El 10 de septiembre la policía detenía a otro trabajador en la infame Operación Fuego.  Ya son 25 los compañeros detenidos en una auténtica caza de brujas que continúa dos meses después de la finalización de la huelga del metal gaditana, que entre junio y julio paralizó la producción en toda la provincia durante 13 días en defensa de un convenio digno para el sector.

Una impresionante rebelión obrera que se levantó frente a la avaricia de los empresarios pero también contra las cúpulas de UGT y CCOO, que con su política de paz social y complicidad con la patronal pretendían imponer a espaldas y contra los trabajadores un convenio de la vergüenza.

La patronal, la burocracia sindical y el Gobierno central lo pasaron muy mal durante dos semanas. El apoyo social y el punto de referencia en que se estaba convirtiendo esta lucha para el conjunto de trabajadores no solo en Cádiz, sino en todo el Estado era un ejemplo peligroso. Precisamente por eso están dispuestos a tomar todas las medidas que garanticen que no se vuelve a repetir.

Pero tienen un gran problema, lo saben y por eso esta campaña tan dura de represión, persecución y criminalización, encabezada por el ministro del Interior, Grande-Marlaska, como representante directo del Gobierno PSOE-Sumar.

Frente a toda esta maquinaria, 24 horas después de la detención, en el momento de la declaración ante el juez del trabajador detenido, la solidaridad de clase se ha vuelto a materializar. Un grupo de compañeros y compañeras, secundando el llamamiento de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y de la CGT, le han esperado a la salida de los juzgados de San José en Cádiz. Han arropado a la familia y han garantizado la asistencia jurídica y el pago de la fianza, conscientemente desproporcionada e injustificada.

Hemos tenido que soportar un despliegue policial ridículamente numeroso, en la línea de una detención injusta y sobreactuada que ha tratado como a un delincuente peligroso al trabajador cuyo único delito ha sido pelear por un convenio digno. Los jueces y los fiscales han cerrado el círculo del escarmiento como en el resto de ocasiones, elevando un poco más el monto de las fianzas que ya superan los 100.000 euros.

Pero también, una vez más, hemos visto como la caja de resistencia se ha puesto al servicio de los que luchan con el dinero recogido euro a euro, con pequeñas aportaciones de la gente más humilde, fruto de la solidaridad de toda la clase trabajadora de Cádiz y del resto del Estado que han atendido al llamamiento de la defensa de una causa justa y necesaria.

La patronal y sus cómplices tienen pánico a la lucha obrera y quieren dar un escarmiento a la altura. Con ello no demuestran fortaleza, sino la debilidad de no poder doblegarnos e imponer la paz social a porrazos. El conflicto en el Metal de Cádiz volverá a estallar más pronto que tarde, como en otros muchos ámbitos, y ni la policía ni los jueces podrán pararla.

¡Basta de represión contra los que luchan!

Frente a sus ataques, respondemos con organización y solidaridad de clase. ¡Apoya la caja de resistencia!

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