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Por su interés reproducimos a continuación este artículo publicado en elsaltodiario.com. Pincha aquí para acceder al original

El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva insta a las administraciones públicas a que las bajas laborales comunes de origen traumatológico sean tratadas por las mutuas, en vez de por la Seguridad Social.

Empezar por la salud mental sería demasiado evidente, descortés y públicamente polémico. Otra cosa son los huesos. Una simple radiografía determina una fractura y el consenso social es que, cuando los huesos se rompen, hay que arreglarlos. Comisiones Obreras, UGT y las patronales CEOE y Cepyme firmaron el miércoles el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Este documento conforma una especie de manual de instrucciones para la negociación colectiva, allá donde esta tenga poca experiencia y arraigo. Pero más allá de las peticiones salariales que invoca el documento —que se salta 2021 y 2022, los dos años de mayor inflación—, el acuerdo incluye recomendaciones que precarizan el empleo, que carecen de perspectiva feminista y que avalan la privatización de la salud de la población activa a través de las mutuas, alertan los sindicatos ELA, CIG, CGT y CNT.

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Los contratos fijos-discontinuos son la precariedad del siglo XXI, aún más si son a jornada parcial, algo que afecta de lleno a la mujer trabajadora”, Antonio Ruiz (CNT) 

Mutuas

Las páginas 17 y 18 se refieren a las bajas laborales por contingencias comunes —cuando enfermas por una causa ajena al trabajo— y establecen unas líneas que abren la puerta a la privatización de la salud de la población activa, empezando por traumatología: “Las organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico”.

El acuerdo de la AENC se propone empezar por los huesos rotos fuera de horario laboral, al mismo tiempo que anima a “establecer procedimientos” para estudiar las causas de las bajas comunes en general y “fijar” líneas de actuación para reducir dichos procesos y su duración. Es decir, realizar un trabajo de prospección más allá de traumatología. El texto justifica la propuesta de tratar la clavícula rota en el paseo en bici del domingo porque las mutuas “contribuirían” a “mejorar los tiempos y listas de espera” de la Seguridad Social. La baja laboral por patología traumática es la más común y la asociación de mutuas Amat asegura que las tratan en 41 días de media, frente a la baja de 71 días de la sanidad pública.

La secretaria general de Servicios del sindicato mayoritario en Euskal Herria, ELA, Maricruz Elkoro, califica esta estrategia como “muy grave”: “En lugar de apostar por el desarrollo del sistema público sanitario, se opta por la privatización, derivando competencias que hoy asume la sanidad pública al sistema privado”.

Coincide en palabras con el secretario general del sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, Paulo Carril: “Somos conocedores de los abusos de las mutuas a la hora de mercantilizar la salud de los trabajadores, y que en este documento se busque la privatización de la sanidad pública a través de ellas es gravísimo”.

El intento de privatizar la sanidad pública mediante estos entes no es nuevo. El 24 de marzo, el sindicato LAB alertó de que un borrador de 27 páginas fechado el 7 de diciembre de 2022 recogía la propuesta negociada entre el Ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, remitido a todas las comunidades autónomas. El documento, como el que esta semana han firmado CC OO y UGT con las patronales, insta a que las administraciones públicas a que conviertan a las mutuas en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa, y que los servicios públicos de salud lo sean para la infancia y pensionistas.

Fijos-discontinuos parciales

El abogado laboralista Antonio Ruiz, asesor sindical y jurídico de CNT València, explica que el artículo 16.5 de la reforma laboral de Yolanda Díaz delega en los convenios colectivos la posibilidad de utilizar los contratos fijos-discontinuos a tiempo parcial. Es decir, si un convenio colectivo admite la parcialidad de la jornada en estos contratos, ya de por sí parciales, la empresa podrá ofrecerlo a los trabajadores. De lo contrario, debe ofrecer un contrato fijo-discontinuo a jornada completa.

Tal y como alerta Ruiz, el tercer punto del apartado convenios sectoriales del acuerdo del AENC (página 12) afirma que se podrán “celebrar contratos a tiempo parcial [de los fijos-discontinuos] cuando las peculiaridades del sector así lo justifiquen”. E insta a realizar el “censo anual del personal fijo-discontinuo” que requiere el artículo 16.5 para poder aplicar la parcialidad a este modelo contractual.

“Los fijos-discontinuos son una de las precariedades del siglo XXI. Implican que tengo trabajo, que me van a llamar en algún momento, pero, en este caso, significa además que me van a llamar solo parcialmente. Algo que afecta de lleno a la mujer trabajadora. Fomentarlos es un error y aún precarizará más el empleo”, advierte el abogado de CNT.

