¡Basta de propaganda, necesitamos políticas de izquierda que defiendan a las familias trabajadoras!

Diez meses después del inicio de la pandemia, las cifras de infectados y muertos en el Estado español son dramáticas. Según los últimos datos, el exceso de muertes respecto a años anteriores ya es de 75.000 personas, principalmente fruto del Covid-19 pero también por la falta de atención a muchas otras enfermedades como consecuencia del colapso de la sanidad pública.

Durante el mes de noviembre se han producido 9.000 fallecidos, con una media de entre 300 y 500 diarios, alcanzándose cotas que no se veían desde marzo y abril. Una mortalidad sin precedentes desde la Guerra Civil española, y la segunda mayor de Europa solo por detrás de Bélgica.

La sanidad vuelve a estar de nuevo al borde del colapso. Las UCI de 10 Comunidades están por encima del 25% de ocupación solo para pacientes Covid-19, alcanzándose el 40% en Asturias, Aragón o La Rioja. Numerosos expertos ya han señalado que, si se mantienen estas cifras, tras las fiestas de navidad se producirá una nueva situación crítica. Una situación a la que se añade la precariedad extrema y el agotamiento del personal de la sanidad pública tras diez meses de pandemia.

Por otro lado la hecatombe económica y social continúa avanzando. Según la Federación española de Bancos de Alimentos, la inseguridad alimentaria ha aumentado en un 40% desde el mes de marzo. Las colas del hambre siguen llenando los barrios obreros de todas las ciudades, mientras el Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en un fracaso manifiesto.

El drama de los desahucios no se ha parado, a pesar de las cínicas mentiras del ministro Ábalos y de otros responsables del Gobierno, que siguen sin tomar medidas drásticas. Según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), en lo que llevamos de año más de 11.000 familias han sido expulsadas de sus hogares para beneficio de bancos y especuladores inmobiliarios.

Más de 750.000 trabajadores siguen bajo ERTE, pero ya se está produciendo un crecimiento constante de despidos colectivos (ERE) en el sector bancario e industrial, en grandes empresas como Santander, Airbus, Indra o Carrefour. Una nueva reconversión industrial y laboral se extiende por todo el Estado con el apoyo de la burocracia sindical. En 2021 veremos sus efectos más duros con la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo en sectores productivos de gran valor añadido, y el hundimiento de las condiciones laborales de capas de la clase obrera que aún mantenían convenios dignos.

La extensión de la precarización laboral y el retroceso de los salarios se convertirán en la norma de la crisis. Ante estas previsiones ¿Qué hace el Gobierno para evitar que la pobreza y la exclusión social se disparen? Lamentablemente, su gestión de los fondos europeos contradice completamente su discurso progresista.

El timo de las ayudas europeas. Lluvia de millones para las grandes empresas.

El Gobierno PSOE-UP ha conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con una amplia mayoría (187 frente a 153 escaños), muy superior a la conseguida en la investidura tras lograr el apoyo de ERC, EH Bildu, PNV, PDCat, Más País y Compromís.

Estos presupuestos han sido presentados como un gran paso adelante de cara a una salida social a la crisis, y como el ejemplo de una nueva era que pone fin a la austeridad. Pero en honor a la verdad, este tipo de afirmaciones triunfalistas no se corresponde con la realidad.

A pesar de los exabruptos de la derecha y la extrema derecha en el debate parlamentario, nos encontramos con unas cuentas que no revertirán las políticas de recortes y austeridad, la privatización de los servicios públicos, y la situación de precariedad y miseria que se ha extendido durante la última década. Gran parte de las partidas para reforzar los servicios sociales, como educación infantil o dependencia, irán directamente a los bolsillos de las empresas privadas que gestionan los mismos. Unas cuentas que, en lo fundamental, en lo que importa, garantizan los intereses de la patronal y del Ibex 35, tal y como ha quedado claro respecto a las ayudas europeas. De ahí el silencio entusiasta de la CEOE con los PGE y su clara sintonía con los mismos.

Mientras se aprobaban los PGE, el Gobierno preparaba un Real Decreto1 de cara a distribuir los 72.000 millones en ayudas europeas entre 2021 y 2023. Unas ayudas que acabaran en los bolsillos de la banca y grandes multinacionales como Inditex, Iberdrola, Ferrovial o ACS.

