Por una política de independencia de clase. Basta de seguidismo hacia la burguesía

Ante la próxima sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatut, el pasado 26 de noviembre, doce periódicos publicados en Catalunya, entre ellos La Vanguardia y El Periódico, publicaron un editorial conjunto titulado Dignidad para Catalunya. Días antes se había filtrado parte de la sentencia: los jueces quieren imponer un recorte en aspectos tan sensibles como la definición de Catalunya como nación, sus símbolos nacionales, el derecho y el deber de conocer la lengua catalana, etc. El editorial conjunto cierra filas en torno al actual texto del Estatut y propone responder de forma unitaria. El texto ha generado bastante revuelo, recibiendo el apoyo de partidos (CiU, PSC, ICV, ERC), sindicatos (entre ellos UGT y CCOO) y varias organizaciones empresariales (Foment del Treball, etc.), además de organismos culturales, deportivos y sociales. Todos ellos se han apresurado a certificar que el editorial habla en nombre de toda Catalunya.  

Por una política de independencia de clase. Basta de seguidismo hacia la burguesía

Ante la próxima sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatut, el pasado 26 de noviembre, doce periódicos publicados en Catalunya, entre ellos La Vanguardia y El Periódico, publicaron un editorial conjunto titulado Dignidad para Catalunya. Días antes se había filtrado parte de la sentencia: los jueces quieren imponer un recorte en aspectos tan sensibles como la definición de Catalunya como nación, sus símbolos nacionales, el derecho y el deber de conocer la lengua catalana, etc. El editorial conjunto cierra filas en torno al actual texto del Estatut y propone responder de forma unitaria. El texto ha generado bastante revuelo, recibiendo el apoyo de partidos (CiU, PSC, ICV, ERC), sindicatos (entre ellos UGT y CCOO) y varias organizaciones empresariales (Foment del Treball, etc.), además de organismos culturales, deportivos y sociales. Todos ellos se han apresurado a certificar que el editorial habla en nombre de toda Catalunya.

El bramido de la caverna y la derecha catalana

Desde que se puso sobre la mesa la posibilidad de un nuevo Estatut para Catalunya no se hizo esperar el bramido conjunto del PP, medios de comunicación afines, jueces, militares (recordemos el pronunciamiento del general Mena) y otros sectores del aparato del Estado contra el texto, atribuyéndole todo tipo de calamidades. Finalmente el PP recurrió al Tribunal Constitucional, un organismo cuya composición es decidida de forma profundamente antidemodráctica y en el que tradicionalmente los jueces más derechistas tienen mayoría.
No hay duda de que detrás del  editorial conjunto está la burguesía catalana, dueña de los medios de comunicación. Hipócritamente CiU quiere aparentar, como hace siempre, ser la más consecuente defensora de Catalunya. Eso no le ha impedido, en el pasado, pactar con el PP en su primera legislatura o apoyar durante siete años los restrictivos presupuestos generales del gobierno de Aznar. Tampoco le impidió durante 23 años de gobierno en la Generalitat tomar todo tipo de medidas favorables a los empresarios: privatizaciones y trasvase del dinero público a manos privadas. Al envolverse en la senyera, CiU intenta disimular su carácter de clase pero su trayectoria ha demostrado su inconsecuencia al defender los derechos democráticos nacionales de Catalunya y, en última instancia, usa el sano sentimiento de opresión nacional para presionar a la burguesía española a la hora de repartir el presupuesto del estado. Por su parte, la patronal catalana ha apoyado todas las medidas favorables a los empresarios y ha hecho frente común con la patronal española y vasca ante cada movilización general de los trabajadores.
La prensa que ha sacado el editorial no representa a la "ciudadanía" en su conjunto, como desgraciadamente desde los dirigentes de las organizaciones de la izquierda se está diciendo, sino a los intereses de diferentes facciones de la clase dominante. La burguesía catalana ha tomado la iniciativa, temerosa de que una sentencia reaccionaria del TC pudiera ser canalizada por la izquierda, o fuera utilizada para reflejar todo el descontento social que existe entre la juventud y la clase obrera catalana. No es la primera vez que se utiliza el debate sobre el Estatut para distraer la atención sobre cuestiones sociales más apremiantes. Aún está por decidir cómo hacer pasar factura a la clase trabajadora por la crisis.
En todo caso el editorial no sólo ignora los puntos centrales que están en debate, es decir los derechos democráticos del pueblo catalán, o incluso la flagrante contradicción de que un órgano antidemocrático se imponga al sufragio universal. En su lugar, el editorial apela, para dar legitimidad al Estatut, a que está sancionado por el Rey. Tenemos que entender este editorial en el contexto de crisis política, social y económica que sufre Catalunya. La burguesía catalana hace una llamada de atención a los jueces del TC para que tengan buen criterio a la hora de emitir sentencia. "Jueces del TC: ¡No nos metáis en otro embolado!".

