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¡Solo con la lucha de masas podremos imponer un gran parque de viviendas públicas con alquileres sociales!

Hace pocas semanas decenas de miles de personas de las siete islas del archipiélago canario protagonizaron una movilización histórica en la que es la segunda comunidad autónoma más empobrecida del Estado. Se calcula que fueron unos 130.000 los asistentes solo en Tenerife y Gran Canaria.

El modelo de turismo masivo, uno de los más salvajes del país, está arrasando con todos los recursos y espacios naturales de las Islas, a la vez que acelera el hundimiento de las condiciones de vida de decenas miles de familias canarias que ven como poder vivir en su propio espacio, tener una vivienda o un empleo que no esté saturado de precariedad y salarios miserables, es imposible.

Pero el modelo depredador que ahoga a la clase obrera y la juventud canaria no es algo aislado, se está generalizando en todos los territorios, y no hace más que agudizar la especulación inmobiliaria y las dificultades para que millones de familias trabajadoras y de jóvenes podamos acceder a una vivienda digna.

Esta lacra enquistada, y empeorada durante la gestión gubernamental del PSOE y sus aliados “progresistas”, demuestra la absoluta cobardía de una izquierda entregada a la banca, al IBEX 35 y a los fondos especulativos, y que es completamente incapaz de tomar medidas efectivas y radicales para acabar con esta catástrofe. La crisis de la vivienda, o para ser más precisos, el negocio multimillonario que hay montado especulando con este derecho humano, es un polvorín a punto de estallar.

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El modelo depredador de turismo masivo, que ahoga a la clase obrera y la juventud, se está generalizando, agudiza la especulación inmobiliaria y las dificultades para que millones de familias trabajadoras y de jóvenes accedan a una vivienda digna. 

La especulación inmobiliaria crece exponencialmente porque no hay vivienda pública

Los datos son contundentes. A 31 de marzo de 2023 había en el Estado español 320.000 viviendas turísticas legalmente registradas, un 23% más que en 2022, pero en el primer trimestre de 2024 el incremento del número de pisos turísticos ya se ha disparado un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. Además a estas cifras hay que sumarles un número indeterminado de viviendas turísticas en situación ilegal.  Todo esto está ocurriendo bajo el Gobierno de coalición PSOE-SUMAR.

Esta realidad se concreta en una modificación radical de la geografía urbana. Los barrios céntricos de las ciudades se han convertido en pasto de la gentrificación, empujando a la población hacia la periferia. Pero es en la periferia donde la presión habitacional, es decir, el aumento de la demanda, está provocando los mayores picos de incremento del precio de los alquileres. En nuestros barrios obreros los precios han aumentado entre un 50% y un 70% en la última década. Valencia, Málaga, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbo, Gijón… son un ejemplo lacerante de lo que decimos.

El Gobierno central se empeña en presentar a la capa de caseros adinerados como esforzados ciudadanos para los que los ingresos derivados del alquiler de su segunda vivienda son una ayuda imprescindible para vivir: “Soy consciente de que la mayor parte de la vivienda en alquiler en nuestro país forma parte del patrimonio de muchas personas que complementan sus rentas y quieren garantías y seguridad jurídica”, afirmaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista en el El País.

Pero la realidad es bien diferente. Un estudio publicado recientemente sobre el mercado de la vivienda realizado por el Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU), y recogido por El Salto, arrojaba datos muy clarificadores al respecto:

“En la última década, el aumento del precio de los alquileres ha sido 2,3 veces superior al aumento de la renta de los hogares, lo que ha generado ‘un notable aumento de la desigualdad entre caseros e inquilinos’ (…)

Desde 2014, los alquileres han crecido un 77%, según el portal Idealista, una espiral que no estuvo acompañada por un aumento de la renta media disponible, que solo creció un 33% en este periodo. Mientras, los cambios en las políticas de concesión de hipotecas y los altos precios de compra han hecho que cada vez más población viva de alquiler. Los hogares inquilinos han pasado de representar el 11% en 2011 al 19% en 2020 (…)

Más del 73% de los hogares de caseros se ubica en los dos cuartiles de renta más elevados (…) como contraste, entre el 65% y el 75% de los hogares inquilinos se encuentran en los segmentos más bajos de ingresos (…)

El resultado de años de subidas de precio en la última década ha dejado detrás un ‘proceso masivo de transferencia de rentas de inquilinos a caseros, es decir de la población de menor renta hacia población de mayor renta’. Una trasvase que convierte al mercado del alquiler en ‘una causa principal de esta desigualdad social’. Frente a este proceso en marcha, los autores constatan el fracaso de las políticas públicas: ‘Cualquier medida que no incluya políticas para reducir la transferencia regresiva de rentas de los inquilinos hacia los caseros está destinada a cimentar una grieta social cada vez más ancha’”.[1]