Desaparición de la hora extra: horas complementarias

A lo largo de las 33 páginas del documento, el término conciliación se nombra ocho veces. “Pero es una coletilla”, indica Maricruz Elkoro, responsable sindical de huelgas en sectores feminizados como el comercio, la limpieza y las residencias. “La recomendación y el texto nos lleva a concluir que el fomento de la contractualidad parcial es positiva. Y lo es: para las empresas. Desde el punto de vista de ELA, es muy grave y tiene una clara lectura de género, ya que el 40% de las mujeres posee un contrato parcial y, en muchos sectores feminizados, los contratos nuevos a jornada completa son la excepción”. Por ello una de las reivindicaciones de este sindicato durante las negociaciones de los convenios colectivos no solo es el aumento del salario, sino la conversión de los contratos parciales en jornadas completas. Algo que han conseguido mediante huelgas, como la de las trabajadoras de la limpieza del Guggenheim y las dependientas de H&M.

Y la problemática va más allá: las horas extra han desaparecido en los sectores feminizados vía contratos parciales, advierte Elkoro. Estos incluyen “horas complementarias”. Es decir, a un contrato de 20 horas se le pueden añadir otras seis, por ejemplo, según las necesidades de la empresa. Y el texto añade una nueva vuelta de tuerca: permite “ampliar el número de interrupciones en la jornada cuando esta se lleve a cabo de forma partida”. Un ejemplo de estos horarios se encuentra en las residencias de ancianos, donde las trabajadoras acuden a primera hora de la mañana para levantar y vestir a los usuarios y a la noche, para la operación contraria. El texto permitiría aumentar otro tramo, por ejemplo, en la hora punta de las comidas. “¿Eso es conciliación? Claro que no”, concluye Elkoro, quien recuerda que la hora complementaria se abona a precio de hora ordinaria. En vez de a hora extra.

El documento justifica la parcialidad para “atender las necesidades de flexibilidad de las personas trabajadoras y las empresas” y establece que las horas complementarias “no pueden exceder el 60% de las horas contratadas ni ser inferiores al 30% (páginas 12 y 13). “El texto abre la puerta a una flexibilidad total de la jornada laboral para adaptarse a las necesidades de la empresa y la mejora de la productividad, estableciendo como prioridad la regulación de la jornada laboral de forma anual, pudiendo esta ser irregular”, resume la sindicalista.

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El acuerdo permite hasta un 60% de horas complementarias en los contratos parciales, horas extra que se abonan a precio de hora ordinaria. 

Salarios

La información más difundida sobre el acuerdo son los incrementos salariales que propone: un 4% para 2023 (con posibilidad de +1% si el IPC superara el 4%, de aplicación al siguiente año) y un 3% para 2024 y 2025 (con posibilidad de +1%). El IV acuerdo se firmó para los años 2017 y 2020. Este para 2023-2026. Deja fuera los dos años de mayor inflación —del 6,5% en 2021 y del 5,7% en 2022—. Es decir, por el camino se pierde un 12,20%, cuando los convenios que sí se han firmado rondan un incremento de un 2% en 2021 y un 3% en 2022.

A juicio del secretario general de CGT, Miguel Fadrique, “tenemos claro que estas recomendaciones afianzan aún más la pérdida del poder adquisitivo que lleva sufriendo la clase trabajadora”. Además, como es sabido, este acuerdo no es vinculante, “solo una recomendación, un pacto de máximos que ni siquiera van a aplicar a millones de trabajadores que ni siquiera se van a ver afectados por este acuerdo, que ya es malo de por sí, porque esas subidas no son vinculantes.

Paralizar la movilización

A ojos de Paulo Carril (CIG) el “diálogo social se está convirtiendo en una fosa común donde se entierran derechos laborales y sociales”. Entiende este acuerdo como negativo, siendo esta “su peor versión”. No solo por lo que propone como recomendaciones, sino por lo que sugiere: “Desde las primeras líneas, se hace una entusiasta proclamación a la paz social a la prevención del conflicto. Desde nuestro punto de vista, es una constatación del nivel de entrega a la demovilización y domestificación de CC OO y UGT, una sumisión al poder económico que no tiene precedentes”.

Por su parte, LAB, la segunda fuerza sindical en Euskal Herria, ha emitido un comunicado de prensa en el que valora el acuerdo como “rotundamente negativo”. Aguarda a la publicación en el BOE para realizar la valoración pormenorizada, por si cambia alguno de los puntos suscritos el miércoles entre los cuatro hombres que lideran la Mesa del Diálogo Social: el secretario general de CC OO, Unai Sordo, su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y su homólogo en Cepyme, Gerardo Cuerva.


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