El Tripartit y el Estatut

Lamentablemente las direcciones de los partidos de izquierda y los sindicatos han tenido una reacción completamente seguidista. En vez de denunciar el papel hipócrita de CiU y de la burguesía catalana, aclarar los intereses de clase de la prensa burguesa y denunciar al TC como un órgano reaccionario, han decidido dar un apoyo acrítico al editorial. Los dirigentes de PSC, ICV, CCOO y UGT han elevado a los medios de comunicación burgueses a la categoría de "portavoces de la nación", legitimándolos. Cuando mañana en sus editoriales estos mismos medios de comunicación defiendan la reforma laboral contra los trabajadores podrán decir que hablan en nombre de todos los catalanes. En lugar de dar una respuesta por la izquierda, una vez más el Tripartit se pliega a la derecha.
Los marxistas de El Militante en su momento denunciamos y rechazamos el Estatut de Catalunya. Desde luego no por los motivos esgrimidos por la derecha, sino porque realmente no suponía ningún avance significativo ni en materia social, ni en derechos democráticos para el pueblo catalán. Fue presentado como un texto que supondría mejoras en abstracto, con algunas medidas progresistas como la laicidad, pero acabó como otro documento más que no cambiaría nada importante ni en el terreno social, ni en el de los derechos democráticos. A medida que se debatía en el Parlament se perdían las pocas cualidades progresistas. La socialdemocracia cedía ante la presión de CiU que quería un Estatut favorable a los empresarios. De hecho, la educación y sanidad privadas seguían tal como estaban, no había mención al derecho a la autodeterminación, no quedaba claro si el dinero que se quería con la nueva financiación era para regalar a los empresarios o para cuestiones sociales...
Lo único que generó al final una cierta atención hacia el Estatut fue la reacción histérica de la derecha españolista. Ésta dijo tantas barbaridades sobre Catalunya que resurgió un profundo sentimiento antipepero que determinó el sentir general hacia el texto. El ataque al Estatut fue percibido como un ataque a Catalunya. En este contexto se dio la manifestación multitudinaria de octubre del 2007 en Barcelona "por el derecho a decidir".
Finalmente, el Estatut fue aprobado en el Parlament de Catalunya, luego en el Congreso de Diputados y se refrendó en referéndum el 18 de junio de 2006 con un 73,9% de votos a favor, un 20,7% en contra y una baja participación: 49,9%. El texto no generaba muchas ilusiones entre los trabajadores y jóvenes en Catalunya, pero sí servía de pretexto a la derecha españolista para movilizar a su base social más reaccionaria. El PP, después de una campaña de recogida de firmas interpuso recurso ante el TC contra el Estatut por anticonstitucional y desde entonces se esperaba su sentencia.

Defendamos una política de independencia de clase. Defendamos los derechos democráticos de Catalunya

La política del Tripartit ha estado muy alejada del sentir de sus votantes. Hay una sensación general de divorcio entre la política oficial y los problemas cotidianos de los trabajadores y sus familias. Mientras se aprueban decenas de EREs, se cierran desde hace años decenas de empresas emblemáticas con pérdida de miles de puestos de trabajo, etc., el Estatut y la financiación han sido los temas predominantes en la política oficial, un debate que ha dejado indiferente a buena parte de la población catalana.
El caos de los trenes de cercanías en 2007, el escándalo del incendio del generador que dejó durante meses a Barcelona alimentada con generadores en medio de la calle y, últimamente, las tramas de corrupción que se van conociendo en muchas instituciones y alcaldías, más otros incidentes, han derivado en un desgaste político del que no se libra ningún partido y que refleja la falta de alternativa y autoridad política del reformismo sin reformas para resolver los problemas sociales y luchar por los derechos democráticos. Las iniciativas de consultas populares por el derecho a la independencia de Catalunya, la primera en Arenys de Munt y las próximas (en cerca de 200 municipios) el 13 de diciembre, ponen en evidencia la falta de confianza en que las vías institucionales vayan a arreglar algo.
Es posible que la enorme presión haga reflexionar al TC y que finalmente no emitan una sentencia que recorte el Estatut o que los recortes sean mínimos. El histerismo de El Mundo o de Vidal-Quadras contrasta con la "moderación" de otros dirigentes del PP, como el propio Rajoy, al que no le interesa volver a dar cancha a Esperanza Aguirre, Pedro J. y compañía. La burguesía es consciente de que la sentencia podría abrir la caja de Pandora y traer consigo movilizaciones de masas, tanto en Catalunya, como de la reacción españolista en Madrid, en un contexto de crisis económica que no había entre 2004 y 2008, y de crisis política y social sin precedentes en Catalunya desde los años 70. Un proceso así se sabe como empieza, pero es difícil predecir como terminaría. Sin embargo, la propia composición del TC, con jueces orgullosos y reaccionarios podría traer consigo una imposición de la caverna más oscura y un recorte importante del Estatut. En cualquier caso no está descartada una gran movilización "unitaria" en defensa del Estatut que agrupe tanto a la burguesía como a los sindicatos, tanto a CIU como al Tripartit.
El Tripartit tiene que dar un giro de 180º en su política. Tiene que romper con la derecha. Montilla ha insistido estos días que nunca gobernaría con el apoyo, directo o indirecto del PP, ¿qué haría con respecto a CiU? La causa de fondo de la crisis política que vive Catalunya es precisamente la política reformista desarrollada por el PSC-ERC-ICV. El Tripartit debería romper con CiU y con la patronal catalana, defender a los trabajadores -rechazando los EREs que han impuesto los "patriotas" burgueses catalanes- y defender consecuentemente los derechos democráticos de Catalunya, incluyendo el derecho a la autodeterminación, junto a una política económica a favor de los trabajadores. 

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