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El resultado de años de subidas de precio en la última década ha dejado detrás un ‘proceso masivo de transferencia de la población de menor renta hacia población de mayor renta’. El mercado del alquiler es ‘una causa principal de esta desigualdad social’

Totalmente evidente. Y precisamente para evitar esta transferencia de rentas salvaje, que es uno de los factores del empobrecimiento, solo hay una alternativa: crear un parque de vivienda pública, con al menos tres millones de viviendas, con alquileres no superiores al 20% del SMI actual, y que debe nutrirse no solo de obra nueva impuesta a los ayuntamientos mediante decretos de emergencia social, también de la expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos. Esta política es el medio efectivo para hundir el mercado especulativo privado, alimentado no solo por los grandes tenedores y fondos buitre, sino por miles de medianos y grandes propietarios rentistas que se hacen de oro a costa del hacinamiento y la falta de vivienda pública.

De hecho, las promociones de vivienda pública han colapsado. Y esta realidad no es solo privativa de los Gobierno del PP con Aznar y Rajoy, es una línea estratégica también para los Gobiernos del PSOE que sus socios gubernamentales, ya sea Podemos o ahora Sumar, no han evitado.

 “Los últimos datos oficiales revelan un preocupante retroceso en la construcción de vivienda pública en España. De hecho, hay tres autonomías (Baleares, Canarias, Cantabria) que no han promovido ni una sola Vivienda de protección oficial (VPO) en 2023 y en otras seis (Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja) se han construido, pero sólo para la venta, no para el arrendamiento. El año pasado el país sumó 2.302 calificaciones definitivas de viviendas protegidas destinadas al alquiler, tanto en los planes estatales como autonómicos. Esto supone un estancamiento con respecto al año anterior (…)

En los últimos diez años, la construcción de viviendas de protección oficial en España ha experimentado una caída dramática del 82%. (…)Las promotoras privadas, han sido el principal motor del desarrollo de viviendas protegidas y asequibles en España, de hecho, han sido las responsables del 85% de la VPO que se ha llevado a cabo en el país”.[2]

Esta información de un diario de derechas como El Economista muestra un panorama desolador de la Vivienda de Protección Oficial (VPO). Y además señala que los promotores privados se niegan a promover este tipo de viviendas porque no son competitivas respecto al mercado libre. Obviamente dejar el gallinero al cuidado de los zorros provoca estos resultados: la construcción de VPO es inexistente.

Pero ¿por qué no se crea una empresa estatal, coordinada con empresas municipales, con empleo estable y todas las garantías de calidad, para acometer un plan ambicioso de construcción de VPO? La respuesta es sencilla. Esto significaría aplicar una política de izquierdas consecuente, y atentar contra el sagrado derecho a la especulación y amasar fortunas de las empresas y de los propietarios, que, aunque el PSOE crea lo contrario, son la base electoral más activa de la reacción.

Por tanto, la lucha por la vivienda pública, digna y accesible socialmente se ha convertido en un terreno fundamental de la lucha de clases, y en todo un desafío para la izquierda combativa.

La solución no pasa por la propiedad

Por otro lado, plantearse comprar un piso o una casa se encuentra también ante obstáculos insalvables. Es difícil cuantificar el aumento del precio medio de una vivienda en propiedad, pero oscila entre el 35% y el 70% según diferentes estudios. A esto hay que sumar la subida de los tipos de interés que ha disparado el coste de la hipoteca. En ciudades como Madrid y Barcelona las familias que han podido acceder a un crédito hipotecario, destinan el 50% de sus al pago de las cuotas mensuales.

En estos momentos hay 14,2 millones de personas que residen en una vivienda que todavía no han terminado de pagar.

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Con salarios cada vez más bajos, devorados además por el alza de los precios, sobre todo los de los artículos de primera necesidad, ni el alquiler ni la propiedad en el mercado privado de la vivienda ofrecen ninguna solución. 

La idea de “pide una hipoteca al banco, que te sale más barato que un alquiler”, es también parte del relato perverso que la derecha y la socialdemocracia están construyendo para beneficio de los ricos. Es decir, hagas lo que hagas, nunca hay vivienda pública. Siempre estás a los pies del casero o del banco. Más de lo mismo.

