dictaminar finalmente su entrada en prisión. Ahora, Alfon ha sido condenado a cuatro años de prisión sin que haya una sola prueba que sostenga la acusación policial.
Está claro que el PP y la clase dominante quieren cortar de raíz la movilización que amenaza sus posiciones privilegiadas. La conclusión que miles de personas sacan cada día sobre la necesidad de movilizarse y organizarse para luchar es un gran problema para ellos. Su reacción en el caso de Alfon es una muestra de su desesperación. La Ley Mordaza, por ejemplo, es otro de sus intentos por tratar de frenar la contestación social a toda costa. Pero llegados a este punto, medidas de este tipo no bastan. No hay ley ni decreto que pueda frenar ese proceso en el que ellos no hacen más que echar más leña al fuego de la movilización.

Un juicio farsa para ejemplarizar

Estos motivos son los que les han llevado a celebrar un auténtico juicio farsa. Comenzando con una primera cita de juicio que no se pudo celebrar por incomparecencia de los policías, porque “estaban de vacaciones”, y siguiendo con la segunda y definitiva cita en la que la línea argumental de fiscal no fue demostrar con pruebas que Alfon portaba un artefacto explosivo, sino que su argumento estrella fue que “no se puede dudar de la imparcialidad de la policía”. Pero, después vino lo fuerte. El interrogatorio a Alfon se centró en preguntarle por su pertenencia a grupos antifascistas, como si eso constituyese una prueba irrefutable de su peligrosidad: “¿Usted es miembro de Bukaneros? (...) ¿Por qué salía en una foto encontrada en su ordenador con una camiseta de las Brigadas Antifascistas (BAF)? (...) ¿Ha escrito usted en la página de Facebook de Soldados ADRV, Asociación del Rayo Vallecano?”. Estas fueron algunas de las “aplastantes pruebas” que el fiscal resaltaba con aire triunfal en el juicio. No fueron las únicas. Otras preguntas a propósito de por qué Alfon y su novia llevaban el día de la huelga general el teléfono de su abogado escrito en el antebrazo parecieron culminar esta argumentación delirante. “Nadie lleva el número de su abogado tatuado o escrito en la piel”, explicaba el fiscal.
En cambio, las incongruencias e irregularidades constantes que el abogado de Alfon expuso y pudo demostrar no sirvieron para cambiar el rumbo de esta sentencia que ya había sido decidida de antemano en algún despacho. Ningún policía supo explicar por qué se había llevado entre 2009 y 2011 un seguimiento de la vida de Alfon sin ninguna orden judicial. Tampoco hubo respuesta para explicar el porqué de esa actuación completamente ilegal. Y, por supuesto, tampoco pudieron explicar que no hubiese cadena de custodia de las pruebas, que en todo el proceso habían aparecido y desaparecido sin ningún control ni garantía de que no hubiesen sido manipuladas. A pesar de todo, no se ha encontrado ninguna huella de Alfon ni nada que pruebe la acusación policial. Un escándalo completo.
Esta delirante situación no terminó con la detención del compañero Alfon. Tal y como ha denunciado su madre, Elena Ortega, en los días que su hijo lleva en prisión ha sufrido torturas en la comisaría de Moratalaz y ahora permanece en la prisión de Soto del Real, de nuevo en un régimen especial de aislamiento, incomunicado.

Alfon, preso político. Esta es la democracia del PP

El Partido Popular quiere hacer del encarcelamiento de Alfon un caso ejemplarizante. Quieren lanzar un mensaje cristalino: todo el que vaya a una manifestación, a una huelga o a impedir un desahucio puede acabar entre rejas, víctima de un montaje surrealista. La situación que vive actualmente Alfon no puede describirse de ninguna otra forma que no sea explicando que se ha convertido en un preso político, en una víctima de un montaje en el que se han inventado todas las pruebas necesarias, que ha roto todos los procesos y garantías jurídicas para condenarle, nada más y nada menos, que a 4 años de prisión.
Es un escándalo completo que tengamos que asistir a este tipo de sentencias profundamente reaccionarias y que atentan contra los derechos democráticos más elementales, cuando todos los días vemos cómo los verdaderos criminales —los que roban dinero público, los que recortan los derechos de los trabajadores, los que desahucian— no sólo no pagan con ninguna sanción por sus crímenes sino que siguen viviendo a cuerpo de rey en total impunidad. Es evidente que existen dos tipos de justicia: la que se les aplica a las infantas, a los Pujol, a los Botín, a Esperanza Aguirre o a los grandes banqueros y otra para los trabajadores y la gente humilde. Para nosotros las cosas son muy distintas. A los nuestros los encarcelan por ir a una huelga o a una manifestación. Incluso cuando la justicia nos da la razón, como ha ocurrido en la lucha de Coca-Cola, da igual. ¿Por qué se desahucia a familias que han sido estafadas sin contemplaciones mientras que los dueños de la multinacional Coca-Cola siguen campando a sus anchas y haciéndose millonarios a nuestra costa?
Desde el Sindicato de Estudiantes reiteramos que toda esta campaña de represión no va a frenar la lucha de la juventud y los trabajadores por un presente y un futuro dignos. El pasado 20 de junio ya hubo una muestra de ello en la gran manifestación que en las calles de Madrid reunió a varios miles de personas por la libertad de Alfon. Exigimos la inmediata absolución de Alfon y llamamos a todos los jóvenes y trabajadores a extender la campaña de solidaridad. Hay que continuar la movilización en las calles para desalojar de una vez del gobierno a quienes nos imponen la represión como respuesta a la legítima defensa de nuestros derechos.

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