Las revelaciones judiciales de esta semana han impactado en todo el Partido Popular y especialmente el valenciano, presentándole como un entramado absolutamente corrompido, donde diferentes estructuras —que en determinados momentos chocaban entre sí— se lucraban de los ingresos públicos, así como de las generosas comisiones de las empresas interesadas en contratos públicos. Poco antes de la apertura del sumario del caso Taula, se conocía la intención del Tribunal Supremo de imputar a la exalcaldesa valenciana Rita Barberá por blanqueo de capitales.

En particular, el Tribunal Supremo ha decidido abrir causa separada contra Rita Barberá, y nombrar un instructor, paso previo a su imputación. El motivo inmediato: la operación de pitufeo en el Ayuntamiento de Valencia, por el que cada concejal entregaba mil euros al partido para luego recuperarlo en mano y así lavar el dinero negro recibido. Por esta operación ya están investigados nueve de los diez concejales “populares”. Quien supuestamente organizó el lavado fue Carmen García-Fuster, contable del PP del cap i casal, y mano derecha de Rita, pero es obviamente impensable que ésta, conocida por su exhaustivo control de todo lo que pasaba en el PP municipal, estuviera al margen.

La prevista imputación de Barberá ha puesto extremadamente nerviosos a los jerarcas del PP. Ella no es el defenestrado Francisco Camps (expresidente de la Generalitat), ni siquiera el poderoso Alfonso Rus, controlador de la Diputación de Valencia, sino un pilar del Partido Popular a escala estatal. Como decía Dolores de Cospedal, “es mucho más que un referente”. “La mejor alcaldesa de España”, según Rajoy. Y, como ha recordado hace dos días Camps, en un aviso a navegantes: “sin Rita no hay Aznar ni Rajoy”, remarcando los fuertes lazos de Barberá y las camarillas pasada y actual que han gobernado el PP. Ella ha sido un potente símbolo de la política municipal de la derecha, una mezcla de chabacanería disfrazada de campechanía, promoción de rancios valores y privatización a saco de los servicios y los bienes públicos, a beneficio de un conglomerado de políticos y empresarios.

La presión ambiental sobre el PP, en un contexto político en que la burguesía se las ve y se las desea para formar un gobierno mínimamente estable que pueda llevar a cabo los ataques a la clase obrera que ella necesita, ha obligado a Rita a mover ficha… para hacer trampa en el juego. Lejos de dimitir de su posición como senadora (no elegida en las urnas, sino designada por el Partido Popular valenciano), ha abandonado su partido, atrincherándose en el Grupo Mixto, donde podrá cobrar ¡7.000 euros mensuales! Al parecer, la corrupción sale muy rentable hasta cuando te pillan, ¡ella percibirá todos los meses 2.500 euros más! Un auténtico escándalo, propio de un régimen parlamentario corrupto, es el hecho de que, de forma ilegal o legal, estos parásitos saqueen impunemente los recursos públicos.

Se abre el sumario de la operación Taula

La causa contra el pitufeo es sólo el chocolate del loro de la operación Taula. Una operación que ha abierto sumario, reflejando todo aquello que es desde hace tiempo ampliamente conocido en tierras valencianas. Realmente, no existe un caso Gürtel, otro caso Brugal, otro Taula, otro Noos, etc.; existe una causa general contra una presunta estructura mafiosa que públicamente se presentaba como Partido Popular (son 49 los encausados vinculados al PP, sólo en la causa Taula). Según el informe de la Guardia Civil, el cobro de comisiones —y otras “actividades emprendedoras”— era generalizado, y se hacía tanto desde la Generalitat, como desde las tres diputaciones, y desde el Ayuntamiento de Rita. Las grabaciones del ex “yonqui del dinero”, y supuesto arrepentido, Marcos Benavent, muestran claramente la feroz lucha que entablaban los diferentes clanes dentro de la “familia” por el control de una porción mayor de la sabrosa tarta de los recursos públicos. A través de, no una, sino cinco cajas B, una parte del dinero robado era adjudicado a los gestores del sistema y a los diferentes intermediarios, y la otra parte, a financiar el partido.

Hay que recordar que uno de los principales medios de financiación ilegal era el cobro de comisiones a empresas de construcción a través de Ciegsa, empresa pública encargada de gestionar las construcciones escolares. Esta empresa, que cayó en quiebra en 2012, tuvo un sobrecoste ¡de mil millones de euros!, mientras decenas de miles de estudiantes se veían (y se ven) obligados a estudiar en barracones.

Otro dato escandaloso son los nueve millones de euros escondidos por Rus en Brasil, fruto de su negociete en la Diputación. Este individuo blanqueaba las comisiones a través de subvenciones teóricamente altruistas al equipo de fútbol Olímpic de Xàtiva, localidad de la que él era también alcalde.

Cómo maquillar un cuerpo en descomposición

La apertura del sumario tiene un problema añadido para la estructura actual del PP valenciano, dirigida por Isabel Bonig. Hay que recordar que en estos momentos el Partido Popular está descabezado en la capital (los nueve concejales imputados están suspendidos de militancia, aunque no expulsados, y el único que queda es independiente) y que necesita urgentemente nuevas caras que, a modo de crema antiarrugas, permita presentar un rostro menos demacrado y ojeroso. Claro que, a la vez, ni puede ni quiere prescindir de los veteranos dirigentes que, como ella misma, han sido corresponsables —en segunda o tercera fila— de la política de saqueo (legal e ilegal) del PP. Y el problema es que cualquiera de estos veteranos vividores puede ser llamado a declarar en cualquier momento, estropeando una y otra vez la operación de rejuvenecimiento. El sumario señala con claridad a actuales dirigentes “peperos” como Vicente Betoret (mano derecha de Rus, a quien sustituyó al frente del PP de la provincia de Valencia), Víctor Campos (diputado en el Congreso) y Alejandro Font de Mora (exconseller de Educació, y actual vicepresidente del Grupo Popular en Les Corts).

Las tensiones a cargo de Barberá en el PP estatal, donde unos (Rajoy, Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal) se niegan a exigirle el acta de senadora, mientras otros, encabezados por Pablo Casado, son exigentes con ella, responden a la misma contradicción. Y reflejan las dificultades en el principal partido de la burguesía para presentar una imagen limpia. Del mismo modo que la implicación del cogollo del capitalismo valenciano en el entramado corrupto de Taula, la dependencia extrema de muchas grandes empresas de los recursos públicos y del lubricante de la corrupción, muestran bien cómo funciona, en el País Valenciano y en todo el Estado, este sistema. ¡Cómo pueden tener el cuajo de hablar de “la libre iniciativa” y del “libre mercado”!

Coincidiendo en el tiempo, hemos conocido también la petición de sentencia para José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que durante largo periodo gobernaron en Andalucía a través del PSOE. El fiscal pide seis años de cárcel para el primero y diez años de inhabilitación política para el segundo por el caso de los EREs. Un recordatorio del papel de la dirección del PSOE, que, traicionando una y otra vez a sus votantes, ha hecho una política en beneficio del capital y se ha integrado totalmente en el sistema. La corrupción no es más que una consecuencia de ello.


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