Con salarios cada vez más bajos[3], devorados además por el alza de los precios, sobre todo los de los artículos de primera necesidad, y que hace que llegar a fin de mes sea un auténtico reto para millones de familias obreras, ni el alquiler ni la propiedad en el mercado privado de la vivienda ofrecen ninguna solución.

El fracaso de la Ley de Vivienda

El 26 de mayo de 2023 entró en vigor la Ley de vivienda, una normativa presentada como decisiva por el anterior Gobierno de coalición PSOE-UP. A pesar del entusiasmo expresado por Ione Belarra tras su aprobación afirmando que “hoy gana la ciudadanía y pierde Blackstone, pierden los fondos buitre, pierde la banca y pierden los especuladores que durante años han estado jugando con la vida de mucha gente”, tal y como explicamos en su momento desde Izquierda Revolucionaria, la medida no pasa de ser un brindis al sol que no ha cambiado nada.

La PAH lo expresaba también sin ambages: "la vivienda seguirá funcionando como un bien de mercado con el que especular" habiéndose impuesto "las presiones… de los fondos de inversión y las patronales inmobiliarias", con "una Ley que no ofrece una alternativa a los desahucios, ni garantiza alquileres asequibles, ni asegura la protección de un techo a las personas sin hogar, y cuyas medidas más destacables consisten en ventajas fiscales para los propietarios y una regulación de alquileres llena de  carencias que difícilmente tendrá el efecto de bajar de forma efectiva los precios de los mismos".

Para colmo, una de las medidas estrella recogidas por esta ley, el poner topes a la subida de los alquileres, va a quedar sin efecto en la práctica, pues la norma no recoge por ningún lado de su articulado un régimen sancionador para los propietarios (ya sean particulares o empresas) que incumplan con los límites del alquiler marcados por el Ministerio de Vivienda a través de su índice de precios.

Por si fuera poco, el Ejecutivo del PSOE-Sumar aprobó en marzo la Reforma de la Ley de Suelos  y Rehabilitación Urbana, que limita paralizar un plan urbanístico a únicamente cuatro razones, entre las que no se encuentra, por ejemplo, la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. ¿Dónde queda ese ecologismo y protección del medio al que se refiere continuamente este Gobierno? Pura palabrería. En la práctica esta nueva normativa supone un instrumento más para fomentar pelotazos urbanísticos a un nivel incluso superior.

Convertir la lucha por un techo digno en un conflicto social de envergadura

Estamos ante un festival de demagogia y brindis al sol por parte del Gobierno central, que cede políticamente ante las imposiciones de las CCAA dirigidas por la derecha, que besa los pies de Florentino Pérez y de todos los grandes monopolios que gestionan el mercado inmobiliario, y que no quieren tocar para nada la riqueza de los pequeños y medianos caseros que se forran también con esta situación degradante.

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Tenemos que convertir la lucha por un techo digno en un conflicto social de envergadura y ascendente, que genere un apoyo arrollador, y que involucre al conjunto de la clase obrera y la juventud. Esa es la tarea. 

La extraordinaria actividad de numerosos sindicatos de inquilinos en los últimos años, como también del PAH y otros colectivos que pelean contra los desahucios y por el derecho a la vivienda, demuestran que este problema tan extenuante para millones de trabajadores hay que enfrentarlo de una manera política y global.

Hay que impulsar movilizaciones de masas, manifestaciones multitudinarias y huelgas que involucren a toda la izquierda militante, a todos los movimientos sociales y al sindicalismo combativo de manera unitaria. Y hay que poner el acento de nuestras demandas en lo que hemos señalado anteriormente: para frenar el coste astronómico de los alquileres y de ese modo garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias obreras y los jóvenes, hay que torcer la mano al Gobierno y a los poderes públicos para obligarles a crear un parque de vivienda pública de calidad con alquileres sociales, expropiar a los bancos los millones de viviendas vacías que poseen, y prohibir por ley todos los desahucios.

Tenemos que convertir la lucha por un techo digno en un conflicto social de envergadura y ascendente, que genere un apoyo arrollador, y que involucre al conjunto de la clase obrera y la juventud. Esa es la tarea.

 Notas:

[1] Un estudio desmonta el mito del pequeño propietario que alquila pisos para llegar a fin de mes

[2] El alquiler asequible fracasa en más de la mitad de las autonomías

[3] En el Estado español la mayoría de los trabajadores (cerca del 70%) cobran el SMI o, como mucho dos veces el salario mínimo. En 2008 el 9% cobraba menos del SMI, hoy el porcentaje se ha disparado hasta más del 18%. Y según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria (2022), el salario medio asciende a 22.781 euros brutos anuales.


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