El Real Decreto presentado por el Gobierno de coalición establece los llamados PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) “con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, que exigen la colaboración público-privada por la presencia de riesgos significativos que obstaculizan a la iniciativa privada”.

Es decir, grandes proyectos que solo pueden desarrollar empresas multinacionales, y que se harán a costa de recursos públicos para facilitar fabulosos beneficios privados. El Gobierno además adelantará dichos fondos hasta en un 50%, e incluso hasta en un 90% del proyecto por anualidad en algunos casos.

El decreto sanciona la creación de un registro al efecto, y las empresas y entidades inscritas en el mismo tendrán preferencia de cara a concretar convenios, conciertos y subvenciones con la Administración General del Estado, acortándose plazos y eliminándose todo tipo de controles y autorizaciones2, incluidos controles medio ambientales, e incluso quedando excluida la aplicación de leyes como la Ley General de Subvenciones.

Por tanto, el Gobierno establece plazos exprés para la tramitación de los expedientes, que tendrán “prioridad respecto de cualquier otro, debiendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles”, reduciéndose el control si no hubiera medios para “técnicas de muestreo”, quedando excluidos de “fiscalización o intervención previa” los expedientes no seleccionados para dicho muestreo. Es decir, se excluirán los controles públicos de los expedientes de cara a garantizar su resolución inmediata. Una auténtica barra libre en beneficio del Ibex 35.

Todo son facilidades para los grandes capitalistas, pero cuando se trata de las familias más humildes y desprotegidas que quieren acceder al Ingreso Mínimo Vital, deben pasar por un calvario burocrático en el que tienen que aportar decenas de documentos que en la mayor de las veces se resuelve denegando el expediente. El propio ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, ha tenido que reconocer que de las 800.000 peticiones previstas solo se han aceptado 160.000, muy lejos de los objetivos del Gobierno. Es también la pesadilla de muchas y muchos trabajadores de cara a gestionar el cobro de los ERTE, el paro o la pensión de jubilación. Cuando se trata del Ibex 35 y los grandes monopolios, entonces la administración no repara en medios para ser rápida y efectiva.

Este Real Decreto que pone en evidencia lo que llevamos meses señalando: que el grueso de estas multimillonarias ayudas quedará en manos de un puñado de grandes empresas. Así lo han confirmado ya consultoras como Ernst & Young, señalando a Iberdrola o Inditex como firmes candidatos de cara a obtener dichos recursos. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha anunciado que se destinarán 10.000 millones a las grandes industrias de la automoción, que a su vez están aplicando ERTE, ERE y ajustes aprovechando la crisis del Covid-19. Airbus, que ahora mismo está aplicando ERE y cierres en varias subcontratas y ajustes de plantilla en la principal, aspira junto a Iberia a obtener 12.000 millones de estas ayudas.3

Utilizando esos términos recurrentes de la transición ecológica, la digitalización o el desarrollo de ciudades sostenibles, también se encubrirá un ingente negocio para multinacionales como Siemens-Gamesa, Iberdrola, Nokia, Telefónica, ACS o Ferrovial4, que accederán a las ayudas europeas con sus proyectos "verdes" mientras siguen destruyendo el medio ambiente y precarizando al extremo el mercado laboral. ¿Qué diferencia hay entre esta política y la que vimos durante la crisis de 2007-2008 para salvar a la banca y a las grandes empresas? ¡Ninguna!

Necesitamos políticas de izquierda que rescaten a las familias obreras, no a la élite económica

Ante el jugoso negocio que se vislumbra, consultoras como PriceWaterhouseCoopers (PwC) han abierto divisiones especiales de cara a elaborar los proyectos de estas grandes empresas5, e incluso participan como asesores del Gobierno en la redacción del Real Decreto6.

Unas consultoras que cuentan en muchos casos con exministros del PSOE y del PP como Pepe Blanco, Joan Clos, Carlos Solchaga, Rafael Catalá o Juan Manuel Soria. Son las famosas puertas giratorias tantas veces criticadas por Pablo Iglesias y los dirigentes de Unidas Podemos, y que vuelven a funcionar a todo gas en tiempos de crisis para beneficio de los grandes monopolios.

