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El Govern de la Generalitat ha presentado un plan piloto que comporta la incorporación de agentes de policía en centros educativos. Esta iniciativa, inédita en el Estado español, involucra 13 institutos de secundaria considerados “de alta conflictividad” y propone instalar aparatos policiales de paisano en estos institutos.
La Consejera de Educación, Esther Niubó, ha defendido que esta medida servirá para hacer un acompañamiento al profesorado e intervenir si es necesario en los conflictos que pueda haber. Esta medida se quiere implantar en centros que supuestamente son “altamente conflictivos” pero que no nos engañen. Estos institutos son centros obreros, de clase trabajadora y marginales que han sido sometidos a una infrafinanciación sistemática. Esta "conflictividad" que dice Illa tiene causas estructurales: las ratios elevadas, una carencia de personal de atención educativa, una ausencia de orientación, la infrafinanciación, la desigualdad social y la segregación escolar.
Queremos recursos sociales y no policiales
La Conselleria d’Educacióa ha dicho que esta medida era una clamor por parte de la comunidad educativa. ¡Qué vergüenza! Lo que realmente está haciendo el Govern es ignorar las reivindicaciones de la comunidad educativa: más personal docente, más educadores, más psicólogos…, un aumento de los salarios y los recursos y una disminución de las ratios. El sector educativo hace años que sufre un déficit de financiación histórica que solo hace que aumentar el descontento del profesorado, estudiantes y familias. En lugar de escuchar las reivindicaciones del conjunto de la comunidad educativa después de las huelgas educativas históricas del pasado mas de febrero y marzo, lo que hace el Govern es poner una cortina de humo al problema real de la situación: la carencia de trabajadoras sociales y pedagogas en nuestros centros de estudio.
El sistema educativo hace años que está en una situación insostenible y el malestar entre la comunidad educativa no deja de crecer como causa de una carencia de inversión histórica y un crecimiento de la complejidad a las aulas. Los problemas que experimentamos la comunidad educativa no se solucionarán nunca incorporando a los Mossos en los centros educativos. Los mismos Mossos que desahucian a nuestras vecinas y responden con golpe de porra a las manifestantes antifascistas, como vimos en el caso de Vito Quiles.
Este plan piloto no se ha dado a una comunidad autónoma gobernada por la extrema derecha. Esta medida se da bajo el gobierno de la Generalitat del PSC, un gobierno que se autodenomina progresista pero que gobierna como lo haría Ayuso. Lo que sería progresista de verdad es dejar de gobernar por los especuladores, rentistas y capitalistas y gobernar por la clase trabajadora.
La lucha por la educación pública es el único camino
Tenemos que dejar bien claro que lo que está haciendo el gobierno de Salvador Illa y la consejera Esther Niubó es criminalizar los institutos de barrios obreros. Esto es un ataque frontal contra la clase trabajadora y la educación pública que precisamente, tiene más carencias y necesidades. Esta política significa un ataque a los colectivos más vulnerables como las jóvenes migrantes y de clase trabajadora. Las escuelas, los institutos, las universidades y todos los centros educativos tienen que ser espacios seguros para la enseñanza y nunca espacios de represión.
Profes, estudiantes y familias, el conjunto de la comunidad educativa, estamos unidas en defensa de la educación pública y seguiremos en las calles hasta conseguirlo. Tenemos que levantar una respuesta de rechazo masivo y conjunto de toda la comunidad educativa hacia este plan piloto del Gobierno de la Generalitat.
La lucha continúa y tenemos que seguir a pie de guerra: el próximo miércoles con las y los estudiantes de emergencias sanitarias, que no pueden hacer prácticas y a los cuales el Departamento ha abandonado a su suerte.
Desde el Sindicato de Estudiantes defendemos una escuela libre, gratuita, pública, de calidad, laica y en catalán, no un espacio de control y represión. Por eso exigimos en el Gobierno y al Departamento de Educación la retirada inmediata de este plan piloto y le enviamos un mensaje muy claro: no nos desmoralizarán ni dividirán. La lucha por una educación pública continúa y no pararemos.
¡Menos policía, y más educación!
¡Fuera los Mossos de nuestras aulas!