Este entramado tan bien planificado ha vuelto a poner en evidencia el carácter de clase del Estado y la orientación política del Gobierno en los asuntos de más calado. La pregunta es sencilla: ¿Por qué no se destinan esos miles de millones a reforzar la sanidad y la educación públicas contratando a miles de sanitarios y profesores, incrementando sus recursos y mejorando las infraestructuras? ¿Por qué no se crea una empresa pública de viviendas, para garantizar el derecho a techo de las familias obreras y acabar con el drama de los desahucios? ¿Por qué no se refuerzan los servicios sociales públicos contratando a millones de parados para atender adecuadamente a las enormes necesidades sociales existentes?

El Gobierno, y especialmente las y los ministros de Unidas Podemos, vuelven a equivocarse. Aceptar la lógica capitalista les fuerza a ir en una dirección. Es lo que ocurrió durante los años 80 con los Gobiernos de Felipe Gonzalez, o después de 2004 con Rodríguez Zapatero. Unas políticas que finalmente generaron una enorme frustración entre la clase obrera y la juventud, y que acabaron allanando la victoria a los Gobiernos del PP. No pretendemos ser sectarios con este Gobierno. La preocupación de millones de jóvenes y trabajadores frente a la amenaza de la derecha y la extrema derecha, la compartimos plenamente. Pero es necesario señalar las cosas tal y como son, y no hacer como si estas concesiones en asuntos decisivos no tuvieran implicaciones.

No es posible, como pretende Pablo Iglesias, conciliar una verdadera política social que acabe con la pobreza, el colapso de la sanidad y la educación públicas, el paro o las colas del hambre, con garantizar a toda costa los beneficios de Ana Patricia Botín, Florentino Pérez y el Ibex35. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), más allá de algún que otro guiño social, supone en lo esencial un nuevo y potente chorro de dinero público en favor de esa minoría de plutócratas que domina el país. Recursos que dejaran de destinarse a reforzar la sanidad pública y los servicios sociales, a contratar personal sanitario frente a la pandemia, a construir vivienda pública digna y asequible que garantice derecho a techo, o a una educación pública de calidad para las familias obreras.

En este momento hay más razones que nunca para defender una política genuinamente socialista, que no solo tome todos esos recursos y los ponga en manos de la mayoría de la sociedad, sino que expropie la riqueza acumulada por esa ínfima minoría de plutócratas nacionalizando la banca y esos grandes monopolios. Una política que sin duda contaría con el apoyo abrumador de la clase obrera y la juventud. Las consecuencias de no actuar así, de que sigan rigiendo las reglas del capitalismo, marcadas por el puro lucro privado, y ajenas a las enormes necesidades que tiene la mayoría de la sociedad y al sufrimiento que padecen hoy millones, solo traerán lo que ya estamos viendo: paro, hambre, miseria y guerras.

La experiencia de estos años no ha pasado en balde y se expresará inevitablemente, demostrando que todos y todas los que hemos luchado sin descanso hasta echar a la derecha del Gobierno tenemos la fuerza para hacer realidad nuestras aspiraciones, y que estas no se logran en despachos, con discursos parlamentarios, propaganda hueca y demagogia, sino con la movilización más enérgica y levantando un programa que cuestione la sinrazón del capitalismo.

Necesitamos una alternativa revolucionaria basada en toda esa fuerza para llevar a cabo verdaderas políticas de izquierdas. Esa alternativa es lo único que puede librarnos de la catástrofe.

Notas.

1. http://www.contratosdelsectorpublico.es/DocumentosWEB/10NormativaSpain/RDL%20DEFINITIVO%202020-11-17.pdf (Borrador).

2. Aunque una parte de los proyectos se justifican bajo la etiqueta de la “transición ecológica”, el Real Decreto reduce los plazos y merma el control para la evaluación de su impacto medioambiental.

3. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10895757/11/20/Iberia-y-Airbus-buscan-12000-millones-para-renovar-flota-y-volar-con-hidrogeno.html

4. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/16/mercados/1602857625_620802.html

5. https://www.libremercado.com/2020-10-05/pwc-espana-crea-nueva-division-ayudar-empresas-administraciones-conseguir-fondos-europeos-6666563/

6. https://www.vozpopuli.com/espana/gobierno-informacion-privilegiada-consultoras_0_1415859668.html


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